El actual primer ministro rumano, el socialdemócrata Victor Ponta, y el candidato liberal, Klaus Iohannis, se enfrentarán el próximo 16 de noviembre en la segunda y definitiva vuelta de las elecciones presidenciales de Rumanía al haber sido los dos candidatos más votados en primera ronda. La ventaja de Ponta se sitúa cerca de los diez puntos porcentuales, con el 40,3 % de los apoyos frente al 30,4 % de Iohannis.

Más de 18 millones de rumanos estaban llamados a las urnas. La participación en estos comicios fue solo del 51,3 %, conforme a los datos de la Oficina Electoral Central, un punto porcentual menos que en las últimas elecciones de 2009.

Cientos de rumanos que viven en el extranjero no han podido participar en las elecciones debido a que varios colegios electorales se han quedado sin papeletas, según se ha denunciado a través de las redes sociales, lo que ha provocado protestas frente al Ministerio de Exteriores. Solo unos 161.000 de los 3,5 millones de rumanos expatriados participaron en las elecciones.

Los socialdemócratas, sucesores del Partido Comunista cuyo sistema de partido único fue derribado durante la revolución de 1989, han logrado aumentar su número de votantes incrementando las pensiones y los sueldos de los funcionarios tras los recortes del gobierno anterior. En su programa electoral, Ponta promete además recortar los impuestos en productos básicos como el pan y frenar el paro. Su punto débil, sin embargo, son los escándalos de corrupción.

Víctor Ponta

Ponta se ha visto salpicado por varios casos de corrupción que han afectado tanto a su suegro como a algunos altos cargos de su partido.

«Sólo yo garantizo la independencia de la justicia», subrayó Iohannis, de origen alemán, en alusión a los numerosos escándalos de corrupción que han salpicado a la formación política de su rival durante la campaña electoral.

En Rumanía, el presidente, que cuenta con un mandato de cinco años, tiene ciertas atribuciones en la toma de decisiones en política exterior y defensa, además de ser el responsable de designar el primer ministro y los jefes del Tribunal Constitucional, la Fiscalía y los servicios secretos. . Además, puede bloquear las propuestas del Gobierno.