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Guerra en el PDeCAT: Rull (duro), Vila (moderado) y Munté (dúctil) quieren ser candidatos a presidente de Cataluña

Las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre han cogido al PDeCAT (a las que se presentará pese a que suponen reconocer la legalidad española) en completo fuera de juego, con el partido a un paso de la fragmentación ante la falta de un liderazgo claro.

Mas y Puigdemont

Los ex presidentes de la Generalitat, Artur Mas, y Carles Puigdemont, respectivamente. (EFE)

Por un lado, el ex conseller de Territorio, Josep Rull, pretende ser el candidato con el argumento de mantener la línea dura independentista. Hoy ha hecho un gesto simbólico yendo a su despacho supuestamente a trabajar para desafiar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, un gesto que no ha sido secundado por ningún otro de los consellers destituidos. Incluso, la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, ha acatado la orden del 155 y ha dado por disuelta la cámara autonómica.

Rull es un perfecto conocedor del aparato del PDeCAT. No en vano, fue elegido secretario de Organización de CDC en 2011, y posteriormente coordinador general en 2014. Era un de los preferidos por Artur Mas, ex president de la Generalitat, para sucederle al frente del partido. No obstante, con los resultados de las elecciones autonómicas de 2015, en los que la CUP tenían la llave del Govern, el partido anticapitalista exigió que Artur Mas no fuera de nuevo el president, sino Carles Puigdemont, entonces un diputado por Girona y ex alcalde de esa ciudad. La CUP no quería a Artur Mas por su vinculación con la época de corrupción de Jordi Pujol y el caso 3%, y también porque consideraba que Puigdemont estaba mucho más comprometido con la independencia que Artur Mas.

Josep Rull

El ex conseller Josep Rull

Rull, ahora, pretende optar a ser el candidato del PDeCAT a president de la Generalitat, pero hay sectores del partido que consideran que su perfil duro y su talante poco pactista con los partidos no independentistas no es el idóneo ni el conveniente -a diferencia de Oriol Junqueras (líder de ERC), que sí tiene vías de comunicación abiertas sobre todo con Podemos, pero incluso con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría-.

En el lado contrario estaría Santi Vila, el ex conseller de Empresa que dimitió el día que Puigdemont descartó convocar elecciones autonómicas y optó por seguir adelante con la votación de la DUI. Su perfil sería el de un PDeCAT que volvería a la línea moderada, capaz de pactar con casi cualquier partido del arco parlamentario y defensor de un referéndum legal pactado con el Estado.

Vila ha defendido la línea histórica de CiU como partido de mayoría social y transversal catalanista, y ha elogiado la posición actual del PNV de Íñigo Urkullu e incluso el perfil centrista de Alberto Núñez Feijoo. No obstante, la deriva independentista de Junts pel Sí le ha llevado a secundar posiciones que no compartía, y finalmente decidió dimitir. Ahora, pretende devolver al PDeCAT a la centralidad y moderación que históricamente había tenido. Si no lo logra, no es descartable que se produzca una escisión en el partido y que Vila arrastre con él a alcaldes, concejales y militantes partidarios de volver a la moderación.

Neus Munté y Santi Vila

Los ex consellers Neus Munté y Santi Vila

Otra aspirante a liderar el PDeCAT es Neus Munté, que sería una vía intermedia entre Rull y Vila. Munté, ex consellera de Presidencia en el gobierno de Puigdemont es también la vicepresidenta del PDeCAT. Una histórica de CiU que incluso estuvo entre quienes optaban a presidir la Generalitat cuando la CUP vetó a Artur Mas.

Tres políticos resultarán decisivos para declinar quién puede llevarse el gato al agua y ser el candidato del PDeCAT a la presidencia de la Generalitat son Marta Pascal, actual coordinadora general, y el ex president Artur Mas. Este último, que no puede ser porque resultó inhabilitado por la consulta del 9N, quiere evitar que salga adelante la opción moderada de Santi Vila, y, si no puede ser él, preferiría a Rull o Munté. No obstante, Artur Mas es consciente de que cualquiera de los dos logrará un resultado muy pírrico en unas elecciones en las que, según las encuestas, gran parte del voto independentista se concentrará en Oriol Junqueras (ERC).

Por su parte, Marta Pascal es más partidaria de una vuelta al pragmatismo histórico de CiU, consciente de que el proceso se está llevando por delante al PDeCAT con constantes rupturas internas y, especialmente, con miucha pérdida de respaldo social. Además, Pascal cree que la imagen del PDeCAT junto a la CUP, anticapitalistas, no conviene más a su partido, la casa histórica de la burguesía catalana. De hecho, agradeció a Santi Vila su dimisión tras intentar por todos los medios evitar la ruptura del diálogo entre el Govern y el Estado.

