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Puigdemont, lanzado, puede noquear a la débil ERC de Rovira… y beneficiar a C’s

La retirada de la orden de detención europea contra el ex president Carles Puigdemont puede permitir al candidato de Junts per Catalunya hacer campaña electoral por los municipios catalanes, mientras Oriol Junqueras continúa en la cárcel de Estremera y su partido, ERC retrocediendo en las encuestas.

Puigdemont

El expresident Carles Puigdemont en su intervención por videoconferencia desde Bruselas durante el acto electoral de inicio de campaña. EFE/Susanna Sáez.

Mientras Puigdemont ha podido realizar entrevistas y actos continuamente desde su ‘exilio’ en Bélgica, Junqueras apenas ha podido transmitir mensajse al exterior y el liderazgo de Esquerra Republicana ha sido asumido por Marta Rovira, quien se está diluyendo como un azucarillo en medio de una campaña electoral inédita por todas las circunstancias.

Puigdemont está remontando en los sondeos -la prueba más cercana es el sondeo del CIS– que sitúa ya al ex president en tercera posición. El ex alcalde de Girona decidió desterrar las siglas de su partido, el PDeCAT, y hacer una candidatura al Parlament a su gusto, provocando críticas internas en el partido que todavía trata de tutelar Artur Mas.

Pero la apuesta parece ir dándole buenos resultados, a tenor de la remontada electoral que está protagonizando a costa de la debilitada ERC, quien parecía tener la victoria asegurada. Ahora, sin embargo, es Ciudadanos y su candidata, Inés Arrimadas, quien se perfila como la candidata más votada en Cataluña y disputando la victoria en escaños a ERC.

Paradójicamente, en la medida en que Puigdemont remonte a costa de ERC estará facilitando la victoria de Ciudadanos y, en caso de confirmarse esta la noche del 21D, el mensaje al mundo podría ser pésimo para el independentismo: la victoria de un partido que nació en Cataluña para defender la unidad de España.

Arrimadas erige a Cs como la garantía para acabar con el procés interminable

La candidata de Ciudadanos Inés Arrimadas durante el inicio de campaña para las elecciones del 21 de Diciembre que el partido celebró en Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta

Puigdemont solo podría salvar los muebles si las candidaturas independentistas (Junts per Catalunya, ERC y la CUP) lograran revalidar la mayoría absoluta en escaños (en votos lo dan ya casi por perdido).

Mientras, en Moncloa y en la sede central del PP en la calle Génova se ve con suma preocupación el resultado de su partido en Cataluña: según el CIS quedará último perdiendo cuatro escaños. Y creen que el resultado podría ser incluso peor si cala la llamada al voto útil a Inés Arrimadas. El único consuelo, y no menor, sería que el independentismo perdiera la mayoría absoluta en primer lugar, y el segundo que se pudiera conformar una mayoría de gobierno constitucionalista.

En este supuesto, fuentes del PP consideran que será muy complicado, en el caso de que se confirmaran los resultados que augura el CIS, lograr un gobierno de corte constitucionalista, ya que la llave la tendría Catalunya en Comú-Podem, quien muy difícilmente apoyaría la investidura de Inés Arrimadas.

Creen más probable en el PP un gobierno socialista presidido por Miquel Iceta, y apoyado por Podemos, C’s y el PP -además de la antigua Unió Democràtica de Catalunya de Josep Antoni Duran i Lleida, ya semi engullida por el PSC-. En cualquier caso, la decisión que tomen Ada Colau y Pablo Iglesias será muy difícil: apoyar un gobierno independentista o un gobierno constitucionalista. La vía intermedia deseada por Pablo Iglesias (un tripartito de izquierdas presidido por ERC pero condicionado por su partido y el PSC) no sumaría mayoría absoluta. Si necesitaran a la CUP, el PSC nunca entraría en ese ya de por sí complicado gobierno tripartito.

El mensaje que se prepara desde Moncloa, más de cara al resto del Estado -y del mundo- que hacia Cataluña, es ‘vender’ que gracias a la aplicación del artículo 155 de la Constitución el Gobierno de Mariano Rajoy ha restituido la legalidad y el orden en Cataluña, y todo ello ha sido ratificado democráticamente en las urnas. Además, creen que una victoria de un partido constitucionalista en Cataluña -Ciudadanos- sería la estocada mortal al procés independentista.

