Archivo de julio, 2021

Punto final a la aventura bursátil-radioactiva de Berkeley en Retortillo

La Junta de Castilla y León consideró que la radiación de este proyecto de minería tendría una afección “menor que la de una radiografía”

El pasado 12 de julio se puso fin a la historia de un despropósito radiactivo que ha durado 10 años. Ese día, el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó por amplia mayoría (4 votos a 1) la Propuesta de Dictamen Técnico en el que se propone informe técnico desfavorable a la solicitud de autorización de construcción de la instalación radiactiva de primera categoría del ciclo del combustible nuclear “Planta de concentrados Retortillo”, en el municipio de Retortillo (Salamanca).

El CSN, cuya misión es velar por la protección radiológica de la población y el medio ambiente, rechazó, por motivos técnicos, la solicitud de la empresa Berkeley Minera de España (BME), de la que, por cierto, no se conoce actividad minera real alguna en ninguna parte del mundo, aunque sí sus manejos en la Bolsa a costa de las expectativas del proyecto.

Su decisión se basa en que el modelo hidrogeológico presentado por BME para la solicitud de construcción de una planta de concentrados de uranio y un almacenamiento de residuos radiactivos asociado no resulta aceptable por su escasa fiabilidad y elevadas incertidumbres a la hora de garantizar que esos elementos radiactivos no se filtrarán a las aguas subterráneas. Ante el riesgo de contaminación radiactiva del medio ambiente, el CSN, como órgano regulador, optó por informar negativamente el proyecto. Lógicamente, esta decisión ha sido especialmente celebrada por organizaciones como WWF y STOP Uranio que han luchado durante años de forma constante en contra de este proyecto absurdo e innecesario.

Han sido varios años en los que, pese a los reiterados requerimientos por parte del CSN, BME no ha sido capaz de aportar información técnica que pudiera ser considerada aceptable y suficiente para que aquel pudiera informar positivamente el proyecto de construcción de la planta de concentrados de uranio. Lo que sí hizo Berkeley (y también su compañera de viaje radiactivo, la Junta de Castilla y León) fue mandar cartas amenazantes al Consejo de Seguridad Nuclear, tal y como denunció su Presidente ante el Congreso de los Diputados, para forzar que este órgano regulador le otorgara dicho permiso.

La decisión del CSN tiene como consecuencia inmediata el fin de la tramitación administrativa. En efecto, dado que el dictamen del CSN ha sido desfavorable y, por tanto, tiene carácter vinculante, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), que es el órgano sustantivo en el procedimiento administrativo, no tiene más remedio que denegar a Berkeley su solicitud de autorización de construcción de la planta de concentrados de uranio. En este sentido, recordamos que dichos concentrados son un material previo para la fabricación de combustible nuclear para las centrales nucleares, las cuales en España ya tienen fecha de cierre definitivo.

Si bien es importante desgranar y profundizar en las razones técnicas en las que el CSN ha basado su contundente rechazo a este proyecto, también lo es entender cómo hemos llegado a que, con semejantes riesgos radioactivos expuestos por el CSN, el proyecto hubiera obtenido ya algunas autorizaciones previas esenciales, algo necesario para extraer lecciones aprendidas de este caso y exigir las responsabilidades políticas oportunas.

Conviene recordar la envergadura e implicaciones del proyecto con el que Berkeley pretendía explotar una veta de uranio bajo Retortillo y Villavieja de Yeltes, abriendo cinco cortas, y construir una planta de tratamiento para la fabricación de concentrados de uranio. Fruto de su explotación los residuos radiactivos se generarían en grandes cantidades, decenas de millones de toneladas.

Dichos residuos sólidos radiactivos se pretendían almacenar, algunos de forma definitiva, tanto en el hueco de la mina como en escombreras permanentes. Respecto a las aguas contaminadas radiactivamente, se pretendía almacenarlas en una pila de lixiviación de casi 800 m de longitud conectada con otra balsa de destino, contemplando la descarga en el río en caso de excedentes tras un proceso de “neutralización”.

El informe técnico del CSN es tajante respecto a que los planes de la empresa en relación con el tratamiento y vertido de los residuos radiactivos no garantizaban que no ocurrieran distintos procesos de infiltración que terminarían afectando a acuíferos subterráneos provocando, de forma directa, su contaminación radiactiva y, por consiguiente, la de los ríos conectados con dichos acuíferos. En concreto, ni la impermeabilización de la pila de lixiviación, ni el riesgo de desbordamiento de la balsa han podido ser suficientemente justificados por Berkeley, según el citado informe.

La cómplice irresponsabilidad de la Junta de Castilla y León

El 24 de agosto de 2017, la entonces Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, en la presentación de la Estrategia minera de Castilla y León, defendió la seguridad del proyecto de mina de uranio de Berkeley en la provincia de Salamanca por estar avalada, según ella, por “más de noventa informes, todos favorables”.  Además, la consejera argumentó que “el uranio existe en la naturaleza” por lo que “a lo mejor tampoco hay tanto problema” con que se extraiga de la roca y se utilice como recurso industrial. También animó a los ciudadanos a confiar en la bondad del proyecto ya que los proyectos mineros, como el de Retortillo, “pasan por todos los trámites” y cuentan con las “debidas garantías para que esa mina pueda ser abierta”, con unos “niveles de radiación” que afectan “menos que una radiografía”.