Y en tercer lugar la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Cugat, Mercé Conesa, quien también es partidaria de volver a una senda de pragmatismo, viendo que la línea independentista está arrasando al PDeCAT y que el sueño de la república catalana se ha desvanecido (ningún país la ha reconocido), las empresas más importantes han huido y la sociedad catalana está más fracturada que nunca. Conesa, según fuentes del partido, se estaría debatiendo entre la opción de Neus Munté o Santi Vila, aunque también recibe peticiones de alcaldes que la animan a ella a dar el paso. Conesa, no obstante, prefiere reservarse, consciente de que optar ahora a presidenta de la Generalitat sería prácticamente dilapidar su carrera política en vista de los malos resultados que auguran las encuestas para el PDeCAT.

El partido ha acordado presentarse hoy a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, sin nombrar candidato todavía, y con Carles Puigdemont en Bélgica previsiblemente pidiendo asilo.

Ahora, la batalla interna en el partido heredero de CiU es total entre tres almas: la independentista radical (Josep Rull), la moderada partidaria de poder entenderse con el Constitucionalismo (Santi Vila) y la media Cataluña no independentista, o una síntesis entre estas dos posiciones (Neus Munté).

Prisiones, Seguridad Social, selección vasca… el PP teme el peaje del PNV

Las cuentas están claras para que Mariano Rajoy pueda superar la investidura como presidente del Gobierno y formar un nuevo Ejecutivo. O bien logra la abstención del PSOE, que sería suficiente para iniciar la legislatura con el voto a favor del PP, o bien logra que voten a favor Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y la abstención o voto a favor de Nueva Canarias.

Rajoy con Urkullu

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el lehendakari, Íñigo Urkullu.

Desde el PP están trabajando en ambas direcciones. Por un lado, tratar de convencer al PSOE de que facilite la investidura y “la conformación del Gobierno cuanto antes por el bien de España”. Para ello, Rajoy está dispuesto a ofrecer un Gobierno de coalición al Partido Socialista. Si se niega, al menos reclamara su abstención. En el PP recalcan que “la sociedad española no aguantaría unas terceras elecciones” y confían en que, llegados a este extremo y aunque fuera en el último minuto, el PSOE no bloquearía la investidura de Rajoy.

En esta línea se han manifestado dirigentes del PSOE como Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, o el ex ministro Javier Solana. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha dejado claro que corresponde a Rajoy buscar los apoyos para conformar gobierno entre los partidos de centro-derecha, pero también ha sentenciado que el PSOE debe estar en la oposición y que no puede haber de ninguna manera unas terceras elecciones generales.

Pero la posición actual de la Ejecutiva del PSOE es votar en contra de la investidura de Rajoy y, por ello, el PP ha iniciado el plan B, también difícil: buscar el apoyo de Ciudadanos, el PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias.

El acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco se antoja harto complicado para el PP. Y por ello Rajoy prevé encomendar a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría la tarea de negociación con los huesos más duros, el lehendakari Urkullu y el presidente del PNV Andoni Ortuzar. Rajoy y Santamaría estarán coordinados también con el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso.

El lehendakari Urkullu

El lehendakari Urkullu

Un punto que dificulta mucho el entendimiento con el PNV es que las elecciones autonómicas vascas se celebrarán el próximo mes de octubre, y al lehendakari Íñigo Urkullu no le interesa mucho dar una imagen de entendimiento ni con el PP, ni menos aún con Ciudadanos, partido que defiende la supresión del Concierto Económico y de las diputaciones provinciales y forales. Ambas pretensiones suponen un “ataque al autogobierno vasco”, según fuentes del PNV.

Pero el PP, que como los nacionalistas vascos defiende el Concierto y las diputaciones forales, confía en apelar a la tradición histórica de entendimiento del PNV con el Gobierno central, especialmente cuando PP o PSOE gobiernan en minoría y les necesitan. A cambio, claro está, deberán otorgar contrapartidas beneficiosas para Euskadi.

¿En qué consiste la llamada ‘agenda vasca’?

Ortuzar, presidente del PNV

Ortuzar, presidente del PNV

En primer lugar la transferencia de todas las competencias que faltan del Estatuto de Gernika. Según el Gobierno vasco faltan 24 materias pendientes de transferir, entre ellas la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y la política penitenciaria.