Miquel Iceta

El candidato del PSC Miquel Iceta abrió su campaña electoral para las próximas elecciones del 21D en un acto celebrado en L’Hospitalet de Llobregat. EFE/Andreu Dalmau

En el PSOE, por su parte, esperan un muy buen resultado del candidato del PSC, Miquel Iceta, pero al mismo tiempo saben que, en el caso de que llegara a gobernar, podría suponer un gran problema para la estabilidad interna: sus mensajes a favor de un estado plurinacional, competencias blindadas para Cataluña, un hacienda propia catalana o la condonación de la deuda, podrían provocar ipso facto el rechazo del resto de federaciones socialistas, especialmente de la andaluza (Susana Díaz), la aragonesa (Javier Lambán) o la castellano-manchega (Emiliano García-Page). Todo ellos barones que se enfrentaron abiertamente a Pedro Sánchez en el proceso de primarias.

Así las cosas, la recién iniciada campaña catalana se juega en el tablero catalán, pero tiene consecuencias directas, y decisivas, en el tablero español. Y, por extensión, en la estabilidad de la Unión Europea de los Estados (cuestionada por Puigdemont) y las relaciones entre Estados Unidos, la UE y Rusia (a quien los dos primeros acusaron de interferir en los asuntos internos de España favoreciendo la causa independentista promoviendo noticias falsas en las redes sociales).

Lo que exigirán Coalición Canaria y Nueva Canarias a Rajoy para apoyarle

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que se va a reunir con todos los partidos para sondear la posibilidad de lograr su apoyo de cara a la investidura a la que deberá someterse por encargo del Rey Felipe VI. Rajoy mantiene que su oferta principal será un gobierno de gran coalición con el PSOE, acuerdo al que también prevé sumar a Ciudadanos.

Rajoy

El presidente del PP, Mariano Rajoy.

Ese es el plan A, pero el importante es el plan B, el que se está preparando ya en Moncloa.

Para que la investidura salga adelante, Rajoy necesita 176 votos a favor, o más síes que noes. Si logra que Ciudadanos, el PNV y Coalición Canaria le voten a favor, y Nueva Canarias (el famoso Pedro Quevedo) vote a favor o se abstenga, Rajoy sería investido presidente, no habría terceras elecciones generales y España tendría nuevo gobierno.

Después vendría un gobierno en minoría, que aprobaría leyes, o modificaciones de leyes, en función de la geometría variable, con estos partidos como socios preferentes, fundamentalmente Ciudadanos, pero no exclusivos, según aseguran fuentes del PP que auguran una gobernabilidad complicada. Rajoy prevé buscar grandes acuerdos posteriores con el PSOE en materia de política internacional o seguridad, y también acuerdos, fundamentalmente, a nivel económico con el PNV, Coalición Canaria e incluso con Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Y también reformas de regeneración política pactadas con Ciudadanos, a la que ofrecerán sumarse a todos los partidos, también en este ámbito buscando el acuerdo con formaciones en las antípodas del PP como Unidos Podemos.

Pedro Quevedo

Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias

En el PP dan por hecho que, aunque no será fácil, lograrán un entendimiento con Ciudadanos. Están dispuestos a sentarse y negociar con el partido de Albert Rivera todas las medidas que sean necesarias, siguiendo el ejemplo del acuerdo de gobierno que cerraron entre Cristina Cifuentes (PP) e Ignacio Aguado (C’s) en la Comunidad de Madrid.

Pero primero es la investidura, y para ello Rajoy necesita atraerse a los nacionalistas canarios, no sólo a C’s y el PNV, que serían los socios más importantes.

¿Qué van a reclamar los nacionalistas canarios?

Tanto Coalición Canaria como Nueva Canarias van a exigir, según dan por hecho en la dirección del PP, la que denominan ‘agenda canaria’, una propuesta de máximos que deberá negociarse para llegar al acuerdo.

La modificación del régimen económico y fiscal (REF) será el eje principal de la negociación. El REF se ha reformado en su vertiente fiscal durante la legislatura 2011-2015– y Coalición Canaria ya pactó con el Gobierno de Rajoy una serie de beneficios fiscales para Canarias que, entre otra cosas, han permitido por ejemplo que Brad Pitt ruede junto a Marion Cotillard la película Allied en Las Palmas de Gran Canaria. Y no solo por lo bonita que es la isla, sino también por los nuevos beneficios fiscales. No en vano, Gran Canaria cerrará este año con un récord de rodajes y repercusión económica de su incipiente industria cinematográfica.

Del régimen económico y fiscal falta por negociar, y actualizar, la parte económica. Y es aquí donde los nacionalistas canarios van a poner toda la carne en el asador.

