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"No hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras" Juan Luis Vives

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Al borde del precipicio… algo se empieza a mover en Cataluña y España

En una situación de máxima tensión en las calles de Cataluña y gran preocupación en el resto de España. Con un Govern en rebeldía amenazando con una declaración unilateral de independencia y un Gobierno de España que no está logrando ni aplacar la insurrección ni encontrando vías de entendimiento y diálogo. Con decenas de miles de catalanes independentistas protestando en las calles frente a la “represión policial” y con decenas de miles de catalanes no independentistas indignados con la deriva ilegal del Govern. Con el Jefe del Estado, Felipe VI, llamando al respeto del orden constitucional, apoyado por el PP, Ciudadanos y gran parte del PSOE, y cuestionado por los nacionalistas, Podemos y algunos socialistas.  Con el conflicto copando las portadas y las televisiones de los grandes medios de comunicación mundiales. Con los grandes organizaciones empresariales muy preocupadas y algunas empresas catalanas cayendo con fuerza en la bolsa y otras migrando a otras regiones. Con Cataluña al borde del caos y el enfrentamiento social… parece que algo se mueve a nivel político.

Rajoy y Puigdemont

El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, regala un facsímil de El Quijote al presidente de la Generalitat Carles Puigdemont en La Moncloa. Paco Campos/EFE

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dejado pasar unos días antes de aprobar la declaración unilateral de independencia (hasta el próximo lunes), seguramente esperando una vía de diálogo con el Estado español, exigida por la Unión Europea. Pero al mismo tiempo hace declaraciones en medios de comunicación internacionales pronosticando que declarará la independencia. Puigdemont confía, probablemente, en buscar un acuerdo que se base en un referéndum de independencia pactado con el Estado. Legal y vinculante. La CUP de Anna Gabriel exige la declaración de independencia ya, el lunes a más tardar, mientras ERC de Oriol Junqueras quiere forzar la máquina al máximo, pero, en la línea de Puigdemont, creen que la más deseable sería un referéndum pactado con el Estado, si Rajoy (más Sánchez y Rivera) se aviene forzado por la amenaza de ruptura y la presión internacional.

El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, busca que la presión de Alemania y Francia, y del Vaticano fuercen a una negociación pero siempre en el marco de la Constitución Española. El acuerdo se basaría en una reforma de la Carta Magna con un nuevo sistema de financiación autonómica que beneficiaría a Cataluña y otras CCAA, pero sobre la base innegociable para el PP de que la soberanía nacional seguiría siendo del conjunto del pueblo español.

Rajoy ha frenado la tesis del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de aplicar ya el artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones autonómicas anticipadas en Cataluña. Solo lo haría, la aplicación del 155, si Puigdemont declarara la independencia de forma unilateral. Llegado a ese extremo de ruptura total, el Gobierno de España, según fuentes del PP, haría valer toda la fuerza coercitiva del Estado, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, y el beneplácito de la Unión Europea (Merkel y Macron piden a Rajoy que agote las vías de diálogo, pero le apoyarán en la opción de restituir por la fuerza el orden constitucional si Puigdemont rompe la baraja).

Pedro Sánchez con Pablo Iglesias

Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. EFE

El PSOE de Pedro Sánchez está apoyando al Gobierno de España, pero sigue haciendo gestos hacia el Govern en busca de un posible acuerdo para desbloquear la complicada situación. Fuentes de Ferraz aseguran que Sánchez rechaza aplicar el artículo 155, como sí exigen ex dirigentes socialistas como Alfonso Guerra, e incluso ha pedido reprobar a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría por la actuación “desproporcionada” de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil para evitar el referéndum del 1 de octubre. No obstante, existe división interna en el PSOE. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, está en desacuerdo y pide centrar la crítica en quienes considera que han quebrado la ley, Junts pel Sí y la CUP, y no en el Gobierno de España. En cualquier caso, Pedro Sánchez quiere dejar una puerta abierta al diálogo con los independentistas en busca de un acuerdo hacia una España federal, descentralizada, en la que Cataluña tendría un reconocimiento como nación, dentro de una España nación de naciones. También apuesta por conceder un estatus especial a Cataluña, con competencias blindadas a nivel cultural, como le ha pedido Miquel Iceta, líder del PSC. Pero, como Rajoy y Rivera, Pedro Sánchez apuesta por una reforma constitucional en la que no se pusiera en cuestión que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español.

Manifestación independentista

Senyeras y esteladas en la movilización de la ANC y Òmnium el 11-S en Barcelona. (ACN)

Pablo Iglesias y Ada Colau rechazan tanto la declaración unilateral de independencia como la aplicación del artículo 155. Apuestan por una mediación internacional en busca de un referéndum pactado y vinculante, en la línea de lo que reclama Carles Puigdemont. Pero, eso sí, sin aprobar en ningún caso una independencia sin celebrar antes un referéndum con garantías y acordado con el Estado español.

