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Guerra en el PDeCAT: Rull (duro), Vila (moderado) y Munté (dúctil) quieren ser candidatos a presidente de Cataluña

Las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre han cogido al PDeCAT (a las que se presentará pese a que suponen reconocer la legalidad española) en completo fuera de juego, con el partido a un paso de la fragmentación ante la falta de un liderazgo claro.

Mas y Puigdemont

Los ex presidentes de la Generalitat, Artur Mas, y Carles Puigdemont, respectivamente. (EFE)

Por un lado, el ex conseller de Territorio, Josep Rull, pretende ser el candidato con el argumento de mantener la línea dura independentista. Hoy ha hecho un gesto simbólico yendo a su despacho supuestamente a trabajar para desafiar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, un gesto que no ha sido secundado por ningún otro de los consellers destituidos. Incluso, la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, ha acatado la orden del 155 y ha dado por disuelta la cámara autonómica.

Rull es un perfecto conocedor del aparato del PDeCAT. No en vano, fue elegido secretario de Organización de CDC en 2011, y posteriormente coordinador general en 2014. Era un de los preferidos por Artur Mas, ex president de la Generalitat, para sucederle al frente del partido. No obstante, con los resultados de las elecciones autonómicas de 2015, en los que la CUP tenían la llave del Govern, el partido anticapitalista exigió que Artur Mas no fuera de nuevo el president, sino Carles Puigdemont, entonces un diputado por Girona y ex alcalde de esa ciudad. La CUP no quería a Artur Mas por su vinculación con la época de corrupción de Jordi Pujol y el caso 3%, y también porque consideraba que Puigdemont estaba mucho más comprometido con la independencia que Artur Mas.

Josep Rull

El ex conseller Josep Rull

Rull, ahora, pretende optar a ser el candidato del PDeCAT a president de la Generalitat, pero hay sectores del partido que consideran que su perfil duro y su talante poco pactista con los partidos no independentistas no es el idóneo ni el conveniente -a diferencia de Oriol Junqueras (líder de ERC), que sí tiene vías de comunicación abiertas sobre todo con Podemos, pero incluso con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría-.

En el lado contrario estaría Santi Vila, el ex conseller de Empresa que dimitió el día que Puigdemont descartó convocar elecciones autonómicas y optó por seguir adelante con la votación de la DUI. Su perfil sería el de un PDeCAT que volvería a la línea moderada, capaz de pactar con casi cualquier partido del arco parlamentario y defensor de un referéndum legal pactado con el Estado.

Vila ha defendido la línea histórica de CiU como partido de mayoría social y transversal catalanista, y ha elogiado la posición actual del PNV de Íñigo Urkullu e incluso el perfil centrista de Alberto Núñez Feijoo. No obstante, la deriva independentista de Junts pel Sí le ha llevado a secundar posiciones que no compartía, y finalmente decidió dimitir. Ahora, pretende devolver al PDeCAT a la centralidad y moderación que históricamente había tenido. Si no lo logra, no es descartable que se produzca una escisión en el partido y que Vila arrastre con él a alcaldes, concejales y militantes partidarios de volver a la moderación.

Neus Munté y Santi Vila

Los ex consellers Neus Munté y Santi Vila

Otra aspirante a liderar el PDeCAT es Neus Munté, que sería una vía intermedia entre Rull y Vila. Munté, ex consellera de Presidencia en el gobierno de Puigdemont es también la vicepresidenta del PDeCAT. Una histórica de CiU que incluso estuvo entre quienes optaban a presidir la Generalitat cuando la CUP vetó a Artur Mas.

Tres políticos resultarán decisivos para declinar quién puede llevarse el gato al agua y ser el candidato del PDeCAT a la presidencia de la Generalitat son Marta Pascal, actual coordinadora general, y el ex president Artur Mas. Este último, que no puede ser porque resultó inhabilitado por la consulta del 9N, quiere evitar que salga adelante la opción moderada de Santi Vila, y, si no puede ser él, preferiría a Rull o Munté. No obstante, Artur Mas es consciente de que cualquiera de los dos logrará un resultado muy pírrico en unas elecciones en las que, según las encuestas, gran parte del voto independentista se concentrará en Oriol Junqueras (ERC).

