Semana agitada para el sistema financiero español. Muy agitada. El compañero periodista José María Olmo, de El Confidencial, publicaba este lunes que el ICAC (organismo dependiente del Ministerio de Economía) sancionará varias infracciones graves cometidas por la auditora Deloitte respecto a su labor en BFA-Bankia. La firma estadounidense, responsable de confirmar las cuentas del 90% del sistema financiero de este país, tendrá aún la oportunidad de presentar sus alegaciones.

En su momento ya habíamos informado de que el organismo regulador de las auditoras en España había abierto un expediente por motivos muy graves: Se acusaba a Deloitte de haber facturado más a BFA-Bankia por labores distintas a las de auditoría, lo que a su juicio suponía un claro conflicto de intereses. El expediente fue suspendido temporalmente por la Audiencia Nacional, y en este lapso aquellas infracciones muy graves han pasado a ser solo graves, lo que evitará en cualquier caso que la compañía pierda la licencia para operar en el mercado español. Esta inminente sanción se une a las profundas dudas mostradas por los antiguos consejeros y directivos de BFA-Bankia, que han descalificado en repetidas veces la labor de Deloitte durante la aprobación de las cuentas de 2011.

Bankia

No es el único frente abierto para la auditora heredera del legado en España de la ya extinta Arthur Andersen. Desde noviembre de 2013 la más grande de las big four se encuentra imputada por su labor al firmar las cuentas de Banco de Valencia. La Audiencia Nacional sospecha que la compañía podría haber colaborado en la manipulación contable de las cuentas de 2009 y 2010 de esta entidad, que posteriormente hubo de ser nacionalizada. Una acusación muy grave, la mayor para una empresa cuyo mayor valor, precisamente, es la fiabilidad y la independencia a la hora de firmar informes de auditoría.

Casualidad o no, y a pesar de las alabanzas que el actual presidente de Bankia ha proferido a Deloitte, la auditora ha dejado de serlo tanto para la entidad nacionalizada como para Barclays. Su histórica posición dominante en la banca española se resquebraja? Veremos. Los dolores de cabeza de la entidad no se acaban aquí: El sindicato Confederación Intersindical de Crédito (CIC) ha denunciado precisamente ante el ICAC a la auditora por la labor llevada a cabo en Caja Inmaculada. Según esta organización, Deloitte no contempló las «graves irregularidades» cometidas en la caja. Otro palo muy fuerte, de materializarse.

Mención aparte merece el circo que se ha formado desde que ayer lunes el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, responsabilizara al Banco de España de buena parte de la culpa de la crisis económica y financiera que actualmente todavía sufrimos. Hubo errores de supervisión, en opinión de una de las caras más visibles de la Troika, y yo estoy de acuerdo solo en parte. Y es que la actividad del BdE estuvo plagada de errores, como no haber diagnosticado adecuadamente la gravedad de la crisis y haber planteado soluciones inicialmente (las fusiones frías de cajas) que se demostraron no solo malas soluciones, sino que provocaron problemas peores.

Han salido los grandes banqueros (Botín, Páramo, Fainé y el propio Luis Linde) a defender la labor de Caruana y MAFO, y también altos cargos políticos del actual Gobierno. Estos últimos sí que son, en mi opinión, los más grandes responsables de la crisis. Porque fueron los partidos mayoritarios los que diseñaron el sistema financiero español, y los que dieron forma a las nuevas cajas de ahorros, organismos que si bien crecían cada vez más en tamaño, no estaban dotadas de un modelo de gobierno corporativo que les permitiera recapitalizarse cuando vinieran mal dadas.

Emilio Botín

Fueron además los gobernantes los que, durante los primeros años de la crisis, mantuvieron el mantra de que no se iba a emplear dinero público en rescatar a la banca optando en cambio por las fracasadas fusiones y poniéndolas al borde del precipicio. Mala idea, muy mala, si atendemos a lo que hicieron los gobiernos del resto de países de nuestro entorno. Todos tuvieron que taparse la nariz, mirar para otro lado, y aceptar el golpe electoral y la impopularidad de emprender una medida necesaria a pesar de la poca comprensión por parte de la ciudadanía, fatigada por los recortes en otras partidas de gasto. En todas partes menos aquí, que se pospuso esta medida hasta que era prácticamente inevitable. Y entre medias, aunque el coste de sanear el sistema financiero ha sido más bajo que en otros países, nos cargamos el tejido productivo español, con unas tasas de paro y de destrucción empresarial no registrado en ningún otro país.

