¿Qué tienen que ver nuestros impuestos con la pobreza de las mujeres?

Por Almudena Díaz Pagés

A pesar de que en las últimas décadas la riqueza mundial haya aumentado, este crecimiento ha beneficiado principalmente a los más ricos ya que como denunciaban recientes informes, la mayor parte de estos ingresos (cerca del 50%) ha ido a parar a los bolsillos de los que más tienen. Esta creciente desigualdad económica afecta de manera perjudicial al resto de la población mundial, pero sobre todo a la población más pobre. Y entre los pobres, las más pobres son las mujeres. De acuerdo con  Naciones Unidas, las mujeres son más vulnerables a la pobreza, poseen menos recursos y tienen menos poder de decisión que los hombres. Todo está relacionado. El Fondo Monetario Internacional revelaba recientemente que los países con una mayor desigualdad de ingresos suelen tener también mayores diferencias entre hombres y mujeres en términos de acceso a servicios sanitarios, educación, participación en el mercado laboral, brecha salarial y representación en las instituciones.

Protesta contra la injusticia fiscal. Imagen del proyecto Tax Justice Together.

Las mujeres representan hoy la mitad de la población activa global y son muchas las que tienen acceso a un empleo remunerado. Sin embargo, ello no implica ni una mayor igualdad, ni mayores posibilidades de llevar una vida digna. De hecho, la tasa de empleo actual de las mujeres es en casi todos los países menor que la de los hombres, y se estima que sólo generan el 37% del PIB mundial.

A nivel global, es más frecuente encontrar mujeres en trabajos que no están protegidos por la legislación laboral.. De hecho, las estadísticas muestran que en algunos países en vías de desarrollo hasta el 95% del empleo femenino es de carácter informal. En otras palabras, gran parte de la población femenina global no sólo no se beneficia del crecimiento económico que genera, sino que tiene muchas posibilidades de vivir en la pobreza.

La desigualdad de oportunidades y la precarización en el empleo no es la única desventaja a la que hacen frente millones de mujeres. Las mujeres siguen haciéndose cargo de la mayor parte del trabajo del cuidado no remunerado, una media de 2,5 veces más que los hombres. Las normas sociales, la brecha laboral, la falta de recursos…muchas son las razones que impiden que la mujer pueda empoderarse fuera del hogar. Además, el modelo económico y las políticas gubernamentales han fallado a la hora de invertir en esta economía invisible, dejando fuera de los beneficios del crecimiento económico a la mayoría de mujeres que se concentran en puestos del sector del cuidado, los más precarios de la pirámide económica. Con la llegada de la llamada crisis económica, la disminución de la inversión en el gasto social y la privatización de los servicios públicos han empeorado esta situación.

La captura política de las élites en la toma de decisiones hace que las políticas se diseñen sin otorgar ninguna prioridad a los objetivos de reducción de la desigualdad económica. Además, habitualmente se asume que las políticas macroeconómicas son neutrales al género, sin embargo en la práctica, tienen consecuencias distributivas que repercuten de forma diferente sobre mujeres y hombres. Las políticas fiscales, por ejemplo, pueden reforzar en muchos casos la división sexual del trabajo y las desigualdades entre mujeres y hombres, operando como obstáculos para el desarrollo y máximo aprovechamiento del potencial de las mujeres. Ello es el reflejo del modelo patriarcal que opera en nuestras sociedades y que también influye en la formulación de las políticas, excluyendo a los más desfavorecidos, y en particular, a las mujeres. En línea con ello, otro claro ejemplo es la más que insuficiente representación de las mujeres en las instituciones clave que regulan la economía mundial.

Lo que está claro es que sin redistribución no hay empoderamiento. Los Gobiernos deben actuar para hacer posible empoderamiento de las mujeres mediante la adopción de políticas económicas orientadas a cerrar esta brecha: promover la igualdad salarial y el trabajo digno y seguro, eliminar las barreras discriminatorias que impiden o dificultan a las mujeres acceder al crédito,  modificar las leyes injustas de sucesión y garantizar el acceso igualitario a las tierras, para todas las personas. Las contribuciones del trabajo doméstico y del cuidado, tanto el remunerado como el no remunerado, deben mejorarse y reconocerse explícitamente e incorporarse a las mediciones, pero sobre todo, deben redistribuirse.

Dado que la provisión de servicios sociales es particularmente importante para corregir las desigualdades, y en especial, las de género; es primordial que el sector público refuerce su papel en la provisión de servicios esenciales como la salud, la educación, la atención y el abastecimiento de los suministros básicos. Ello debe venir acompañado de una redistribución del esfuerzo tributario que traslade el peso que actualmente recae desproporcionadamente sobre el trabajo y el consumo, hacia la riqueza y el capital; y que garantice la transparencia fiscal.

Acabar con la desigualdad económica extrema no es posible si no se reduce la desigualdad de género. Para ello se han de analizar las causas estructurales que provocan estas desigualdades, desarrollar políticas que promuevan la igualdad de género real, y garantizar que el crecimiento económico que beneficie de forma justa a todos. La mitad de ese “todos” son mujeres.

Este texto forma parte de la jornada de acción europea por unos impuestos más justos Tax Justice Blogging Day. Es posible seguir las publicaciones en blogs de distintos países y apoyar la acción compartiendo su contenido en redes sociales con la etiqueta #taxjustice. El blog United Explanations publica hoy una versión ampliada del mismo.

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