Un cuento corriente Un cuento corriente

Se llama a la Economía (más aún en estos tiempos de crisis) la "ciencia lúgubre". Aquí trato de mostrar que además es una de nuestras mejores herramientas para lograr un mundo mejor

Archivo de mayo, 2014

¿Necesitamos ver un banquero en la cárcel?

El acto (positivo) de un día les ha librado de una condena después de múltiples años de malas prácticas. El pasado jueves conocíamos la sentencia de la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula de Caixa Penedés. El exdirector general de la entidad, Ricard Pagès, fue condenado a dos años de prisión y otros tres exdirectivos (Joan Caellas, Santiago Abella y Manuel Troyano —curioso apellido) a uno después de que el juez encontrara probado que los cuatro actuaron de forma “maliciosa e insidiosa” con el fin de autoadjudicarse pensiones muy por encima de lo aconsejable para una entidad de su tamaño. Tan probados fueron los hechos que los condenados incluso reconocieron los hechos.  penedes

Y es precisamente aquí donde empieza lo fuerte. Ya que tan solo un día antes de que se emitiera el veredicto de culpabilidad, los acusados devolvieron los 28 millones de euros que (entonces todavía presuntamente) habían sustraído a la caja por medio de remuneraciones muy por encima de mercado y fuera de toda prudencia. Y con ese simple gesto, el magistrado redujo su condena y les ha librado de entrar en prisión. Les han aplicado sendos atenuantes de reconocimiento de los hechos (más que probados para entonces) y de reparación del daño (repito, un día antes de la sentencia) y ZAS, todo se queda finalmente en un “pelillos a la mar”.

Obviamente, tras conocerse la sentencia se han disparado los comentarios de personas indignadas ante lo que es, dicen, una demostración de que la Justicia no es igual para todos. Que es más benévola con los ladrones de guante blanco. No seré yo el que afirme eso porque no tengo pruebas ni de una cosa ni de la contraria, y los que me conocen saben que prefiero pecar de ingenuo y confiar en el sistema antes que pensar que todo está corrompido.

Lo que sí que tengo claro, no obstante, es que después de seis años de crisis económica en la que se han llevado a cabo recortes presupuestarios mientras se ha empleado dinero público para sanear a los bancos, la sociedad española traga con dificultad con el hecho de que hasta el momento ningún banquero haya sido condenado. No me cabe duda, porque he podido comprobarlo, que muchos no han sido culpables de nada, pero ¿realmente todos son inocentes? Políticos, empresarios, folclóricas… todos han tenido su momento de gloria penitenciaria. En otros países como Islandia o Estados Unidos hemos visto aplicarse la ley de forma implacable sobre los señores de las finanzas. ¿Veremos esto en España?

EDITO: Un compañero del diario Cinco Días al que aprecio (Miguel M. Mendieta), y que sabe mucho más del caso Caixa Penedés que yo, me ha puntualizado algunas cosas y creo que es interesante añadirlas. En su opinión la sentencia es “buena, rápida y efectiva” y además se ha conseguido que devuelvan el dinero, algo que no ocurre frecuentemente. Ha sido rápida teniendo en cuenta la lentitud de la Justicia española, y eso a pesar de que uno de los acusados falleció antes de que finalizara el proceso. Cree que es además “efectiva” en el sentido de que la sentencia es firme y ninguna de las partes recurrirá (ni la Fiscalía, a pesar de que pedía más años para los condenados). Por último, ha aclarado que lo que se juzgaba no era una mala gestión “(que la hubo), sino pensiones excesivas (que las hubo)”. Es decir, y en esto estoy completamente de acuerdo: No se trataba de un juicio sumario, sino un juicio por unos actos muy concretos, y que se ha resuelto con una culpabilidad inapelable. Otra cosa es lo que piense cada uno de las penas por delitos económicos…

El Gobierno y las estadísticas oficiales: si no indican lo que quiero, las cambio

Malos tiempos para la estadística oficial. O al menos así lo parece si atendemos a las valoraciones de organismos tan prestigiosos como el Instituto Flores de Lemus y de economistas y analistas consultados por este periodista. Y es que se ha instalado entre ellos la sospecha de que el Ejecutivo modifica los parámetros estadísticos o altera las metodologías de cálculo para adaptar las cifras oficiales a su gusto y a su estrategia de comunicación, consistente en decir que ya estamos saliendo de la crisis.

Los últimos ejemplos no son menores. Por un lado están las cifras de contabilidad nacional publicadas este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Resulta que según los datos oficiales el PIB ha crecido un 0,4% en el último trimestre, si bien este incremento solo ha sido posible gracias a un subidón del consumo público que no parece tener ninguna justificación, tal como señalan expertos y organismos independientes en este artículo publicado por un servidor.

“El Gobierno está jugando con la contabilidad desde hace muchos meses. El INE se ha politizado demasiado y está colaborando en una práctica muy peligrosa”, denuncia Alejandro Inurrieta, economista, consultor y antiguo miembro de la Oficina Económica del Presidente. En su opinión resulta “curioso que el ministro De Guindos pueda haber adelantado ya el dato de PIB del segundo trimestre, teniendo en cuenta que estamos aún en mayo y queda más de un mes para que finalice el periodo“, explica. Pero Inurrieta no es el único economista o académico que se ha mostrado suspicaz con respecto a los datos del PIB. Solo en mi Twitter he contado a José Carlos Díez, Miguel Ángel García, Javier Santa Cruz, Carmelo Tajadura, Juan Laborda… entre otros ejemplos.

Más madera: El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este pasado martes su última Encuesta de Condiciones de Vida. Tal como publicó entonces este diario, los datos confirman lo que muchos vemos y percibimos por las calles, en el trabajo y en nuestro entorno: Que la pobreza ha aumentado y que más de una cuarta parte de los españoles viven en riesgo de pobreza.

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Sin embargo, lo que más me ha llamado la atención es algo de lo que me alertó Pau Marí-Klose, sociólogo de la Universidad de Zaragoza especializado precisamente en la investigación de la pobreza, la infancia y la educación. Y es que el INE ha cambiado recientemente la metodología con la que elabora esta Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Una nueva metodología que, aunque razonable, “casualmente” contabiliza una menor desigualdad y una menor tasa de pobreza. Como muestra un botón: La tasa de riesgo de pobreza del año 2012, del 27,2%, sería en realidad del 28,2% con el anterior sistema de recogida de datos. Nada menos que un punto de diferencia.

Según argumenta el propio organismo estadístico oficial (página 15 y en adelante), la nueva metodología “no parece tener un impacto importante en los indicadores basados en la distribución de la renta como la tasa de riesgo de pobreza. Sin embargo, sí lo tiene en el nivel de la renta aumentando significativamente su valor“. El mismo INE lo reconoce: el nuevo método reflejará un aumento relativo de la riqueza de los hogares que no se corresponderá con ningún cambio económico real.

Este cambio, introducido aún en plena crisis, no solo “suaviza” los resultados de evolución de la pobreza, sino que rompe la continuidad de los datos, tal como señala Pau Marí-Klose. Así, científicos sociales como él tendrán más dificultades para analizar cómo evoluciona realmente la desigualdad desde el inicio de la crisis. “Lo que proponen es razonable, pero rompen una serie temporal, y eso siempre es delicado sobre todo si se hace en medio de variaciones significativas del indicador como producto de la crisis”, lamenta este investigador.

La banca española acumula aún cerca de 200.000 millones de euros en activos del ladrillo “improductivos”

Que el optimismo nos deje ver el bosque. Los grandes referentes de la banca española se han lanzado durante los últimos meses a certificar que la crisis ha dado un giro de 180 grados y que por fin ya sí se ve la luz al final del túnel. Desde el “España está en un momento magnífico” de Emilio Botín, pasando por el “cambio de tendencia” expresado por José Ignacio Goirigolzarri, los principales bancos están mandando la señal de que hemos dejado atrás lo peor.

Sin embargo, los propios bancos han de afrontar esta nueva etapa con un lastre abultado. Mucho. Y es que permanecen en sus balances cientos de miles de millones de euros en activos tóxicos, la gran mayoría relacionados con el ladrillo. Son activos que por tanto han de provisionarse, y cuya evolución irá aparejada en gran parte a la del ciclo económico. Según los cálculos del servicio de estudios de La Caixa, los activos “improductivos” en poder de las principales entidades de crédito a finales de 2013 suponían más de 173.900 millones de euros, cerca de un 8,2% de su balance total y una cantidad un 20% mayor que un año antes.

caixa creditos dudosos

En cantidades similares, y aún mayores, se mueven los cálculos elaborados por la consultora PwC, quien en un reciente informe sobre reestructuraciones empresariales ha calculado que los créditos dudosos y refinanciados en poder de los bancos superan, respectivamente, los 146.000 y los 158.000 millones de euros. Esto ha llevado a que las entidades hayan tenido que destinar inmensas cantidades a provisiones: Más de 186.000 millones de euros solo en 2013. La cifra total es ligeramente menor que la registrada en 2012, lo que ha permitido a la banca ampliar sus beneficios operativos en 2013. Pero el inmenso montante sigue ahí, a la espera de que cambie el ciclo (y se pueda desprovisionar) o se logren adjudicar estos activos sin pérdidas.

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“Si la recuperación económica gana fuerza, la calidad del crédito debería seguir en una tendencia de mejora”. En un reciente informe sobre las bancas española, portuguesa e italiana, los analistas del BNP Paribas estiman que los créditos tóxicos suponen cerca de 197.000 millones de euros, un 17% más de los que había a finales de 2012. Sus cifras muestran un ratio creciente de créditos dudosos en relación al activo total, si bien desde la entidad francesa explican que este incremento se debe más a una caída del denominador (el activo total) que a una subida real del activo dudoso.

bnp creditos dudosos

 

En resumen, lo que analistas y expertos apuntan es que, si bien las perspectivas han mejorado, debemos aún permanecer vigilantes y alerta, ya que la situación de los bancos está lejos de ser la ideal. Se mantienen en sus balances una impresionante cantidad de créditos y otros activos cuyo valor actual está muy en cuestión. Si el ciclo económico remonta y la situación acompaña estos dudosos podrán convertirse en un negocio aprovechable. Pero si no es así, la banca tiene en casa un verdadero problema.

El optimismo (esquizofrénico) de las agencias de calificación con España

La agencia de calificación crediticia, Standard & Poor’s, ha publicado este viernes sus nuevas estimaciones sobre la solvencia de la deuda soberana española. Buenas noticias, porque S&P ha decidido mejorar nuestra nota en un escalón, desde la BBB- hasta la BBB a secas y con perspectiva “estable”. Seguimos aún lejos de los puestos de máxima fiabilidad de cara a los inversores internacionales (la famosa triple A, o al menos doble A), pero esta decisión viene a confirmar lo que venimos contando desde hace algunos meses: Que el clima económico ha cambiado en el sur de Europa y que parece haber un cierto consenso respecto a que las proyecciones de crecimiento serán mucho mejores en un futuro próximo.

El Gobierno no ha tardado en apuntarse el tanto de esta mejora crediticia. Normal, yo hubiera hecho lo mismo. Lo que me cuesta más entender es el papel de unas agencias que se dicen independientes pero que, al menos en mi opinión, unas veces parecen actuar como notarios —dando fe de cosas que ya todo el mundo percibe— y otras como pirómanos, acentuando las crisis o las burbujas incipientes con una actitud preocupantemente procíclica. Muy optimistas durante las alzas del ciclo, y muy pesimistas durante las crisis.

Y es que en definitiva no acabo de entender qué ha llevado a las agencias de rating internacionales a modificar su calificación sobre los bonos españoles. No lo entiendo, la verdad, porque si bien es cierto que han mejorado algunos indicadores (prima de riesgo, paro, crecimiento…), como ya sabíamos la semana pasada, la deuda pública del Tesoro ha superado recientemente el 96,7% del PIB, y se acerca a pasos agigantados a superar el 100%. Es decir: Más de un billón de euros (sí, con be) con sus respectivos vencimientos e intereses.

deuda pública

Con estos niveles de deuda, aunque la caída de la prima de riesgo y la vuelta al crecimiento los harán más fáciles, el pago de intereses supone cada vez un gasto mayor para las arcas públicas. Y no olvidemos que aunque hemos alcanzado, por los pelos, la reducción de déficit acordada con Bruselas, seguimos lejos aún, muy lejos, del equilibrio presupuestario. Es decir, que tendremos que seguir endeudándonos durante unos cuantos ejercicios más. Y cuanta mayor es tu deuda, más insostenible se vuelve su mantenimiento. Entonces, ¿cómo es que ahora S&P, Moody’s y Fitch nos ven más guapos que antes?

Un misterio para mi, y supongo que para muchos de los ciudadanos, ya que los modelos con los que trabajan estas agencias son realmente complicados y tienen en cuenta, en teoría, una enorme maraña de variables para llegar a sus calificaciones.

Que conste una vez más que me parece una excelente noticia que nos hayan mejorado la nota. Lo que me parece menos bien es la sensación de que, quizás, las anteriores calificaciones no eran tan ajustadas a la realidad, sino que se veían contaminadas por el clima de aversión a la periferia del euro entre todos los inversores internacionales. Los mercados nos veían mal, muy mal. Probablemente peor de lo que en realidad estábamos (financieramente, me refiero), y las agencias, en teoría independientes, no solo no establecieron unos juicios al margen de este clima, sino que participaron del mismo, y acabaron siendo uno de los arietes con los que se forzó la aplicación de recortes presupuestarios como los que hemos sufrido hasta ahora. Algunos dirán que las agencias son soberanas y que ellas harán lo que les plazca y les pidan los clientes. Bueno, quizás, pero al menos para mi no han jugado un papel precisamente brillante.

La banca internacional en el punto de mira: Multas, expedientes… pero, ¿Y en España?

Hoy martes nos hemos desayunado con un nuevo escándalo relacionado con las altas finanzas. Y es que la Comisión Europea ha acusado formalmente a los bancos Credit Agricole (Fracia), HSBC (Suiza) y JPMorgan (EEUU) de haber participado en un cártel dedicado a manipular los precios de los productos derivados relacionados con tipos de interés del euro. La investigación supone una continuidad de la ya iniciada en 2011 y de la que se concluyó con multas récord de más de 1.700 millones de euros a otras seis entidades financieras internacionales: Deutsche Bank (Alemania), RBS Reino Unido), Societe Generale (Francia), Citi (EE UU), UBS (Suiza), RPMartin (Reino Unido) y Barclays (Reino Unido).

Ésta no es más que la última colleja que los poderes judiciales y políticos le propinan a un sector bancario que lleva desde el inicio de la crisis en el punto de mira. Y no son pocos los motivos: Primero porque las entidades financieras se han visto beneficiadas por gigantescos rescates con dinero público; segundo porque en la mayoría de los casos, aquellos directivos que actuaron de forma arriesgada y acabaron por quebrar sus entidades no solo no han pagado por ello, sino que han visto engrosar sus cuentas de ahorros con millonarios salarios, planes de pensiones e indemnizaciones. Son causas que explican por qué la opinión pública está especialmente enfadada con los señores de las finanzas.

Protesta ante la sede del HSBC en Madrid.

Protesta ante la sede del HSBC en Madrid.

Como decía antes, las multas por manipulaciones relacionadas con el Euribor son sólo una parte. A finales de 2012 dos entidades bancarias de primer nivel como UBS y Barclays tuvieron que asumir el pago de sendas multas de 1.170 y 347 millones de euros, respectivamente, por manipular intencionadamente otro de los grandes índices interbancarios: El Líbor. Aproximadamente un año antes, el Gobierno de Estados Unidos inició un proceso judicial contra cuatro de los principales bancos del mundo —JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs y Deutsche Bank— por conceder y no valorar adecuadamente las llamadas hipotecas basura. El Tesoro esperaba ingresar así más de 600 millones de euros con estas sanciones. Mucho más grande todavía es otra multa impuesta a JPMorgan (13.000 millones de dólares) también por malas prácticas relacionadas con las hipotecas.

Las actividades poco éticas o directamente delictivas detectadas durante la crisis no se acaban todavía. Qué va. A finales de 2012 el banco HSBC recibió una multa récord de unos 1.500 millones de euros por parte de las autoridades estadounidenses debido a su participación en el lavado de dinero negro relacionado con los cárteles mexicanos de la droga y con países como Irán. Y el pasado mes de octubre un juez de Chicago condenó a HSBC y a tres de sus directivos a pagar 1.800 millones de dólares en indemnizaciones por delitos de fraude.

Parece claro que buena parte del mundo está dispuesta a poner coto a los desmanes y a dar ejemplo persiguiendo malas prácticas y abusos bancarios. Pero… ¿Y en España? Pues por ahora mucho ruido y pocas nueces. Hay casos mediáticos como el de la salida a bolsa de Bankia, pero todo parece indicar que no se cometieron los delitos de los que acusan a sus consejeros y a la propia entidad. Hace unos meses la CNMV sancionó al Banco Santander por infracciones relacionadas con la comercialización de los llamados Valores Santander (una especie de preferentes), si bien la multa apenas llegó a 17 millones de euros.

Hasta el momento, y salvo el vergonzoso caso de las cláusulas suelo, las entidades financieras se han visto en general salvaguardadas en España de sanciones ejemplarizantes o investigaciones en profundidad. Hemos visto abrirse causas judiciales contra los antiguos gestores de las cajas, pero lo más probable es que —salvo en casos de apropiación indebida, como en la CAM— de haber irregularidades estas fueran producto de la labor combinada de muchos actores, quienes por exceso de optimismo, por negligencia, por desconocimiento, por incompetencia o por actuar en beneficio propio, hayan ocasionado graves daños a sus clientes y a la economía en su conjunto.

Me llama la atención por ello que no haya más entidades procesadas o imputadas como personas jurídicas. Me llama la atención que casi siempre se haya optado por encausar a las personas físicas, cuando parece que (al menos en el ámbito internacional) la forma más habitual de hacer justicia es investigando las responsabilidades de las propias entidades financieras, esos gigantes que se creyeron libres de hacer prácticamente lo que les dio la gana.

Casi 50.000 desahucios en 2013: la evidencia de un fracaso nacional

Hace unas semanas unos amigos míos vinieron a Madrid a pasar el fin de semana y en varias ocasiones me comentaron lo mucho que les llamaba la atención la cantidad de personas que veían viviendo en la calle, durmiendo en cajeros, instalados en precarios campamentos de cartón. Yo mismo me he visto sorprendido, para mal, con el cada vez mayor número de compatriotas que pasan la noche al raso en mi ciudad natal. No son ya anécdotas. Son categoría.

El Banco de España ha publicado este lunes la estadística anual de desahucios, facilitada por las propias entidades de crédito. En 2013, un total de 49.694 familias perdieron su vivienda al no poder hacer frente a los pagos, y ocho de cada diez eran la casa habitual donde residían. La cifra es un 11% mayor que la registrada (y ya entonces terrible) en 2012. Soy un firme defensor de que la figura del desahucio, per se, no debe desaparecer. El desahucio es una figura necesaria para que el dueño legítimo de un bien se garantice lo más posible el pago por el mismo.

desahucios

Sin la figura del desahucio no hay incentivo ninguno para pagar el alquiler, o la hipoteca. Pero aplicarlo a rajatabla en la actual situación está creando una creciente generación de excluidos. España es un país que ahora mismo sufre un 25,93% de paro y son millones las familias que si no pagan es porque no pueden. Por esto, y por más cosas, el análisis de estas cifras no me parecen sino la constatación de un grave fracaso nacional.

Un fracaso nacional porque en los últimos dos años los poderes públicos no han sido capaces de proponer soluciones efectivas y eficientes para aminorar lo más posible el problema de los desahucios. Se instrumentó a finales de 2012 un Fondo Social de Viviendas (promovido entre bancos y Ministerio de Economía) con el fin de ofrecer alquileres sociales a familias desahuciadas o en riesgo de exclusión. Hasta ahora no han supuesto sino un lamentable fracaso: De las aproximadamente 6.000 viviendas que han aportado bancos y cajas, apenas se han adjudicado 780.

El Gobierno se ha dado cuenta recientemente de que su plan ha estado lejos de funcionar debido a las estrictas condiciones que exigía. A pesar de que cada día del año pasado se quedaban en la calle, de media, 106 familias, apenas se han presentado cuatro solicitudes diarias para alojarse en un piso social. Algo no cuadraba, y por eso el pasado 11 de mayo se ampliaron los supuestos en base a los cuales se puede acceder a una de estas viviendas. El 11 de mayo de 2014. La crisis comenzó en 2008. Tarde, mal y nunca, como diría mi madre.

Otro escándalo mayúsculo por sobrecostes en una obra pública: El Puerto de El Musel

Los asturianos (como yo) llevábamos mucho tiempo temiéndonos que algo así acabaría ocurriendo. Llevábamos años y años viendo como la obra de ampliación del puerto gijonés de El Musel se retrasaba, se encarecía y se complicaba constantemente, mientras las autoridades responsables en ese momento (El Principado, Fomento, la Autoridad Portuaria…) se ponían de lado y achacaban los problemas al empedrado. Una obra que todo apunta a que ha sido un masivo foco de malversación y malas prácticas con el dinero público.

Puertos de El Musel

 

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha emitido un durísimo informe (que el partido Foro Asturias ha colgado en su web) en el que muestra las conclusiones de su investigación, después de que comenzara a investigar los motivos por los que se amplió, en su momento, el presupuesto de la obra en unos 250 millones de euros. Un sobrecoste que la Autoridad Portuaria de Gijón en todo momento pretendió que costeara la Unión Europea. El argumento principal: Los materiales (piedra, sobre todo), habían experimentado un repentino e inesperado encarecimiento debido a que había que traerlos desde más lejos. Una previsión de lujo.

Ahora la OLAF acusa a la empresa Dique Torres, encargada de las obras —una Unión Temporal formada por FCC y Dragados, entre otras— de no haber facilitado información a sus inspectores y de haber negado el acceso a sus registros contables, lo cual era su obligación toda vez que España está sujeta al Derecho Comunitario. Solo por esto, el organismo fiscalizador independiente ha dictaminado que España deberá devolver los 249,7 millones de euros de subvención europea empleados en esta ampliación.

Más grave aún, y también motivo de sonrojo, es que el proyecto para modificar la obra original fue aprobado por al Autoridad Portuaria sin la previa autorización de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea. Es por esto que el supervisor comunitario no entiende cómo la dirección de El Musel “haya aceptado el aumento de 250 millones de euros basado principalmente en el incremento del precio de los materiales, mientras que, contrariamente, el licitador firmara un contrato para la extracción de materiales sin ninguna contraprestación económica de alrededor de 24 millones de toneladas”.

Es decir, que a la Autoridad Portuaria aparentemente le dio igual que el contrato que tenía firmado para extraer piedra no se cumpliera, y ni reclamó responsabilidades ni puso ningún problema en disparar el coste inicial de la obra. Así, para la OLAF cabe concluir que “hay motivos para pensar que se hayan cometido delitos que pueden afectar a los intereses financieros de la UE”. Y esos delitos los habría cometido, o bien la empresa, o bien la Autoridad Portuaria. O ambos. Nada más y nada menos.

Siento una tremenda vergüenza de pensar que algo así haya podido pasar en Asturias, en Gijón, y que aquellos cargos públicos a los que mis vecinos dieron su confianza durante años y años pudieran haberse corrompido hasta el punto de dañar así la imagen de la región en Europa. Las conclusiones de la OLAF parecen contundentes. ¿Actuará la Fiscalía con igual contundencia?

Sobre las “exitosas” subastas del Tesoro y otras falsas buenas noticias económicas

Ayer, el Tesoro llevó a cabo una nueva emisión de deuda pública. En total, se colocaron 5.000 millones de euros en un nuevo tipo de bono a 10 años, ligado a la inflación: Es un instrumento que además de una rentabilidad preestablecida, incorpora un “seguro” para abonar un extra a los tenedores de esta deuda en el caso de los precios en ese periodo hayan subido por encima de un límite.

El caso es que el Gobierno y sus medios afines se apresuraron a celebrar el éxito de la emisión, poniendo el acento en la alta demanda de los inversores. Obviamente es mejor que —en unos momentos en que necesitamos endeudarnos sí o sí— los bonos españoles encuentren salida con facilidad. Pero esto en mi opinión está lejos de ser una buena noticia, como se nos quiere hacer tragar desde el inicio de la crisis después de las innumerables subastas a las que ha acudido España.

Y es que desde que estalló la burbuja del ladrillo y se disparó el paro, las cuentas públicas han implosionado, conduciendo a España a uno de los mayores niveles de endeudamiento que se recuerda. Tanta tanta deuda que ya supone 990.466 millones de euros, el 97% del PIB, como ha dado a conocer este miércoles el Banco de España. Más allá de los debates sobre el punto exacto en el que el exceso de deuda pública comienza a ejercer sus efectos más perniciosos, la evidencia científica e histórica demuestra que con unos niveles tan altos de endeudamiento se limita la capacidad de crecimiento futuro.

deuda pública

Pero lo más grave no es tanto el porcentaje de deuda sobre PIB (que sí que es preocupante) sino la rapidez a la que la deuda pública está creciendo. Hace apenas un año la deuda pública rondaba el 90% de nuestra riqueza anual, y hace dos años apenas superaba el 80%. Es decir, que nuestro endeudamiento está creciendo en el entorno de un 10% año a año. Ésta es la principal razón por la que es TAN importante reducir el déficit público, por más que un cierto y coyuntural déficit público sea inevitable. Todo aquello que gastamos de más lo tenemos que pedir, y va a parar a una ya abultadísima mochila.

Ésta es la verdadera (y preocupante) noticia, no el puntual éxito de una colocación de deuda, que por otro lado guarda una relación directa con las inmensas cantidades de liquidez existentes en los mercados después de las barras libres del BCE, las facilidades (relajaciones) cuantitativas emprendidas por la Reserva Federal, Banco de Japón y Banco de Inglaterra y la creciente aversión de los inversores internacionales a las economías emergentes. Vamos, que como diría el ya mítico Sr. Lobo de la película Pulp Fiction

Rajoy y los grandes empresarios españoles: Una imagen vale más que mil palabras

Miren la foto inferior. Nada raro, aparentemente: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha reunido este miércoles con los miembros del llamado Consejo Empresarial para la Competitividad, formado por los grandes empresarios de este país, y ha subido una foto del evento a Twitter. Están presentes casi todos los grandes del Ibex —Telefónica/Alierta, Santander/Botín, BBVA/González, etc— y los primeros espadas de las principales compañías familiares (El Corte Inglés/Isidoro Álvarez). Pero vuelvan a mirar la foto.

Mariano Rajoy se reúne con el Consejo Empresarial para la Competitividad.

Mariano Rajoy se reúne con el Consejo Empresarial para la Competitividad.

 

La foto, pese a parecer nada más que una imagen protocolaria, dice mucho, muchísimo, de la economía de este país. Lo ha expresado mejor que yo la periodista de El País Amanda Mars, también en su Twitter: “La diversidad en sexo, raza y generación de la foto da pistas sobre lo diverso de las ideas”. Todos hombres, todos blancos (aunque alguno más moreno que otro), todos mayores de cincuenta años (año arriba o año abajo). Ésta es la representatividad de la élite económico-empresarial de España. No hay mujeres, ni jóvenes, ni inmigrantes.

Algunos dirán que la muestra no es representativa y que si la ampliamos empieza a haber más variedad, pero a otro perro con ese hueso. Es la imagen viva, entre otras cosas, de un país en el que la igualdad sexual está lejos aún y de un conflicto generacional, de lo que yo llamaría un tapón generacional: Las élites españolas se hacen mayores, pero no están dispuestas aún a dejar paso al relevo natural. Esta es una de las razones que, en mi opinión, impiden la necesaria renovación y modernización de la economía. ¿Cómo van a innovar y apostar por el futuro los que sobre todo tienen pasado a sus espaldas?

Es este un tema del que los analistas de Politikon, entre otros, llevan hablando mucho tiempoEspaña, su política y su economía están en contra de los jóvenes. Las medidas legales y regulatorias emprendidas en el mercado laboral, por ejemplo, todas encaminadas a un modelo de flexiprecariedad, son solo un ejemplo. Una de las causas de este abandono está en el propio desinterés de los jóvenes por la política.

No digo que haya que desechar a las generaciones de mayores, ni mucho menos. Su experiencia es imprescindible. Pero no creo que una foto como la de hoy pueda ser, desde ningún punto de vista, un indicador positivo. Hay que hacer algo para que la próxima foto del gran empresariado español sea más representativa de lo que hoy por hoy es la sociedad española. La calle.

El BCE tomará medidas extraordinarias para reactivar la inflación, pero no este mes

La cúpula del Banco Central Europeo (BCE) se reúne este jueves en Bruselas con el riesgo de deflación en la Eurozona aún coleando. Al igual que ocurrió el mes pasado (donde finalmente no ocurrió nada, pero se adelantó mucho), las expectativas de analistas, periodistas y miembros del mercado en general son muy altas. Quizás demasiado. Tanto que se dan por hecho que Draghi anunciará la puesta en marcha de medidas de impacto. Aunque no para inmediatamente. El alza de precios registrada en abril ha supuesto un cierto alivio y ha permitido posponer las decisiones más radicales al menos otro mes. Y eso que la OCDE reclama acciones concretas ya.