Parece que, a pesar de las versiones más o menos oficiales, la historia de la crisis del sistema financiero español tiene todavía muchos capítulos por definir. Hay muchos agujeros negros que aún no han sido aclarados. Esperamos poder aportar nuestro particular granito de arena desde esta bitácora.

Más allá de los hechos y detalles que se puedan ir descubriendo alrededor del rescate a la banca española (ayer publicaba que la bomba de relojería de Bankia fue Bancaja, y estalló apenas dos meses antes de su intervención), lo cierto es que las grandes cifras de esta operación siguen evolucionando. Es decir, que aún es pronto para saber cuánto nos costará a los contribuyentes salvar al sistema financiero, ya que las operaciones de venta siguen negociándose (quedan Catalunya Banc y BFA-Bankia) y mientras las entidades, ya saneadas, van a lo suyo.

Lo que sí sabemos es la última estimación del Banco de España sobre la factura (provisional) total del saneamiento y reestructuración bancarios. Según el supervisor financiero español, el gasto público en rescatar a bancos y cajas asciende por ahora a 61.495 millones de euros en capital, a los que hay que sumar otros 32.000 millones en líneas de avales. Se habían pedido más de 100.000 millones de estas partidas, pero hasta el momento ya se han devuelto cerca del 70%. Una buena noticia.

No es tan buena noticia, sin embargo, el saldo que arrojan las ayudas directas de capital. Y es que de los más de 61.000 millones, se han recuperado hasta el momento apenas 1.760 millones de euros, un 2,8% del total inyectado en las entidades insolventes. Pese a los cantos de optimismo del Gobierno (que yo me quiero creer), lo cierto es que queda mucho (muchísimo) aún por recuperar, y estamos todavía muy lejos de poder decir que el saneamiento del sistema bancario no ha sido sino una inmensa ruina. Se prevé antes del verano la venta (en partes o de una tacada) de Catalunya Banc, así como otra participación sustancial de Bankia. Entonces estaremos más cerca de saber cómo de caro nos va a salir el negocio.

Mención aparte merece el tema del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), el organismo semipúblico encargado de asegurar que los depositantes españoles dispondrán de sus ahorros. La crisis ha supuesto un desembolso constante por parte del FGD, que se ha tenido que encargar de parte del saneamiento, entre otras, de Unnim, la CAM y Liberbank. En total, más de 7.000 millones de euros, lo que ha dejado temblando sus cuentas y han hecho aparecer los número rojos (no hay problema, el Estado garantiza la potencia de tiro del FGD).

Así, a finales de 2013 el fondo acabó el ejercicio con un resultado negativo de -1.637 millones de euros. Las entidades financieras, encargadas de su sostenimiento a través de derramas solidarias, han tenido que apoquinar más de 3.000 millones de euros entre enero y febrero para devolver a la institución a los número en negro. Eso sí, tal como estima el propio FGD, es muy probable que nuevas pérdidas vuelvan a aparecer debido a futuros saneamientos exigidos por los hipotéticos compradores de las entidades que quedan por adjudicar. Ya sabemos que al mercado le gusta adquirir bancos nacionalizados por un euro y con sustanciosos esquemas de protección de activos que les blinden prácticamente cualquier pérdida futura.

En resumen, y más allá de que el abanico de opciones de este saneamiento del sistema financiero siempre pasara por elegir alguna mala, lo cierto es que pese a los esfuerzos del Banco de España el proceso sigue adoleciendo de transparencia y afán explicativo por parte de las autoridades. Básicamente, los rescates y las intervenciones de entidades acaban siendo inmensas cajas negras (muy caras) en las que la información que te aportan no se puede confirmar y en las que se mueven intereses a menudo oscuros y contrarios a los de la ciudadanía.