Ana Oramas

Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria

La diputada de Coalición Canarias, Ana Oramas, lo ha dejado claro: “El régimen económico contiene todas las claves para garantizar la igualdad con el resto del territorio no solo en materia económica sino en cuestiones que nos afectan a nuestra vida cotidiana, como el descuento de viaje por residente, la subvención de la desalación de agua, la compensación del sobrecoste de la energía, las ayudas para abaratar el sobrecoste del transporte de las mercancías o las bonificaciones al transporte en guagua”.

Oramas, no obstante, sostiene que la negociación será complicada e incluso augura que la investidura no se dará hasta octubre, y será con otro candidato del PP, apoyado por Ciudadanos, el PNV y CC. En el PP creen que es una estrategia de negociación.

El segundo punto que van a reclamar los nacionalistas canarios: un convenio entre el Estado y el Gobierno de Canarias para impulsar un plan contra el paro juvenil. Podría rondar los 70 millones de euros anuales.

Un tercer punto. Actualizar con más inversión presupuestaria los convenios con el Estado en obras hidráulicas, carreteras, costas y empleo. En carreteras, por ejemplo, va a ser una exigencia fundamental de los nacionalistas canarios la finalización de la carretera de La Aldea, en Gran Canaria: una vía repleta de curvas que une el municipio de La Aldea de San Nicolás con el de Agaete. Otra carretera fundamental para que CC y NC permitan la investidura de Rajoy es la construcción del anillo insular en Tenerife.

Cuarto punto. Respaldo económico a los patronatos por la rehabilitación de diversas zonas turísticas tanto en Puerto de la Cruz, en Tenerife, como en San Bartolomé de Tirajana, en Las Palmas.

Y quinto punto importante. Gestión de los aeropuertos por parte del Gobierno canario. Es una reclamación del Ejecutivo insular que actualmente está dirimiéndose en los juzgados.

En el Gobierno en funciones que preside Mariano Rajoy esperan, además, una complicada reclamación por parte de Nueva Canarias, y en concreto del presidente del Cabildo de Gran Canaria y uno de los hombres fuertes del partido, Antonio Morales.

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria

El Ejecutivo central quiere rebajar el enorme gasto que supone la generación de energía eléctrica en Canarias, 1.300 millones de euros en 2020, y 2.600 millones en 2030.

Para ello, tanto el Gobierno estatal del PP como el autonómico de Coalición Canarias, presidido por Fernando Clavijo, y apoyado por el PSOE, son favorables a la apertura de dos regasificadoras, una en Tenerife y otra en Gran Canaria, con el objetivo de introducir el gas en ambas islas.

Sin embargo, Morales, de Nueva Canarias, se opone y apuesta por agilizar los trámites para el desarrollo de energías renovables. De hecho, ha declarado que “la guerra del gas” la van a ganar. Y en este punto cuenta con el apoyo de Podemos y el PSOE local. Este puede ser uno de los puntos de fricción.

¿Quién negociará con los nacionalistas canarios en nombre del PP?

Desde el entorno de Mariano Rajoy aseguran que el presidente del Gobierno en funciones es un perfecto conocedor del régimen económico y fiscal canario, y de los problemas y reclamaciones del Gobierno canario.

En 1996 ya negoció con Coalición Canaria en multitud de ocasiones como ministro de Administraciones Públicas. Además, recalcan que incluso tiene una casa familiar en el sur de Gran Canaria y considera a las islas Afortunadas su “segunda tierra”. Además, cree que pueden lograr un entendimiento con el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, a quien consideran un político pragmático que “antepone los intereses de Canarias sobre los de partido”.

No sería de extrañar que el propio Rajoy, o alguien de su máxima confianza en su nombre, intervenga en la negociación de los asuntos principales.

En el PP dan por hecho el entendimiento con Coalición Canaria y Nueva Canarias en las subvenciones al turismo o en ayudas al transporte del plátano, y creen que la revisión del Régimen Económico y Fiscal “se puede negociar y se negociará”.

Mucho más complicado será la cesión de la gestión de los aeropuertos y la paralización de plantas regasificadoras.

Fuerte caída del nacionalismo canario

La fuerte caída a nivel electoral del nacionalismo canario también puede ayudar al entendimiento, ya que tanto Coalición Canaria como Nueva Canarias necesitan vender al electorado canario que votarles es efectivo porque logran inversiones para su tierra.

En las elecciones generales del pasado 26 de junio solo obtuvieron un escaño, el de Coalición Canaria, de 15 en juego. Y eso que es el partido que gobierna ininterrumpidamente Canarias desde 1993 con pactos alternos con el PSOE o el PP.