Podemos apuesta por primera vez por un diálogo directo entre el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, -no pedirá su dimisión si hay opciones de diálogo- y por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, así como entre todas las fuerzas políticas españolas. Socios de Podemos como Izquierda Unida o Compromís discrepan con Iglesias en cuanto a la mediación internacional y creen que deben ser los políticos españoles quienes sean capaces de solucionar el problema. Así lo ha manifestado Alberto Garzón.

Pablo Iglesias quiere una reforma de la Constitución hacia un Estado federal español y plurinacional, que reconociera el derecho de autodeterminación también a Euskadi y Galicia.

Rajoy con Urkullu

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el lehendakari, Íñigo Urkullu.

Y otro actor clave es el Gobierno vasco de Íñigo Urkullu y el PNV, que se ha ofrecido como mediador entre las dos partes, el Gobierno de Rajoy y el de Puigdemont. Urkullu apuesta, como Iglesias, por un referéndum pactado como fórmula para superar el conflicto, aunque cree que Euskadi podría sentirse cómoda en España si ésta pasa a ser un Estado plurinacional.

Sobre toda esta complejidad surge, pese a todo, una pequeña esperanza de abrir vías de diálogo en busca de una solución que, en ningún caso, pasara por la balcanización de España. Al borde del precipicio, algo empieza a moverse. Ojalá sea positivo.

Prisiones, Seguridad Social, selección vasca… el PP teme el peaje del PNV

Las cuentas están claras para que Mariano Rajoy pueda superar la investidura como presidente del Gobierno y formar un nuevo Ejecutivo. O bien logra la abstención del PSOE, que sería suficiente para iniciar la legislatura con el voto a favor del PP, o bien logra que voten a favor Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y la abstención o voto a favor de Nueva Canarias.

Rajoy con Urkullu

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el lehendakari, Íñigo Urkullu.

Desde el PP están trabajando en ambas direcciones. Por un lado, tratar de convencer al PSOE de que facilite la investidura y “la conformación del Gobierno cuanto antes por el bien de España”. Para ello, Rajoy está dispuesto a ofrecer un Gobierno de coalición al Partido Socialista. Si se niega, al menos reclamara su abstención. En el PP recalcan que “la sociedad española no aguantaría unas terceras elecciones” y confían en que, llegados a este extremo y aunque fuera en el último minuto, el PSOE no bloquearía la investidura de Rajoy.

En esta línea se han manifestado dirigentes del PSOE como Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, o el ex ministro Javier Solana. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha dejado claro que corresponde a Rajoy buscar los apoyos para conformar gobierno entre los partidos de centro-derecha, pero también ha sentenciado que el PSOE debe estar en la oposición y que no puede haber de ninguna manera unas terceras elecciones generales.

Pero la posición actual de la Ejecutiva del PSOE es votar en contra de la investidura de Rajoy y, por ello, el PP ha iniciado el plan B, también difícil: buscar el apoyo de Ciudadanos, el PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias.

El acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco se antoja harto complicado para el PP. Y por ello Rajoy prevé encomendar a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría la tarea de negociación con los huesos más duros, el lehendakari Urkullu y el presidente del PNV Andoni Ortuzar. Rajoy y Santamaría estarán coordinados también con el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso.

El lehendakari Urkullu

El lehendakari Urkullu

Un punto que dificulta mucho el entendimiento con el PNV es que las elecciones autonómicas vascas se celebrarán el próximo mes de octubre, y al lehendakari Íñigo Urkullu no le interesa mucho dar una imagen de entendimiento ni con el PP, ni menos aún con Ciudadanos, partido que defiende la supresión del Concierto Económico y de las diputaciones provinciales y forales. Ambas pretensiones suponen un “ataque al autogobierno vasco”, según fuentes del PNV.

Pero el PP, que como los nacionalistas vascos defiende el Concierto y las diputaciones forales, confía en apelar a la tradición histórica de entendimiento del PNV con el Gobierno central, especialmente cuando PP o PSOE gobiernan en minoría y les necesitan. A cambio, claro está, deberán otorgar contrapartidas beneficiosas para Euskadi.

¿En qué consiste la llamada ‘agenda vasca’?

Ortuzar, presidente del PNV

Ortuzar, presidente del PNV

En primer lugar la transferencia de todas las competencias que faltan del Estatuto de Gernika. Según el Gobierno vasco faltan 24 materias pendientes de transferir, entre ellas la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y la política penitenciaria.

El Ejecutivo vasco ha reclamado en varias ocasiones asumir en su presupuesto lo que gasta la Seguridad Social en prestaciones contributivas en Euskadi, que rondaría los 7.000 millones de euros.

Este punto es complicado para lograr un entendimiento, ya que el PP, y también Ciudadanos, siempre han mostrado su oposición a lo que consideran ruptura de la caja única de la Seguridad Social. El PNV alega que se trata de cumplir el Estatuto de Gernika.