El mes pasado me atrevía a aventurar que el Banco Central Europeo no tomaría entonces ninguna medida radical en mayo para evitar el peligro de deflación y adelanté que las decisiones se implementarían este mes. ¡Bingo! He tenido suerte. La reunión de la cúpula del BCE ha decidido, por unanimidad, rebajar los tipos de interés a otro mínimo histórico (0,15%) y comenzará cobrar un -0,1% por la facilidad de depósito (es decir, el dinero que los bancos privados pueden depositar en su cuenta en Frankfurt). Ésta última busca penalizar que la banca mantenga un dinero ocioso, y así se vean incentivados a invertirlo.

Pero la medida más impactante, y que ha pillado por sorpresa a muchos, es la inyección, en dos tandas, de 400.000 millones de euros en liquidez para los bancos. Los efectos de los anteriores LTRO (así es su nombre técnico) ya se estaban agotando y los mercados venían pidiendo desde hace tiempo un nuevo chute en forma de dinero fácil, casi infinito. Pues ya lo tienen. Como novedad, y con el fin de evitar que esta inyección simplemente sirva para que los bancos compren deuda y obtengan un rendimiento sin riesgo (el famoso carry trade), el BCE impondrá como condición indispensable para acceder a estas líneas tendrán que conceder crédito a familias y empresas.

Las reacciones a las decisiones de Draghi, que casi nunca decepcionan, no se han hecho esperar. Y hay de todo. Por un lado, el profesor Robert Tornabell de la escuela de negocios Esade habla de un «cañonazo inesperado» por parte de SuperMario. En su opinión, según se desprende de las declaraciones del presidente del BCE; «habrá subastas trimestrales según sean necesarias y los bancos demuestren que pagan dinero a empresas y particulares, nunca a hipotecas y nunca a deudas soberanas», al tiempo que no descarta otras medidas no convencionales, como las ya comentadas QE («facilidades cuantitativas»).

En la misma línea se muestran los analistas del banco francés BNP Paribas, que acaban de publicar un análisis urgente sobre las medidas del BCE. En esencia, dan la bienvenida al paquete de acción y la intención explícita de tomar más en caso de que fuera necesario. «Los muy bajos costes de estas operaciones (…), la duración —cuatro años— y cómo están diseñados podrían hacer estas nuevas LTRO extremadamente útiles para incrementar el crédito«, aventuran desde la entidad gala.

Por su parte, el economista jefe de la gestora Robeco, Léon Cornelissen, no ha dudado en señalar las «sorprendentes» buenas nuevas del BCE como una gran ayuda para los países de la periferia del Euro, debido a que servirán para rebajar los tipos de interés de la deuda soberana. Sin embargo, su alcance será muy limitado, ya que apenas influirán positiva o negativamente en el crecimiento económico a medio plazo, «y no será un revulsivo para revertir las tendencias desinflacionarias de la Eurozona», ha añadido.

Menos entusiastas, aunque también optimistas, se han mostrado los analistas del think tank Bruegel, quienes en general dan la bienvenida al paquete completo de medidas del BCE, sobre todo en cuanto a la imagen de unidad que ha mandado (a pesar de las conocidas reticencias alemanas a tomar decisiones inflacionarias). No obstante, consideran que las decisiones tomadas este jueves no serán suficientes para dinamizar la economía lo suficiente como para espantar el fantasma de la deflación (o por lo menos del estancamiento de la baja inflación). En su opinión será necesario un futuro programa de compra directa de al menos 35.000 millones de euros en activos bancarios: bonos corporativos y otros tipos de deuda.

En resumen, el mercado y los analistas parecen haber acogido positivamente las decisiones tomadas este jueves por Draghi y sus chicos. Es una buena noticia, pues. Pero no pensemos que no tienen consecuencias (posible subida de los precios, o mayor especulación en los mercados financieros) ni que van a hacer desaparecer los problemas de la economía europea y española.

EDITO: Un compañero y sin embargo amigo, Pablo R. Suanzes (aquí su blog) me ha aportado otros dos análisis que añaden matices importantes a lo aprobado hoy en Frankfurt. Por un lado está el que hacen desde el banco estadounidense de inversión Morgan Stanley, que considera «sólido» el conjunto de acciones decidido por el BCE. Y es que «los bancos inicialmente serán capaces de pedir prestado hasta el 7% de sus préstamos a los sectores no financieros de la economía» durante un máximo de cuatro años, por medio de esa particular línea de crédito de hasta 400.000 millones de euros. En su opinión la puesta en marcha de un QE está aún lejos, ya que Draghi tendría aún varios cartuchos que gastar antes que tomar una medida tan impopular en el seno de la máxima autoridad monetaria del euro.

