Esta semana se ha informado de que el exministro de Medio Ambiente con Aznar y expresidente del Govern Balear, Don Jaume Matas, había solicitado el indulto tras la sentencia firme de prisión de 9 meses dictada por los Tribunales por un delito de tráfico de influencias cometido durante la legislatura 2003-2007 como presidente de la Comunidad Balear. Las autoridades judiciales han suspendido temporalmente su ingreso en la cárcel hasta que se resuelva la causa del indulto, solicitado inmediatamente por el Sr. Matas argumentando que su ingreso en prisión era contrario al propósito resocializador de la pena (¿?).
La suspensión de su ingreso se realiza al ámparo del artículo 4 del Código Penal, que permite esa congelación de la pena cuando la finalidad del indulto “pudiera resultar ilusoria”, es decir, ante la posibilidad de que el procesado cumpliese la condena en vano por el hecho de que el Ejecutivo central decidiera finalmente perdonarle. Esto me causa estupor pues ello significaría que la sección primera de la Audiencia presupone que va a ser indultado y obvia (posiblemente de forma correcta desde el punto de vista procesal, no lo sé) que el Sr. Matas esta imputado por diversos delitos dentro de la causa general llamada «Caso Palma Arena«, del cual el caso Nóos (Sres. Torres, Urdangarín y sus esposas) es una de las 26 piezas separadas.
Si ese indulto finalmente se concede, el escándalo estará de nuevo servido.
¿Por qué dispone el Gobierno de un instrumento como el indulto? La Ley de 18 de junio de 1870 por la que se establecen las reglas para el Ejercicio de la Gracia de Indulto es una Ley arcaica, remanente del absolutismo monárquico antes de que Montesquieu acuñara la teoría de separación de los poderes. Pero no es arcaica en su esencia sino por el uso abusivo que de ella hacen los sucesivos gobiernos para proteger a determinados procesados pertenecientes a su «casta».
¿Y quiénes son los habitualmente indultados de la casta de este Gobierno y de los anteriores? Pues a las pruebas me remito: los suyos (politicos pertenecientes a sus partidos o a sus gobiernos que en el ejercicio de sus cargos son condenados por delitos asociados a la corrupción); banqueros y bancarios relevantes, «conseguidores/especuladores» y «grandes» empresarios; y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
¿Debe por ello abolirse el indulto? En absoluto. El indulto tiene su función cuando se producen casos de injusticia material, es decir, cuando el procesado sujeto del mismo reúne ya las circunstancias ciertas y objetivas de su rehabilitación, por razones sociales o humanitarias o por errores en sede judicial. «Dura lex sed lex» (Ley dura pero Ley) es el principio que inspira a los jueces y tribunales para dictar sentencias y remarca la inevitabilidad de éstas en aplicación de la Ley contra los procesados por hechos acreditados y probados. El indulto tiene sentido cuando el procesado, en el momento de hacerse firme la sentencia (cuatro o siete años después de cometido el delito) se encuentra plenamente rehabilitado y reinsertado en la sociedad.
Lo que no es tolerable es que en muchos de los casos el Gobierno aplica a los miembros de su casta esta gracia cuando no se dan realmente las exigencias de justicia, de equidad o de utilidad pública del artículo 11 de la Ley del Indulto, o aún cuando el Tribunal sentenciador no lo indique como procedente.
Espero que en el caso del Sr. Matas y de otros miembros de su gabinete o partido, hoy y en el futuro, el Gobierno tenga tanto sentido como la Audiencia de Palma que decía con toda la razón que «en estos casos más que en ningún otro los jueces y tribunales, en nuestra labor de defensa del Estado de Derecho, debemos pronunciarnos contra quienes lo degradan y corrompen, conduciendo la corrupción de los políticos a la desconfianza de la sociedad en ellos, debiendo la pena impuesta cumplir una irrenunciable función de restablecimiento de la confianza de la Comunidad en la vigencia de la norma infringida por el delito«.
También espero que el Tribunal Supremo esté ojo avizor y actúe como en el caso del «kamikaze» de Valencia en todos los casos en que el Gobierno indulte con total arbitrariedad aunque piense que actua confiado en su recto proceder.
La gracia del indulto es una instancia extraordinaria de nuestro sistema judicial y por ello ha de ser administrada con el máximo grado de moralidad pública de la que deben dar buena prueba los políticos y en especial los miembros de un Gobierno.
Sr. Gallardón: ¡aplíquese!
2 de marzo de 2004 | Jaume Morey
Amén!
11 enero 2014 | 17:46
Con un Gobierno como este, es esperable cualquier cosa. Y si no, ahí está el indulto del kamikaze defendido por el despacho donde trabaja el hijo de este ministro de Justicia, que quiere meterse en la conciencia y en las gravísimas decisiones que tienen que tomar las mujeres, como decidir sobre si pueden, o no, ser madres, o tener un hijo con graves malformaciones.
Pero si lo indultan, no les va a salir gratis; las gentes de este país ya se están espabilando mucho, y creo que, por fin, se va a empezar a exigir a las castas de los poderosos que se tienten la ropa antes de cometer arbitrariedades.
11 enero 2014 | 19:57
Facíl:
1º Si indulta: Dá continuidad al encubrismo y amiguismo del pp
2º Si no indulta: Más electoralismo barato del pp
Nada nuevo de un partido politico y gobierno que pasará a la historia como el más indecente, corrupto, retrogrado e impresentable de la historia democratica de españa.
12 enero 2014 | 01:50
Cuando un partido está reñido con la decencia , ¿ Que se puede esperar ? ..
