Un cuento corriente Un cuento corriente

Se llama a la Economía (más aún en estos tiempos de crisis) la "ciencia lúgubre". Aquí trato de mostrar que además es una de nuestras mejores herramientas para lograr un mundo mejor

Archivo de noviembre, 2014

Financial Times, LSE, The Economist… el mundo se toma en serio las medidas económicas de Podemos

Mientras muchos en España aún les sitúan como unos radicales de la política y unos frikis de la economía, algunos de los medios e instituciones internacionales más respetados se están tomando la molestia de analizar y, en ocasiones, apoyar, el programa de Podemos. Estos últimos días se ha levantado un cierto revuelo en redes sociales ya que uno de los analistas estrella del diario económico Financial Times (Wolfgang Münchau) ha avalado en una de sus columnas una de las medidas estrella de la formación liderada por Pablo Iglesias: El impago de la deuda. Una medida que, por otro lado, fue matizada y suavizada recientemente por esta formaciónpablo iglesias

Münchau, en su artículo (reflejado en el blog del compañero Alberto Sicilia), sitúa a Podemos en la órbita de otras formaciones como Syriza y Die Linke, y los califica como los únicos partidos de la izquierda europea que actualmente están defendiendo una medida a su juicio sensata: La imposición de quitas selectivas de deuda con el fin de descargar de obligaciones al Estado. Además, el columnista acusa a los partidos socialdemócratas de haberse equivocado al descartar este tipo de ideas por un complejo de aparecer ante los mercados como partidos respetables económicamente.

Ante esto, cabe señalar dos aclaraciones: 1) que la opinión del Münchau no es precisamente la del FT. Es posiblemente su articulista más destacado, pero no siempre tiene que coincidir con la línea editorial del medio. 2) La idea de una restructuración de la deuda (aplazar el pago, ampliarlo…) o de un impago selectivo de la deuda pública española no es una medida que ostente monopolísticamente Podemos. Colectivos de economistas, académicos a título personal y otras organizaciones llevan años sugiriendo más o menos explícitamente que los actuales ratios de endeudamiento soberano en buena parte de la zona euro son inasumibles e incompatibles con el crecimiento económico (en la línea de lo que dicen desde hace mucho Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff).

Pero no es FT el único medio que ha analizado el programa de Podemos. También lo ha hecho el semanario más influyente del mundo: The Economist. La revista critica las propuestas de la formación liderada por Pablo Iglesias y las tilda de “notoriamente débiles”, pese a que reconoce que entre sus fuentes ideológicas están economistas tan respetados como Joe Stiglitz y Kenneth Rogoff.

La última muestra de respeto a las ideas económicas de Podemos la hemos visto llegar desde la London School of Economics, una de las instituciones educativas más importantes del mundo. En uno de sus blogs de análisis de políticas públicas, la profesora de la Universidad de Cornell, Odette Lienau, sugiere que ya es “hora de que reconsideremos el principio de que los estados siempre deben pagar su deuda soberana”. En su opinión, esta norma estricta es teóricamente “inestable e históricamente variable”, y esta académica aboga por asumir que, como cualquier otro tipo de deuda e inversión, la soberana puede estar sujeta a pérdidas sin que por ello tengamos que rompernos las vestiduras. Todo un empujón teórico a las ideas económicas de Podemos.

Documento: El acta de Caja Madrid que dio luz verde a las tarjetas ‘B’ en 1988

En el plazo de una semana, la Audiencia Nacional ha rechazado sendos recursos presentados por los expresidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, imputados por el escándalo de las tarjetas ‘B’ de la entidad. Si la semana pasada era Blesa al que le mantenían la fianza civil de 16 millones de euros, este lunes la Sala ha ratificado la del exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el argumento de que hay “sólidos indicios” que apuntarían a un presunto delito de administración deseal.

Los magistrados se amparan en sendas actas del 20 de junio de 1994 y del 30 de octubre de 1995, “citadas por el Ministerio Fiscal”, para argumentar que ambos exdirigentes no gozaban de una “habilitación legal de los órganos directivos” para poder distribuir las famosas tarjetas. Por el momento no se conoce públicamente el contenido de esas actas, en la medida que son secretas. Sin embargo, un acta anterior, de 1988, demuestra que sí se dieron poderes legales al presidente de entonces (Jaime Terceiro) y a los posteriores para distribuir entre los consejeros un medio de pago (entonces aún por definir) que supusiera “un sistema de compensación de los gastos en que se pueda incurrir por ejercicio de la función”. Vamos, las que vienen siendo las famosas tarjetas black.