Por otro lado están los expertos del francés Credit Agricole, que en su último Focus, que destaca que la manguera del Banco Central Europeo es especialmente «amistosa» con los países de la periferia. «¿Quién dijo que el BCE decepcionaría? L0 más destacado de la reunión de hoy es que han probado que muchos de sus críticos estaban equivocados«, señalan, al tiempo que destacan que el compromiso de la institución para luchar contra la deflación ya no debería ser discutida.

«Hay una buena oportunidad para que la economía real y la periferia europea en particular se beneficien de unas condiciones de crédito más accesibles», estiman desde Credit Agricole, que también inciden en el hecho de que esta nueva ronda de LTRO será «muy diferente», en el sentido de que en esta ocasión tendrá unas condiciones mucho más generosas, si bien no permitirá los carry trades, esa peculiar respiración asistida para bancos y tesoros públicos. También es destacable el anuncio de que se están intensificando los trabajos preparatorios de cara a futuras e hipotéticas compras masivas de activos. Pero para esas medidas no convencionales todavía habrá que esperar…

El acto (positivo) de un día les ha librado de una condena después de múltiples años de malas prácticas. El pasado jueves conocíamos la sentencia de la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula de Caixa Penedés. El exdirector general de la entidad, Ricard Pagès, fue condenado a dos años de prisión y otros tres exdirectivos (Joan Caellas, Santiago Abella y Manuel Troyano —curioso apellido) a uno después de que el juez encontrara probado que los cuatro actuaron de forma «maliciosa e insidiosa» con el fin de autoadjudicarse pensiones muy por encima de lo aconsejable para una entidad de su tamaño. Tan probados fueron los hechos que los condenados incluso reconocieron los hechos.  

Y es precisamente aquí donde empieza lo fuerte. Ya que tan solo un día antes de que se emitiera el veredicto de culpabilidad, los acusados devolvieron los 28 millones de euros que (entonces todavía presuntamente) habían sustraído a la caja por medio de remuneraciones muy por encima de mercado y fuera de toda prudencia. Y con ese simple gesto, el magistrado redujo su condena y les ha librado de entrar en prisión. Les han aplicado sendos atenuantes de reconocimiento de los hechos (más que probados para entonces) y de reparación del daño (repito, un día antes de la sentencia) y ZAS, todo se queda finalmente en un «pelillos a la mar».

Obviamente, tras conocerse la sentencia se han disparado los comentarios de personas indignadas ante lo que es, dicen, una demostración de que la Justicia no es igual para todos. Que es más benévola con los ladrones de guante blanco. No seré yo el que afirme eso porque no tengo pruebas ni de una cosa ni de la contraria, y los que me conocen saben que prefiero pecar de ingenuo y confiar en el sistema antes que pensar que todo está corrompido.

Lo que sí que tengo claro, no obstante, es que después de seis años de crisis económica en la que se han llevado a cabo recortes presupuestarios mientras se ha empleado dinero público para sanear a los bancos, la sociedad española traga con dificultad con el hecho de que hasta el momento ningún banquero haya sido condenado. No me cabe duda, porque he podido comprobarlo, que muchos no han sido culpables de nada, pero ¿realmente todos son inocentes? Políticos, empresarios, folclóricas… todos han tenido su momento de gloria penitenciaria. En otros países como Islandia o Estados Unidos hemos visto aplicarse la ley de forma implacable sobre los señores de las finanzas. ¿Veremos esto en España?