Por su parte, Nueva Canarias logró el escaño gracias a ir en las listas del PSOE. De hecho, no es descartable que tanto CC como NC inicien un acercamiento progresivo con la vista puesta en las elecciones autonómicas y municipales de 2019 y estudiar una posible alianza electoral.

Y para ello una acción conjunta para lograr inversiones del Gobierno central en Canarias estos años podría convertirse en un éxito para dos partidos nacionalistas que ahora están claramente a la baja ante la fortaleza tradicional, también en Canarias, del PP y el PSOE, a la que se han sumado Podemos y Ciudadanos.

Runrún en Moncloa: casi pacto fiscal para Artur Mas si suspende el 27-S y evita la declaración de independencia

mas-rajoy En el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, a muy alto nivel, se está extendiendo una idea reclamada desde el empresariado catalán que se está barajando seriamente en Moncloa para tratar de lograr un acuerdo con el Gobierno catalán que preside Artur Mas: una ambiciosa reforma de la financiación autonómica beneficiosa para Cataluña (cercana al pacto fiscal vasco) a cambio de que CiU se olvide de la convocatoria anticipada de elecciones prevista para el 27 de septiembre y la posterior amenaza de declaración unilateral de independencia. Ésta se daría sólo con el acuerdo de CDC, ERC y la CUP, en el hipotético caso de que alcanzaran mayoría absoluta en el Parlament, y la oposición de Ciutadans, el PSC, el PP, Podemos e ICV, y posiblemente incluso UDC, la formación de Duran i Lleida.

El acuerdo con Artur Mas, además, debería suponer también la renuncia al llamado derecho a decidir, que en el Gobierno central consideran ilegal por rebasar la Constitución, o al menos que CiU aparcara la posibilidad de celebrar referéndums inconstitucionales durante una larga temporada.

Se buscaría una solución a la británica, al estilo de la que David Cameron tiene previsto ofrecer al Gobierno autónomo de Escocia: más dinero y competencias a cambio de cohesionar el Reino Unido durante el máximo tiempo posible.

Rajoy estaría sopesando esta opción, pese a sus evidentes riesgos, para buscar una solución duradera al conflicto catalán. Al acuerdo, consideran en el Gobierno, podrían sumarse también el PSC y el PSOE (partidarios también de ofrecer a Cataluña algunas concesiones simbólicas, como aceptar el término ‘nación’ o el blindaje de competencias en materia cultural y lingüística). Duran i Lleida

El líder de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran i Lleida, lleva mucho tiempo trabajando en esta línea y sus reuniones y comidas con dirigentes y diputados del PP y el PSOE son relativamente frecuentes, y también con representantes del empresariado madrileño. Pero especialmente con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que siempre ha tratado de dar una imagen de búsqueda del acuerdo con el Gobierno catalán, como le ha sugerido el propio Duran, convencido éste de que más pronto que tarde se tendrá que llegar a un acuerdo entre el Gobierno de España y el Ejecutivo catalán.

En Moncloa también creen que dos partidos que van a ser importantes en Cataluña, como Podemos y Ciutadans, podrían respaldar el acuerdo, cada uno con sus matices. E incluso ICV, los socios de Izquierda Unida en Cataluña.

Rechazo al pacto fiscal en 2012

Para Rajoy, el principal problema sería que Artur Mas inició el llamado proceso independentista catalán justo después de que el presidente del Gobierno de España rechazara, en septiembre de 2012, una petición expresa de pacto fiscal. Entonces, Rajoy le dijo a Mas que no había “margen para negociar”.

Vender ahora una oferta de pacto fiscal para Cataluña podría provocar que desde sectores del PP cercanos a las tesis de Aznar y FAES, y desde algunos medios de comunicación, se acusara a Rajoy de claudicar ante Mas.

Pero los defensores en el Gobierno de buscar un acuerdo con el Ejecutivo catalán creen que en ningún caso se trataría de una rendición, todo lo contrario. Sostienen que tres años después la deriva de Mas la sociedad catalana se ha fragmentado (los partidarios del ‘No’ a la independencia representan el 48% de los catalanes frente al 44% de los defensores del ‘Sí’, según el último barómetro del Centre d’Estudi d’Opinió (CEO) de la Generalitat). Recuerdan también que CiU se ha desplomado desde 2010, ese año logró 62 escaños (cerca de la mayoría absoluta), cayó a 50 en los comicios de 2012 y ahora los distintos sondeos le dan entre 30 y 35 diputados. artur mas

Artur Mas, atenazado por ERC y la ANC

Y creen que el president de la Generalitat estaría buscando una salida honrosa al conflicto, pero creen que se encuentra atenazado por ERC y, sobre todo, por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), el movimiento popular independentista que lidera Carme Forcadell.

