Una campaña para evitar que casi doscientos perros vuelvan a un criador que los maltrataba

La Asociación Nacional de los Animales (ANAA) y la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (FAPAM) están embarcadas en una lucha judicial y han iniciado una campaña informativa llamada No quiero morir en Altanería y una recogida de firmas para evitar que 192 perros regresen a las manos del criadero en el que se les maltrataba.

Casi doscientas vidas no pueden estar por debajo de un error de procedimiento, porque es eso lo que puede acabar impulsando la devolución.

Fueron la Comunidad de Madrid y SEPRONA los que retiraron los perros el 31 de mayo de 2018 “con motivo de la ausencia completa de garantías por parte del titular y responsable del Centro donde se encuentran acogidos dichos animales de su protección y bienestar, con el consiguiente riesgo que para su salud y bienestar supone ser mantenidos en dichas condiciones» y entregaron su custodia a asociaciones de Protección Animal y familias que forman parte de la red de casas de acogida adscritas a las mismas asociaciones.

Un año después, cuando esos perros ya recuperados y sanando de sus traumas, preparados para encontrar buenos hogares definitivos, ANAA y FAPAM informan que la Comunidad de Madrid ha tomado “la inadmisible y cruel decisión de devolverlos a un presunto maltratador, el criadero Altanería, por un error de forma en el procedimiento”.

Aseguran también que responde a una “falta de voluntad política” y que se ha hecho “caso omiso a los múltiples informes veterinarios que demuestran la terrible situación en la que rescatamos a los animales y sin buscar una solución para los animales después de su gravísimo error”.

Os dejo el comunicado completo, que explica toda la situación. Y os pido otra vez por favor, y ya he perdido la cuenta de las veces que lo he hecho, que no compréis animales, que adoptéis, pero que si estáis empeñados en comprar lo hagáis sin contribuir al sufrimiento animal, acudiendo al lugar en el que los crían, viendo en qué condiciones tienen a los animales y huyendo de los criaderos masivos o multiraza en los que los progenitores no levan buenas vidas sino que son tratados como objetos productores de cachorros.

Todos esos perros fueron retirados el 31 de mayo de 2018 por parte de la Comunidad de Madrid y SEPRONA, que iniciaron un procedimiento sancionador y actuaron ante la presión ejercida por parte de las Asociaciones de Protección Animal para que se diese cumplimiento a la legislación vigente, y que llevaban años denunciando esta situación ya que cientos de perros han malvivido en unas instalaciones ilegales, donde han sido hacinados y explotados al menos desde 2012, año en que se presentó la primera denuncia.

Previamente a esa retirada y del mismo centro habían salido otros 31 perros (29 en enero y 2 a principios de mayo de 2018) respecto a los que la Comunidad de Madrid consideró que “nos encontramos ante un presunto caso de maltrato continuado en los animales referenciados, por considerar que de acuerdo a los hechos constatados, el responsable/s del cuidado de los animales ha ejercido una conducta, tanto por acción como por omisión, que ha ocasionado a los animales un dolor, sufrimiento y estrés, graves, inútiles y evitables”. Respecto a esos 31 perros los hechos fueron judicializados en los Juzgados de Torrejón de Ardoz dando origen a un procedimiento que se encuentra actualmente sobreseído y recurrido.

Ahora, casi un año después, ante los recursos presentados por la empresa ALTANERÍA, S.L., la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid ha resuelto que existió por su parte un error de forma, que determina la nulidad de la retirada de los animales y resuelve que los 192 perros deben volver a ALTANERÍA, S.L., un presunto maltratador, para lo que dará inicio a un procedimiento de devolución. Es decir, ante un supuesto error suyo de forma y en vez de optar por asumir su error y plantear una alternativa acorde con el bienestar de los animales, opta por revictimizar a las víctimas.

ANAA Y FAPAM declaran que “estos 192 perros no son un número, sino individuos con capacidad de sentir física y emocionalmente que llevan cerca de un año en casas de acogida suscritas a las Asociaciones de Protección Animal, donde les hemos ido curando y donde han estado recibiendo los cuidados, atención y tratamientos veterinarios y etológicos necesarios para garantizar su bienestar físico y psíquico. Los animales presentaban falta de socialización y miedo extremo, además de infecciones graves en aparato reproductor, boca, oídos, etc., así como hernias, anemia, desnutrición, debiendo ser algunos hospitalizados y operados de urgencia, incluso con fetos momificados en su interior”.

ALTANERÍA, S.L. se dedica desde hace más de diez años a realizar una actividad de cría indiscriminada y venta de perros de manera ilegal en Paracuellos de Jarama (Comunidad de Madrid) sin contar con los permisos correspondientes, manteniendo hacinados a cerca de 200 perros junto a aves rapaces y jaulas de ratas criadas para alimentar a las aves.

Además, todo esto afecta a muchas familias, desconocedoras de que están adquiriendo un animal en un centro que carece de licencias, donde se cría con animales enfermos, muchos de ellos con enfermedades incluso genéticas y hereditarias, sin vacunar, con enfermedades y parásitos como leishmaniosis, giardias, trichuris y garrapatas, con el impacto y riesgo que ello supone para la salud de los animales y de las personas. Esta actividad se ha venido practicando de manera pública y notoria, ante la inactividad de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama.

La Comunidad de Madrid, máximo organismo encargado de velar por el bienestar y la protección de los animales de compañía está provocando indefensión, y en consecuencia sufrimiento a cientos de animales, por su inacción, por su inoperatividad, por su falta de control y seguimiento, y por haber cometido errores de forma en el procedimiento.

ALTANERÍA, S.L. es lo que suele definirse como una “Fábrica de cachorros”, ya que en sus instalaciones, deficientes higiénica y etológicamente se hacinan cientos de perros de muchas razas, algunas de las hembras son sometidas a varias cesáreas, “reventando” sus cuerpos a criar. Además, no contaba con el libro de registro actualizado y debidamente cumplimentado de entradas, salidas, y partos; sin un programa de cría responsable que implica la selección de los perros para favorecer que se mantengan las características positivas y evitar problemas hereditarios; sin protocolos higiénico-sanitarios ni veterinarios responsables que dieran un trato individualizado a los animales; sin un plan de vacunaciones, entre otras muchas deficiencias y sin un trato y condiciones que favorecieran la correcta socialización de los cientos de cachorros que vende. ALTANERÍA, S.L. dispone además de otra fábrica de cachorros en Pastrana, Guadalajara donde mantiene otros tantos perros, esclavos de la cría irresponsable que practica y en la que se maximizan los beneficios a costa de una tenencia deficiente de los mismos.

De la fábrica de Guadalajara entre 2017 y 2018 salieron 75 perros y dadas las condiciones que presentaban los mismos se abrieron diligencias previas en los juzgados de Guadalajara.

ANAA y FAPAM piden a la Comunidad de Madrid “una verdadera política pública de protección y responsabilidad animal, que implica asumir efectivamente el papel como máximo garante de la protección de los animales a través de actuaciones acordes al bienestar de los animales y a su condición de seres con capacidad de sentir; no puede quedarse en la promulgación de una ley de Protección Animal sin dar aplicación efectiva y eficaz a la misma”.

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