Tal como muestra el documento al que ha tenido acceso en exclusiva este periodista (ver imagen inferior) en la reunión del Consejo de Administración de Caja Madrid celebrada el 24 de mayo de 1988, los consejeros allí reunidos dieron su visto bueno por unanimidad a que el entonces presidente (Terceiro), a propuesta suya, desarrollara un “sistema de compensación de gastos a vocales del Consejo de Administración y miembros de la Comisión de Control” y él mismo fijara las cuantías máximas a percibir por cada uno. Éste fue el momento en el que se dio luz verde a lo que posteriormente serían las tarjetas, y el consejo ya entonces daba plenos poderes al presidente de la caja para determinar cantidades y otros aspectos retributivos de los consejeros.

acta tarjetas caja madrid

Desde un principio no se plantearon como una tarjeta para gastos de representación, sino como un método para compensar los gastos de los consejeros ante la evidencia de que las dientas que por entonces cobraban eran inadecuadas y “no comparables, bajo ninguna premisa, con las de otras entidades, cajas o bancos. Es preciso dignificar la función de consejero también en materia de compensación de los esfuerzos y dedicación de la entidad, cubriendo al menos los costes en que se incurre por el ejercicio de su función”, tal como señala el acta.

Es decir, que parece que desde un primer momento las tarjetas estaban contempladas como un sistema retributivo adicional destinado a ser discrecional y compensar las bajas remuneraciones que, comparativamente, percibían los consejeros de la caja madrileña, según sostenía el presidente de la caja de entonces. Y es que la figura del consejero por entonces solo percibía dietas de un máximo de 25.000 pesetas y un seguro de salud y de vida.

A falta de que conozcamos el contenido de las actas de 1994 y 1995 lo que demuestra este documento es que el consejo de administración sí que había dado un mandato claro a sus presidentes para definir un sistema retributivo que se sumara a las dietas y que, por lo que parece, era distinto (más amplio) a un mero sistema de gastos de representación, como se desprende del auto judicial y la Fiscalía. ¿Era este sistema extendible a los directivos de la caja? ¿Estaba bien contabilizado en el balance de la entidad? ¿Por qué no se practicaron las debidas retenciones si así se debía hacer? Quedan aún tantas cuestiones por conocer…

España ha ayudado con más de 107.000 millones de euros a su sistema financiero ¿Mucho o poco comparado con el resto?

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) acaba de publicar su informe anual sobre ayudas públicas. Se trata de un análisis sintético de las distintas garantías, subvenciones, subsidios, etc, aportados por los contribuyentes en beneficio de determinados sectores económicos. Como cada año desde el inicio de la crisis, es el sector financiero el más beneficiado por las ayudas.

Según muestra la CNMC (ver gráfico inferior), las entidades financieras españolas se beneficiaron hasta finales de 2012 (últimos datos disponibles) de un montante total de ayudas de 107.453 millones de euros (excluidas las garantías), divididas entre inyecciones directas de capital (59.743 millones), rescates de activos deteriorados (28.395 millones) y otras medidas de liquidez (19.315 millones). No todo van a ser malas noticias, y tal y como resaltan desde Competencia, todos estos préstamos y rescates hasta el momento han supuesto unos ingresos para el erario público de 3.160 millones en concepto de comisiones y otros pagos.

ayudas publicas españa

Pues eso, que 107.000 millones de euros del contribuyente en ayudas económicas directas al sector financiero, según la CNMC. Esta cifra viene a sumarse al batiburrillo de cifras que desde el inicio de la reestructuración del sistema financiero español venimos sufriendo. En un post anterior, aludía a un estudio de Funcas que cifraba el rescate en el entorno de los 55.000 millones de euros. En otro post mío, la patronal bancaria AEB, por su parte, hacía su propio cálculo (77.800 millones de euros), mientras que el Tribunal de Cuentas (107.900 millones) se aproximaba mucho a la cifra publicada por Competencia este viernes. La mía, en base a cálculos propios, estaba más en el entorno de los 159.000 millones.

