La Unión Europea está encaminada hacia un claro objetivo: la descarbonización total para el año 2050. En 2018, se actualizó la hoja de ruta hacia una descarbonización sistémica con la intención de conseguir este objetivo. En esta senda, todos los Estados miembro están desarrollando en 2019 su Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) y una Estrategia de Descarbonización a 2050, para plasmar el camino y el logro de los objetivos y metas a 2030 y 2050.
El PNIEC en España fijará el camino de la transformación económica y energética del país, fijando las medidas y señales adecuadas para atraer la confianza de los inversores. Según el plan, la transformación generará un aumento del PIB de un 1,8% al año y reducirá la dependencia energética exterior, actualmente en un 83%, al considerar la aportación de la energía nuclear como autóctona, además de procurar un incremento anual de empleo de entre 250.000 y 364.000 puestos al año.
Las inversiones necesarias para lograrlo alcanzan unos 236.124 M€ entre 2021 y 2030, y aquí es donde aparece el papel del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el mayor financiador multilateral de proyectos de acción climática del mundo, la mayor institución financiera internacional (IFI) en la digitalización, eficiencia energética y agua. En 2016, registró su mayor volumen de préstamos y un cambio en el destino de las inversiones de la energía tradicional a la eficiencia energética y las energías renovables, motivado por los nuevos criterios de préstamo del banco que se estableció en 2013 y que este año se actualizará de nuevo.
En los próximos días se actualizarán de nuevo los criterios de inversión del BEI, una oportunidad que no se puede desperdiciar si realmente se quiere acometer la transición energética
España, uno de los destinos más importantes en las inversiones del BEI, debe aprovechar esta situación y no desviar estas inversiones hacia otros destinos. Los beneficios recibidos hasta ahora por el BEI en España corresponden únicamente un 3% (751 M€) a la eficiencia energética, un 13% a las energías renovables, y el gas, combustible cuyo objetivo es reducir su uso en el futuro, llega al 24% de las inversiones, con las redes de transmisión y distribución suman un 51%.
Apostar por inversiones en infraestructuras gasistas no es una práctica justa cuando el dinero viene de organismos internaciones de carácter público, tanto por ser innecesarias en la actualidad como porque solamente van a servir para hipotecar nuestro futuro en activos que en la senda en la que nos encontramos difícilmente llegarán a rentabilizarse y que acabarán por hacer que estos costes recaigan, directa o indirectamente, en la sociedad.
Los nuevos modelos de negocio y los cambios regulatorios en España están encaminados hacia la electrificación de la economía y la descarbonización. Ejemplo de ello son la nueva legislación favorable al autoconsumo eléctrico o la próxima introducción de los criterios de edificios de consumo de energía casi nulo para nueva construcción en el Código Técnico de la Edificación o la electrificación de la demanda en el entorno urbano que requerirá adaptar y digitalizar, las redes de distribución actualmente existentes.
En los próximos días se actualizarán de nuevo los criterios de inversión del BEI, una oportunidad que no se puede desperdiciar si realmente se quiere acometer la transición energética, descarbonizando la economía, protegiendo a los consumidores y eligiendo un camino más sostenible y eficiente.
Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables
Domingo Jiménez Beltrán – Patrono fundador de la Fundación Renovables