El Ejecutivo vasco ha reclamado en varias ocasiones asumir en su presupuesto lo que gasta la Seguridad Social en prestaciones contributivas en Euskadi, que rondaría los 7.000 millones de euros.

Este punto es complicado para lograr un entendimiento, ya que el PP, y también Ciudadanos, siempre han mostrado su oposición a lo que consideran ruptura de la caja única de la Seguridad Social. El PNV alega que se trata de cumplir el Estatuto de Gernika.

La gestión de las prisiones vascas, que ya están transferidas en Cataluña, será probablemente otra de las exigencias del PNV al Partido Popular. Históricamente, los Gobiernos de España tanto del PSOE como del PP se han negado a transferir la gestión de las cárceles vascas al Ejecutivo vasco, y el PNV tampoco las ha reclamado con verdadera insistencia.

Pero después de que la banda terrorista ETA anunciara en octubre de 2011 el cese definitivo de su actividad armada, el Gobierno del PP podría plantearse la cesión, aunque inicialmente se opondrá, especialmente si es una exigencia irrenunciable del PNV, tanto la gestión de los centros penitenciarios como el acercamiento de presos etarras a las prisiones de Euskadi (actualmente diseminados por cárceles del resto de España).

Quedan otras competencias autonómicas menos relevantes, relativas al turismo, meteorología, agricultura… que no debería haber problema en que el Gobierno central las cediera al Ejecutivo vasco, si hubiera acuerdo.

¿Y cuáles son los puntos más alejados entre el PNV y el PP?

El denominado por el nacionalismo nuevo Estatus de Euskadi no ha sido muy concretado por el PNV ni tampoco por el lehendakari Iñigo Urkullu, pero podría asemejarse al llamado plan Ibarretxe, aunque con una nomenclatura más suave. Los nacionalistas vascos son conscientes de que el sentimiento independentista ha caído mucho en Euskadi en los últimos años, y es solo del 21% de los ciudadanos. De hecho, Urkullu se ha desmarcado del proceso separatista catalán e incluso lo ha criticado abiertamente.

Eso no quita, no obstante, que el PNV pretenda superar el Estatuto de Gernika con un ambicioso nuevo Estatus que refuerce el autogobierno, aunque está todavía por concretar. En su aspiración máxima podría llegar a considerar al País Vasco un Estado libre asociado a España, y con capacidad de autodeterminación.

Tanto fuentes del PNV como del PP dan por hecho que este punto no será una exigencia de negociación, porque supondría la ruptura inmediata de todo posible acuerdo. No obstante, desde el PNV recalcan que Urkullu concretará en qué consiste el nuevo Estatus vasco tarde o temprano, posiblemente tras las elecciones autonómicas de octubre y una vez quede despejado el horizonte político a nivel vasco, español y europeo (salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, posible referéndum de independencia en Escocia…).

Selección vasca de fútbol

Selección vasca de fútbol

Y otro punto que aleja al PNV del PP y de Ciudadanos son las selecciones nacionales vascas. Es una antigua aspiración nacionalista, tener una selección de fútbol propia (y del resto de deportes) que en Euskadi contaría con el apoyo no solo del PNV y Bildu, sino también de Podemos. Solo se oponen el PSE y el PP, partidos ambos con menor respaldo social. Por su parte, Ciudadanos es casi marginal en Euskadi.

Dadas las enormes dificultades de lograr un pacto entre el PP y el PNV, Rajoy encomendará a Soraya Sáenz de Santamaría, con toda probabilidad, la negociación con el lehendakari Urkullu y con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, para buscar todos los posibles puntos de entendimiento. Rajoy asumirá la primera ronda exploratoria de contacto.

Fuentes del PP aseguran que si el PNV antepone la voluntad pactista con peticiones asumibles, sean las que sean, se podrán entender. En cambio, “si se tiran al monte con reclamaciones soberanistas inconstitucionales significará que quieren forzar una ruptura de negociaciones”. Llegados a este extremo, el PP efectivamente romperá negociaciones con el PNV y presionará al PSOE para que se abstenga y facilite la gobernación de España.

Fuentes socialistas y populares coinciden en augurar que el PNV ganará las próximas elecciones en el País Vasco, pero sostienen que será con poca distancia sobre Podemos. Urkullu, en ese caso, posiblemente necesitará el apoyo del Partido Socialista de Euskadi, e incluso del PP. Los partidos constitucionalistas le darían respaldo, pero tendría que renunciar a un nuevo estatuto inspirado en el plan Ibarretxe. En la oposición podrían quedar, según las fuentes socialistas y populares, Podemos y Bildu.