¿Es mucho o es poco lo que nos hemos gastado los contribuyentes en rescatar al sistema financiero? Desde luego la cantidad, equivalente a un 10% de nuestro PIB (aproximadamente) es un montón de dinero. Mucho. Pero partiendo de la base de que cualquier dinero que se emplee en reparar los excesos cometidos por empresas privadas es algo que se debe hacer lo mínimo posible y tapándose las fosas nasales, lo cierto es que en perspectiva comparada las cifras parecen no demasiado altas en relación con otros páises de nuestro entorno (ver gráfico).

ayudas banca europea

Así, el gasto en recapitalizar entidades en problemas representaba, a inicios de 2013, un 5,7% del PIB de España. Y hay que sumar otro 2,7% en rescatar activos deteriorados y otro 5,4% en “otras medidas de liquidez”. En suma, un 13,8% del PIB español empleado en auxiliar a su sector financiero. Holanda, con un adelanto de un año y medio, también abordó su propia recapitalización de su banca, empresa en le que se gastó un 14,4% de su PIB (54.257 millones de euros). Similares cifras muestra el Reino Unido, que entre 2008 y 2011 empleó una cantidad equivalente al 13,1% de su PIB en rescatar a la banca de City (156.108 millones).

Capítulo aparte merecen casos como el de Irlanda (522,6% de su PIB empleado primordialmente en librar del ladrillo a sus bancos), Grecia (28,3%) y Chipre (47,9%), que prácticamente entraron en bancarrota como estados por el hecho de tener que garantizar la solvencia de sus bancos.

En esencia, ningún país quiere emplear el dinero público en rescatar a sus sistema financiero. Es algo antiestético, difícil de entender por la ciudadanía y muy costoso. Pero descontado eso, lo cierto es que el agujero tapado en la banca española se mueve dentro de unos estándares razonables en comparación a lo que ha ocurrido en el entorno europeo desde que se desató la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, allá por 2007. No convendría olvidarlo.

Diferencias de hasta 10.000 € anuales entre los sueldos medios por CC AA, ¿Por qué hay un único salario mínimo?

La Agencia Tributaria ha publicado recientemente una estadística anual sobre Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias (MTPFT). Los datos, si bien no tienen una validez censal equiparable a la que puedan aportar los datos del INE (Encuesta de Población Activa, Encuesta de Condiciones de Vida…), tal como se ha encargado de especificar la AEAT, sí que permiten hacer una aproximación sobre las condiciones salariales y el precio de la mano de obra en España.

Puede ser que un tercio de los trabajadores cobren menos que el salario mínimo, o puede que cerca de dos tercios sean como mucho mileuristas, pero los datos por comunidades autónomas son los que más me han llamado la atención (ver cuadro inferior). Las desigualdades son tremendas según los territorios. Así, por ejemplo, en Madrid el salario medio anual alcanzó en 2013 los 24.571 euros. Le siguen los ceutíes y los melillenses (quizás por eso de que hay muchos militares, y su salario tiende a ser más alto) y los catalanes, con un sueldo medio de 20.806 euros de media cada año.

asalariados por ccaa

En el otro lado de la balanza se encuentran los extremeños y los andaluces, con salarios medios de 13.626 y 14.473 euros anuales por trabajador, respectivamente. Es decir, que entre los extremos superior e inferior hay más de 10.000 euros anuales de diferencia. Es cierto que los costes de la vida, los alquileres y los propios tejidos productivos no tienen nada que ver en unas regiones y en otras, pero no deja de llamar la atención cuando se comprueba el volumen de las desigualdades territoriales en cada comunidad.

Esto me lleva a reflexionar sobre unos aspectos quizás políticamente incorrectos, pero que creo que tendrían que abordarse: ¿Es normal que haya un único Salario Mínimo Internprofesional (SMI) si los costes laborales medios de la mano de obra son tan distintos en cada territorio? Lo mismo se puede aplicar con el menos conocido IPREM, que se emplea a la hora de acceder a subvenciones, ayudas, etc. Lo mismo, en esencia, se debería quizás aplicar también a la hora de conceder ayudas a la vivienda. No sé, no lo tengo claro, pero creo que quizás sería bueno abrir el debate. ¿Qué os parece?

La deuda pública española y los bancos, ese enorme círculo ¿virtuoso o vicioso?

