Desde el golpe de estado fallido que tuvo lugar en Turquía el sábado pasado cerca de 20.000 personas de los sectores policial, judicial, servicio civil y ejército han sido arrestados o apartados de sus cargos y más de 5.000 personas han ingresado en prisión preventiva. En los últimos días la purga se ha extendido también al ámbito educativo -decenas de miles de maestros suspendidos- y tras el estado de emergencia decretado el jueves se ha ordenado la clausura de 35 hospitales y un millar de colegios privados, además de 15 universidades y 19 sindicatos.
Hubo quienes el fin de semana pasado respiraban más hondo después de que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, consiguiera parar un golpe de estado supuestamente orquestado según él por el clérigo Fethulah Gülen, exiliado en Estados Unidos. Con el pretexto de garantizar el orden en el país y con la Unión Europea atada de manos por el acuerdo con Turquía sobre el control de los refugiados que llegan a Europa, Erdogan ha empezado a imponer su propio orden.