Por su parte, Marta Pascal es más partidaria de una vuelta al pragmatismo histórico de CiU, consciente de que el proceso se está llevando por delante al PDeCAT con constantes rupturas internas y, especialmente, con miucha pérdida de respaldo social. Además, Pascal cree que la imagen del PDeCAT junto a la CUP, anticapitalistas, no conviene más a su partido, la casa histórica de la burguesía catalana. De hecho, agradeció a Santi Vila su dimisión tras intentar por todos los medios evitar la ruptura del diálogo entre el Govern y el Estado.

Y en tercer lugar la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Cugat, Mercé Conesa, quien también es partidaria de volver a una senda de pragmatismo, viendo que la línea independentista está arrasando al PDeCAT y que el sueño de la república catalana se ha desvanecido (ningún país la ha reconocido), las empresas más importantes han huido y la sociedad catalana está más fracturada que nunca. Conesa, según fuentes del partido, se estaría debatiendo entre la opción de Neus Munté o Santi Vila, aunque también recibe peticiones de alcaldes que la animan a ella a dar el paso. Conesa, no obstante, prefiere reservarse, consciente de que optar ahora a presidenta de la Generalitat sería prácticamente dilapidar su carrera política en vista de los malos resultados que auguran las encuestas para el PDeCAT.

El partido ha acordado presentarse hoy a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, sin nombrar candidato todavía, y con Carles Puigdemont en Bélgica previsiblemente pidiendo asilo.

Ahora, la batalla interna en el partido heredero de CiU es total entre tres almas: la independentista radical (Josep Rull), la moderada partidaria de poder entenderse con el Constitucionalismo (Santi Vila) y la media Cataluña no independentista, o una síntesis entre estas dos posiciones (Neus Munté).

Al borde del precipicio… algo se empieza a mover en Cataluña y España

En una situación de máxima tensión en las calles de Cataluña y gran preocupación en el resto de España. Con un Govern en rebeldía amenazando con una declaración unilateral de independencia y un Gobierno de España que no está logrando ni aplacar la insurrección ni encontrando vías de entendimiento y diálogo. Con decenas de miles de catalanes independentistas protestando en las calles frente a la “represión policial” y con decenas de miles de catalanes no independentistas indignados con la deriva ilegal del Govern. Con el Jefe del Estado, Felipe VI, llamando al respeto del orden constitucional, apoyado por el PP, Ciudadanos y gran parte del PSOE, y cuestionado por los nacionalistas, Podemos y algunos socialistas.  Con el conflicto copando las portadas y las televisiones de los grandes medios de comunicación mundiales. Con los grandes organizaciones empresariales muy preocupadas y algunas empresas catalanas cayendo con fuerza en la bolsa y otras migrando a otras regiones. Con Cataluña al borde del caos y el enfrentamiento social… parece que algo se mueve a nivel político.

Rajoy y Puigdemont

El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, regala un facsímil de El Quijote al presidente de la Generalitat Carles Puigdemont en La Moncloa. Paco Campos/EFE

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dejado pasar unos días antes de aprobar la declaración unilateral de independencia (hasta el próximo lunes), seguramente esperando una vía de diálogo con el Estado español, exigida por la Unión Europea. Pero al mismo tiempo hace declaraciones en medios de comunicación internacionales pronosticando que declarará la independencia. Puigdemont confía, probablemente, en buscar un acuerdo que se base en un referéndum de independencia pactado con el Estado. Legal y vinculante. La CUP de Anna Gabriel exige la declaración de independencia ya, el lunes a más tardar, mientras ERC de Oriol Junqueras quiere forzar la máquina al máximo, pero, en la línea de Puigdemont, creen que la más deseable sería un referéndum pactado con el Estado, si Rajoy (más Sánchez y Rivera) se aviene forzado por la amenaza de ruptura y la presión internacional.

El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, busca que la presión de Alemania y Francia, y del Vaticano fuercen a una negociación pero siempre en el marco de la Constitución Española. El acuerdo se basaría en una reforma de la Carta Magna con un nuevo sistema de financiación autonómica que beneficiaría a Cataluña y otras CCAA, pero sobre la base innegociable para el PP de que la soberanía nacional seguiría siendo del conjunto del pueblo español.