Desde que el Banco Central Europeo, a la vista de la crisis financiera allá por 2011, decidió abrir el grifo de la barra libre de liquidez (los famosos LTRO y otras medidas) se puso en marcha una suerte de círculo aparentemente virtuoso que funcionaba básicamente así: 1) Los bancos, ante una situación de mercado interbancario seco, lograban acceder a liquidez ilimitada para poder realizar sus operativas y no entrar en una crisis de solvencia. 2) En la medida que la liquidez abría un abanico de posibilidades de inversión para las entidades éstas se dedicaron masivamente a invertir en aquello que más rentaba en plena crisis del euro y con prima de riesgo de la periferia disparada: La deuda soberana. Así se estiló durante años el llamado Carry Trade, una operación por la que los bancos captan dinero al 1% (por ejemplo) y adquirían deuda pública al 4%. Un 3% de beneficio sin apenas riesgo. 3) Los estados de la periferia europea, necesitados de endeudarse y con todas las sospechas sobre ellos, conseguían financiarse. No olvidemos que en aquellos momentos la aversión era prácticamente total.

Pues bien. La crisis desde entonces ha mutado. Las perspectivas de ruptura del euro prácticamente se han vuelto marginales y la prima de riesgo se ha rebajado a niveles más asumibles. Así, para entidades como BFA-Bankia, por ejemplo, que adquirió cantidades enormes de deuda española, han aflorado tantos beneficios que incluso podrían devolver todas las inyecciones de capital público que les han dado solo con las plusvalías de la misma. ¿Todos contentos entonces? No tan deprisa.

Tal como señala la agencia crediticia Fitch en un reciente informe especial sobre la banca europea, existen bastantes posibilidades de que el nuevo supervisor bancario europeo (el BCE) limite el porcentaje máximo de deuda soberana en los balance de las entidades financieras. Es algo que recomiendan los acuerdos de Basilea, que son de obligado cumplimiento para los países presentes allí. Y España, en este contexto, sería uno de los países más perjudicados.

Las cifras de Fitch son tremendas: La banca española tiene una exposición total a la deuda pública de más de 282.000 millones de euros. En el caso de que el BCE impusiera una limitación en los balances del 25% de exposición sobre el total de activos, tendría que deshacerse de más de 206.000 millones de euros de la misma (ver gráfico). Una barbaridad de dinero que supondría automáticamente un aumento de la prima de riesgo y un desplome de los bonos europeos, en especial los españoles. En total, para toda la zona euro habría que recolocar entre otros inversores otros 1,1 billones de euros. ¿Hay demanda en el mundo para tal cantidad de bonos europeos?

fitch deuda soberana

 

En el caso de la deuda española que debería de recolocarse, equivaldría a un 20% del PIB. Es decir, una mostruosa cantidad que desplomaría los mercados de deuda. Y es que el sesgo de los bancos españoles (y no solo éstos, Italia otro tanto de lo mismo) ha sido comprar masivamente deuda de España (ver gráfico inferior), tanto que su exposición supera con creces el 100% del capital conjunto de la banca. Por un lado porque daba una jugosa rentabilidad y por otro lado para cumplir este pacto tácito de financiar indirectamente a los Gobiernos por medio de la liquidez del BCE.

deuda soberana fitch

 

Por el momento, y a pesar de las recomendaciones de Basilea, no parece plausible emprender este proceso de desinversión masivo de deuda soberana. Ni parece que haya consenso ni parece que haya necesidad inmediata, si bien es cierto que el riesgo soberano y el bancario seguirán ligados mientras los balances de las entidades estén tan repletos de bonos europeos. Parece que la coyuntura permitiría, por lo tanto, ir previendo un proceso lento y modulado del desapalancamiento.

En resumen, una vez más lo que vemos es que las decisiones tomadas por los reguladores y las autoridades en un momento dado suponen una solución en un plazo corto, pero pueden tener consecuencias aún más graves en un plazo medio o largo. Lo que se presentaba como un círculo virtuoso corre el riesgo de convertirse en uno vicioso. Esperemos que no sea el caso de los bancos de la periferia europea. Hasta ahora la deuda soberana ha sido considerada un activo seguro y libre de riesgo, y salvo en el caso de Grecia no se ha contemplado seriamente un impago en la zona euro. Pero el precedente ya existe y los niveles de deuda seguirán creciendo por lo menos unos años. Si las dudas sobre la sostenibilidad de la misma volvieran tanto los bancos como los estados europeos se verán de nuevo en el ojo del huracán.