La gestión de las prisiones vascas, que ya están transferidas en Cataluña, será probablemente otra de las exigencias del PNV al Partido Popular. Históricamente, los Gobiernos de España tanto del PSOE como del PP se han negado a transferir la gestión de las cárceles vascas al Ejecutivo vasco, y el PNV tampoco las ha reclamado con verdadera insistencia.

Pero después de que la banda terrorista ETA anunciara en octubre de 2011 el cese definitivo de su actividad armada, el Gobierno del PP podría plantearse la cesión, aunque inicialmente se opondrá, especialmente si es una exigencia irrenunciable del PNV, tanto la gestión de los centros penitenciarios como el acercamiento de presos etarras a las prisiones de Euskadi (actualmente diseminados por cárceles del resto de España).

Quedan otras competencias autonómicas menos relevantes, relativas al turismo, meteorología, agricultura… que no debería haber problema en que el Gobierno central las cediera al Ejecutivo vasco, si hubiera acuerdo.

¿Y cuáles son los puntos más alejados entre el PNV y el PP?

El denominado por el nacionalismo nuevo Estatus de Euskadi no ha sido muy concretado por el PNV ni tampoco por el lehendakari Iñigo Urkullu, pero podría asemejarse al llamado plan Ibarretxe, aunque con una nomenclatura más suave. Los nacionalistas vascos son conscientes de que el sentimiento independentista ha caído mucho en Euskadi en los últimos años, y es solo del 21% de los ciudadanos. De hecho, Urkullu se ha desmarcado del proceso separatista catalán e incluso lo ha criticado abiertamente.

Eso no quita, no obstante, que el PNV pretenda superar el Estatuto de Gernika con un ambicioso nuevo Estatus que refuerce el autogobierno, aunque está todavía por concretar. En su aspiración máxima podría llegar a considerar al País Vasco un Estado libre asociado a España, y con capacidad de autodeterminación.

Tanto fuentes del PNV como del PP dan por hecho que este punto no será una exigencia de negociación, porque supondría la ruptura inmediata de todo posible acuerdo. No obstante, desde el PNV recalcan que Urkullu concretará en qué consiste el nuevo Estatus vasco tarde o temprano, posiblemente tras las elecciones autonómicas de octubre y una vez quede despejado el horizonte político a nivel vasco, español y europeo (salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, posible referéndum de independencia en Escocia…).

Selección vasca de fútbol

Selección vasca de fútbol

Y otro punto que aleja al PNV del PP y de Ciudadanos son las selecciones nacionales vascas. Es una antigua aspiración nacionalista, tener una selección de fútbol propia (y del resto de deportes) que en Euskadi contaría con el apoyo no solo del PNV y Bildu, sino también de Podemos. Solo se oponen el PSE y el PP, partidos ambos con menor respaldo social. Por su parte, Ciudadanos es casi marginal en Euskadi.

Dadas las enormes dificultades de lograr un pacto entre el PP y el PNV, Rajoy encomendará a Soraya Sáenz de Santamaría, con toda probabilidad, la negociación con el lehendakari Urkullu y con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, para buscar todos los posibles puntos de entendimiento. Rajoy asumirá la primera ronda exploratoria de contacto.

Fuentes del PP aseguran que si el PNV antepone la voluntad pactista con peticiones asumibles, sean las que sean, se podrán entender. En cambio, “si se tiran al monte con reclamaciones soberanistas inconstitucionales significará que quieren forzar una ruptura de negociaciones”. Llegados a este extremo, el PP efectivamente romperá negociaciones con el PNV y presionará al PSOE para que se abstenga y facilite la gobernación de España.

Fuentes socialistas y populares coinciden en augurar que el PNV ganará las próximas elecciones en el País Vasco, pero sostienen que será con poca distancia sobre Podemos. Urkullu, en ese caso, posiblemente necesitará el apoyo del Partido Socialista de Euskadi, e incluso del PP. Los partidos constitucionalistas le darían respaldo, pero tendría que renunciar a un nuevo estatuto inspirado en el plan Ibarretxe. En la oposición podrían quedar, según las fuentes socialistas y populares, Podemos y Bildu.

En cambio, si Podemos venciera al PNV, podría haber un gobierno del partido de Pablo Iglesias, con el apoyo de Bildu y, posiblemente, también del PSE.

El tablero político vasco también influye, y mucho, en el tablero político español. Y la partida vasca dificulta un entendimiento, al menos de forma rápida, entre el PP y el PNV.

Así quiere Sánchez formar su gobierno, ¿se lo permitirán Mas y Junqueras?

Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, está decidido a intentar liderar un gobierno de centro-izquierda en España. Cree que puede lograrlo y piensa que en caso de no conseguirlo se convertiría en presa fácil para Susana Díaz, la lideresa socialista andaluza.

Rajoy con Sánchez

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Para ello, va a esperar su momento. Sabe que Mariano Rajoy, con el voto en contra del PSOE, no tiene posibilidad ninguna de ser investido presidente del Gobierno. El jefe del Ejecutivo en funciones sólo contaría con los 123 diputados del PP (122 más el díscolo Gómez de la Serna, que estará en el Grupo Mixto), así como los 40 escaños de Albert Rivera, que se ha mostrado –como Rajoy- partidario de un gobierno de concentración PP-PSOE-Ciudadanos.

Y nada más. Rajoy (con 163 escaños a favor) se quedará a 13 de la mayoría absoluta. Con un esfuerzo máximo y, sobre todo, con cesiones competenciales e inversiones relevantes en infraestructuras podría llegar a lograr el respaldo de los 6 escaños del PNV. Ese escenario se contemplaba en Moncloa antes de los comicios, quedarse a tres o cuatro escaños de la mayoría absoluta junto a Ciudadanos y necesitar al PNV. Pero se han quedado más lejos de lo que esperaban y la aritmética no cuadra: 163 escaños más seis del PNV serían 169 y Rajoy tampoco llegaría. Rivera

Además, el PNV es más proclive a entenderse con el PSOE –que ya es su socio prioritario en el Parlamento vasco y lo consideran un partido centralista pero menos reacio a ampliar competencias autonómicas-. El partido de Íñigo Urkullu no tiene ahora malas relaciones con el PP, e incluso coinciden en muchos proyectos e iniciativas de corte económico y laboral, pero los nacionalistas vascos sí se oponen frontalmente a Ciudadanos, el único partido –junto a UPyD– que hablaba abiertamente de eliminar el concierto vasco y recentralizar competencias.

Así, Pedro Sánchez da por hecho que, si Rajoy fracasa en su intento de conformar un gobierno, el Rey Felipe VI tanteará sus opciones y le encargará a él la tarea de armar un nuevo Ejecutivo. Pedro Sánchez tendrá seguramente su oportunidad y la quiere aprovechar.

¿Pero cómo? El PSOE cuenta con sus 90 escaños, más los dos de IU, que pese a obtener un resultado digno en votos, se hundió en escaños y no está para grandes exigencias. El gran socio del PSOE sería Podemos, con 69 escaños. El escollo principal es el referéndum de autodeterminación en Cataluña. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, quiere mantener el pulso a favor del referéndum hasta el límite. No quiere renunciar al llamado derecho a decidir, una promesa electoral de En Comú-Podem, que les llevó a ganar con claridad las elecciones generales no sólo en Barcelona sino en el conjunto de Cataluña. En Comú-Podem logró 12 escaños con el 24,74% de los votos, por los 9 de ERC (15,98%), 8 del PSC (15,7%) y DL (15,08%, el partido de Artur Mas), y 5 de C’s (13,05%) y el PP (11,12%). iglesias-colau

Fue un triunfo histórico en Cataluña y tanto Ada Colau como Pablo Iglesias saben que renunciar al llamado derecho a decidir sería engañar a su casi millón de votantes catalanes. La CUP y ERC serían los grandes beneficiados en un futuro de esta promesa incumplida.

Además, en Galicia, la coalición Podemos-En Marea-Anova-EU logró un gran resultado, segunda fuerza con seis escaños y el 25,04% de los votos, por detrás del PP (10 escaños, pero por delante del PSOE en votos y con los mismos escaños) también con la promesa de defender el derecho a decidir tanto en Cataluña como en el “resto de naciones del Estado, como Galicia”. Y tampoco están dispuestos a renunciar a su promesa electoral.

Pedro Sánchez es muy consciente de que el Comité Federal del PSOE, a instancias de Susana Díaz, le ha puesto como límite para pactar con Podemos que la formación que lidera Pablo Iglesias renuncie al derecho de autodeterminación. El artículo 1 apartado dos de la Constitución Española dice textualmente: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Chacon-Diaz

La postura histórica de los dos grandes partidos españoles, el PP y el PSOE, es que cualquier eventual referéndum que afecte a la soberanía nacional, que afecte por tanto a la unidad de España, se debería realizar al conjunto del pueblo español, y no a una parte de él (en este caso Cataluña). Esa posición es compartida por otros partidos nacionales, como Ciudadanos.

Podemos e IU, en cambio, defienden que el referéndum debería ser en la región afectada (ya fuera esta Cataluña o Euskadi), alineándose con las tesis de los partidos nacionalistas, pero con la diferencia sustancial de que tanto el partido de Pablo Iglesias como el de Alberto Garzón aseguran que defenderían un ‘No a la independencia’ en un hipotético referéndum. Además, ambos partidos contraponen a la independencia y al actual Estado autonómico una tercera vía consistente en un Estado plurinacional plenamente descentralizado y federado.

Fuentes del PSOE creen que en este punto podría llegar el entendimiento con Podemos (también con IU). Aparcar el referéndum a cambio de apostar por una profundización del Estado federal y plurinacional, así como un nuevo sistema de financiación autonómica. Pedro Sánchez no se negaría a calificar a Cataluña como nación, en la línea de lo que defiende el PSC. Pero sabe que varios de sus barones no se lo pondrían nada fácil, como Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Javier Fernández (Asturias), Emiliano García Page (Castilla-La Mancha), además de Susana Díaz (Andalucía).

Pero 90 (PSOE), más 69 (Podemos y sus aliados), más dos (IU), 161, siguen sin dar para la mayoría absoluta. E incluso serían menos que los 163 de PP y Ciudadanos.

¿Cómo prevé conseguir Pedro Sánchez los escaños que le faltan?

Da por hecho que puede lograr el voto a favor de los seis parlamentarios del PNV (bastaría con seguir apoyando un gobierno cómodo de Urkullu, comprometerse a culminar el Tren de Alta Velocidad a toda Euskadi y ceder algunas competencias estatales, el PNV cifra en 35 las pendientes del Estatuto de Guernika).

De lograrlo ya serían 167 diputados, cuatro más que los 163 del PP y Ciudadanos. Pedro Sánchez también podría lograr fácilmente el apoyo del único diputado de Coalición Canaria, con quien ya gobierna en coalición en Canarias. Ya sumarían 168.

Bildu, con dos escaños, podría abstenerse, o incluso votar a favor del gobierno PSOE-Podemos-IU. No en vano, difícilmente Bildu se opondrá a un gobierno en el que esté Podemos, que ha sido socio electoral en Navarra en los recientes comicios –en el Senado- y con quienes comparten gobierno autonómico en Navarra o municipal en Pamplona.

La clave volverá a estar en Cataluña. El voto en contra de ERC (nueve escaños) y de Democràcia i Llibertat (el partido de Artur Mas, ocho escaños) impediría el gobierno “progresista” al que aspira a liderar Pedro Sánchez. artur mas

¿Qué puede ofrecer el secretario general del PSOE a ERC y CDC, dos partidos que están abiertamente por la ruptura de España y la independencia de Cataluña, para que le voten a favor, o al menos se abstengan los dos?

El aludido referéndum de autodeterminación no, ya que es una línea roja que le ha marcado expresamente el Comité Federal del PSOE a Pedro Sánchez.

¿Un Estado plurinacional y federal que reconozca a Cataluña como nación, además de un nuevo sistema de financiación que primara a la región? Difícilmente contentaría a quienes pretenden la independencia total, y además contaría con el recelo de los barones más poderosos del PSOE (Díaz, Page, Vara, Fernández, Puig…), además de con la oposición frontal del PP y de Ciudadanos.

Pedro Sánchez y Ximo Puig

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Por la vertiente social, y la influencia de la izquierda catalana, desde el PSC y En Comú-Podem quizá podrían arrastar a la abstención de ERC. ¿Pero cómo convencería Pedro Sánchez a Artur Mas y Carles Puigdemont, nuevo presidente de la Generalitat catalana para que se abstengan sus diputados? ¿A cambio de qué? Esa es la gran incógnita sobre la investidura de Pedro Sánchez.

Necesitará, probablemente, mayoría simple en segunda votación. La clave será la posición de ERC y el partido de Artur Mas. Si votan en contra de su investidura, habrá nuevas elecciones en España. Si se abstienen, habrá gobierno de centro-izquierda, seguramente del PSOE apoyado en el Parlamento por Podemos, IU y el PNV como socios centrales.

Runrún en Moncloa: casi pacto fiscal para Artur Mas si suspende el 27-S y evita la declaración de independencia

mas-rajoy En el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, a muy alto nivel, se está extendiendo una idea reclamada desde el empresariado catalán que se está barajando seriamente en Moncloa para tratar de lograr un acuerdo con el Gobierno catalán que preside Artur Mas: una ambiciosa reforma de la financiación autonómica beneficiosa para Cataluña (cercana al pacto fiscal vasco) a cambio de que CiU se olvide de la convocatoria anticipada de elecciones prevista para el 27 de septiembre y la posterior amenaza de declaración unilateral de independencia. Ésta se daría sólo con el acuerdo de CDC, ERC y la CUP, en el hipotético caso de que alcanzaran mayoría absoluta en el Parlament, y la oposición de Ciutadans, el PSC, el PP, Podemos e ICV, y posiblemente incluso UDC, la formación de Duran i Lleida.

El acuerdo con Artur Mas, además, debería suponer también la renuncia al llamado derecho a decidir, que en el Gobierno central consideran ilegal por rebasar la Constitución, o al menos que CiU aparcara la posibilidad de celebrar referéndums inconstitucionales durante una larga temporada.

Se buscaría una solución a la británica, al estilo de la que David Cameron tiene previsto ofrecer al Gobierno autónomo de Escocia: más dinero y competencias a cambio de cohesionar el Reino Unido durante el máximo tiempo posible.

Rajoy estaría sopesando esta opción, pese a sus evidentes riesgos, para buscar una solución duradera al conflicto catalán. Al acuerdo, consideran en el Gobierno, podrían sumarse también el PSC y el PSOE (partidarios también de ofrecer a Cataluña algunas concesiones simbólicas, como aceptar el término ‘nación’ o el blindaje de competencias en materia cultural y lingüística). Duran i Lleida

El líder de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran i Lleida, lleva mucho tiempo trabajando en esta línea y sus reuniones y comidas con dirigentes y diputados del PP y el PSOE son relativamente frecuentes, y también con representantes del empresariado madrileño. Pero especialmente con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que siempre ha tratado de dar una imagen de búsqueda del acuerdo con el Gobierno catalán, como le ha sugerido el propio Duran, convencido éste de que más pronto que tarde se tendrá que llegar a un acuerdo entre el Gobierno de España y el Ejecutivo catalán.

En Moncloa también creen que dos partidos que van a ser importantes en Cataluña, como Podemos y Ciutadans, podrían respaldar el acuerdo, cada uno con sus matices. E incluso ICV, los socios de Izquierda Unida en Cataluña.

Rechazo al pacto fiscal en 2012

Para Rajoy, el principal problema sería que Artur Mas inició el llamado proceso independentista catalán justo después de que el presidente del Gobierno de España rechazara, en septiembre de 2012, una petición expresa de pacto fiscal. Entonces, Rajoy le dijo a Mas que no había “margen para negociar”.

Vender ahora una oferta de pacto fiscal para Cataluña podría provocar que desde sectores del PP cercanos a las tesis de Aznar y FAES, y desde algunos medios de comunicación, se acusara a Rajoy de claudicar ante Mas.

Pero los defensores en el Gobierno de buscar un acuerdo con el Ejecutivo catalán creen que en ningún caso se trataría de una rendición, todo lo contrario. Sostienen que tres años después la deriva de Mas la sociedad catalana se ha fragmentado (los partidarios del ‘No’ a la independencia representan el 48% de los catalanes frente al 44% de los defensores del ‘Sí’, según el último barómetro del Centre d’Estudi d’Opinió (CEO) de la Generalitat). Recuerdan también que CiU se ha desplomado desde 2010, ese año logró 62 escaños (cerca de la mayoría absoluta), cayó a 50 en los comicios de 2012 y ahora los distintos sondeos le dan entre 30 y 35 diputados. artur mas

Artur Mas, atenazado por ERC y la ANC

Y creen que el president de la Generalitat estaría buscando una salida honrosa al conflicto, pero creen que se encuentra atenazado por ERC y, sobre todo, por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), el movimiento popular independentista que lidera Carme Forcadell.

Por ello, algunos ministros creen en el Gobierno que sería un buen momento de tratar de acercar posturas con Artur Mas antes de que se meta en un callejón sin salida definitivo y quede a expensas de ERC. En esta línea estarían, además de Sáenz de Santamaría, el ministro de Asuntos Exteriores, José María García-Margallo, que siempre ha considerado que se puede ofrecer una reforma del sistema de financiación que beneficie a Cataluña, pero también a otras comunidades autónomas que lo reclaman de forma urgente como Madrid, la Comunidad Valenciana o Baleares. Las regiones que se opondrían serían, fundamentalmente, Extremadura, Galicia o Asturias.

El resultado que se pretende, consideran dirigentes del Gobierno, no obstante, valdría la pena: lograr un acuerdo con el Ejecutivo catalán, suspender el adelanto de las elecciones autonómicas y el riesgo de una posterior declaración unilateral de independencia, así como distanciar a CiU del bloque separatista y atraerlo a la centralidad, aseguran.

La UE, en contra de cualquier proceso ilegal

En el Ejecutivo de Rajoy son conscientes de que a las malas Artur Mas tiene mucho que perder porque la ley está de su lado, el Tribunal Constitucional tumbará (como ha hecho hasta ahora) todas las iniciativas que rebasen el marco constitucional y porque la Unión Europea es contraria al proceso soberanista catalán si éste se realiza al margen de la ley española. Ningún país de la UE reconocería la eventual independencia unilateral catalana y, en caso de lograrla, supondría de facto su expulsión de la zona euro sólo con que un país miembro lo solicitara.

Y el Gobierno de España, además, siempre tiene la opción de una medida extrema (que nadie desea, recalcan desde el Ejecutivo de Rajoy) como sería la aplicación del artículo 155 para forzar la suspensión de la autonomía y el control de ésta por parte del Estado, del que la Generalitat Catalana forma parte. Para ello, recuerdan además que hay una mayoría de catalanes que rechaza la independencia. Pero todo ello sólo ocurriría en el caso de que Artur Mas siguiera adelante con el proceso, sostienen en el Gobierno. Justo es lo que se pretende con la posible oferta de financiación autonómica que estaría sopesando seriamente Rajoy, evitar que Mas se lance al abismo. Rivera

El principal problema para CiU vendría de ERC, partido que ahora mismo pisa los talones en las encuestas a la formación que lidera Artur Mas, y que tiene por principal objetivo político la independencia de Cataluña. Romper la eventual alianza con la formación que lidera Oriol Junqueras sería complicado de ‘vender’ para CiU en Cataluña, salvo que la ruptura fuera debido a que Artur Mas ha logrado un sistema de financiación muy beneficioso para Cataluña, que el dirigente nacionalista podría calificar casi como ‘pacto fiscal’. Y, además, Mas y CiU podrían volver a entenderse con otros muchos partidos del arco parlamentario catalán en ese punto, como el PSC (fundamentalmente), pero también en temas concretos incluso con el PP (si hubiera acuerdo), Podemos y hasta Ciudadanos, partido que rechaza frontalmente la independencia.

Lo primero, las elecciones municipales iglesias-colau

No obstante, las cúpulas del PP y de CiU, y los Ejecutivos español y catalán indirectamente, están centrados y volcados ahora en las elecciones municipales del 24 de mayo (y autonómicas en otras 13 regiones), y el posible ofrecimiento no se produciría hasta pasados estos comicios.

En el Gobierno creen que CiU necesitará al PSC para poder salvar el Ayuntamiento de Barcelona, y eso en el caso de que logren vencer a Ada Colau, a la que el CIS otorgaba la victoria en votos y concejales. Un eventual pacto de Xavier Trias con los socialistas ayudaría a arrastrar a CiU hacia la moderación. También creen que el poder hegemónico de CiU en las Diputaciones Provinciales puede quedar algo mermado con la mayor fragmentación municipal.

Todo ello, sostienen fuentes del Gobierno de Rajoy, ayudaría a un entendimiento en el que están volcados pesos pesados del empresariado catalán, Duran i Lleida, Miquel Iceta (líder del PSC) y del que Sáenz de Santamaría y Margallo son partidarios, aunque conscientes de que el posible acuerdo tendrá mucha oposición tanto desde los sectores más independentistas de Cataluña como desde las posiciones más reacias a concesiones a Cataluña dentro del propio PP, entre ellos algunos barones.

Toni Cantó naufraga en Valencia: los sondeos dejan a UPyD fuera de Les Corts

Dos encuestas conocidas en un breve intervalo (una de Metroscopia publicada por El País el 9 de octubre y otra de Sigma Dos difundida por el PP valenciano el 14 de octubre) coinciden en que UPyD, la formación que lidera Rosa Díez, no entraría, a día de hoy, en Les Corts Valencianes al no superar la barrera electoral del 5% de los votos a nivel autonómico. Sigma Dos le otorga un 3,8% de los votos y Metroscopia aún menos, un 3,3%.

El diputado de UPyD Toni Cantó. (EFE)

El diputado de UPyD Toni Cantó. (EFE)

Tal resultado sería un fracaso absoluto para la formación magenta, especialmente porque en los pasados comicios europeos de junio logró un buen resultado, 8,47% de los votos (147.723 sufragios). Y porque además el diputado nacional y conocido actor Toni Cantó será previsiblemente su candidato a presidente de la Generalitat: este sábado se enfrentará en primarias a otros dos candidatos, los desconocidos José Vera (un médico de 75 años de Elche) y Ernesto Santillán (un dirigente de Valencia que tiene cierto predicamento entre las bases).

Es cierto que las encuestas son sólo eso encuestas, pero sí apuntan tendencias, y la de UPyD en la Comunidad Valenciana, uno de sus principales graneros de voto, no es nada buena pese al fuerte desgaste tanto del PP como, en menor medida, del PSPV-PSOE.

¿Qué ha pasado para que UPyD no sólo vea frenado su ascenso, sino que incluso sufra un significativo retroceso?

En mi opinión varios factores están debilitando a la formación magenta de Rosa Díez y Toni Cantó, no sólo en la Comunidad Valenciana sino en toda España.

Una muy importante es la potente irrupción de Podemos, el partido de Pablo Iglesias, que con su mensaje ‘anticasta’ y ‘antiprivilegios’ ha eclipsado a UPyD como el partido abanderado de la regeneración política. E incluso los ha englobado dentro del ‘establishment’ y, por tanto, una parte más de la ‘casta’.

Otro asunto que ha debilitado, y mucho, a UPyD es su guerra interna a raíz del hipotético pacto con Ciudadanos. Los improperios cruzados entre el eurodiputado Francisco Sosa Wagner, defensor de la alianza con el partido de Albert Rivera, y los diputados nacionales Irene Lozano y Carlos Martínez Gorriarán sin duda ha dañado la imagen de partido de aire fresco y sensato de UPyD.

El pasado 19 de agosto Wagner denunció que en UPyD hay “prácticas autoritarias”, en alusión sin citarla a Rosa Díez. Por su parte, Lozano contestó al día siguiente que “es difícil” que alguien “iguale en mezquindad” al eurodiputado por el que sólo dos meses antes pedían el voto. Y Martínez Gorriarán fue más allá: acusó a Sosa Wagner, que fue el cabeza de lista de UPyD al Europarlamento, de practicar “corrupción política pura, ha engañado masivamente, es un mentiroso al 100%”.