Rajoy ha frenado la tesis del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de aplicar ya el artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones autonómicas anticipadas en Cataluña. Solo lo haría, la aplicación del 155, si Puigdemont declarara la independencia de forma unilateral. Llegado a ese extremo de ruptura total, el Gobierno de España, según fuentes del PP, haría valer toda la fuerza coercitiva del Estado, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, y el beneplácito de la Unión Europea (Merkel y Macron piden a Rajoy que agote las vías de diálogo, pero le apoyarán en la opción de restituir por la fuerza el orden constitucional si Puigdemont rompe la baraja).

Pedro Sánchez con Pablo Iglesias

Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. EFE

El PSOE de Pedro Sánchez está apoyando al Gobierno de España, pero sigue haciendo gestos hacia el Govern en busca de un posible acuerdo para desbloquear la complicada situación. Fuentes de Ferraz aseguran que Sánchez rechaza aplicar el artículo 155, como sí exigen ex dirigentes socialistas como Alfonso Guerra, e incluso ha pedido reprobar a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría por la actuación “desproporcionada” de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil para evitar el referéndum del 1 de octubre. No obstante, existe división interna en el PSOE. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, está en desacuerdo y pide centrar la crítica en quienes considera que han quebrado la ley, Junts pel Sí y la CUP, y no en el Gobierno de España. En cualquier caso, Pedro Sánchez quiere dejar una puerta abierta al diálogo con los independentistas en busca de un acuerdo hacia una España federal, descentralizada, en la que Cataluña tendría un reconocimiento como nación, dentro de una España nación de naciones. También apuesta por conceder un estatus especial a Cataluña, con competencias blindadas a nivel cultural, como le ha pedido Miquel Iceta, líder del PSC. Pero, como Rajoy y Rivera, Pedro Sánchez apuesta por una reforma constitucional en la que no se pusiera en cuestión que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español.

Manifestación independentista

Senyeras y esteladas en la movilización de la ANC y Òmnium el 11-S en Barcelona. (ACN)

Pablo Iglesias y Ada Colau rechazan tanto la declaración unilateral de independencia como la aplicación del artículo 155. Apuestan por una mediación internacional en busca de un referéndum pactado y vinculante, en la línea de lo que reclama Carles Puigdemont. Pero, eso sí, sin aprobar en ningún caso una independencia sin celebrar antes un referéndum con garantías y acordado con el Estado español.

Podemos apuesta por primera vez por un diálogo directo entre el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, -no pedirá su dimisión si hay opciones de diálogo- y por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, así como entre todas las fuerzas políticas españolas. Socios de Podemos como Izquierda Unida o Compromís discrepan con Iglesias en cuanto a la mediación internacional y creen que deben ser los políticos españoles quienes sean capaces de solucionar el problema. Así lo ha manifestado Alberto Garzón.

Pablo Iglesias quiere una reforma de la Constitución hacia un Estado federal español y plurinacional, que reconociera el derecho de autodeterminación también a Euskadi y Galicia.

Rajoy con Urkullu

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el lehendakari, Íñigo Urkullu.

Y otro actor clave es el Gobierno vasco de Íñigo Urkullu y el PNV, que se ha ofrecido como mediador entre las dos partes, el Gobierno de Rajoy y el de Puigdemont. Urkullu apuesta, como Iglesias, por un referéndum pactado como fórmula para superar el conflicto, aunque cree que Euskadi podría sentirse cómoda en España si ésta pasa a ser un Estado plurinacional.

Sobre toda esta complejidad surge, pese a todo, una pequeña esperanza de abrir vías de diálogo en busca de una solución que, en ningún caso, pasara por la balcanización de España. Al borde del precipicio, algo empieza a moverse. Ojalá sea positivo.

La declaración unilateral divide al independentismo: la CUP la exige, el PDeCAT la rechaza y ERC no la descarta

Carles Puigdemont

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, con Oriol Junqueras, vicepresident, y otros miembros del Govern.

El independentismo catalán está convencido de que el próximo 1 de Octubre habrá cientos de miles de personas reclamando el derecho a votar, el derecho a decidir, sobre la secesión de España por todos los rincones de Cataluña.