Las ciudades españolas más ricas son también las más desiguales

Este miércoles, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha presentado públicamente su base de datos sobre renta personal de los municipios españoles y su distribución. Básicamente, este trabajo minucioso recopila miles de datos de declaraciones de la renta y las agrupa localmente, en función de todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes (excluidos los de las provincias de régimen foral). En total, información detallada de 1.109 municipios agrupada por los investigadores Miriam Hortas y Jorge Onrubia, ambos de la Universidad Complutense de Madrid.

Es una fantástica noticia contar desde ahora con esta nueva base de datos. Más en un país como España, en el que precisamente los datos no son nuestro punto fuerte. La pena, a nivel periodístico, es que las estadísticas recabadas por Fedea son referidas solo al ejercicio 2007 (su compromiso es conseguir todos los disponibles hasta por lo menos el ejercicio 2010), por lo que pocos titulares noticiosos se pueden sacar de los mismos. Otro tema es su interés analítico (por eso hablo de ello en mi blog) y sobre todo su interés académico. De hecho, una de las cosas que más destacaron los impulsores de esta nueva database es que esperan que sea el germen de muchos futuros papers y tesis doctorales.

En su presentación pública, los autores han mostrado solo una pequeña parte del potencial de esta base de datos mostrando algunas estadísticas comparativas: Municipios con renta personal media más alta, más baja, mayor desigualdad, índice Gini por localidades… De todo lo mostrado, lo que más me ha llamado la atención es la correlación (que como bien sabemos no debe implicar necesariamente una causalidad) prácticamente perfecta entre renta media y desigualdad.

Es decir: que aquellos municipios donde la renta personal por declarante es más alta (Alcobendas, Pozuelo de Alarcón, San Cugat del Valles, Madrid, Barcelona, Valencia…) se corresponde con las ciudades que registran unos mayores niveles de desigualdad entre aquellos que más tienen y aquellos que menos (ver gráficos). Esta evidencia no es perfecta, pero sí deja entrever también un paralelismo en el caso de los municipios con menor renta media. Quizás para muchos la intuición ya podía ser ésta, pero yo reconozco que me he sorprendido mucho al conocer la existencia tan clara de esta correlación.

renta personal por municipios

 

desigualdad por municipios

Se nos suele insistir desde los postulados político-económicos dominantes con la idea de que el crecimiento del PIB reduce la desigualdad, y que hay que dar prioridad al primero para poder mitigar el segundo. Pero la evidencia española a nivel municipal muestra una realidad en cierta manera contradictoria: Allí donde las rentas son más altas el reparto es menos igualitario, y viceversa. Obviamente, los datos por municipios no son quizás la herramienta más válida a la hora de analizar la desigualdad económica en un país, pero sí que permiten establecer hipótesis y teorías sobre cómo se reproduce y combate de una forma más efectiva. Si es que alguien considera que la desigualdad es algo a combatir…

El sistema bancario español, el más concentrado de Europa

Las fusiones, privatizaciones y absorciones llevadas a cabo en el sistema financiero español desde el inicio de la crisis han dado como resultado que España goce ahora del sistema financiero más concentrado de entre los principales países europeos. Es decir, de los que tienen un menor número de entidades distintas en relación al tamaño del sector. Es una de las principales conclusiones que se extrae del último informe de situación de la banca, publicado este viernes por el equipo de análisis de BBVA.

En opinión de los analistas del banco, el grado de concentración en los principales países europeos (España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) es “muy bajo”, y no afecta esencialmente a la competencia. Basándose en uno de los índices de cálculo del número efectivo de competidores (el método Herfindahl-Hirschman), desde BBVA Research atribuyen a España un nivel de 832,7, solo por debajo de Italia (848,8), y muy por debajo de Francia (499,7) y Alemania (363,7).

Más deprimente es el índice basado en cuota de mercado de las principales entidades (ver gráfico inferior). Ahí, España se erige como la auténtica reina de la concentración, con un porcentaje del 57,4%, por encima incluso de Italia (51,5%) y de Reino Unido (52%). Este proceso de aglutinación de poder entre los grandes bancos “se ha acelerado en España durante la crisis, a diferencia de los demás sistemas bancarios estudiados”, reconocen desde la entidad.

ratio concentracion

 

¿Y tiene repercusiones en la competencia esta creciente concentración? Desde BBVA Research aseguran que NO hay relación directa, basándose en la “literatura especializada”, y que si hubiera algún impacto, en todo caso será “positivo”. En su opinión “el reducido nivel de concentración calculado en todos los países estudiados nos lleva a pensar que la concentración bancaria en los principales sistemas financieros de Europa no es un obstáculo para la competencia entre las entidades (…) y que, en caso de existir una relación, la reducida concentración bancaria debería favorecer la existencia de una elevada competencia“, aseguran. No explican el mecanismo por el cual esto ocurriría.

