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La declaración unilateral divide al independentismo: la CUP la exige, el PDeCAT la rechaza y ERC no la descarta

Carles Puigdemont

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, con Oriol Junqueras, vicepresident, y otros miembros del Govern.

El independentismo catalán está convencido de que el próximo 1 de Octubre habrá cientos de miles de personas reclamando el derecho a votar, el derecho a decidir, sobre la secesión de España por todos los rincones de Cataluña.

Fuentes tanto de Junts pel Sí, la alianza entre el PDeCAT y ERC, que gobierna Cataluña, como de la CUP, partido anticapitalista que les da respaldo parlamentario para sumar mayoría absoluta, dan por hecho que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (incluidos los agentes de los Mossos d’Esquadra) tratarán de impedir a toda costa la celebración del referéndum. No obstante, también creen que el impacto mediático a nivel internacional “será enorme” y esperan que, tras el 1-O, el Gobierno español que preside Mariano Rajoy se pliegue a pactar un referéndum legal.

Pero, si el Estado impide la celebración de la consulta del 1 de Octubre, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, hay sectores del secesionismo partidarios de que

Manifestación independentista

Senyeras y esteladas en la movilización de la ANC y Òmnium el 11-S en Barcelona. (ACN)

Carles Puigdemont realice una declaración unilateral de independencia.

En concreto, la CUP, que lidera la diputada autonómica Anna Gabriel, es partidario de aprobar la declaración unilateral tanto si se celebra el referéndum y gana el Sí, independientemente de la participación, como si el Estado lo impide. En ese caso, el argumento sería que Cataluña es un sujeto político soberano que decide por sí mismo su futuro, y en una votación en el Parlament a favor de la independencia sería suficiente con hacer valer la mayoría absoluta secesionista: los diputados de Junts pel Sí más los de la CUP.

Esta misma opinión es compartida, básicamente, por las cúpulas de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), en concreto por su presidente Jordi Sánchez, y también por el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, las dos entidades independentistas con mayor capacidad de respaldo social.

No obstante, el PDeCAT, herederos de la antigua Convergència i Unió, el partido histórico de la burguesía catalana y del que forman parte el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el ex president Artur Mas, rechazan la vía de la declaración unilateral de independencia. El PDeCAT sabe que el Estado español aplicaría ipso facto el artículo 155 de la Constitución Española, suspendería la autonomía catalana y asumiría el control institucional de todo el Govern. Además, el PDeCAt sabe que ningún país de la Unión Europea, ni Estados Unidos, reconocería a una hipotética Cataluña declarada unilateralmente independiente.

Y, además, sostienen que la fractura social sería inmensa, ya que toda la oposición catalana estaríatotalmente en contra –Ciudadanos, el PSC y el PP, pero también Catalunya Sí que es Pot, la coalición de la que forma parte Podem y también el partido de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona-. Estos partidos políticos, además, no suman mayoría absoluta en escaños en el Parlament, pero sí lograron más votos totales que los partidos independentistas.

Fuentes del PDeCAT admiten que Puigdemont no ha descartado completamente la declaración unilateral de independencia, pero referentes del partido, como la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Cugat del Vallés, Mercè Conesa, el portavoz del PDeCAt en el Congreso, Carles Campuzano, el conseller de Empresa Santi Vila o el responsable de Organización del PDeCAT David Bonvehí se oponen por completo a esta vía. “Supondría un ridículo internacional, porque nadie nos reconocería como Estado independiente, y un gravísimo enfrentamiento social en la propia Cataluña que tardaría décadas en cicatrizar, por no hablar de la respuesta represiva del Estado”, aseguran estas fuentes del sector moderado del PDeCAT.

ERC, decisivos

Por su parte, el actor que puede declinar la balanza hacia uno u otro lado es la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de Oriol Junqueras. ERC no descarta, y nunca ha descartado, una declaración unilateral, aunque consideran que la vía idónea sería un referéndum pactado con el Estado, con plenas garantías, en el que venciera el Sí.

Pero, sabedores de que un Gobierno del PP nunca lo permitirá, y de que uno eventual del PSOE con Podemos tampoco está claro que lo pudiera facilitar, ERC no cierra la puerta a la declaración unilateral. “Si el Estado español no nos deja otra salida, Cataluña deberá decidir por sí misma haciendo valer la mayoría que exista en el Parlament”, sostienen fuentes de Esquerra.

