Por Núria Virgili
Recuento de votos en un colegio electoral. (Raúl Caro / EFE)
Trabajo en una entidad que presta servicio a más de 180 personas con discapacidad intelectual. Cada vez que se acercan elecciones, sean municipales, autonómicas, nacionales o europeas, recibimos cientos de cartas de propaganda electoral dirigidas a las personas que residen en nuestros centros.
Si tenemos en cuenta sólo los principales partidos políticos, se recibe una media de 1.000 cartas. En la mayoría de los casos son personas incapacitadas legalmente y que por tanto, no disponen de las capacidades para poder decidir.
En el padrón no constan los datos de incapacidad ni los grados de discapacidad y por esta razón van recibiendo toda la propaganda electoral de forma indiscriminada.
Por otro lado también reciben las tarjetas censales, por lo que se les adjudica también un local electoral. Podrían incluso ser reclamados para formar parte de una mesa electoral.
Reflexiono sobre este tema esperando que pronto dejen de suceder fenómenos que no tienen ningún sentido, ya que estas personas no votan y no podrán votar nunca.
Los recursos que destinan los partidos políticos a imprimir y enviar todo este papeleo podría ser reinvertido en servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida y a incrementar los servicios de los colectivos que más lo necesitan.