Por Cláudia Morán
A pesar de ser de lo más arcaico, la horca continúa siendo el método de ejecución en Japón / Wikipedia Commons
Una de las mayores enemigas de los Derechos Humanos tiene nombre y complemento: la pena de muerte. Aunque esta práctica no está muy extendida entre los países considerados «desarrollados» (al menos no de manera oficial), en algunos sí se practica. Estados Unidos es el primero que se nos viene a la cabeza, un país en el que, además, existe una cierta aceptación social de la pena capital. Sin embargo, en Japón, miembro del G8, la pena de muerte se lleva a cabo con total secretismo e irregularidades en el sistema judicial, mientras sus dirigentes se niegan a abolirla a pesar de la creciente preocupación social.
La pena de muerte en Japón no es tan preocupante por su forma como por su fondo: se realizan pocas ejecuciones en comparación con otros países (se han llevado a cabo menos de mil desde 1946) y los supuestos para la ejecución suelen ser fundamentalmente casos de asesinatos múltiples; el problema es que los condenados a esta pena pueden estar entre 5 y 7 años en el corredor de la muerte, sin saber qué día serán ejecutados y sin que sus familias sean informadas hasta que la ejecución ya se ha llevado a cabo, según denuncian diversas organizaciones. De hecho, el Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró esta incertidumbre incompatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por no hablar de que previamente a ser condenados, los reos sufren torturas brutales con la finalidad de arrancarles una confesión (determinante para los tribunales del país nipón), la cual suele ser falsa para poner fin a su sufrimiento. Además, las ejecuciones japonesas se realizan en la horca, un método de muerte de lo más arcaico.