Esas declaraciones son un claro ejemplo de la irresponsabilidad política, social y ambiental que se esconde tras la aprobación de este proyecto por parte de la Junta de Castilla y León con la emisión de una lamentable Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva (publicada en el BOCyL del 8 de octubre de 2013). En aquella DIA, emitida por esta administración, no había referencia alguna a los impactos generados por los residuos radioactivos del proyecto puesto que, de forma increíble, no eran considerados como radioactivos sino como “residuos NORM” (“Naturally Occurring Radioactive Materials”).

La consideración de los residuos generados en la planta de tratamiento de uranio como NORM, cuando deben ser clasificados como residuos radiactivos según la propia legislación vigente (Real Decreto 783/2001 de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes), fue un aspecto que ya destacó el CSN en un informe de 2013 en el que instaba a Berkeley a resolver dichas carencias.

Hasta un año después, Berkeley no reconoció por primera vez el carácter radiactivo de los residuos, pero finalmente su efecto sobre las aguas, aire, suelo, animales o personas se quedó sin analizar por ninguna evaluación ambiental ya que este proceso no fue repetido y en todo momento se siguió considerando válida la DIA inicial emitida por la Junta de Castilla y León.

Tampoco el Gobierno en aquel momento, cuyo ministro de Energía era Álvaro Nadal, tuvo problema en firmar en 2015 la Orden que concedió a BME la autorización previa de emplazamiento sin haber resuelto previamente el problema de la falta de evaluación ambiental de los efectos de los residuos radiactivos, así como otros graves problemas que este irregular procedimiento viene arrastrando desde sus inicios (por ejemplo, el hecho de que no se analizasen los efectos transfronterizos en Portugal).

A pesar de todas estas irregularidades, y de no haber obtenido el resto de permisos necesarios como la autorización de construcción, la empresa comenzó a realizar las obras, movimientos de tierra y tala de encinas, muchas de ellas centenarias, en la zona afectada por el proyecto.

Es inadmisible que la Junta de Castilla y León emitiera una DIA positiva carente de todo rigor y hayan defendido a capa y espada este proyecto a lo largo del tiempo y que la administración nacional en aquellos años respaldara estas irregularidades concediendo la autorización previa Pero, es aún más inadmisible que lo hicieran a costa de la salud y el medio ambiente y de los riesgos radiológicos de dicho proyecto. Sin duda se trata de un asunto sobre el que deberían pedirse responsabilidades políticas por la dejadez de funciones para proteger nuestra salud y la de nuestro medio ambiente.

Por Carlos Bravo – Consultor en energía en Salvia EDM y amigo de la Fundación Renovables

Cambio climático: estábamos avisados. 5 medidas que las corporaciones tratan de impedir

El cambio climático ya no es una predicción de futuro. Desgraciadamente, ya es una realidad que está golpeando con fuerza a todo el mundo en forma de fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, incendios, inundaciones, tornados o sequías. Como bien explicaba The New York Times hace unos días, ya nadie está a salvo. Estos eventos extraordinarios alcanzan a todos sin piedad, tanto a ricos como a pobres, aunque siempre son las personas y comunidades con menos recursos las que se llevan la peor parte, a pesar de ser quienes menos responsabilidad directa tienen en las causas.

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Autoconsumo solar para la “Next Generation”

El autoconsumo solar esté de moda en España. Atrás quedó la época de los hermanos Nadal y su nefasto “impuesto al sol”, así como todos los impedimentos arbitrarios y malintencionados que impusieron al autoconsumo. El año pasado se conectaron 40.000 instalaciones solares en tejados, más que el acumulado histórico. Este 2021 no será menos y España alcanzará, con total seguridad, las 100.000 instalaciones acumuladas. Tampoco hay duda de que en los próximos años se alcanzará el millón de tejados solares en España (¿será en 2025? ¿en 2030?).

Teniendo en cuenta los niveles de radiación solar que tenemos en España y en un contexto de electricidad cara, no interponer una placa solar entre el sol y el tejado es un derroche energético y económico que no tiene sentido alguno. Los números salen (más aún con las bonificaciones municipales al IBI) y el compromiso ambiental de los españoles es cada vez mayor.

No obstante, dada la herencia del impuesto al sol, España ha perdido un precioso tiempo y está aún muy lejos del resto de países del entorno. Alemania ya superó a finales del año pasado los 2.000.000 millones de tejados solares, 20 veces más que España, con una población que no llega al doble de la española (y con menos sol). Ello justifica una intervención pública en España, que no sólo se limite a eliminar las trabas más perjudiciales para el autoconsumo solar, sino que también contribuya a acelerar la implantación mediante ayudas económicas de impulso directo a los techos solares.

