Olga Rodríguez es una afectada y miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca manifiesta, como era de esperar, su satisfacción ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE)  que aparada en la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores  considera que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.

«La normativa española, que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión», indicó el tribunal con sede en Luxemburgo en un comunicado.

La institución comunitaria considera que el régimen procesal español menoscaba la efectividad de la protección de los consumidores que pretende garantizar la directiva europea sobre cláusulas abusivas en los contratos. La legislación europea se opone a que una normativa nacional, como la española, impida al juez competente adoptar medidas cautelares, como la suspensión del procedimiento de ejecución de una hipoteca, «cuando sean necesarias para garantizar la plena eficacia de su decisión final».

Olga considera que es un respaldo al contenido de la Iniciativa Legislativa Popular, cuyas medidas se habían cuestionado por su carácter retroactivo. A la luz de la doctrina del Tribunal de la UE  la retroactividad no solo es una posibilidad reconocida en la Constitución, sino una necesidad.

En la práctica la sentencia de la UE supone que un juez pueda paralizar un desahucio hasta aclarar si el préstamo tiene cláusulas abusivas y abre la puerta a la paralización de muchos procedimientos de ejecución hipotecaria y a poner límites a los abusos de la banca.

Ha tenido que ser un tribunal europeo quien se pronuncie ante la impasibilidad de un Gobierno y de un Parlamento ciegos y sordos, incapaces de atender el clamor popular y dar solución al drama social que los desahucios han provocado y siguen provocando hoy. El TJUE da también con esta sentencia una bofetada al Tribunal Constitucional español, el cual venía avalando un procedimiento de ejecución hipotecaria que se ha demostrado claramente ilegal.

Esta sentencia reafirma la importancia de la movilización ciudadana a favor de las medidas de la ILP, respaldada casi con un millón y medio de firmas, unas medidas de mínimos que se están debatiendo en el Parlamento, y las cuales dan respuesta a los planteamientos de respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas.