Tras más de un año de preparación, por fin conocemos los resultados de los test de estrés a la banca europea. En España, la gran noticia ha sido que ninguna entidad ha suspendido y no tendrá que haber ni recapitalizaciones forzosas ni, por supuesto, más dinero público para incrementar la solvencia de las mismas. En su conjunto, el sistema financiero español tiene un exceso/margen de capital regulatorio de 56.046 millones de euros, frente a las 25 entidades europeas que han suspendido, que necesitarán conseguir más de 25.000 millones de euros para recuperar una solvencia mínima.  

Todas las entidades han aprobado, como se preveía. No es de extrañar, toda vez que a finales de 2012 ya se llevó a cabo una prueba por prácticamente el mismo equipo auditor (con Oliver Wyman a la cabeza) y de ahí se extrajeron en su momento necesidades de capital de más de 50.000 millones de euros. Pero aunque los datos son positivos en su conjunto, no lo son tanto para las entidades más débiles. Y es que no es lo mismo aprobar con un 10, que con un 5.

Liberbank, raspado raspado. La más raspada ha sido, como se esperaba, Liberbank. La entidad resultante de la fusión de Cajastur, Caja Cantabria y otras, ha logrado un capital regulatorio del 5,62% (apenas 12 centésimas por encima del límite mínimo). Tan justo ha estado el suficiente que en un principio Liberbank no había pasado la prueba, pero como los resultados son referidos a 2013 le han dado tiempo para captar el capital necesario antes de la publicación de los resultados.

El trío de los sietes: El siguiente más débil ha sido Banco Popular, que ha obtenido un CET1 de 7,56 en el escenario estresado. Tras el banco presidido por Ángel Ron, se sitúan Ibercaja y Cajamar, con 7,82 y 7,99 respectivamente. Han pasado las pruebas, pero están lejos de estar en una posición cómoda. Como ya hemos visto en los años previos, aquellas entidades que aprueban raspados los exámenes, acaban pagándolo caro si el entorno macroeconómico se tuerce. Y es precisamente este el escenario en el que corremos el riesgo de entrar, con la recesión francesa e italiana.

Las matrículas de honor. En el otro lado del espectro, está la gran caja vasca (Kutxabank, con un 11,82 de capital regulatorio), el pequeño Bankinter (10,80) la nacionalizada y saneada BFA-Bankia (con un 10,30).

El resto, en tierra tranquila. Las otras ocho entidades supervisadas por BCE, EBA y auditores (BBVA, Santander, Sabadell, Caixabank, Catalunya Banc, BMN, Novagalicia y Unicaja) pasan todas, con más holgura el examen, con ratios de solvencia de entre el 8% y el 9,3%. No son la Champions League que dijo en su momento ZP, pero están mejor que la media europea, sin duda.

En resumen, los resultados son buenos y merecen reconocimiento. Pero también toca reconocer que sin el aval público esta banca nuestra jamás habría aprobado el examen. Tal como se encargó de recordarme el inspector de Hacienda y economista Francisco de la Torre, los activos fiscales diferidos (DTA en inglés) han jugado un papel imprescindible para que las entidades hayan sido bastante solventes. Y, como ya explicamos en su momento en este blog, los DTA han supuesto todo un rescate público para la banca privada.

Este domingo el Banco Central Europeo (BCE), en colaboración con la Autoridad Bancaria Europea (EBA), presentan al mediodía los resultados de las conocidas como Evaluaciones Globales (Comprehensive Assesment) al sector financiero europeo. En resumen, son dos trabajos que se complementan: Por un lado una evaluación de gran parte de los activos de las 130 principales entidades bancarias de la zona euro: Inspectores y auditores revisan si las distintas carteras de créditos y las inversiones que tienen contabilizadas las entidades están valoradas de forma adecuada según un estándar común.  