En cambio, si Podemos venciera al PNV, podría haber un gobierno del partido de Pablo Iglesias, con el apoyo de Bildu y, posiblemente, también del PSE.

El tablero político vasco también influye, y mucho, en el tablero político español. Y la partida vasca dificulta un entendimiento, al menos de forma rápida, entre el PP y el PNV.

Runrún en Moncloa: casi pacto fiscal para Artur Mas si suspende el 27-S y evita la declaración de independencia

mas-rajoy En el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, a muy alto nivel, se está extendiendo una idea reclamada desde el empresariado catalán que se está barajando seriamente en Moncloa para tratar de lograr un acuerdo con el Gobierno catalán que preside Artur Mas: una ambiciosa reforma de la financiación autonómica beneficiosa para Cataluña (cercana al pacto fiscal vasco) a cambio de que CiU se olvide de la convocatoria anticipada de elecciones prevista para el 27 de septiembre y la posterior amenaza de declaración unilateral de independencia. Ésta se daría sólo con el acuerdo de CDC, ERC y la CUP, en el hipotético caso de que alcanzaran mayoría absoluta en el Parlament, y la oposición de Ciutadans, el PSC, el PP, Podemos e ICV, y posiblemente incluso UDC, la formación de Duran i Lleida.

El acuerdo con Artur Mas, además, debería suponer también la renuncia al llamado derecho a decidir, que en el Gobierno central consideran ilegal por rebasar la Constitución, o al menos que CiU aparcara la posibilidad de celebrar referéndums inconstitucionales durante una larga temporada.

Se buscaría una solución a la británica, al estilo de la que David Cameron tiene previsto ofrecer al Gobierno autónomo de Escocia: más dinero y competencias a cambio de cohesionar el Reino Unido durante el máximo tiempo posible.

Rajoy estaría sopesando esta opción, pese a sus evidentes riesgos, para buscar una solución duradera al conflicto catalán. Al acuerdo, consideran en el Gobierno, podrían sumarse también el PSC y el PSOE (partidarios también de ofrecer a Cataluña algunas concesiones simbólicas, como aceptar el término ‘nación’ o el blindaje de competencias en materia cultural y lingüística). Duran i Lleida

El líder de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran i Lleida, lleva mucho tiempo trabajando en esta línea y sus reuniones y comidas con dirigentes y diputados del PP y el PSOE son relativamente frecuentes, y también con representantes del empresariado madrileño. Pero especialmente con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que siempre ha tratado de dar una imagen de búsqueda del acuerdo con el Gobierno catalán, como le ha sugerido el propio Duran, convencido éste de que más pronto que tarde se tendrá que llegar a un acuerdo entre el Gobierno de España y el Ejecutivo catalán.

En Moncloa también creen que dos partidos que van a ser importantes en Cataluña, como Podemos y Ciutadans, podrían respaldar el acuerdo, cada uno con sus matices. E incluso ICV, los socios de Izquierda Unida en Cataluña.

Rechazo al pacto fiscal en 2012

Para Rajoy, el principal problema sería que Artur Mas inició el llamado proceso independentista catalán justo después de que el presidente del Gobierno de España rechazara, en septiembre de 2012, una petición expresa de pacto fiscal. Entonces, Rajoy le dijo a Mas que no había “margen para negociar”.

Vender ahora una oferta de pacto fiscal para Cataluña podría provocar que desde sectores del PP cercanos a las tesis de Aznar y FAES, y desde algunos medios de comunicación, se acusara a Rajoy de claudicar ante Mas.

Pero los defensores en el Gobierno de buscar un acuerdo con el Ejecutivo catalán creen que en ningún caso se trataría de una rendición, todo lo contrario. Sostienen que tres años después la deriva de Mas la sociedad catalana se ha fragmentado (los partidarios del ‘No’ a la independencia representan el 48% de los catalanes frente al 44% de los defensores del ‘Sí’, según el último barómetro del Centre d’Estudi d’Opinió (CEO) de la Generalitat). Recuerdan también que CiU se ha desplomado desde 2010, ese año logró 62 escaños (cerca de la mayoría absoluta), cayó a 50 en los comicios de 2012 y ahora los distintos sondeos le dan entre 30 y 35 diputados. artur mas

Artur Mas, atenazado por ERC y la ANC

Y creen que el president de la Generalitat estaría buscando una salida honrosa al conflicto, pero creen que se encuentra atenazado por ERC y, sobre todo, por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), el movimiento popular independentista que lidera Carme Forcadell.

