La semana pasada contaba en un post cómo la justicia de la UE (junto a académicos y el propio Draghi) resolvió que los programas de compra de activos (OMT) eran compatibles con los tratados y por lo tanto había desautorizado a Alemania como obstáculo para aprobar un programa de estímulo monetario impulsado por el Banco Central Europeo (BCE). Esta resolución dio vía libre a que el supervisor bancario de la zona euro apruebe este mismo jueves el tan esperado Quantitative Easing (QE).  Los analistas internacionales esperan sorpresas por parte de Draghi, aunque las estimaciones de potencia de fuego por parte del BCE oscilarían entre los 40.000-50.000 millones de euros mensuales en bonos o una cantidad total acumulada de hasta 700.000 millones de euros.

BCE

Pero, ¿Qué es un QE? Básicamente se trata de un programa de estímulo económico diseñado por el BCE mediante la compra directa de bonos de deuda pública y otros activos. La idea es inundar de dinero nuevo (liquidez) la economía a cambio de obligaciones futuras con el fin de que bancos, instituciones y empresas impulsen ahora la actividad económica en la zona euro. Esta medida no es nueva, toda vez que durante esta crisis ya se ha aplicado tanto en Estados Unidos como en Reino Unido y Japón (la llamada Abenomics).

A pesar de que el papel lo aguanta todo, no está del todo claro que una medida como el QE funcione efectivamente. Hay opiniones entre los expertos para todos los gustos. Pero a modo de caricatura, los defensores de aplicarla proceden sobre todo de la periferia europea, mientras que los contrarios suelen ser alemanes o de la Europa «del norte». Las principales críticas argumentan que un estímulo monetario como éste solo sirve para incrementar precios y crear nuevas burbujas, no para crear riqueza. Alegan además que un QE supone un precedente peligroso a la hora de establecer un necesario riesgo moral en la economía, y también temen que pueda suponer una transferencia indirecta de rentas desde los países ahorradores y serios (Alemania, etc) en favor de los holgazanes del sur.

Este último argumento acaba de ser rebatido en un reciente artículo, precisamente, por Paul de Grauwe, uno de los economistas más influyentes de Europa. El de la redistribución de rentas es un debate que está siendo especialmente activo entre académicos y expertos en política monetaria. El meollo del problema reside en si el BCE puede comprar deuda soberana de los países europeos asumiendo que alguna parte podría sufrir reestructuraciones, lo que beneficiaría en teoría a esa parte (que dejaría de pagar parte de sus obligaciones) en perjuicio del resto. Los más ortodoxos niegan que deba existir esta posibilidad (por ejemplo: Grecia impagando parte de la deuda y, por tanto, ocasionando un quebranto al BCE) ya que supondría una financiación indirecta del Banco Central Europeo a un país, algo que está estrictamente prohibido por los tratados.

Sin embargo, tal y como ya ha argumentado el propio Mario Draghi, la interpretación de los tratados y el mandato concedido al BCE también le otorga poderes especiales para combatir las excesivas fluctuaciones de precios. Así, en pleno riesgo de deflación en la zona euro, los favorables a aplicar un QE explican que esta compra de bonos, aun con riesgo de impagos y de generalización del riesgo, supone una herramienta imprescindible para revitalizar la economía de los estados miembro. Tal como reflejan en este artículo del Think Tank Bruegel, como solución intermedia se ha propuesto que sean los respectivos bancos centrales nacionales los que asuman las pérdidas en caso de impago unilateral de alguno de los países. «Esta sería una forma de evitar efectos redistributivos en la política monetaria de la zona de moneda común», concluyen. El problema es que esta opción supondría una tremenda subida de la prima de riesgo para los países periféricos y aquellos con más problemas de deuda.

En resumen, lo que este debate europeo plantea es la necesidad imperiosa de que un banco central plénamente operativo (es decir, que pueda realizar compras de bonos soberanos) tenga su correspondencia a la vez en una unión fiscal real y responsable. Es decir, un tesoro público a nivel europeo (o una coordinación de los mismos) que equipare impuestos, gastos, déficits en toda la zona euro y que permita a países como Alemania aceptar una mayor unidad sin tener la sensación (real o inventada) de que ellos van a ser los pagaderos finales de la fiesta disfrutada por los países periféricos.