Por otro lado, y aún más morboso a nivel periodístico están los llamados test de estrés. No son sino ejercicios simulados que indicarían el comportamiento que cada una de las cajas o bancos tendría en distintos escenarios económicos hipotéticos (por ejemplo: con un paro del 31%, o con una recesión de dos años más). A partir de estos escenarios, y de los umbrales mínimos fijados por el BCE, las entidades que suspendan tendrán que recapitalizarse, tanto si es con fondos privados como públicos.

Pero… ¿Qué es lo que mide un test de estrés? ¿Cuál es su lógica? Creo que para explicarlo lo más sencillo posible tenemos primero que imaginarnos que un banco no es una institución en la que hay depositados los ahorros de la gente. O al menos no es solo eso. Imagínenese un banco como un inmenso balance contable y una cuenta de resultados, en el que los distintos valores anotados (deuda pública, créditos, acciones…) se comportan y evolucionan de una manera dinámica, condicionando así el negocio de un banco. Una entidad bancaria ganará dinero (mucho dinero) en función de que todas o una buena parte de las distintas variables se comporten de una forma positiva.

En la medida de que los bancos son «grandes balances andantes» (los activos y pasivos tienen que neutralizarse necesariamente uno a otro), el llamado capital regulatorio juega un papel esencial en todo banco. ¿Qué es el capital regulatorio? Así a lo bruto diremos que es el dinero más líquido, y más fácilmente utilizable para tapar aagujeros por una entidad financiera. Normalmente el capital de un banco lo formaba sólamente el accionariado del mismo, y era esa parte de la entidad que primero absorbía pérdidas en el caso de que se presentaran en alguna de las carteras que forman el balance. Pero desde hace décadas, el considerado capital regulatorio (es decir, el mínimo exigible por la regulación), se ha vuelto mucho más complejo: CoCos, preferentes, subordinadas… muchos de los productos financieros más complejos han sido comercializados con alegría durante estos últimos años precisamente porque a efectos legales computaban como capital. Todo un lío que solo los técnicos son capaces de comprender.

Pues bien, los test de estrés, tratan de conocer cómo, en función de distintos escenarios, cada entidad financiera de las 131 más grandes de la zona euro respondería en forma de consumo de su propio capital. Se trata de simular el peor escenario posible: mucho paro, lo que conlleva morosidad en las hipotecas, por ejemplo. O una recesión de dos años, lo que conlleva una mayor morosidad en los créditos o la deuda corporativa, así como un creciente riesgo en la deuda pública. En todos estos escenarios, todos los bancos tendrían que «cubrir» con su propio capital los agujeros que se fueran creando. Pero no es para todos igual, ya que cada entidad tiene una cartera diversificada de distinta manera. Así, unas consumirán más capital que otras, y la finalidad de las pruebas de resistencia es conocer cuáles no aguantarían en los peores escenarios, con el fin de que precisamente se refuercen.

Espero que haya quedado un poco más claro…

Llevamos años —desde que se desencadenó la crisis económica en España, o incluso antes— con un cierto consenso en el debate público acerca de la labor llevada a cabo por las cajas de ahorros durante las dos últimas décadas. Básicamente, este consenso social apunta a que las cajas de ahorros sufrían de una excesiva politización, lo que las llevó a tomar decisiones no profesionales, lo que a su vez las llevó a asumir demasiados riesgos y, por tanto, a situaciones de insolvencia y rescate con dinero del contribuyente. Esa opinión relativamente generalizada entre la opinión pública, sin embargo, no estaba sustentada más que por percepciones subjetivas (por mayoritarias que fueran) con más o menos fundamento. Hasta ahora.

Dos jóvenes investigadores (Sebastián Lavezzolo, de la Universidad de Nueva York, y Manuel Illueca, de la Universitat Jaume I) han concluido recientemente un estudio en el que muestran evidencias de «una poderosa lógica política que conecta las motivaciones electorales y los préstamos bancarios en el caso de España, donde la mitad de los mercados del crédito y los depósitos estaban operados por entidades controladas políticamente». Este paper —titulado Endeudamiento y préstamos a lo largo del ciclo electoral. Evidencia desde la deuda corporativa— aún está pendiente de publicar, y sin duda sus conclusiones son de gran interés y se relacionan directamente con la burbuja inmobiliaria.

Burbuja inmobiliaria en España

«Las cajas de ahorros bajo el control de gobiernos regionales prestaban más créditos en función del calendario electoral«, señalan los autores del estudio, a partir de un análisis detallado de más de 40.000 empresas medianas y grandes entre los años 1997 y 2008. A partir de estos datos, han podido comprobar que estas compañías tomaban prestados más créditos de las cajas controladas políticamente por ese gobierno regional a medida que se acercaban esas elecciones autonómicas.

El propio profesor Lavezzolo, en otro estudio publicado en marzo de este año ya avanzaba conclusiones similares, tras evidenciar que «los años electorales estaban asociados con un incremento de las tasas de aumento del crédito, así como con una caída de los precios». Es decir, que a medida que se acerca el momento de elegir a los representantes políticos, el escenario financiero de buena parte de los votantes mejoraba. ¿No ven aquí un grave conflicto de intereses y, sobre todo, un incentivo muy perverso para poner en riesgo la situación de solvencia de una entidad financiera? Yo sí.

Y es que la evidencia también parece apuntar, según Lavezzolo e Illueca, a que detrás de esta euforia crediticia se encuentran buena parte de nuestros problemas actuales: las empresas que fueron más ávidas a endeudarse en época electoral han sido también las que peor han soportado la crisis: Aquellas que «acumularon deuda bancaria en función del ciclo electoral son más proclives a declarar una bancarrota posteriormente«, añaden estos académicos.

Este impactante estudio verá la luz próximamente. Sería de desear más investigaciones y más evidencias científicas relacionadas con el sector financiero español. Porque como ya he comentado otras veces, criticar los gastos y los sueldos de la banca y las cajas puede ser muy entretenido, pero las causas que de verdad están por debajo de la caída de la mitad del sistema bancario español están aún por demostrar. Y yo aspiro a conocerlas.

Quizá no lo sepa, amable lector, pero el pasado viernes, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB) anunció públicamente que había remitido ante la Fiscalía Anticorrupción para que las investigara un total de 23 operaciones consideradas sospechosas por los responsables de las auditorías internas llevadas a cabo en CatalunyaCaixa y Novagalicia, las otras dos mayores entidades nacionalizadas, al margen de Bankia.  

Pese a que el montante de estas supuestas irregularidades (1.500 millones de euros frente a 15,5 millones) y la gravedad de las mismas (un agujero así sí que podría explicar la falta de solvencia de una entidad) es muy superior en el caso de las entidades gallega y catalana, la atención mediática que está recibiendo el caso de las tarjetas presuntamente irregulares que manejaron hasta 86 directivos, consejeros y ejecutivos de Caja Madrid y Bankia es infinitamente superior. De hecho, en el primer caso apenas ha habido investigación posterior al anuncio del FROB. Huelga decir lo que llevamos viendo desde que saltara la noticia de las tarjetas. No deja de llamarme la atención la enorme diferencia de atención mediática de dos casos con tantos paralelismos.

Bankia sola era más del doble de grande que CX y NCG juntas, y sin embargo el supuesto agujero era cien más grande en estas dos últimas. En términos estríctamente matemáticos, la cuantía de lo investigado en la entidad con sede madrileña es ridícula en comparación con las otras dos.

¿Por qué los medios, la opinión pública, la ciudadanía y los partidos se están fijando en las tarjetas de Caja Madrid y no en los 23 casos de créditos y refinanciaciones concedidos, presuntamente, de forma tal que perjudicaron gravemente la situación de solvencia de dos entidades tan importantes en Cataluña y Galicia? No tengo ni idea, pero se me ocurren algunas hipótesis, que no son excluyentes entre sí:

1) El de las tarjetas es un caso fácil de entender y paradigmático: Unos señores incompetentes e inmorales que se dedicaban a derrochar el dinero de los preferentistas con unas tarjetas opacas para Hacienda. Una historia de malvados y de víctimas (los preferentistas, que la verdad poco tienen que ver en este asunto). Tan maniqueo en ocasiones como fácil de entender incluso para aquellos que menos información consumen, el relato del escándalo de las tarjetas ‘B’ ha suscitado una enorme atención creo que precisamente por esto. Hablas del gasto en lencería de tal, o del consumo en restaurantes de lujo de cual, y así rellenas horas de radio, de televisión y decenas de páginas de prensa. Sin embargo, en el caso de las operaciones irregulares de las otras dos cajas, la idea-fuerza de los malos malosos no funciona tan bien: Hay que hablar de créditos, de refinanciaciones, de garantías… vamos, un rollo.

2) Mucha más información pública para las tarjetas: En el caso de las cajas gallega y catalana, el propio FROB ha renunciado (al menos conmigo, que lo he solicitado) a detallar las operaciones que están bajo sospecha. Casi nula transparencia. Nada que ver con el caso de las tarjetas, en las que en apenas unas horas (desde que Íñigo de Barrón publicó la primicia en El País) toda la prensa española disponía de cada uno de los movimientos realizados con las tarjetas de cada uno de los 86 altos cargos de la antigua caja madrileña. ¿Por qué no hay interés en que la opinión pública conozca en detalle estas operaciones? ¿El secreto judicial es solo para algunos? ¿Y la presunción de inocencia?

3) El PP, Blesa, Rato y la guerra política: ¿Por qué hay menos atención mediática respecto a los 900 millones de posible agujero provocado en CatalunyaCaixa, proporcionalmente mucho más relevante que los gastos más o menos criticables éticamente en Caja Madrid? ¿Será acaso que no todo este revuelo tiene que ver con la exigencia pura de responsabilidades? En efecto, sospecho que con este caso se quiere también hacer una gran campaña de márketing (es la primera vez que todo el espectro mediático español, desde La Razón hasta Eldiario.es en el que se coincide en un mismo tratamiento informativo para un mismo acontecimiento), una suerte de quema de brujas con la que culpar a un grupo de gestores y poder hacer borrón y cuenta nueva con el sistema financiero español. Vamos, que todo se resumía en unos señores avariciosos que a cambio de un buen dinero dejaron de cumplir con su labor, que era dirigir y administrar correctamente una gran caja. Pero es que esa no es la historia. Al menos, como mínimo, no es toda la historia, según lo veo yo. En cambio, este relato sirve, para unos, para presentarse como íntegros luchadores contra la corrupción; a otros el hecho les vale para cargar contra el PP, que era quien controlaba la caja. Pero al PP le vale también ya que, mientras carga contra Rato y Blesa, también le arrea a todos los partidos y formaciones que tenían representación en la entidad, ya que también participaron de la fiesta. Casi todos pierden, pero a la vez la ocasión les permite anotarse algunos tantos (por ejemplo, Pedro Sánchez echando del partido a todos los relacionados con el caso).

Como suelo repetir más de lo que me gustaría, no soy partidario de los juicios paralelos ni sumarísimos, ni de los sesgos retrospectivos, ni de las explicaciones totalizadoras fáciles. Espero de los medios que seamos capaces de explicar la crisis y la crisis del sector financiero de forma veraz, de forma que sirva para no repetir los verdaderos errores del pasado. Se trata de acertar con el diagnóstico de los verdaderos problemas, del incorrecto diseño institucional y de incentivos que se creó en España. No se trata de buscar culpables, como van diciendo algunos periodistas metidos a justicieros por ahí…

(Esta es una suerte de segunda parte de mi anterior post, Cinco verdades incómodas sobre las tarjetas fantasma de Caja Madrid/Bankia).

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decidido imputar a los dos últimos expresidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como al antiguo director financiero de estas entidades (Ildefonso Sánchez Barcoj) en una pieza separada del llamado caso Bankia, y relacionada con las presuntas irregularidades cometidas con las tarjetas fantasma que la antigua caja suministraba a sus altos cargos, y con la que se gastaron en total más de 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012. Después de todo lo que se ha escrito, después de todo lo que se ha dicho, y después de todo lo que se ha insinuado, el magistrado no parece tener demasiado claro el recorrido penal de esta pieza, toda vez que solo ha decidido imputar a tres personas del total de 86 que supuestamente estaban implicadas en este escándalo.

Torre Bankia

Pese a todo el ruido mediático, las dimisiones y la natural indignación ciudadana ante la constatación de que el modo de vida de los altos cargos del sector financiero español no se correspondía en absoluto con el del común de los mortales, me da la impresión de que la causa penal parece languidecer en este asunto. Es decir, que más allá de la condena pública a las altas retribuciones de directivos, consejeros ejecutivos y consejeros, no parece fácil que se vaya a demostrar trama delictiva o saqueo alguno. Sin ánimo de limitar todo lo que pueda averiguar la justicia a partir de ahora, se pueden haber hecho mal las cosas (sobre todo es fácil juzgarlo retrospectivamente, cuando quizás en su momento imperaban otras lógicas) sin necesidad de que se haya cometido delito alguno. Y me da la impresión de que los tiros van por ahí, y no soy el único que lo piensa. Voy a argumentar por qué:

1) La consultora independiente no vio desde un inicio causa penal. Recapitulemos: Bankia, cuando a instancia del FROB inició la auditoría e investigación internas para encontrar posibles irregularidades de los anteriores gestores y administradores, contrató además a varias consultoras independientes con el fin de detallarles el alcance de las mismas. En el caso de las tarjetas fantasma, fue el despacho británico-australiano Herbert Smith Freehills (HSF) el encargado de «propiciar una aproximación jurídica razonable (…) desde el punto de vista de la defensa de los intereses de Bankia». Es decir, que la consultora tenía el encargo de velar por los intereses del banco, y de apuntar a cualquier camino que pudiera significar la restitución de cualquier perjuicio pasado. El despacho constata que no fue capaz de encontrar contratos ni reglamentos que fijaran las condiciones de esas tarjetas, y que las mismas dependían directamente de la Dirección Financiera (es decir, de Sánchez Barcoj).

En resumen, Herbert Smith concluye que difícilmente las tarjetas de Caja Madrid puedan ser «incardinables en el concepto jurídico de cobro de lo indebido, generador de una obligación de devolución» y no recomienda acudir a la vía penal. Es decir, que en su opinión difícilmente se podrá probar que los consejeros y directivos que utilizaron estos plásticos pudieron cometer un delito de apropiación indebida ya que «el perceptor verosímilmente podía tener la creencia de que ostentaba un título (operativo o funcional) para utilizar la tarjeta». Y es que la propia entidad le suministraba esos pagos en especie. Vamos, que como muchos antiguos altos cargos han manifestado, es plausible que ellos pensaran que el uso de esas tarjetas era legítimo y legal. Lo que la justicia tendría que hacer es demostrar con pruebas que eso no fue así. Porque no olvidemos que en España el sistema judicial exige demostrar la culpabilidad, no la inocencia.

Otro tema, a juicio de este despacho, es el de las tarjetas posteriores a la creación de Bankia (año 2011). En este caso, el despacho HSF cree que podría considerarse más una apropiación indebida en la medida que el sector financiero ya entonces pasaba por unos malos momentos: «Las medidas de austeridad hacían claramente visible lo inapropiado de la medida de existencia de esas tarjetas», explican, por lo que creen que sí se podría reclamar lo cobrado, si bien vuelven a incidir en la ausencia de una vía penal clara. Es precisamente el FROB (el Ministerio de Economía, no lo olvidemos, juez y parte) el que en contra de sus asesores insiste en acudir a la vía penal y a la Fiscalía. Eso sí, lo hace lavándose las manos y dejando en manos de Anticorrupción que sea ésta la que determine el verdadero alcance del caso.

2) La Fiscalía y el juez lo fían todo a los peritos del BdE y a la Agencia Tributaria. La Fiscalía Anticorrupción, tal como refleja su escrito remitido ante la Audiencia Nacional, tan solo sospecha de la posibilidad de que se hayan cometido hechos delictivos. Tanto es así que remiten los documentos de la auditoría interna a los peritos designados por el Banco de España para este caso, con el fin de que sean ellos los que determinen si efectivamente hubo un uso indebido o no de los fondos de la caja. Abundando en esta idea, la Agencia Tributaria ya ha anunciado que investigará la posible existencia de delitos de fraude fiscal tanto por parte de los 86 antiguos altos cargos como de la propia entidad financiera. En previsión de estas inspecciones, este periodista está en condiciones de informar de que alrededor de media docena de antiguos consejeros de Caja Madrid y Bankia ya se han puesto al día con Hacienda, toda vez que han realizado ya las denominadas declaraciones complementarias.

3) Los ejecutivos devolvieron el dinero. La propia Bankia ha reconocido implícitamente la limitación legal del caso si se cae en el hecho de que la entidad solo ha reclamado los fondos gastados a los cuatro directivos y ejecutivos que disfrutaron de la tarjeta (Rato, Fernández Norniella, Amat y Sánchez Barcoj). Al conjunto de consejeros no ejecutivos —no son empleados de la entidad sino administradores, no lo olvidemos— en cambio, no. La devolución de estos fondos, aún así, podría ser reversible, en el caso de que se justificaran adecuadamente los gastos.

4) Las tarjetas de los consejeros sí estaban correctamente contabilizadas. Las otras, está por ver. Llevamos más de una semana hablando indiscriminadamente de tarjetas «fuera de los circuitos ordinarios», black, de tarjetas fantasma y hasta de tarjetas de la vergüenza, pero prácticamente no se ha reparado en el hecho objetivo de que, según la propia investigación, existía dos tipos de plásticos, muy distintos tanto en condiciones como en tratamiento contable.

Estaban, por un lado, las tarjetas de los consejeros (sin poder ejecutivo), que eran de tipo Business Plata y se contabilizaban en la cuenta contable «Gastos de órganos de Gobierno». Es decir, que era una tarjeta con un límite menor y contabilizada en una cuenta delimitada y auditada por los auditores externos y el propio Banco de España. Se ha publicado que los gastos iban a una cuenta de quebrantos o a una cuenta de errores informáticos. No es el caso (ver imagen inferior).

Por otro lado, estaban las tarjetas de los consejeros ejecutivos y los directivos (empleados que sí contaban con tarjetas oficiales para gastos de representación). Eran del tipo Business Oro y se contabilizaban en la cuenta contable «Tratamiento Administrativo Circular 50/99». No quiero prejuzgar ningún tipo de delito (no soy quién) y no soy experto, pero sí que parece una extraña cuenta donde mandar a parar los gastos de tarjetas. Es, de hecho, solo respecto de este colectivo que la auditoría de Bankia parece ver irregularidades, ya que señalan que dicha cuenta «no permite identificar la naturaleza de los apuntes contabilizados». No obstante, tendrá que aclararse todo esto en sede judicial, y las declaraciones de la próxima semana servirán para ello.

La estrategia de defensa de los consejeros parece ir claramente por esta vía de diferenciación. Y es que este periodista ha tenido acceso exclusivo a un documento procedente de fuentes jurídicas cercanas a las defensas del caso Bankia (ver más abajo). Como se puede ver, argumentan que las tarjetas ya estaban creadas desde mediados de 1988 (época de Jaime Terceiro), eran un sistema de retribución añadido a las dietas y se proporcionaban siempre con el correspondiente contrato. Este extremo, de demostrarse, vendría a probar que no eran tales tarjetas fantasma. Además, sostienen que era la caja la encargada de hacer las retenciones de esta retribución en especie, y que eran precisamente los servicios jurídicos de la entidad los que les remitían anualmente el certificado de ingresos y retenciones.

5) El FROB ha encontrado más irregularidades, pero en otras entidades. Pese a toda la supuesta podredumbre que rodeaba a Caja Madrid y Bankia, varios meses de investigaciones y auditorías internas solo parecen haber hallado un presunto caso de administración desleal o apropiación indebida cifrado, en el mayor de los casos, en 15,5 millones de euros. Están, además, los créditos presuntamente irregulares (ya bajo investigación) vinculados a Bancaja. Pero no olvidemos que el rescate de BFA-Bankia ha costado más de 22.000 millones de euros; desde ningún punto de vista parece explicarse este quebranto milmillonario por las hipotéticas malas prácticas relacionadas con una tarjeta de gastos de representación más o menos descontrolada. Sigue haciendo falta, por tanto, una explicación racional del por qué del fracaso de esta entidad financiera, que ahora es de todos.

Mientras, lo que el FROB sí que ha hecho (con mucho menos ruido mediático) es enviar hasta una veintena de posibles irregularidades penales a la Fiscalía Anticorrupción en otras dos de las cajas rescatadas: Catalunya Caixa y Novagalicia. El ministro De Guindos, que lleva una semana poniéndose medallas, no ha dado muchos más detalles de estas operaciones.

Llevamos unos días plenos de informaciones relacionados con la investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción tras conocerse que 86 ejecutivos y consejeros de Caja Madrid (y posteriormente Bankia) gastaron más de 15 millones de euros por medio de tarjetas de crédito «fuera del circuito normal» (así las denomina el fiscal), y popularmente conocidas como fantasma. Poco voy a añadir noticioso en este post después de los exhaustivos reportajes de investigación llevados a cabo por el conjunto de la profesión periodística (aprovecho para felicitar a mi compañero del diario Expansión, Jorge Zuloaga, por apuntarse la exclusiva). Pero sí que creo que hay algunas verdades incómodas alrededor de este asunto que merece la pena plantear:

Torre Bankia

1) Un delito difícilmente demostrable. El asunto saltó a la luz pública después de que el nuevo equipo gestor de Bankia iniciara una auditoría interna y contratara a varias consultoras para encontrar posibles irregularidades cometidas durante la anterior etapa. Una vez detectada esta de las tarjetas, fue remitida al FROB (máximo accionista de Bankia), que a su vez lo remitió a la Fiscalía, y esta última lo ha incluido en la causa que instruye el juez Andreu en la Audiencia Nacional. Una de las cosas que me llama la atención es que uno de los informes que se adjuntan al dossier del FROB, elaborado por el despacho Herbert Smith Freehills, concluye que en su opinión no hay causa «jurídico penal». Es decir, que quizás se podría acudir a una vía civil (reclamación de daños y perjuicios, restitución de lo gastado…) pero en ningún caso ven claros indicios de delito. Ojo por tanto con las decisiones tomadas por el FROB de seguir adelante con la vía penal, porque los expertos independientes no ven claro que se pueda probar un enriquecimiento ilícito o una administración desleal. Y eso para que valga en un juicio hay que probarlo. De hecho, y a pesar del optimismo expresado por diversos frentes de la acusación, los afectados que han hablado públicamente insisten todos en señalar que la propia caja les insistía en que era todo legal y que de tributar ya se encargaba ella. ¿Será cierto? ¿Será demostrable que cometieron un delito? Veremos…

2) Unas tarjetas comunes en el sector financiero. Es un punto especialmente espinoso, y en el que las declaraciones de unos y otros no ayudan a aclarar la realidad. Algunos de los consejeros que ahora están en el punto de mira por el uso de estas tarjetas han recalcado que este tipo de pago en especie era y es frecuente en el sector de las grandes empresas. Yo no lo sé porque no he ostentado altas responsabilidades en compañía alguna, pero Hacienda ya ha anunciado que se pondrá a investigar a todo el Ibex-35 con el fin de aclarar si hay más casos de tarjetas de este tipo. No sé qué pensaréis vosotros, pero creo que sí habrá más. A mi personalmente me parece muy extraño que el Banco de España, que ocupaba nada menos que una planta en la sede de Caja Madrid y Bankia, no haya estado al tanto de estas prácticas. Y me parece muy extraño también que, si esto era tan delictivo, ningún consejero, de ninguno de los distintos organismos, se atreviera a denunciarlo o manifestara sus profundas dudas respecto al funcionamiento de la misma. Me extraña mucho, la verdad.

3) No es lo mismo ejecutivo que consejero. El conocimiento del ciudadano de a pie es limitado en cuanto al funcionamiento de las grandes empresas. Y es por eso que a menudo nos liamos con los términos y a la hora de exigir responsabilidades a unos y a otros. Es en el caso de los directivos, los consejeros ejecutivos y los consejeros a secas. Los primeros y los segundos son los que efectivamente toman las decisiones en el día a día, quienes por ejemplo determinan a qué tipo de cuenta se asocia una tarjeta, o si esta va a ser Visa Oro, Platino o lo que sea. Caso aparte son los consejeros, quienes formaban parte del consejo de administración sin cargo ejecutivo. Estos eran los responsables de tomar, de forma colegiada, las decisiones estratégicas y fundamentales sobre el gobierno de la caja: Cuantía de lo destinado a Obra Social, porcentaje de inversión en el sector del automóvil, política general de retribuciones… Es decir, que por ejemplo será posible, si se demostrase en el futuro algún tipo de culpabilidad penal, que la misma solo se relacionase con uno o varios consejeros ejecutivos (la investigación apunta a que fue el director financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj, del que dependían las tarjetas), mientras que el resto quedaran liberados de responsabilidad delictiva. Eso será el juez, asesorado por los peritos del Banco de España, quien lo decida.

4) El Gobierno se apunta el tanto. Este mismo viernes, tras el consejo de ministros, el titular de la cartera de Economía, Luis de Guindos, no ha tardado en apuntarse el tanto de esta denuncia. Y es que él es a quien reportan los máximos responsables del FROB. El ministro banquero que decidió la mayor nacionalización de la historia de España y se atrevió a rebajar los salarios de sus directivos, lidera ahora una purga con el fin de limpiar el sistema financiero. El Gobierno empurando a Blesa, a Rato, a Norniella y a todo el que se pone por delante. ¡Qué infundadas parecen ahora las quejas de tantos sectores de la sociedad que aseguraban que la Justicia no era igual para todos, y que los banqueros en España tenían tanto poder que eran capaces de procesar a aquellos jueces que se atrevieran a tocarles! Ahora, ni un comentario sobre el asunto, qué curioso. Para los que siempre hemos querido creer en la justicia (imperfecta y muy mejorable, cómo no) tanto las quejas como los golpes de pecho no dejan de ser más que ruido de fondo. Molesto, eso sí…

5) La presunción de inocencia, ni se la ve ni se la espera. Más allá del aspecto ético y moral que cada uno quiera verle al hecho de que los altos cargos de una entidad semipública que ha acabado siendo rescatada con dinero de todos disfrutaran de una tarjeta de crédito con la que sufragar sus gastos, lo cierto es que llevamos varios días en los que la presunción de inocencia (consagrada por la Constitución) brilla por su ausencia. Tertulias, columnas, redes sociales… todos se han inundado de juicios sumarios, como si de una Inquisición 2.0 se tratara. No digo que no haya que perseguir todo posible delito. Al contrario, es estupendo que se haga. Y me parecería estupendo si se debatiera, con seriedad y altura de miras, sobre si ha faltado transparencia y rendición de cuentas en el sistema financiero español. Los pagos en especie en España fueron durante muchos años un coladero de irregularidades (tarjetas de comida, de gasolina…) e incluso ilegalidades, pero eso no es motivo para pisotear los derechos de unos encausados, por muy banqueros que sean.