Por ello, algunos ministros creen en el Gobierno que sería un buen momento de tratar de acercar posturas con Artur Mas antes de que se meta en un callejón sin salida definitivo y quede a expensas de ERC. En esta línea estarían, además de Sáenz de Santamaría, el ministro de Asuntos Exteriores, José María García-Margallo, que siempre ha considerado que se puede ofrecer una reforma del sistema de financiación que beneficie a Cataluña, pero también a otras comunidades autónomas que lo reclaman de forma urgente como Madrid, la Comunidad Valenciana o Baleares. Las regiones que se opondrían serían, fundamentalmente, Extremadura, Galicia o Asturias.

El resultado que se pretende, consideran dirigentes del Gobierno, no obstante, valdría la pena: lograr un acuerdo con el Ejecutivo catalán, suspender el adelanto de las elecciones autonómicas y el riesgo de una posterior declaración unilateral de independencia, así como distanciar a CiU del bloque separatista y atraerlo a la centralidad, aseguran.

La UE, en contra de cualquier proceso ilegal

En el Ejecutivo de Rajoy son conscientes de que a las malas Artur Mas tiene mucho que perder porque la ley está de su lado, el Tribunal Constitucional tumbará (como ha hecho hasta ahora) todas las iniciativas que rebasen el marco constitucional y porque la Unión Europea es contraria al proceso soberanista catalán si éste se realiza al margen de la ley española. Ningún país de la UE reconocería la eventual independencia unilateral catalana y, en caso de lograrla, supondría de facto su expulsión de la zona euro sólo con que un país miembro lo solicitara.

Y el Gobierno de España, además, siempre tiene la opción de una medida extrema (que nadie desea, recalcan desde el Ejecutivo de Rajoy) como sería la aplicación del artículo 155 para forzar la suspensión de la autonomía y el control de ésta por parte del Estado, del que la Generalitat Catalana forma parte. Para ello, recuerdan además que hay una mayoría de catalanes que rechaza la independencia. Pero todo ello sólo ocurriría en el caso de que Artur Mas siguiera adelante con el proceso, sostienen en el Gobierno. Justo es lo que se pretende con la posible oferta de financiación autonómica que estaría sopesando seriamente Rajoy, evitar que Mas se lance al abismo. Rivera

El principal problema para CiU vendría de ERC, partido que ahora mismo pisa los talones en las encuestas a la formación que lidera Artur Mas, y que tiene por principal objetivo político la independencia de Cataluña. Romper la eventual alianza con la formación que lidera Oriol Junqueras sería complicado de ‘vender’ para CiU en Cataluña, salvo que la ruptura fuera debido a que Artur Mas ha logrado un sistema de financiación muy beneficioso para Cataluña, que el dirigente nacionalista podría calificar casi como ‘pacto fiscal’. Y, además, Mas y CiU podrían volver a entenderse con otros muchos partidos del arco parlamentario catalán en ese punto, como el PSC (fundamentalmente), pero también en temas concretos incluso con el PP (si hubiera acuerdo), Podemos y hasta Ciudadanos, partido que rechaza frontalmente la independencia.

Lo primero, las elecciones municipales iglesias-colau

No obstante, las cúpulas del PP y de CiU, y los Ejecutivos español y catalán indirectamente, están centrados y volcados ahora en las elecciones municipales del 24 de mayo (y autonómicas en otras 13 regiones), y el posible ofrecimiento no se produciría hasta pasados estos comicios.

En el Gobierno creen que CiU necesitará al PSC para poder salvar el Ayuntamiento de Barcelona, y eso en el caso de que logren vencer a Ada Colau, a la que el CIS otorgaba la victoria en votos y concejales. Un eventual pacto de Xavier Trias con los socialistas ayudaría a arrastrar a CiU hacia la moderación. También creen que el poder hegemónico de CiU en las Diputaciones Provinciales puede quedar algo mermado con la mayor fragmentación municipal.

Todo ello, sostienen fuentes del Gobierno de Rajoy, ayudaría a un entendimiento en el que están volcados pesos pesados del empresariado catalán, Duran i Lleida, Miquel Iceta (líder del PSC) y del que Sáenz de Santamaría y Margallo son partidarios, aunque conscientes de que el posible acuerdo tendrá mucha oposición tanto desde los sectores más independentistas de Cataluña como desde las posiciones más reacias a concesiones a Cataluña dentro del propio PP, entre ellos algunos barones.