No todos los especialistas piensan lo mismo. En un reciente informe publicado por el Banco de España, se constata que las empresas y familias españolas tienen una mayor dificultad para acceder al crédito y a préstamos respecto de los ciudadanos europeos debido sobre todo a la actual concentración del sistema financiero español.

¿Mi opinión? Hace algo menos de 30 años, el mercado bancario español era esencialmente un oligopolio en el que los precios del crédito y del dinero venían fijados por lo que determinaban los siete mayores banqueros de España en las conocidas comidas que celebraban en el madrileño restaurante L’hardy. Era todo menos un mercado libre, y si se logró romper esta injusticia fue por la la apertura del mercado a las cajas de ahorros y por la decisión de Emilio Botín de lanzar ofertas agresivas para ganar cuota de mercado. Creo que en un mercado en el que participan 20 entidades distintas es más complicado que estos acuerdos vuelvan a repetirse. En un mercado en el que apenas juegan una docena de actores (media docena si contamos a los verdaderamente grandes: Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Popular) es mucho más fácil ponerse de acuerdo, aunque tu intención inicial pueda no serlo. Como no quiero ser completamente negativo, creo que la unión bancaria puede sernos de gran utilidad, toda vez que en teoría será más fácil para las entidades extranjeras implantarse y competir en España.

Os iremos contando, sea lo que sea…

La agencia Fitch dice que bajará el rating de Cataluña si se independiza, pero que subiría con “más autonomía fiscal”

Llevamos dos días plenos de reacciones a la consulta-manifestación-protesta del pasado 9 de noviembre en Cataluña. No entraré a valorar los resultados porque ya hay estupendos y completos análisis hechos por compañeros como Toni Ayala, (redactor jefe en 20minutos Barcelona) y amigos como los autores de Politikon o los de Agenda Pública, entre otros. Pero aparte de los de politólogos y periodistas, los análisis que más me han llamado la atención han sido los de los llamados mercados internacionales. Es decir, la banca de inversión, los grandes grupos de información, o las agencias de calificación.  mas junqueras

Precisamente acaba de llegar a mis manos un informe de urgencia elaborado por la agencia de calificación crediticia Fitch, dedicado especialmente al conflicto catalán y el comportamiento de su deuda pública. Básicamente, esta agencia de rating anticipa que el abanico de posibles escenarios es muy amplio, si bien “en los casos extremos, tales como una separación, habría calificaciones negativas, mientras que en otros, tales como una mayor autonomía fiscal, podría haber ratings positivos en la región dependiendo de las circunstancias”, explican. Sin embargo, desde esta compañía evaluadora del riesgo recalcan que la actual negativa a ceder de unos y otros nos sitúa en un futuro “impredecible”.

La deuda pública catalana actualmente goza de una nota de BBB-, según Fitch, a solo un paso del considerado bono basura, después de que la Generalitat fuera rescatada por medio del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y después de que “las tensiones entre los gobiernos central y autonómico se incrementaran debido a que Cataluña convocó unilateralmente una consulta no vinculante”.

En opinión de los analistas de Fitch, el escenario más probable es uno en el que en un plazo medio (finales de 2016) se negocie una cesión de mayores competencias y blindajes a la Generalitat, con los “precedentes” vasco y navarro: Más autonomía fiscal y tributaria. Este escenario, para la agencia podría ser positivo en la medida en la que los ingresos subirían. Si no hubiera estas negociaciones, desde la calificadora sostienen que habría una escalada de fricciones entre Cataluña y España, lo que incrementaría a su vez los riesgos.

El peor escenario, sin embargo, es el que sitúan para una independencia de Cataluña, incluso aunque ésta fuera ordenada, “y mucho más si la ruptura fuera desordenada”, advierten, en la medida que se obtendría a costa de abandonar la Unión Europea y la zona euro. “La deuda pública tendría que dividirse entre dos estados. Una solución similar a la propuesta por Reino Unido respecto a Escocia llevaría a España (excluyendo a Cataluña) a tener un porcentaje sobre el PIB del 120%, lo que la haría impagable en la práctica. Por el lado catalán el riesgo vendría de no tener más acceso a la liquidez del Banco Central Europeo, lo que a su vez empeoraría el rating de su deuda soberana y conllevaría fugas de capital del territorio, así como potenciales fugas de depósitos de los principales bancos catalanes (Caixabank y Sabadell), entre otros problemas.