EDITO: Un compañero del diario Cinco Días al que aprecio (Miguel M. Mendieta), y que sabe mucho más del caso Caixa Penedés que yo, me ha puntualizado algunas cosas y creo que es interesante añadirlas. En su opinión la sentencia es «buena, rápida y efectiva» y además se ha conseguido que devuelvan el dinero, algo que no ocurre frecuentemente. Ha sido rápida teniendo en cuenta la lentitud de la Justicia española, y eso a pesar de que uno de los acusados falleció antes de que finalizara el proceso. Cree que es además «efectiva» en el sentido de que la sentencia es firme y ninguna de las partes recurrirá (ni la Fiscalía, a pesar de que pedía más años para los condenados). Por último, ha aclarado que lo que se juzgaba no era una mala gestión «(que la hubo), sino pensiones excesivas (que las hubo)». Es decir, y en esto estoy completamente de acuerdo: No se trataba de un juicio sumario, sino un juicio por unos actos muy concretos, y que se ha resuelto con una culpabilidad inapelable. Otra cosa es lo que piense cada uno de las penas por delitos económicos…

Que el optimismo nos deje ver el bosque. Los grandes referentes de la banca española se han lanzado durante los últimos meses a certificar que la crisis ha dado un giro de 180 grados y que por fin ya sí se ve la luz al final del túnel. Desde el «España está en un momento magnífico» de Emilio Botín, pasando por el «cambio de tendencia» expresado por José Ignacio Goirigolzarri, los principales bancos están mandando la señal de que hemos dejado atrás lo peor.

Sin embargo, los propios bancos han de afrontar esta nueva etapa con un lastre abultado. Mucho. Y es que permanecen en sus balances cientos de miles de millones de euros en activos tóxicos, la gran mayoría relacionados con el ladrillo. Son activos que por tanto han de provisionarse, y cuya evolución irá aparejada en gran parte a la del ciclo económico. Según los cálculos del servicio de estudios de La Caixa, los activos «improductivos» en poder de las principales entidades de crédito a finales de 2013 suponían más de 173.900 millones de euros, cerca de un 8,2% de su balance total y una cantidad un 20% mayor que un año antes.

En cantidades similares, y aún mayores, se mueven los cálculos elaborados por la consultora PwC, quien en un reciente informe sobre reestructuraciones empresariales ha calculado que los créditos dudosos y refinanciados en poder de los bancos superan, respectivamente, los 146.000 y los 158.000 millones de euros. Esto ha llevado a que las entidades hayan tenido que destinar inmensas cantidades a provisiones: Más de 186.000 millones de euros solo en 2013. La cifra total es ligeramente menor que la registrada en 2012, lo que ha permitido a la banca ampliar sus beneficios operativos en 2013. Pero el inmenso montante sigue ahí, a la espera de que cambie el ciclo (y se pueda desprovisionar) o se logren adjudicar estos activos sin pérdidas.

«Si la recuperación económica gana fuerza, la calidad del crédito debería seguir en una tendencia de mejora». En un reciente informe sobre las bancas española, portuguesa e italiana, los analistas del BNP Paribas estiman que los créditos tóxicos suponen cerca de 197.000 millones de euros, un 17% más de los que había a finales de 2012. Sus cifras muestran un ratio creciente de créditos dudosos en relación al activo total, si bien desde la entidad francesa explican que este incremento se debe más a una caída del denominador (el activo total) que a una subida real del activo dudoso.

En resumen, lo que analistas y expertos apuntan es que, si bien las perspectivas han mejorado, debemos aún permanecer vigilantes y alerta, ya que la situación de los bancos está lejos de ser la ideal. Se mantienen en sus balances una impresionante cantidad de créditos y otros activos cuyo valor actual está muy en cuestión. Si el ciclo económico remonta y la situación acompaña estos dudosos podrán convertirse en un negocio aprovechable. Pero si no es así, la banca tiene en casa un verdadero problema.

Hoy martes nos hemos desayunado con un nuevo escándalo relacionado con las altas finanzas. Y es que la Comisión Europea ha acusado formalmente a los bancos Credit Agricole (Fracia), HSBC (Suiza) y JPMorgan (EEUU) de haber participado en un cártel dedicado a manipular los precios de los productos derivados relacionados con tipos de interés del euro. La investigación supone una continuidad de la ya iniciada en 2011 y de la que se concluyó con multas récord de más de 1.700 millones de euros a otras seis entidades financieras internacionales: Deutsche Bank (Alemania), RBS Reino Unido), Societe Generale (Francia), Citi (EE UU), UBS (Suiza), RPMartin (Reino Unido) y Barclays (Reino Unido).