El departamento de análisis del banco francés BNP Paribas, en un reciente informe dan por hecho una nueva política monetaria por parte del BCE, probablemente a finales de mayo, cuando se publiquen los datos de inflación. Sin los efectos alcistas de los precios provocados por esta Semana Santa tardía, el IPC podría volver a experimentar caídas, “y entonces el BCE tendría que revisar sus proyecciones a la baja”, explican, al tiempo que reconocen que las medidas convencionales (bajar tipos) ya han perdido gran parte de su efecto y serían necesarias medidas “más radicales para estimular la actividad y los precios (…) como comprar deuda privada y/o valores de deuda soberana”.

En esta misma línea, los especialistas de Credit Agricole auguran en otro documento “una pequeña bajada de los tipos de refinanciación para junio”, y descartan grandes actuaciones para este jueves. “El momento de la verdad para poner en marcha un Quantitative Easing (QE) se producirá en el tercer trimestre”, sostienen desde CA, si para entonces la inflación sigue baja debido sobre todo a los efectos de los test de estrés a la banca europea. El banco francés mantiene abiertos varios escenarios de inflación para lo que queda de año (ver gráfico abajo).

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Mayores urgencias parecen tener los analistas del think tank afincado en Bruselas Bruegel, para quienes “el BCE debe y puede actuar”, ya que a fuerza de mantener debates estériles sobre lo que es o no técnicamente una deflación, el organismo presidido por Mario Draghi “está ignorando los riesgos crecientes, especialmente relativos al crecimiento en Italia”. El BCE ha sido, en su opinión, “lento” a la hora de tomar decisiones durante esta crisis. La solución, según su propuesta, sería aprobar cuanto antes un QE “prolongado en el tiempo” que comprara deuda estadounidense.

“Esta medida debilitaría el euro. En un mundo de lento crecimiento del comercio internacional, la única salida para Italia —y para el resto de la periferia— para empezar a crecer sería mediante un euro mucho más débil”, explican desde Bruegel, que apuntan además a la subida de la inflación y la reducción real de la deuda como otros beneficios adicionales de esta medida. Desde este banco de ideas son muy duros con Draghi y su equipo, ya que en su opinión incluso aunque se tomaran ya estas decisiones podría ser tarde.

Otros investigadores de Bruegel abundan en las críticas al BCE, y se atreven a sugerir su propio modelo de “compra de activos” para reactivar la economía europea, en este caso al margen de la compra de deuda estadounidense. Hay un mercado total de 14 billones de euros en activos utilizables como colateral, de los que la mitad son deuda soberana y la otra mitad está compuesta por bonos bancarios (garantizados y no) y deuda corporativa, entre otros. En este contexto, “un punto de inicio natural para un programa de compra de activos sería la deuda pública emitida por organismos europeos como los fondos de rescate europeos y el Banco Europeo de Inversiones. En total, habría 490.000 millones de euros para comprar (ver gráfico).

activos para el qe

 

Si con esta medida no fuera suficiente, el siguiente “paso natural” sería compra deuda pública de los distintos países de la UE. Sin embargo, esta medida sería políticamente mucho más complicada, por varios motivos. Primero porque el mandato estricto del BCE es no financiar a los estados, y segundo porque se trata de “una institución supranacional sin un departamento del Tesoro supranacional como contraparte” como sí han tenido la FED o el Banco de Inglaterra, otros países que han llevado a cabo QE con relativo éxito durante esta crisis. De no lograr avanzar en este sentido, el siguiente paso sería comprar deuda bancaria, de la que hay más de 3,8 billones de euros emitidos.

Como casi siempre, nos movemos en el terreno de las suposiciones y las especulaciones. Lo cierto es que solo Draghi y el resto de miembros del consejo de Gobierno del BCE saben hasta dónde estarán dispuestos a llegar para mantener la estabilidad de precios, ese sacrosanto mandato que le fue encomendado, y que hasta ahora apenas parece haberse centrado en evitar que los precios subieran, no que bajaran por debajo del objetivo del 2%.