También un escenario muy negativo en caso de independencia estiman que se produciría los analistas del banco suizo Credit Suisse. Tal como muestra esta información publicada por Cinco Días y firmada por Carlos Molina y Bernardo de Miguel, una hipotética independencia catalana conllevaría al menos una decena de problemas y consecuencias económicas negativas para este territorio y sus ciudadanos. Muy distinto es el punto de vista de otro banco helvético (UBS), para cuyos analistas los mercados deberían tomarse el conflicto catalán “con calma, en la medida que la posición constitucional de Cataluña es muy diferente de la que tenía Escocia”, recalcan. En una línea más negativa para España, los analistas de la compañía IHS aventuran que una ruptura no negociada y la negativa a repartir la deuda pública en la medida que esto pondría en serios apuros la solvencia del Estado. Por el lado catalán, los mayores riesgos estarían relacionados con perder el acceso a la Unión Europea y otras instituciones internacionales.

Pero no todos los “mercados” piensan en clave tan catastrofista: La agencia de noticias Bloomberg, en un editorial de hoy lunes, abogan porque Mariano Rajoy negocie cuanto antes con la Generalitat los términos de un referéndum de autodeterminación y que permitan revisar el estatus de la región.

Un exdiputado: “El sistema de pago de los viajes en Congreso y Senado es como el de las tarjetas ‘black'”

El escándalo que se ha levantado tras conocerse que el senador y presidente de Extremadura, José Antonio Monago, pudo cargar presuntamente a gastos del Senado hasta 32 viajes en clase business a Canarias ha sacado la luz una realidad que hasta el momento apenas había sido objeto de análisis por parte de la opinión pública: Los gastos de viaje de sus señorías. Hace ya tres años se formó mucho revuelo por los viajes en primera clase de los eurodiputados, pero aquello no se extendió a nuestros representantes en el Parlamento.José Antonio Monago Y el tema no es otro que, para nuestra sorpresa (o no), los gastos en viajes senadores y diputados han sido una suerte de barra libre sin control, un salario en especie pagado por todos los contribuyentes y sin apenas fiscalización a posteriori.

Tal como refleja el reglamento del Congreso de los Diputados, éste “cubre los gastos de transporte en medio público (avión, tren, automóvil o barco) de los diputados. Se trata de un reembolso de gasto, es decir, no se facilita una cantidad al parlamentario, sino que se le abona directamente el billete de la empresa transportista. Excepción hecha, claro está, del uso del propio automóvil, en cuyo caso y previa justificación, se abona 0,25 € por kilómetro”. Además, aquellos que no tengan coche oficial disponen de una tarjeta “personalizada” con la que pagar taxis en Madrid, con un límite anual de 3.000 euros.

gastos diputados

Este periodista ha tenido acceso un testimonio de primera mano por parte de un antiguo diputado nacional, que prefiere no revelar su identidad. Pero lo que relata es significativo: “El sistema de pago de los viajes de diputados y senadores era un chollo similar al de las tarjetas black: Podías gastar libremente y nadie te preguntaba. Desde que se instauró la democracia en España, los parlamentarios han viajado gratis”, asegura desde su experiencia.

Durante las legislaturas en las que este exdiputado ejerció su cargo, el método para los viajes era el siguiente: “Te daban un talonario, generalmente la secretaria del Grupo Parlamentario, y luego ya lo gastabas en los viajes que creías convenientes. Esto viene de la época de cuando Iberia y Renfe eran estatales”, añade.

Si seguimos el argumento de que lo ocurrido con las tarjetas ‘B’ de Caja Madrid es inmoral y una supuesta administración desleal, ¿es el gasto indiscriminado en viajes una malversación de caudales públicos? Eso lo tendrá que dirimir la justicia, pero este exdiputado no se muerde la lengua: Con el actual listón de exigencia moral, “si se conocieran todos los gastos de los parlamentarios, en la próxima legislatura no no repetirá ni uno“, anticipa.