Ésta no es más que la última colleja que los poderes judiciales y políticos le propinan a un sector bancario que lleva desde el inicio de la crisis en el punto de mira. Y no son pocos los motivos: Primero porque las entidades financieras se han visto beneficiadas por gigantescos rescates con dinero público; segundo porque en la mayoría de los casos, aquellos directivos que actuaron de forma arriesgada y acabaron por quebrar sus entidades no solo no han pagado por ello, sino que han visto engrosar sus cuentas de ahorros con millonarios salarios, planes de pensiones e indemnizaciones. Son causas que explican por qué la opinión pública está especialmente enfadada con los señores de las finanzas.

Protesta ante la sede del HSBC en Madrid.

Como decía antes, las multas por manipulaciones relacionadas con el Euribor son sólo una parte. A finales de 2012 dos entidades bancarias de primer nivel como UBS y Barclays tuvieron que asumir el pago de sendas multas de 1.170 y 347 millones de euros, respectivamente, por manipular intencionadamente otro de los grandes índices interbancarios: El Líbor. Aproximadamente un año antes, el Gobierno de Estados Unidos inició un proceso judicial contra cuatro de los principales bancos del mundo —JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs y Deutsche Bank— por conceder y no valorar adecuadamente las llamadas hipotecas basura. El Tesoro esperaba ingresar así más de 600 millones de euros con estas sanciones. Mucho más grande todavía es otra multa impuesta a JPMorgan (13.000 millones de dólares) también por malas prácticas relacionadas con las hipotecas.

Las actividades poco éticas o directamente delictivas detectadas durante la crisis no se acaban todavía. Qué va. A finales de 2012 el banco HSBC recibió una multa récord de unos 1.500 millones de euros por parte de las autoridades estadounidenses debido a su participación en el lavado de dinero negro relacionado con los cárteles mexicanos de la droga y con países como Irán. Y el pasado mes de octubre un juez de Chicago condenó a HSBC y a tres de sus directivos a pagar 1.800 millones de dólares en indemnizaciones por delitos de fraude.

Parece claro que buena parte del mundo está dispuesta a poner coto a los desmanes y a dar ejemplo persiguiendo malas prácticas y abusos bancarios. Pero… ¿Y en España? Pues por ahora mucho ruido y pocas nueces. Hay casos mediáticos como el de la salida a bolsa de Bankia, pero todo parece indicar que no se cometieron los delitos de los que acusan a sus consejeros y a la propia entidad. Hace unos meses la CNMV sancionó al Banco Santander por infracciones relacionadas con la comercialización de los llamados Valores Santander (una especie de preferentes), si bien la multa apenas llegó a 17 millones de euros.

Hasta el momento, y salvo el vergonzoso caso de las cláusulas suelo, las entidades financieras se han visto en general salvaguardadas en España de sanciones ejemplarizantes o investigaciones en profundidad. Hemos visto abrirse causas judiciales contra los antiguos gestores de las cajas, pero lo más probable es que —salvo en casos de apropiación indebida, como en la CAM— de haber irregularidades estas fueran producto de la labor combinada de muchos actores, quienes por exceso de optimismo, por negligencia, por desconocimiento, por incompetencia o por actuar en beneficio propio, hayan ocasionado graves daños a sus clientes y a la economía en su conjunto.

Me llama la atención por ello que no haya más entidades procesadas o imputadas como personas jurídicas. Me llama la atención que casi siempre se haya optado por encausar a las personas físicas, cuando parece que (al menos en el ámbito internacional) la forma más habitual de hacer justicia es investigando las responsabilidades de las propias entidades financieras, esos gigantes que se creyeron libres de hacer prácticamente lo que les dio la gana.

Ayer la patronal bancaria española nos dio una noticia de estas que te amargan el día. Según sus cálculos, los rescates al sistema financiero español (77.800 millones en total) han ocasionado ya unas pérdidas materializadas de más de 53.081 millones de euros. Esta cantidad estimada por los analistas de la AEB (ver cuadro más abajo) es la mayor conocida hasta la fecha y contabiliza más de 13.600 millones perdidos en BFA-Bankia, casi 10.000 millones de euros en Catalunya Caixa y casi 8.000 millones en la CAM, entre otras entidades. Según los grandes bancos españoles esta es, por ahora, la verdadera factura de la reestructuración financiera en España: Un 5% del PIB.

