Documento: El acta de Caja Madrid que dio luz verde a las tarjetas ‘B’ en 1988

En el plazo de una semana, la Audiencia Nacional ha rechazado sendos recursos presentados por los expresidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, imputados por el escándalo de las tarjetas ‘B’ de la entidad. Si la semana pasada era Blesa al que le mantenían la fianza civil de 16 millones de euros, este lunes la Sala ha ratificado la del exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el argumento de que hay «sólidos indicios» que apuntarían a un presunto delito de administración deseal.

Los magistrados se amparan en sendas actas del 20 de junio de 1994 y del 30 de octubre de 1995, «citadas por el Ministerio Fiscal», para argumentar que ambos exdirigentes no gozaban de una «habilitación legal de los órganos directivos» para poder distribuir las famosas tarjetas. Por el momento no se conoce públicamente el contenido de esas actas, en la medida que son secretas. Sin embargo, un acta anterior, de 1988, demuestra que sí se dieron poderes legales al presidente de entonces (Jaime Terceiro) y a los posteriores para distribuir entre los consejeros un medio de pago (entonces aún por definir) que supusiera «un sistema de compensación de los gastos en que se pueda incurrir por ejercicio de la función». Vamos, las que vienen siendo las famosas tarjetas black.

Tal como muestra el documento al que ha tenido acceso en exclusiva este periodista (ver imagen inferior) en la reunión del Consejo de Administración de Caja Madrid celebrada el 24 de mayo de 1988, los consejeros allí reunidos dieron su visto bueno por unanimidad a que el entonces presidente (Terceiro), a propuesta suya, desarrollara un «sistema de compensación de gastos a vocales del Consejo de Administración y miembros de la Comisión de Control» y él mismo fijara las cuantías máximas a percibir por cada uno. Éste fue el momento en el que se dio luz verde a lo que posteriormente serían las tarjetas, y el consejo ya entonces daba plenos poderes al presidente de la caja para determinar cantidades y otros aspectos retributivos de los consejeros.

Desde un principio no se plantearon como una tarjeta para gastos de representación, sino como un método para compensar los gastos de los consejeros ante la evidencia de que las dientas que por entonces cobraban eran inadecuadas y «no comparables, bajo ninguna premisa, con las de otras entidades, cajas o bancos. Es preciso dignificar la función de consejero también en materia de compensación de los esfuerzos y dedicación de la entidad, cubriendo al menos los costes en que se incurre por el ejercicio de su función», tal como señala el acta.

Es decir, que parece que desde un primer momento las tarjetas estaban contempladas como un sistema retributivo adicional destinado a ser discrecional y compensar las bajas remuneraciones que, comparativamente, percibían los consejeros de la caja madrileña, según sostenía el presidente de la caja de entonces. Y es que la figura del consejero por entonces solo percibía dietas de un máximo de 25.000 pesetas y un seguro de salud y de vida.

A falta de que conozcamos el contenido de las actas de 1994 y 1995 lo que demuestra este documento es que el consejo de administración sí que había dado un mandato claro a sus presidentes para definir un sistema retributivo que se sumara a las dietas y que, por lo que parece, era distinto (más amplio) a un mero sistema de gastos de representación, como se desprende del auto judicial y la Fiscalía. ¿Era este sistema extendible a los directivos de la caja? ¿Estaba bien contabilizado en el balance de la entidad? ¿Por qué no se practicaron las debidas retenciones si así se debía hacer? Quedan aún tantas cuestiones por conocer…

Almacenado en: Bancos