Ahora, a medida que se aproxima el 1 de Octubre, la tensión interna entre las formaciones independentistas se incrementa: la CUP exigiendo no ceder y proclamar la independencia de forma unilateral, amplios sectores del PDeCAT oponiéndose por completo y ERC, a la expectativa, conscientes también de que en unas hipotéticas próximas elecciones autonómicas su formación se perfila como ganadora por primera vez desde la restauración de la democracia en España.

Escocia quiere otro referéndum tras el ‘brexit’; el secesionismo catalán también

La victoria de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea tiene múltiples consecuencias. Una de ellas es que está rebrotando el sentimiento independentista en Escocia, donde se ha impuesto en la votación la permanencia en la Unión Europea, a diferencia de Inglaterra y Gales.

La primera ministra de Escocia y líder del Partido Nacional Escocés (SNP), Nicola Sturgeon, amenazó con solicitar un segundo referéndum de independencia si Gran Bretaña optaba por la salida de la UE, como así ha sido. Con un rotundo 62% de los votos frente a un 38%, los nacionalistas escoceses han decantado la balanza hacia la permanencia en Europa, en contraste con Inglaterra y Gales, donde mayor es el sentimiento de pertenencia al Reino Unido.

Independentistas catalanes a favor de la secesión de Escocia del Reino Unido

Independentistas catalanes a favor de la secesión de Escocia del Reino Unido

En 2014 ya hubo un referéndum en Escocia sobre la independencia, pactado entre el primer ministro británico, David Cameron, y el entonces primer ministro de Escocia, Alex Salmond. La victoria del No a la independencia fue rotunda, un 55,3% frente a un 43,7%, lo que supuso la posterior renuncia de Salmond.

Nicola Sturgeon tomó las riendas del Partido Nacionalista Escocés y en las elecciones generales británicas de 2015 logró una contundente victoria: los nacionalistas obtuvieron 56 de los 59 escaños, cuando en 2010 solo habían logrado 6 escaños.

Esa victoria, lograda por la concentración del voto nacionalista en el SNP frente la división de los probritánicos entre conservadores, laboristas y liberales, ha dado alas a Sturgeon para plantear un nuevo referéndum de independencia y la salida de la UE es una excusa perfecta.

Está por ver qué pasará en Londres, quién y cuándo sucederá a David Cameron, y si permitirá otro referéndum en Escocia después de que hace solo dos años se haya celebrado uno con un resultado muy claro a favor de la permanencia en Gran Bretaña.

¿Y las consecuencias en España?

El independentismo catalán reclama también un referéndum de independencia y pone el escocés como ejemplo a seguir. En Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se ha abogado mayoritariamente por defender una consulta pactada con el Estado, mientras que la CUP reclama una declaración unilateral de independencia y en ERC no se descarta, ante la negativa del Gobierno español a celebrarlo.

No obstante, los resultados de las elecciones autonómicas en Cataluña el 27 de septiembre de 2015, planteadas como plebiscitarias por el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, arrojaron una victoria en escaños de los partidos independentistas, pero una victoria en votos de los partidos que defienden, cada uno con sus matices, la permanencia de Cataluña en España (52% frente al 48%).

Puigdemont con el ex primer ministro escocés, Salmond

Puigdemont con el ex primer ministro escocés, Salmond

Ahora, los independentistas catalanes esperan a los resultados del 26 de junio en las elecciones generales para ver si un nuevo gobierno en España facilitaría un referéndum en Cataluña. No parece nada fácil ya que el único de los partidos con opciones de gobernar que defiende la consulta, Unidos Podemos, necesitaría, según todas las encuestas, gobernar apoyado al menos por el Partido Socialista, que rechaza un referéndum en Cataluña. El PSOE, al igual que el PP y Ciudadanos, sostienen que en un hipotético referéndum deberían votar el conjunto de los españoles, y no sólo los pertenecientes a una Comunidad Autónoma. Incluso, Pablo Iglesias se ha mostrado dubitativo sobre este asunto en la campaña electoral, asegurando que no debe ser una línea roja para poder conformar un gobierno con los socialistas, pero remarca que es su apuesta y no renuncia a celebrarlo en Cataluña. el País Vasco y Galicia.

Tanto ERC como CDC ponen como condición para apoyar a cualquier posible gobierno en España la celebración del referéndum… mientras miran de reojo a Escocia.