Los Fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por la Unión Europea (popularmente conocido como “Next Generation”) pueden suponer una buena inyección económica al autoconsumo. No obstante, cabe preguntarse, si ya hemos dicho que el autoconsumo “va solo” en España, especialmente en aquellos perfiles en los que la curva solar coincide con la de consumo, ¿qué necesidad hay de subvencionar esta actividad? Y más aún cuando ya sabemos que existen bonificaciones fiscales y que el mero anuncio de posibles subvenciones suele provocar una paralización inmediata del sector hasta que éstas son convocadas, varios meses después.

En un entorno de normalidad económica, acostumbro a defender la no necesidad de ayudas para el autoconsumo, como actividad que ya es rentable por sí misma. No obstante, en un contexto económico de expansión de la inversión pública y de transformación productiva profunda como el actual, tras la apuesta europea decidida por una salida keynesiana de la crisis de la covid-19, considero muy positivo que el Gobierno haya decidido dedicar 900 M€ (1,2% de las ayudas directas totales en España) al autoconsumo solar y eólico.

Ahora bien, sería bueno enfocar esas ayudas hacia aquellos supuestos en los que existe una mayor necesidad de intervención pública para subsanar algunas de las deficiencias de mercado. En concreto, quiero destacar tres situaciones en las que se justifica especialmente una intervención pública de carácter económico.

El primero de ellos es el empleo de materiales locales, o cuanto menos, europeos. La instalación mayoritaria de componentes asiáticos presenta algunos problemas que pueden generar vulnerabilidades evitables. Primero, un problema de suministro. Ante la escasez de materiales, durante este primer semestre he visto decenas de contratos incumplidos por parte de fabricantes, así como renegociaciones y subidas de precios a pesar de que los contratos ya estaban firmados (y en algunos casos, pagados). Segundo, por una cuestión ambiental y laboral, ya que transportar materiales desde el otro lado del mundo no resulta la manera más ecológica de generar energía verde, y ya que en los últimos meses han salido a la luz varios escándalos en fábricas solares chinas en relación con el empleo de mano de obra forzada de minorías étnicas. Y en tercer lugar, porque producir los materiales en España o en Europa genera empleo y riqueza local.

El segundo es el impulso de la energía solar en aquellos territorios con menor radiación solar, como es el norte de España, o con mayores costes de instalación, como podrían ser Canarias y Baleares. Son casos en los que la energía solar es menos rentable por lo que está justificada esa intervención pública para compensar los menores ingresos o los mayores costes.

Y el tercero es el fomento del autoconsumo solar en aquellos tejados de personas de menor renta, que quizás no dispongan del dinero necesario para la inversión inicial (unos 5.000€) pero sí que deberían poder beneficiarse de esa fuente de energía limpia, local y más barata. En este caso, puede servir tanto una fórmula de ayuda directa como otra de financiación, asumiendo un mayor riesgo que el sector privado para perfiles de consumidores que quizás no superen los ratios de solvencia exigidos por las entidades financieras para otorgar préstamos para este tipo de proyectos.

Además, hay que recordar que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no va sólo de inversiones, sino también de reformas normativas que faciliten, en este caso, la transición energética. En materia de autoconsumo la reforma más urgente es la del autoconsumo compartido, y en concreto es preciso aprobar los coeficientes dinámicos de reparto para el autoconsumo compartido (como ya ha hecho Francia) y aclarar los esquemas eléctricos para este tipo de instalaciones, poniendo fin así a las disputas eternas con las compañías distribuidoras a este respecto. De esta forma, se maximizaría el aprovechamiento de la energía solar en los tejados, se podría ocupar cada m2 de tejado disponible y se permitiría que más personas disfruten de la energía solar distribuida.

El futuro del autoconsumo solar está por escribir en España. Ahora que tenemos la hoja casi en blanco, es el momento de fijar un buen esquema que nos permita construir una historia de éxito. Y uno de los protagonistas de esa historia tiene que ser la fabricación local, de forma progresiva, pero decidida y dando seguridad jurídica a las inversiones en fábricas en España. Y es que los Fondos Next Generation no se llaman así porque los pagará la siguiente generación, sino sobre todo, porque deberán servir para transformar las estructuras del país para que la próxima generación disfrute de un país más próspero, verde y justo.

Por Daniel Pérez – Patrono de la Fundación Renovables

La energía como derecho

La humanidad ha explotado los recursos energéticos a su alcance desde el principio de los tiempos y este hecho explica, en parte, la historia misma de nuestras sociedades. Incluso antes de la Revolución Industrial, momento en el que se populariza la máquina de vapor y demás artefactos que hoy asociamos con el inicio de la modernidad, recurríamos a los animales para aprovechar su fuerza y producir más alimentos o transportar cargas pesadas. Y más recientemente, el control de los yacimientos petrolíferos y otros recursos fósiles ha definido la geopolítica mundial y las dinámicas de poder durante gran parte del siglo XX. Por lo tanto, la energía es un factor clave para entender el devenir de la humanidad y estudiando su historia también podemos entrever algunas raíces de la desigualdad, ya que quien poseía un buey, por ejemplo, tenía más posibilidades de prosperar que aquel que solo contaba con la energía de su propio cuerpo.

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