La guerra interna, que ha derivado en apertura de expedientes disciplinarios para todos ellos, no ha acabado, aunque sí ha menguado. Wagner, de hecho, se congratuló del nombramiento de Miguel Arias Cañete como comisario europeo de Energía, mientras que horas después Martínez Gorriarán la consideró “una mala noticia”.

Albert Rivera

El presidente de Ciutadans, Albert Rivera.

El posible pacto con Ciudadanos, que es prácticamente imposible según confiesan fuentes de la dirección de UPyD, sigue debilitando a la formación de Rosa Díez. De hecho, Albert Rivera, casi omnipresente en ciertos medios de comunicación nacionales debido al proceso independentista que se vive en Cataluña, aprovecha para presentar a Ciudadanos como un partido nacional, nuevo, defensor de la unidad de España y que, según dice, a diferencia de UPyD antepone los intereses nacionales a los de partido, al buscar una alianza con Rosa Díez. Le va comiendo terreno, creando estructuras internas por todas las comunidades y realizando un mensaje similar en asuntos como la defensa de la unidad de España, mientras les acusa de no tender puentes, sino lo contrario, hacia un pacto electoral. Y UPyD no está sabiendo combatir a nivel comunicativo la inteligente estrategia de Ciudadanos y Albert Rivera.

Pero el resultado final puede ser que ambos partidos obtengan unos resultados pobres en muchas comunidades y ayuntamientos, al quedar fragmentados. Para Ciudadanos no sería tan malo porque sería su primera intentona, seguramente entrará en bastantes ayuntamientos pequeños y medianos, y, además, prevé un crecimiento significativo en Cataluña. Pero sí para UPyD, un partido más obligado a dar un salto cuantitativo y cualitativo importante, especialmente en un contexto de una crisis económica, social y política que ya dura seis años y que está debilitando mucho al bipartidismo tradicional.

Comunidad Valenciana, fragmentación política

Una de las pruebas es la Comunidad Valenciana donde UPyD y Ciudadanos, de poder entrar con fuerza en el Parlamento valenciano y los principales ayuntamientos (Valencia, Alicante, Elche, Castellón…) pueden quedar fuera de casi todos ellos.

González Pons con Fabra

El eurodiputado del PP, Esteban González Pons, con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra

Volviendo a los sondeos, ambos arrojan un retroceso del PP, que, aún ganando con claridad, perdería la mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana y lograría entre 32 diputados (Metroscopia) y 43 (Sigma Dos) con entre un 30% y un 36,4%. En el Parlamento valenciano están en juego 99 diputados, la mayoría absoluta se logra a partir de 50.

La segunda fuerza sería el PSOE que lograría entre 23 y 29 diputados. Podemos irrumpiría con mucha fuerza, al conseguir entre 17 y 20 escaños. Tanto Compromís como Esquerra Unida accederían también al Parlamento valenciano, pero con mucha menos fuerza de la prevista por la irrupción de Podemos: Compromís, coalición en la que tanto Mònica Oltra como Enric Morera aspiran a ser los candidatos a presidir la Generalitat, lograría entre 10 y 14 escaños; Esquerra Unida, por su parte lograría entre 5 y 7 diputados.

Así, lo lógico es que hubiera un pacto cuatripartito de izquierdas, en el que Podemos resultaría clave. El problema es que Pedro Sánchez, líder del PSOE, ya ha dicho que descarta pactar con “los populistas” de extrema izquierda, a quienes equipara con la extrema derecha francesa de Marie Le Pen.

Ximo Puig

El líder del PSPV, Ximo Puig, en la votación del secretario general del PSOE.

De acatar las órdenes de Pedro Sánchez, el líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, necesitaría entonces poder sumar más diputados que el PP con una alianza con Compromís y Esquerra Unida, para formar un gobierno en minoría, con el PP y Podemos en la oposición y que, juntos, sumarían más diputados que el equipo de gobierno.

Otra opción de gobierno sería un pacto PP-PSOE, el preferido por la clase empresarial valenciana, pero descartado en principio por Ximo Puig. Esta hipotética alianza sí sumaría una clara mayoría absoluta.

Y otra posibilidad de gobierno, con la que sueña Alberto Fabra, el actual presidente de la Generalitat, sería un gobierno en minoría del PP, con pactos puntuales con el PSPV-PSOE como socio prioritario, y casi exclusivo. Para ello, el PP valenciano necesitaría lograr una clara victoria electoral, cerca de la mayoría absoluta, que el PSOE quedara con un muy mal resultado y Podemos casi alcanzara a los socialistas.

Un Ximo Puig debilitado tendría muy complicado conformar un gobierno cuatripartito, de hecho el candidato de Podemos (que aún se desconoce) podría reclamarle ser el presidente, o presidenta, de la Generalitat Valenciana.

Pero para todo esto aún faltan mucho, las elecciones autonómicas son el 24 de mayo de 2015. Todos los partidos políticos tienen margen de mejora, y de empeoramiento.