Durante la Guerra Fría, el epítome de la paranoia, uno de los factores que más contribuyó a que no se calentara fue paradójicamente el espionaje; la capacidad que tenían tanto la URSS como los EEUU de comprobar con datos propios cuáles eran las intenciones y acciones del adversario. Los vuelos a gran altura d aviones espía, y sobre todo las imágenes de satélite sirvieron para evitar malentendidos entre las superpotencias, y para que éstas comprobaran que lo que la otra decía era o no cierto. Porque el mejor refuerzo posible para la confianza mutua es la capacidad de comprobar. Hoy esa capacidad está también a disposición del público en general, y los gobiernos menos saludables están descubriendo el potencial de la transparencia. Imágenes comerciales de satélite están sirviendo a organizaciones de derechos humanos como Human Right Watch para documentar y denunciar atrocidades contra la legislación internacional que ocurren dentro, muy dentro de fronteras; realizadas por gobiernos que confían en la oscuridad para ocultar sus crímenes, y que hace años hubiera podido salirse con la suya. Pero ya no: ahora la transparencia es para todos.
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Contra el pánico, transparencia
Cuando la Reserva Federal estadounidense (la ‘Fed’; lo más parecido a un banco central allí) recortó sustancialmente los tipos de interés, su intención era revitalizar las cotizaciones bursátiles y animar la economía. Lo de la economía ya se verá, porque los recortes de tipos tardan en hacer efecto, pero desde luego el apuntalamiento de las bolsas no lo ha conseguido. De hecho la contundencia de la actuación de la ‘Fed’ puede haber tenido el efecto contrario: deprimir aún más las bolsas mundiales. Y ello por un retorcido, pero lógico, razonamiento: el recorte puede haber provocado un cierto pánico financiero precisamente por su intensidad (0,75 puntos, el triple de los habituales). ¿De qué manera algo que anima, y mucho, la economía provoca pánico, y cómo se puede evitar?
La causa del pánico es la opacidad, y la única cura es la transparencia. Los mercados asumen que la ‘Fed’ tiene más y mejor información que ellos mismos, porque el control de la información ha sido desde siempre un elemento vital del poder, también (especialmente) del financiero. Y si la ‘Fed’ que tiene mejor información, recorta brusca e intensamente los tipos, sigue el razonamiento, será porque saben que algo malo viene; luego lo más racional será vender. Un economista podría revestir la idea de sofisticados cálculos y precisas ecuaciones, pero la clave es ésa: los mercados interpretan la fuerte reacción de la ‘Fed’ en función de su privilegiada información, y reaccionan ante lo que no saben. La tradicional ocultación de datos sirve en este caso como disparador del miedo, porque lo que no se conoce, se teme. La única forma de evitar este tipo de reacciones (enteramente racionales, por cierto, en vista de la historia) sería la transparencia. Si todos disponemos de la misma información, nadie tiene miedo de ser el último en enterarse, y todos pueden calcular sus riesgos. La información evita el miedo, y ya se sabe: el miedo mata la mente… y las economías.
Los datos de todos
En España el dominio público es un concepto jurídico importante; tanto, que tiene un artículo de la Constitución (el 132) dedicado en su totalidad. Asimismo, el Código Civil detalla en su artículo 339 algunos ejemplos de bienes adscritos al dominio público: los que son de uso público (caminos, canales, ríos, torrentes, puertos y puentes construidos por el Estado, riberas, playas, radas, etc.), y los que pertenecen al Estado y se utilizan para el servicio público (murallas, fortalezas y obras de defensa, y las minas antes de su concesión). La base teórica incluye el uso común, que se define como la utilización que cualquiera puede llevar a cabo sin pedir permiso, de modo anónimo y sin necesidad de cualificación. Como usar una carretera, o una playa; son los bienes que pueden ser utilizados por todos de modo indiscriminado y según precise cada uno para cubrir una necesidad sentida por los miembros de la comunidad.
En el siglo XXI, a las carreteras, riberas y playas se ha unido todo un nuevo universo de bienes susceptibles de cumplir con estas condiciones y de ser considerados, por tanto, del dominio público: los datos. Los datos que el Estado genera en el cumplimiento de sus tareas, e incluso los datos que determinados organismos estatales están diseñados para crear, recopilar y analizar. Es obligación moral de un estado ilustrado liberar esos datos y ponerlos a disposición de los ciudadanos, sus legítimos propietarios; es deber de una política con vistas al futuro el ampliar el dominio público al mundo de la información. Porque los datos deben ser de todos, mientras no se demuestre lo contrario: es lo justo, es lo moral. Y hoy en día, es posible. ¿Por qué, entonces, no se hace?
Transparencia del estado
En una democracia el estado es de los ciudadanos, y no a la inversa. De lo cual se deduce que la información del estado debe ser de todos, puesto que ha sido recopilada de los ciudadanos y pagada por los ciudadanos mediante sus impuestos. Toda la información debe ser libre y abierta, puesto que no pertenece al estado, sino a los ciudadanos. Esto implica que en ausencia de muy buenas y justificables razones, cada dato, cada número, cada mapa, cada ley y cada instancia tendría que estar de modo natural accesible a quien quiera verla. Contra la natural tendencia del político y el burócrata a ocultar y censurar, el estado democrático debe ser un panopticón: totalmente transparente, de modo que los ciudadanos puedan saber qué hacen sus representantes y empleados. Por eso en otros países existen leyes que garantizan el acceso público a la información estatal. Por eso en España debería haber una ley así, que exija que los datos generados por la administración sean públicos y del dominio público.
Y eso incluye por necesidad el que esa información esté en formatos abiertos que no puedan ser monopolizados por una empresa o limitados por una decisión comercial. La comunicación con el estado no puede privilegiar a una empresa sobre las demás; no puede pagar tributo obligatorio. Los datos del estado deben ser públicos y abiertos, en formatos públicos y abiertos, para que todos podamos acceder a ellos; para que puedan surgir mil nuevas formas de relación entre los ciudadanos y el estado. El futuro lo exige así. La libertad lo exige así. ¿Qué harán nuestros partidos, tan combativos en otras áreas?