La subida de impuestos decretada el pasado viernes por Mariano Rajoy y su Gobierno es, en mi opinión, fraudulenta, engañosa, injusta, incoherente y desatinada y contraproducente. Y por si fuera poco, su responsable máximo aún no ha dado la cara para explicarla.
Fraudulenta, porque parte de un fraude, de una mentira palmaria: El PP en su programa electoral y en la campaña para el 20-N no dijo que iba a subir los impuestos. Es más: aseguró lo contrario, que iba a bajarlos. “Mi intención es no subir los impuestos”, proclamó el propio Rajoy el pasado 19 de diciembre, nada menos que en Congreso de los Diputados y cuando estaba solicitando a los diputados su investidura como presidente del Gobierno.
Engañosa, por al menos dos motivos. 1. El Gobierno dice que sube los impuestos porque acaba de saber que el déficit público para 2011, que tenía que ser del 6%, se va a ir al 8%. No es verdad que acabe de saberlo: el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció el viernes que la desviación de la Administración General del Estado es mínima, y que la mayor parte de la desviación se produce en las comunidades autónomas y en los grandes ayuntamientos. El PP gobierna –al menos desde mayo pasado- en la inmensa mayoría de las primeras y de los segundos, luego no acaba de enterarse de la subida del déficit. Rajoy probablemente lo sabía tanto el 19 de diciembre pasado como en noviembre, cuando en la campaña electoral aseguraba que bajaría impuestos. 2. Engañosa también porque a la subida del IRPF lo llaman “recargo de solidaridad”. La solidaridad se da de un fuerte con un débil, de un rico con uno que lo es menos, de uno que tiene pocos problemas con otro que tiene muchos y graves o al que le he pasado alguna desgracia. La subida de impuestos sería solidaria si hubiera recaído sobre las grandes fortunas o las grandes empresas o los grandes bancos.
Injusta porque la subida de impuestos para paliar el déficit se ceba sobre todo con los asalariados, con las clases medias, que son los que pagan IRPF. Sube el impuesto hasta a los mileuristas, hasta a los que menos tienen. Es verdad que es progresiva, que sube más para los que más cobran, pero estos últimos no son los ricos de verdad. Los muy ricos apenas tributan por IRPF.
Incoherente porque sopla y sorbe, va y viene, quiere estar a la vez en el entierro llorando y en el campanario tocando a muerto. Al mismo tiempo que se baja el IVA para compra de vivienda y se recupera la deducción fiscal por compra de vivienda, se sube el IBI a los propietarios de viviendas. Es un disparate, se incentiva y se desincentiva a la vez la compra de vivienda. El aumento del IBI va afectar, además, al 50% de los inmuebles más valiosos, pero no tomados en el conjunto de España, sino municipio a municipio. O sea que no afectará a ricos que viven en municipios muy ricos y sí afectará a clases medias que viven en municipios bastante menos ricos. Es otro disparate fiscal, no es realmente progresivo.
Y es desatinada, errónea, contraproducente: va a tener un efecto demoledor e inmediato sobre la economía española real. Los 8.900 millones de gasto público que se recortan y los 6.200 millones de más impuestos que se les quitan a los ciudadanos de sus bolsillos, suman 15.100 millones, en torno al 1,5% del PIB español. Es una enorme cantidad de dinero, su retirada se notará en más miedo en la sociedad, menor consumo, menores ventas para las empresas, menor producción en las fábricas, menos actividad económica en general. menor necesidad de empleados por los que contratan y mucho más paro. La previsión de que el desempleo llegará este año al 23% de la población activa se queda ahora corta, quizás sea aún mayor.
Decía Rajoy en el debate de investidura que llamaría al pan pan y al vino vino, que explicaría las cosas, que daría la cara. No está haciéndolo. El 21 de diciembre, cuando comunicó la composición de su Gobierno, no admitió preguntas de la prensa. El viernes pasado, día 30, cuando su Gobierno tomó estas decisiones tan relevantes, Rajoy no compareció ante los medios a explicarlas, envió a hacerlo a su vicepresidenta y a tres ministros, pese a que el Real Decreto-ley con las medidas, que salió en el BOE el sábado 31, lleva su firma, sólo su firma (y la del rey, como es preceptivo). Y él es, además, el presidente de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, comisión a la que la vicepresidenta no pertenece. Debiera haber sido el propio Rajoy quien compareciera. También en esto, el presidente ha tardado muy poco en incumplir su palabra.
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