Por Ángela Calvo de Luis
Imagen del proceso de selección de unas oposiciones. (ARCHIVO)
En la recta final de un larguísimo proceso de selección para obtener una plaza de Técnico de la Administración General del Ayuntamiento de Madrid (Rama Jurídica), un grupo de opositores que no han superado el segundo ejercicio quieren impugnarlo porque «uno de los dos casos prácticos propuestos en la prueba no estaba en el temario».
El tal caso práctico se fundamentaba, nada menos, que en la Ley Orgánica de Protección de Datos, que debe ser la Ley más conocida, por profanos y expertos, puesto que afecta a todos los ciudadanos.
En mi opinión, estuviese o no en el temario, lo menos que se puede esperar de una persona licenciada en Derecho y aspirante a encargarse de asuntos jurídicos en el Ayuntamiento de la capital, es que tenga los recursos suficientes como para saber dar solución a la cuestión planteada y defenderlo ante el Tribunal examinador.
De hecho, la mayoría de los examinandos resolvió el caso satisfactoriamente y, lógicamente, todos estaban en las mismas circunstancias.
Así pues, considero una falta de respeto absoluta a los opositores que han aprobado y al Tribunal que ha evaluado, intentar por todos los medios torpedear una oposición que ya dura mucho tiempo pues se convocó el 28 de marzo de 2011.
