Al parecer, en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia les hacen chiribitas los ojos, pues la vorágine de peticiones de puntos de acceso a red para instalaciones renovables que está llegando a Red Eléctrica Española alcanza los 147.300 megavatios (MW), y sube a razón de 300 MW al día[1].
Les puedo asegurar que no conozco a ningún defensor de la necesidad de una urgente transición energética hacia fuentes exclusivamente renovables en el menor tiempo posible que no ponga el grito en el cielo ante esta situación. Y no por el hecho de que pueda haber miles de promotores intentando instalar renovables en nuestro país, pues, sin duda, esa eventual competencia debiera de operar en beneficio del sistema, sino porque corremos el riesgo, una vez más, de provocar peloteras enormes que se bloqueen en cuellos de botella, que no beneficiarán ni a la globalidad del sistema ni a la propia economía nacional.
Ya lo vimos con las anteriores subastas. El ministro Nadal, al verse obligado a seguir con la cantinela de su reforma eléctrica, identificó los proyectos ganadores por el precio de construcción y no por el precio de coste de los kWh. Error enorme. Prácticamente solo grandes fondos fueron adjudicatarios, donde lo que se priorizaba era la construcción a bajo coste en lugar de la eficiencia de producir mejor.
Desde muchos organismos (como la Fundación Renovables o Anpier), venimos desde hace años defendiendo la necesidad de utilizar criterios adecuados para avanzar en la dirección correcta. Los proyectos tienen que ser compatibles con la necesidad del país y eso lleva implícito (tal y como reconoce incluso la nueva Directiva de mercado de la Unión Europea), determinadas líneas de actuación desde el legislador que organicen adecuadamente este sindiós.
Para empezar, no puede ser que toda la generación la copen megaplantas en manos de fondos de inversión cuyo objetivo es exclusivamente el bono a corto que, además, se irá fuera del país en un santiamén
Para empezar, no puede ser que toda la generación la copen megaplantas en manos de fondos de inversión cuyo objetivo es exclusivamente el bono a corto que, además, se irá fuera del país en un santiamén. Aquellas tienen que convivir con proyectos más pequeños en manos de las comunidades donde se encuentran, para hacer partícipes a los ciudadanos de los beneficios de esta fuente de generación; tienen que existir políticas activas por parte de la administración que permitan dar prioridad a localizaciones especialmente sensibles con todo lo que supone la transición ecológica, identificando las tecnologías más adecuadas para esos lugares; se deben de conciliar los entornos con las nuevas centrales de generación, no facilitando que inmensos terrenos óptimos para la producción de alimentos dejen de cultivarse para instalar megacentrales eléctricas que desplacen al sector primario de ese territorio; se debe de ser mucho más exigente en la exigencia de requisitos de los solicitantes de puntos de evacuación para que los que no son más que tramitadores de licencias para especular e inflar precios tengan más difícil congestionar el mercado.
No se engañen, tiene que haber renovables en cada punto y en cada tejado de España, y lo tiene que haber de forma inmediata, pero de forma ordenada y con sentido común. Si no, el camino para convertir a España en 100% renovable, será mucho más largo y tortuoso de lo que debiera.
El camino hacia las renovables es el correcto, pero espero que no tropecemos nuevamente en las mismas piedras.
[1] http://www.expansion.com/empresas/energia/2019/06/17/5d07485d468aebfc5d8b468d.html
Por Juan Castro – Gil – Abogado y secretario de ANPIER
Porque cuando vamos andando nunca miramos donde pisamos.
23 junio 2019 | 11:12