El BCE publica por fin las cartas secretas con el Gobierno irlandés previas a su rescate: austeridad a cambio del dinero

Este jueves, el BCE no solo ha decidido mantener los tipos de interés en mínimos históricos y avanzar que llevará a cabo inminentes compras masivas de activos (los llamados QE, de los que he hablado en anteriores post). Hoy, en un hecho sin precedentes en la historia de esta institución, ha decidido publicar las cartas hasta ahora secretas que desembocaron en el rescate al sistema financiero irlandés, allá por 2010. Este ejercicio de transparencia se produce a petición del Ombudsman (el defensor del pueblo europeo) y después de que la prensa irlandesa haya publicado algunas de las cartas esta mañana.  trichet

Situemos los hechos. Otoño de 2010, Unión Europea. Desde hace semanas, la prima de riesgo irlandesa se dispara ante las dudas se los mercados sobre la solvencia futura del Estado irlandés, toda vez que el Gobierno se había endeudado hasta las cejas para rescatar a sus sistema financiero. Como en el caso de Grecia, existía un riesgo real de contagio para otros países de la zona euro (entre ellos España e Italia), lo que llevó a la Comisión Europea, al FMI y al Banco Central Europeo (entonces presidido por el francés Jean Claude Trichet) a desencadenar un plan de rescate para las finanzas públicas irlandesas de al menos 85.000 millones de euros.

Desde un primer momento, se planteó la sospecha de que el BCE fue más allá en sus habituales labores como supervisor monetario y pudo forzar al Gobierno irlandés a aceptar un rescate con duras condiciones macroeconómicas y una reestructuración de su sistema bancario. Pues bien, las cartas hechas públicas hoy lo dejan claro: Con la excusa de que la ayuda en forma de liquidez de emergencia facilitada a Irlanda podría “contravenir la prohibición de financiar a los estados”, Trichet exige al Ejecutivo irlandés que se comprometa a cumplir cuatro puntos, detallados en esta carta (ver extracto abajo):

carta bce irlanda

1) El Gobierno irlandés deberá mandar una petición de apoyo financiero al Eurogrupo.

2) La petición deberá incluir el compromiso de emprender acciones decisivas en las áreas de consolidación fiscal, reformas estructurales y reestructuración del sistema financiero, de acuerdo con la Comisión Europea, el FMI y el BCE.

3) El plan para reestructurar el sistema financiero irlandés deberá incluir la provisión de capital necesario para esos bancos que lo necesiten, y se obtendrán de los recursos financieros facilitados al Gobierno irlandés a nivel europeo e internacional, así como las herramientas financieras actualmente a disposición del Ejecutivo irlandés, incluyendo el dinero existente en sus reservas.

4) El repago de estos fondos puestos a disposición en forma de ayuda de liquidez de emergencia deberá estar completamente garantizada por el Gobierno irlandés, que deberá asegurar el pago de inmediatas compensaciones por parte del Banco Central de Irlanda en el caso de que se incumplan los pagos por parte de las instituciones beneficiadas.”

Es decir: Que efectivamente fue el BCE el que puso como condición imprescindible al país rescatado que se sometiera a una dura cura de austeridad para poner a tono sus cuentas públicas. Especialmente llamativa, para mi al menos, es la respuesta del ministro de Finanzas irlandés, Brian Lenihan, quien básicamente se dedica en su carta (ver extracto más abajo) a reivindicar todos los ajustes llevados a cabo hasta entonces y a garantizarle a “Jean Claude” que presentará a la Troika un programa “que incorporará reales y significativas medidas de reestructuración en relación con el sector financiero, reformas estructurales y consolidación”. Vamos, que sí, que sí a todas las exigencias.

carta irlanda

Estas cartas apenas aportan nada especialmente novedoso o que no nos temiéramos. En España, sin embargo, seguimos esperando a que el supervisor publique las cartas referidas a nuestro rescate. Es cierto que Zapatero, al publicar su libro de memorias, publicó la carta sin permiso del Banco Central Europeo, pero sería de agradecer que la institución ahora presidida por Mario Draghi empezara a publicar, como venimos reclamando insistentemente desde este blog, aquellos documentos que nos incumben a todos los ciudadanos.

Por cierto, y en relación con este tema de la transparencia, una gran noticia: A partir del año que viene el BCE publicará sus actas de reunión, algo que lleva años haciendo la Reserva Federal. No es que sea una transparencia radical, pero es un primer paso para que la opinión pública pueda ejercer su labor de control y auditoría a una de las instituciones cuyas decisiones más afectan a nuestra vida diaria.