Runrún en Moncloa: casi pacto fiscal para Artur Mas si suspende el 27-S y evita la declaración de independencia

mas-rajoy En el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, a muy alto nivel, se está extendiendo una idea reclamada desde el empresariado catalán que se está barajando seriamente en Moncloa para tratar de lograr un acuerdo con el Gobierno catalán que preside Artur Mas: una ambiciosa reforma de la financiación autonómica beneficiosa para Cataluña (cercana al pacto fiscal vasco) a cambio de que CiU se olvide de la convocatoria anticipada de elecciones prevista para el 27 de septiembre y la posterior amenaza de declaración unilateral de independencia. Ésta se daría sólo con el acuerdo de CDC, ERC y la CUP, en el hipotético caso de que alcanzaran mayoría absoluta en el Parlament, y la oposición de Ciutadans, el PSC, el PP, Podemos e ICV, y posiblemente incluso UDC, la formación de Duran i Lleida.

El acuerdo con Artur Mas, además, debería suponer también la renuncia al llamado derecho a decidir, que en el Gobierno central consideran ilegal por rebasar la Constitución, o al menos que CiU aparcara la posibilidad de celebrar referéndums inconstitucionales durante una larga temporada.

Se buscaría una solución a la británica, al estilo de la que David Cameron tiene previsto ofrecer al Gobierno autónomo de Escocia: más dinero y competencias a cambio de cohesionar el Reino Unido durante el máximo tiempo posible.

Rajoy estaría sopesando esta opción, pese a sus evidentes riesgos, para buscar una solución duradera al conflicto catalán. Al acuerdo, consideran en el Gobierno, podrían sumarse también el PSC y el PSOE (partidarios también de ofrecer a Cataluña algunas concesiones simbólicas, como aceptar el término ‘nación’ o el blindaje de competencias en materia cultural y lingüística). Duran i Lleida

El líder de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran i Lleida, lleva mucho tiempo trabajando en esta línea y sus reuniones y comidas con dirigentes y diputados del PP y el PSOE son relativamente frecuentes, y también con representantes del empresariado madrileño. Pero especialmente con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que siempre ha tratado de dar una imagen de búsqueda del acuerdo con el Gobierno catalán, como le ha sugerido el propio Duran, convencido éste de que más pronto que tarde se tendrá que llegar a un acuerdo entre el Gobierno de España y el Ejecutivo catalán.

En Moncloa también creen que dos partidos que van a ser importantes en Cataluña, como Podemos y Ciutadans, podrían respaldar el acuerdo, cada uno con sus matices. E incluso ICV, los socios de Izquierda Unida en Cataluña.

Rechazo al pacto fiscal en 2012

Para Rajoy, el principal problema sería que Artur Mas inició el llamado proceso independentista catalán justo después de que el presidente del Gobierno de España rechazara, en septiembre de 2012, una petición expresa de pacto fiscal. Entonces, Rajoy le dijo a Mas que no había “margen para negociar”.

Vender ahora una oferta de pacto fiscal para Cataluña podría provocar que desde sectores del PP cercanos a las tesis de Aznar y FAES, y desde algunos medios de comunicación, se acusara a Rajoy de claudicar ante Mas.

Pero los defensores en el Gobierno de buscar un acuerdo con el Ejecutivo catalán creen que en ningún caso se trataría de una rendición, todo lo contrario. Sostienen que tres años después la deriva de Mas la sociedad catalana se ha fragmentado (los partidarios del ‘No’ a la independencia representan el 48% de los catalanes frente al 44% de los defensores del ‘Sí’, según el último barómetro del Centre d’Estudi d’Opinió (CEO) de la Generalitat). Recuerdan también que CiU se ha desplomado desde 2010, ese año logró 62 escaños (cerca de la mayoría absoluta), cayó a 50 en los comicios de 2012 y ahora los distintos sondeos le dan entre 30 y 35 diputados. artur mas

Artur Mas, atenazado por ERC y la ANC

Y creen que el president de la Generalitat estaría buscando una salida honrosa al conflicto, pero creen que se encuentra atenazado por ERC y, sobre todo, por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), el movimiento popular independentista que lidera Carme Forcadell.

Por ello, algunos ministros creen en el Gobierno que sería un buen momento de tratar de acercar posturas con Artur Mas antes de que se meta en un callejón sin salida definitivo y quede a expensas de ERC. En esta línea estarían, además de Sáenz de Santamaría, el ministro de Asuntos Exteriores, José María García-Margallo, que siempre ha considerado que se puede ofrecer una reforma del sistema de financiación que beneficie a Cataluña, pero también a otras comunidades autónomas que lo reclaman de forma urgente como Madrid, la Comunidad Valenciana o Baleares. Las regiones que se opondrían serían, fundamentalmente, Extremadura, Galicia o Asturias.

El resultado que se pretende, consideran dirigentes del Gobierno, no obstante, valdría la pena: lograr un acuerdo con el Ejecutivo catalán, suspender el adelanto de las elecciones autonómicas y el riesgo de una posterior declaración unilateral de independencia, así como distanciar a CiU del bloque separatista y atraerlo a la centralidad, aseguran.

La UE, en contra de cualquier proceso ilegal

En el Ejecutivo de Rajoy son conscientes de que a las malas Artur Mas tiene mucho que perder porque la ley está de su lado, el Tribunal Constitucional tumbará (como ha hecho hasta ahora) todas las iniciativas que rebasen el marco constitucional y porque la Unión Europea es contraria al proceso soberanista catalán si éste se realiza al margen de la ley española. Ningún país de la UE reconocería la eventual independencia unilateral catalana y, en caso de lograrla, supondría de facto su expulsión de la zona euro sólo con que un país miembro lo solicitara.

Y el Gobierno de España, además, siempre tiene la opción de una medida extrema (que nadie desea, recalcan desde el Ejecutivo de Rajoy) como sería la aplicación del artículo 155 para forzar la suspensión de la autonomía y el control de ésta por parte del Estado, del que la Generalitat Catalana forma parte. Para ello, recuerdan además que hay una mayoría de catalanes que rechaza la independencia. Pero todo ello sólo ocurriría en el caso de que Artur Mas siguiera adelante con el proceso, sostienen en el Gobierno. Justo es lo que se pretende con la posible oferta de financiación autonómica que estaría sopesando seriamente Rajoy, evitar que Mas se lance al abismo. Rivera

El principal problema para CiU vendría de ERC, partido que ahora mismo pisa los talones en las encuestas a la formación que lidera Artur Mas, y que tiene por principal objetivo político la independencia de Cataluña. Romper la eventual alianza con la formación que lidera Oriol Junqueras sería complicado de ‘vender’ para CiU en Cataluña, salvo que la ruptura fuera debido a que Artur Mas ha logrado un sistema de financiación muy beneficioso para Cataluña, que el dirigente nacionalista podría calificar casi como ‘pacto fiscal’. Y, además, Mas y CiU podrían volver a entenderse con otros muchos partidos del arco parlamentario catalán en ese punto, como el PSC (fundamentalmente), pero también en temas concretos incluso con el PP (si hubiera acuerdo), Podemos y hasta Ciudadanos, partido que rechaza frontalmente la independencia.

Lo primero, las elecciones municipales iglesias-colau

No obstante, las cúpulas del PP y de CiU, y los Ejecutivos español y catalán indirectamente, están centrados y volcados ahora en las elecciones municipales del 24 de mayo (y autonómicas en otras 13 regiones), y el posible ofrecimiento no se produciría hasta pasados estos comicios.

En el Gobierno creen que CiU necesitará al PSC para poder salvar el Ayuntamiento de Barcelona, y eso en el caso de que logren vencer a Ada Colau, a la que el CIS otorgaba la victoria en votos y concejales. Un eventual pacto de Xavier Trias con los socialistas ayudaría a arrastrar a CiU hacia la moderación. También creen que el poder hegemónico de CiU en las Diputaciones Provinciales puede quedar algo mermado con la mayor fragmentación municipal.

Todo ello, sostienen fuentes del Gobierno de Rajoy, ayudaría a un entendimiento en el que están volcados pesos pesados del empresariado catalán, Duran i Lleida, Miquel Iceta (líder del PSC) y del que Sáenz de Santamaría y Margallo son partidarios, aunque conscientes de que el posible acuerdo tendrá mucha oposición tanto desde los sectores más independentistas de Cataluña como desde las posiciones más reacias a concesiones a Cataluña dentro del propio PP, entre ellos algunos barones.