Por ello, algunos ministros creen en el Gobierno que sería un buen momento de tratar de acercar posturas con Artur Mas antes de que se meta en un callejón sin salida definitivo y quede a expensas de ERC. En esta línea estarían, además de Sáenz de Santamaría, el ministro de Asuntos Exteriores, José María García-Margallo, que siempre ha considerado que se puede ofrecer una reforma del sistema de financiación que beneficie a Cataluña, pero también a otras comunidades autónomas que lo reclaman de forma urgente como Madrid, la Comunidad Valenciana o Baleares. Las regiones que se opondrían serían, fundamentalmente, Extremadura, Galicia o Asturias.

El resultado que se pretende, consideran dirigentes del Gobierno, no obstante, valdría la pena: lograr un acuerdo con el Ejecutivo catalán, suspender el adelanto de las elecciones autonómicas y el riesgo de una posterior declaración unilateral de independencia, así como distanciar a CiU del bloque separatista y atraerlo a la centralidad, aseguran.

La UE, en contra de cualquier proceso ilegal

En el Ejecutivo de Rajoy son conscientes de que a las malas Artur Mas tiene mucho que perder porque la ley está de su lado, el Tribunal Constitucional tumbará (como ha hecho hasta ahora) todas las iniciativas que rebasen el marco constitucional y porque la Unión Europea es contraria al proceso soberanista catalán si éste se realiza al margen de la ley española. Ningún país de la UE reconocería la eventual independencia unilateral catalana y, en caso de lograrla, supondría de facto su expulsión de la zona euro sólo con que un país miembro lo solicitara.

Y el Gobierno de España, además, siempre tiene la opción de una medida extrema (que nadie desea, recalcan desde el Ejecutivo de Rajoy) como sería la aplicación del artículo 155 para forzar la suspensión de la autonomía y el control de ésta por parte del Estado, del que la Generalitat Catalana forma parte. Para ello, recuerdan además que hay una mayoría de catalanes que rechaza la independencia. Pero todo ello sólo ocurriría en el caso de que Artur Mas siguiera adelante con el proceso, sostienen en el Gobierno. Justo es lo que se pretende con la posible oferta de financiación autonómica que estaría sopesando seriamente Rajoy, evitar que Mas se lance al abismo. Rivera

El principal problema para CiU vendría de ERC, partido que ahora mismo pisa los talones en las encuestas a la formación que lidera Artur Mas, y que tiene por principal objetivo político la independencia de Cataluña. Romper la eventual alianza con la formación que lidera Oriol Junqueras sería complicado de ‘vender’ para CiU en Cataluña, salvo que la ruptura fuera debido a que Artur Mas ha logrado un sistema de financiación muy beneficioso para Cataluña, que el dirigente nacionalista podría calificar casi como ‘pacto fiscal’. Y, además, Mas y CiU podrían volver a entenderse con otros muchos partidos del arco parlamentario catalán en ese punto, como el PSC (fundamentalmente), pero también en temas concretos incluso con el PP (si hubiera acuerdo), Podemos y hasta Ciudadanos, partido que rechaza frontalmente la independencia.

Lo primero, las elecciones municipales iglesias-colau

No obstante, las cúpulas del PP y de CiU, y los Ejecutivos español y catalán indirectamente, están centrados y volcados ahora en las elecciones municipales del 24 de mayo (y autonómicas en otras 13 regiones), y el posible ofrecimiento no se produciría hasta pasados estos comicios.

En el Gobierno creen que CiU necesitará al PSC para poder salvar el Ayuntamiento de Barcelona, y eso en el caso de que logren vencer a Ada Colau, a la que el CIS otorgaba la victoria en votos y concejales. Un eventual pacto de Xavier Trias con los socialistas ayudaría a arrastrar a CiU hacia la moderación. También creen que el poder hegemónico de CiU en las Diputaciones Provinciales puede quedar algo mermado con la mayor fragmentación municipal.

Todo ello, sostienen fuentes del Gobierno de Rajoy, ayudaría a un entendimiento en el que están volcados pesos pesados del empresariado catalán, Duran i Lleida, Miquel Iceta (líder del PSC) y del que Sáenz de Santamaría y Margallo son partidarios, aunque conscientes de que el posible acuerdo tendrá mucha oposición tanto desde los sectores más independentistas de Cataluña como desde las posiciones más reacias a concesiones a Cataluña dentro del propio PP, entre ellos algunos barones.