12 enero 2014 | 09:05
jajajajajajajajajajajjajaajajaj no puedo parar de reirme hombre porsupuestisimo que lo indultará hasta el que lo pregunta lo sabe,dedicaros hacer otro tipo de preguntas un poco mas inteligentes por favor,es que ya tenia que estar dentro sin esperar a que nadie le indulte por algo que está demostrado que ha hecho el pueblo se tendria que levantar ante cosas asi , la infanta se ha creido lo de su marido porque estaba enamorada «por favor» y la pantoja tambien y el otro y el otro tambien estaban enamorados esta es la justicia española.
12 enero 2014 | 10:18
Los ciudadanos de a pie esperan sus indultos en la carcel mientras estos tipos lo hacen en casa como hemos visto en varias ocasiones,es la justicia de la banda,esa que dicen ser igual para todos.
Maleantes,bandidos,asaltadores de caminos,cuatreros,etc,etc,….
12 enero 2014 | 11:00
Por supuesto que lo indultará, es de su misma cuerda, ha «chupado» tanto como él y son amiguitos del alma.
¿Cuando vamos a acabar con esta pandilla de golfos que están limpiando España?
Cuando murió Franco creo que soñamos en colores por el futuro del país, al cabo del tiempo veo que el color es negro negrísimo
12 enero 2014 | 11:17
Para indultar a Matas hay que tener mucha, mucha, mucha cara: Yo dudo que se atrevan, y si se atreven, va a ser peor para quienes se atrevan a hacerlo. La gente ya está muy mosqueada y no aguanta más.
12 enero 2014 | 15:25
«Un viernes cualquiera de 2010 un Ministro de Zapatero tuvo una ocurrencia genial, como por otro lado era la tónica habitual en aquel gobierno: iban a introducir el concepto de organización criminal en el Código Penal. Yo me lo imagino así: viernes de Consejo de Ministros, poco de lo que hablar y casi nada de trabajo: “¿crisis, qué crisis?”, un par de chascarrillos, que si “cuando salga de aquí un puestito en Endesa”, que “qué vas a hacer este finde con los chavales”; cuando, de repente, uno lo suelta: “pues me estoy viendo los Soprano y son la bomba, y la idea esta de la Ley RICO es lo más: como lo que hacemos con los terroristas pero con los mafiosos” Y bingo, como nada es de tanto gusto para el estado que definir al “enemigo”, toda la maquinaria se puso en funcionamiento para dar lugar al concepto penal de organización criminal, aprobado por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio que introduce en el Código Penal los artículos 570 bis, 570 ter y 570 cuáter (en esto no se devanaron mucho los sesos, la verdad).
Lo que dice el artículo 570 bis del Código Penal al respecto de las organizaciones criminales es lo siguiente:
“1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de tres a seis años en los demás casos; y quienes participaren activamente en la organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años si tuviere como fin la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de uno a tres años en los demás casos. A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas”.
Disculpad el subrayado, pero es que por lo que la prensa tradicional ha venido contando últimamente este apartado final podría aparecer perfectamente en los estatutos del Partido Popular, y desde luego describe a la perfección (en tándem con otros varios artículos del CP) la mal llamada trama de “los papeles de Bárcenas”, en cuya instrucción se ha acreditado (y así lo señalan a su vez la mayor parte de las organizaciones querellantes) que de forma continua e institucionalizada el Partido Popular habría recibido de donaciones en B por parte de empresarios destinados entre otras cosas a pagar (en B también) a sus dirigentes, que después tendrían la obligación de satisfacer las solicitudes de estos empresarios en materia de política económica, concesiones urbanísticas y chanchullos varios.
Claro, que se podría pensar que los lumbreras del Partido Socialista que aprobaron la modificación del Código Penal de 2010 apostaban a que esto sucedería en el Partido Popular; pero si uno se detiene un rato en el caso de la mal llamada trama de los ERE se puede constatar fácilmente que tampoco es que en la bancada de la oposición (o del Gobierno de la Junta de Andalucía) se encuentren a día de hoy tan lejos de Alcalá Meco, donde si el tiempo sigue pasando y las imputaciones siguen su cauce, pueden trasladar el periodo de sesiones parlamentarias de la próxima legislatura.
“Te lo dije”: esa es la victoria pírrica que nos merecemos los maniqueos. Porque cuando contábamos a nuestro alrededor que estábamos gobernados por delincuentes nuestros interlocutores alzaban la ceja y miraban por encima del hombro. Pues te lo dije: hay un tipo penal que inauguraron ellos hace bien poco y que cuadra perfectamente con la definición que todos y todas nos hacemos de sus partidos políticos y el uso que les dan. Es más, son tan torpes que ellos mismos han tendido su propia trampa como en los dibujos animados del correcaminos; y son tan brutos, tan terroríficamente brutos que, por ejemplo, han firmados recibís de pagos que no han declarado a Hacienda, que es claramente de primero de delincuencia. Y claro, en un mundo donde ser gobernados por delincuentes no es precisamente la excepción, que los tuyos sean los más malos y los más brutos coincidiremos que deja en muy mal lugar la “marca España”, signifique eso lo que signifique.
El caso es que los maniqueos ya tenemos nuestra victoria pírrica: hemos convencido a los incrédulos y parece que más o menos ya estamos de acuerdo en que los que nos gobiernan son una organización criminal y que el sistema es corrupto. Ahora tocará seguir este jueves echando a la mafia de las instituciones y regenerar con un proceso constituyente un nuevo sistema político donde brillen por su ausencia todos esos chorizos, que además de chorizos son unos mantas».
Nacho Trillo
Red Jurídica
@laredjuridica
13 enero 2014 | 20:29