Fuentes tanto de Junts pel Sí, la alianza entre el PDeCAT y ERC, que gobierna Cataluña, como de la CUP, partido anticapitalista que les da respaldo parlamentario para sumar mayoría absoluta, dan por hecho que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (incluidos los agentes de los Mossos d’Esquadra) tratarán de impedir a toda costa la celebración del referéndum. No obstante, también creen que el impacto mediático a nivel internacional “será enorme” y esperan que, tras el 1-O, el Gobierno español que preside Mariano Rajoy se pliegue a pactar un referéndum legal.

Pero, si el Estado impide la celebración de la consulta del 1 de Octubre, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, hay sectores del secesionismo partidarios de que

Manifestación independentista

Senyeras y esteladas en la movilización de la ANC y Òmnium el 11-S en Barcelona. (ACN)

Carles Puigdemont realice una declaración unilateral de independencia.

En concreto, la CUP, que lidera la diputada autonómica Anna Gabriel, es partidario de aprobar la declaración unilateral tanto si se celebra el referéndum y gana el Sí, independientemente de la participación, como si el Estado lo impide. En ese caso, el argumento sería que Cataluña es un sujeto político soberano que decide por sí mismo su futuro, y en una votación en el Parlament a favor de la independencia sería suficiente con hacer valer la mayoría absoluta secesionista: los diputados de Junts pel Sí más los de la CUP.

Esta misma opinión es compartida, básicamente, por las cúpulas de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), en concreto por su presidente Jordi Sánchez, y también por el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, las dos entidades independentistas con mayor capacidad de respaldo social.

No obstante, el PDeCAT, herederos de la antigua Convergència i Unió, el partido histórico de la burguesía catalana y del que forman parte el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el ex president Artur Mas, rechazan la vía de la declaración unilateral de independencia. El PDeCAT sabe que el Estado español aplicaría ipso facto el artículo 155 de la Constitución Española, suspendería la autonomía catalana y asumiría el control institucional de todo el Govern. Además, el PDeCAt sabe que ningún país de la Unión Europea, ni Estados Unidos, reconocería a una hipotética Cataluña declarada unilateralmente independiente.

Y, además, sostienen que la fractura social sería inmensa, ya que toda la oposición catalana estaríatotalmente en contra –Ciudadanos, el PSC y el PP, pero también Catalunya Sí que es Pot, la coalición de la que forma parte Podem y también el partido de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona-. Estos partidos políticos, además, no suman mayoría absoluta en escaños en el Parlament, pero sí lograron más votos totales que los partidos independentistas.

Fuentes del PDeCAT admiten que Puigdemont no ha descartado completamente la declaración unilateral de independencia, pero referentes del partido, como la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Cugat del Vallés, Mercè Conesa, el portavoz del PDeCAt en el Congreso, Carles Campuzano, el conseller de Empresa Santi Vila o el responsable de Organización del PDeCAT David Bonvehí se oponen por completo a esta vía. “Supondría un ridículo internacional, porque nadie nos reconocería como Estado independiente, y un gravísimo enfrentamiento social en la propia Cataluña que tardaría décadas en cicatrizar, por no hablar de la respuesta represiva del Estado”, aseguran estas fuentes del sector moderado del PDeCAT.

ERC, decisivos

Por su parte, el actor que puede declinar la balanza hacia uno u otro lado es la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de Oriol Junqueras. ERC no descarta, y nunca ha descartado, una declaración unilateral, aunque consideran que la vía idónea sería un referéndum pactado con el Estado, con plenas garantías, en el que venciera el Sí.

Pero, sabedores de que un Gobierno del PP nunca lo permitirá, y de que uno eventual del PSOE con Podemos tampoco está claro que lo pudiera facilitar, ERC no cierra la puerta a la declaración unilateral. “Si el Estado español no nos deja otra salida, Cataluña deberá decidir por sí misma haciendo valer la mayoría que exista en el Parlament”, sostienen fuentes de Esquerra.

Ahora, a medida que se aproxima el 1 de Octubre, la tensión interna entre las formaciones independentistas se incrementa: la CUP exigiendo no ceder y proclamar la independencia de forma unilateral, amplios sectores del PDeCAT oponiéndose por completo y ERC, a la expectativa, conscientes también de que en unas hipotéticas próximas elecciones autonómicas su formación se perfila como ganadora por primera vez desde la restauración de la democracia en España.