Ayudas al sistema financiero español (AEB)

¿77.800 millones en ayudas? ¿53.000 en pérdidas? El conocimiento de estas inmensas cantidades de dinero público, sin embargo, no ha hecho sino confundirme. Y es que las cifras de ayudas públicas, inyecciones de capital y pérdidas ya asumidas varían de una forma muy notable en función del organismo que hace el cálculo. Y así no hay manera de conocer efectivamente el coste para el contribuyente del rescate financiero. Recapitulemos.

Este mismo mes, el Tribunal de Cuentas finalizaba su informe de fiscalización al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB), el organismo público encargado de gestionar el saneamiento de las entidades españolas en problemas. La cifra total de apoyos públicos destapada por esta institución (ver cuadro abajo) resultó más abultada de lo reconocido por las autoridades: 107.913 millones de euros, entre aportaciones al capital, permutas, CoCos, Esquemas de Protección de Activos (EPA) y anticipos. Más de un 10% del PIB español.

Sorprendentemente (al menos para mi), la entidad con más ayudas no ha sido BFA-Bankia, sino la CAM, que entre el auxilio del FROB (3.000 millones) y el del Fondo de Garantía de Depósitos (casi 22.000M€) es la caja a la que han tenido que auxiliar con más capital. Bankia, por su parte, recibió algo más de 22.000 millones, mientras que Banco de Valencia y Catalunya Caixa han llegado a los 17.000 y 12.000 millones respectivamente. El informe del organismo fiscalizador —es una pena— no incluye, no obstante, cálculo de las pérdidas esperadas conjuntas.

Cuadro de ayudas públicas al sistema financiero español (TCu)

Hace apenas un año, este periodista publicaba una información relacionada con este cacao del dinero público invertido en ayudar al sistema financiero español. Las cifras oscilaban entre los 55.000 y los 589.000 millones de euros, según los distintos criterios tomados en cuenta. Unos meses después retomaba el asunto y fijaba en no menos de 159.000 millones de euros el capital público verdaderamente comprometido en sanear bancos y cajas.

A finales de enero de 2014 el FROB limitó a unos 37.000 millones de euros la cantidad de dinero efectivamente perdido en rescatar a cajas y bancos, sobre un total de 53.000 millones de euros de dinero público invertido en estas entidades. Es decir, que se perderían tres cuartas partes de lo inyectado. Apenas una semana después el máximo responsable del FROB reconocía en sede parlamentaria que Eurostat ya daba por perdidos más de 43.479 millones de euros de los empleados para sanear y rescatar al sistema financiero español. Y lo más sorprendente, la cifra de ayudas también había variado: Más de 61.000 millones, una cifra coincidente con este gráfico elaborado explícitamente por el Banco de España. La cifra era también distinta a la facilitada por el FROB en su informe anual referente al ejercicio 2012 (el último disponible). Entonces las pérdidas reconocidas y asumidas superaban los 36.400 millones de euros.

¿Con cuál nos quedamos? ¿Cómo de definitivas son estas pérdidas? ¿Son reversibles? Porque el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, se ha mostrado repetidamente confiado en poder devolver todas las ayudas e incluso en poder llegar a generar valor a la inversión del Estado. Con las actuales proyecciones no parece posible, pero no hay que olvidar que el banco nacionalizado tiene actualmente unas potentes plusvalías latentes en su deuda pública, por ejemplo.

Mi conclusión es que, a no ser que me demuestren lo contrario, el futuro es insondable y las pérdidas o ganancias pueden estimarse, si bien está por ver que sean definitivamente así. Con la actual crisis se antoja complicado pensar en sacar valor de las entidades financieras españolas, pero nada impide que la situación revierta.

Entre abril y mayo de 2009, las cúpulas directiva y administrativa de Caja Madrid dieron luz verde a la emisión de participaciones preferentes entre la clientela. Tal como demuestran los documentos internos inéditos a los que ha tenido acceso este periodista, desde el punto de vista legal y regulatorio la caja presidida entonces por Miguel Blesa tenía un exceso de solvencia. En concreto, unos 2.071 millones de euros de excedente de recursos propios (ver cuadro más abajo).