Runrún en Moncloa: casi pacto fiscal para Artur Mas si suspende el 27-S y evita la declaración de independencia

mas-rajoy En el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, a muy alto nivel, se está extendiendo una idea reclamada desde el empresariado catalán que se está barajando seriamente en Moncloa para tratar de lograr un acuerdo con el Gobierno catalán que preside Artur Mas: una ambiciosa reforma de la financiación autonómica beneficiosa para Cataluña (cercana al pacto fiscal vasco) a cambio de que CiU se olvide de la convocatoria anticipada de elecciones prevista para el 27 de septiembre y la posterior amenaza de declaración unilateral de independencia. Ésta se daría sólo con el acuerdo de CDC, ERC y la CUP, en el hipotético caso de que alcanzaran mayoría absoluta en el Parlament, y la oposición de Ciutadans, el PSC, el PP, Podemos e ICV, y posiblemente incluso UDC, la formación de Duran i Lleida.

El acuerdo con Artur Mas, además, debería suponer también la renuncia al llamado derecho a decidir, que en el Gobierno central consideran ilegal por rebasar la Constitución, o al menos que CiU aparcara la posibilidad de celebrar referéndums inconstitucionales durante una larga temporada.

Se buscaría una solución a la británica, al estilo de la que David Cameron tiene previsto ofrecer al Gobierno autónomo de Escocia: más dinero y competencias a cambio de cohesionar el Reino Unido durante el máximo tiempo posible.

Rajoy estaría sopesando esta opción, pese a sus evidentes riesgos, para buscar una solución duradera al conflicto catalán. Al acuerdo, consideran en el Gobierno, podrían sumarse también el PSC y el PSOE (partidarios también de ofrecer a Cataluña algunas concesiones simbólicas, como aceptar el término ‘nación’ o el blindaje de competencias en materia cultural y lingüística). Duran i Lleida

El líder de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran i Lleida, lleva mucho tiempo trabajando en esta línea y sus reuniones y comidas con dirigentes y diputados del PP y el PSOE son relativamente frecuentes, y también con representantes del empresariado madrileño. Pero especialmente con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que siempre ha tratado de dar una imagen de búsqueda del acuerdo con el Gobierno catalán, como le ha sugerido el propio Duran, convencido éste de que más pronto que tarde se tendrá que llegar a un acuerdo entre el Gobierno de España y el Ejecutivo catalán.

En Moncloa también creen que dos partidos que van a ser importantes en Cataluña, como Podemos y Ciutadans, podrían respaldar el acuerdo, cada uno con sus matices. E incluso ICV, los socios de Izquierda Unida en Cataluña.

Rechazo al pacto fiscal en 2012

Para Rajoy, el principal problema sería que Artur Mas inició el llamado proceso independentista catalán justo después de que el presidente del Gobierno de España rechazara, en septiembre de 2012, una petición expresa de pacto fiscal. Entonces, Rajoy le dijo a Mas que no había “margen para negociar”.

Vender ahora una oferta de pacto fiscal para Cataluña podría provocar que desde sectores del PP cercanos a las tesis de Aznar y FAES, y desde algunos medios de comunicación, se acusara a Rajoy de claudicar ante Mas.

Pero los defensores en el Gobierno de buscar un acuerdo con el Ejecutivo catalán creen que en ningún caso se trataría de una rendición, todo lo contrario. Sostienen que tres años después la deriva de Mas la sociedad catalana se ha fragmentado (los partidarios del ‘No’ a la independencia representan el 48% de los catalanes frente al 44% de los defensores del ‘Sí’, según el último barómetro del Centre d’Estudi d’Opinió (CEO) de la Generalitat). Recuerdan también que CiU se ha desplomado desde 2010, ese año logró 62 escaños (cerca de la mayoría absoluta), cayó a 50 en los comicios de 2012 y ahora los distintos sondeos le dan entre 30 y 35 diputados. artur mas

Artur Mas, atenazado por ERC y la ANC

Y creen que el president de la Generalitat estaría buscando una salida honrosa al conflicto, pero creen que se encuentra atenazado por ERC y, sobre todo, por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), el movimiento popular independentista que lidera Carme Forcadell.

Por ello, algunos ministros creen en el Gobierno que sería un buen momento de tratar de acercar posturas con Artur Mas antes de que se meta en un callejón sin salida definitivo y quede a expensas de ERC. En esta línea estarían, además de Sáenz de Santamaría, el ministro de Asuntos Exteriores, José María García-Margallo, que siempre ha considerado que se puede ofrecer una reforma del sistema de financiación que beneficie a Cataluña, pero también a otras comunidades autónomas que lo reclaman de forma urgente como Madrid, la Comunidad Valenciana o Baleares. Las regiones que se opondrían serían, fundamentalmente, Extremadura, Galicia o Asturias.

El resultado que se pretende, consideran dirigentes del Gobierno, no obstante, valdría la pena: lograr un acuerdo con el Ejecutivo catalán, suspender el adelanto de las elecciones autonómicas y el riesgo de una posterior declaración unilateral de independencia, así como distanciar a CiU del bloque separatista y atraerlo a la centralidad, aseguran.

La UE, en contra de cualquier proceso ilegal

En el Ejecutivo de Rajoy son conscientes de que a las malas Artur Mas tiene mucho que perder porque la ley está de su lado, el Tribunal Constitucional tumbará (como ha hecho hasta ahora) todas las iniciativas que rebasen el marco constitucional y porque la Unión Europea es contraria al proceso soberanista catalán si éste se realiza al margen de la ley española. Ningún país de la UE reconocería la eventual independencia unilateral catalana y, en caso de lograrla, supondría de facto su expulsión de la zona euro sólo con que un país miembro lo solicitara.

Y el Gobierno de España, además, siempre tiene la opción de una medida extrema (que nadie desea, recalcan desde el Ejecutivo de Rajoy) como sería la aplicación del artículo 155 para forzar la suspensión de la autonomía y el control de ésta por parte del Estado, del que la Generalitat Catalana forma parte. Para ello, recuerdan además que hay una mayoría de catalanes que rechaza la independencia. Pero todo ello sólo ocurriría en el caso de que Artur Mas siguiera adelante con el proceso, sostienen en el Gobierno. Justo es lo que se pretende con la posible oferta de financiación autonómica que estaría sopesando seriamente Rajoy, evitar que Mas se lance al abismo. Rivera

El principal problema para CiU vendría de ERC, partido que ahora mismo pisa los talones en las encuestas a la formación que lidera Artur Mas, y que tiene por principal objetivo político la independencia de Cataluña. Romper la eventual alianza con la formación que lidera Oriol Junqueras sería complicado de ‘vender’ para CiU en Cataluña, salvo que la ruptura fuera debido a que Artur Mas ha logrado un sistema de financiación muy beneficioso para Cataluña, que el dirigente nacionalista podría calificar casi como ‘pacto fiscal’. Y, además, Mas y CiU podrían volver a entenderse con otros muchos partidos del arco parlamentario catalán en ese punto, como el PSC (fundamentalmente), pero también en temas concretos incluso con el PP (si hubiera acuerdo), Podemos y hasta Ciudadanos, partido que rechaza frontalmente la independencia.

Lo primero, las elecciones municipales iglesias-colau

No obstante, las cúpulas del PP y de CiU, y los Ejecutivos español y catalán indirectamente, están centrados y volcados ahora en las elecciones municipales del 24 de mayo (y autonómicas en otras 13 regiones), y el posible ofrecimiento no se produciría hasta pasados estos comicios.

En el Gobierno creen que CiU necesitará al PSC para poder salvar el Ayuntamiento de Barcelona, y eso en el caso de que logren vencer a Ada Colau, a la que el CIS otorgaba la victoria en votos y concejales. Un eventual pacto de Xavier Trias con los socialistas ayudaría a arrastrar a CiU hacia la moderación. También creen que el poder hegemónico de CiU en las Diputaciones Provinciales puede quedar algo mermado con la mayor fragmentación municipal.

Todo ello, sostienen fuentes del Gobierno de Rajoy, ayudaría a un entendimiento en el que están volcados pesos pesados del empresariado catalán, Duran i Lleida, Miquel Iceta (líder del PSC) y del que Sáenz de Santamaría y Margallo son partidarios, aunque conscientes de que el posible acuerdo tendrá mucha oposición tanto desde los sectores más independentistas de Cataluña como desde las posiciones más reacias a concesiones a Cataluña dentro del propio PP, entre ellos algunos barones.