Los datos sobre recursos propios referentes a 31 de marzo de 2009 mostraban que, pese a que los niveles de solvencia estaban más de 2.000 millones de euros por encima de los mínimos, en los últimos se había producido «un claro consumo de capital», según señalan fuentes conocedoras de la operación que han optado por mantener el anonimato. Es decir, que las pérdidas se habían ido incrementando a medida que la situación económica se deterioraba. Aún así, CM mantenía un excedente de capital del 20%, algo que conocían también el auditor y el regulador.

Fue el 27 de abril cuando el entonces director de Negocios, Matías Amat, propuso a los miembros del consejo la aprobación de una emisión de participaciones preferentes con la finalidad de reforzar la solvencia de la caja. Fue Amat quien diseñó dicha operación, en colaboración con el comité financiero, la banca de negocios y el comité de dirección. La labor de los consejeros era dar el visto bueno a las grandes líneas estratégicas, y esta era una de ellas.

Estas preferentes, según el modelo que se presentó ante el consejo de administración, tenían que comercializarse en el mercado secundario AIAF, «pero como éste nunca llegó a funcionar la CNMV autorizó los polémicos cases internos«, según reconocen fuentes conocedoras de la operación, que añaden que «eran los directivos los que decidían los precios, los folletos, los test de idoneidad… todo se hizo después de que los consejeros dieran el OK a una operación estratégica, sin entrar al detalle». La entidad contaba con un margen legal para emitir más de 5.000 millones de euros entre preferentes y subordinadas. Finalmente fueron unos 3.000 millones los que se colocaron.

Los clientes de Caja Madrid cobraron su remuneración hasta 2011, a cuenta del ejercicio 2010 (en plena crisis ya), y mantuvieron la opción de canje hasta finales de 2011. En 2012 estaba previsto que también cobraran (en relación al ejercicio 2011), «aunque debido a que dejaron de considerarse por Basilea como computables como capital, el acuerdo de los reguladores era canjearlas por acciones (…) solo la intervención pública con reformulación de cuentas hundió la acción y diluyó el capital de las cajas incluyendo las preferentes que no se habían aún canjeado», señalan fuentes conocedoras de la operación.

Las preferentes, a partir de finales de 2011 resultaron ser un completo desastre (por el bloqueo de los cases internos ordenado por el Gobierno, por las pérdidas contabilizadas en el ejercicio 2011 y por la mala comercialización) para miles de afectados. Resultaron ser un desastre pero eso no implica que necesariamente lo fueran en el momento en el que fueron ideadas y planificadas. Juzgar unos hechos pasados por sus efectos conocidos en el futuro no es sino un claro caso de sesgo retrospectivo. Pero los efectos nefastos en el presente no siempre están relacionados con actos delictivos en el pasado. Puede haber otras muchas explicaciones alternativas a la maldad, probablemente menos mediáticas: Un exceso de optimismo en las previsiones macroeconómicas y de negocio, un error en las estimaciones de impacto de la caída del mercado inmobiliario, una regulación financiera demasiado procíclica…

¿Por qué todas estas explicaciones? Este lunes se ha presentado una nueva querella relacionada con el caso Bankia. En esta ocasión ha sido la formación Izquierda Unida, que se ha apuntado a la fiesta dos años después de que estallara el escándalo y la entidad acabara recibiendo más de 22.000 millones de euros en ayudas. ¿Aporta algo distinto la querella de IU frente a las presentadas por UPyD y el movimiento 15MpaRato? Pronto para decirlo, pero tras leer el texto de la querella no soy muy optimista.

Entre los delitos que denuncian los abogados de la formación coordinada por Cayo Lara se encuentra el de «estafa». Por eso pretenden procesar no solo a Bankia y a BFA (banco y matriz), sino a Rodrigo Rato y a otros 31 exconsejeros que actualmente ya se encuentran en condición de querellados/imputados en la causa que instruye en la Audiencia Nacional el juez Fernando Andreu. Igual me equivoco, pero esta historia suena a conocida.

Lo que no es tan conocido (e incluso parece en ocasiones ignorado) es el hecho de que los querellados/imputados en España son inocentes hasta que se demuestra lo contrario. La presunción de inocencia, aunque antipática e impopular en el caso de banqueros y cargos políticos, es una de las garantías esenciales de un estado de derecho. Y yo personalmente me la creo, sean exaltos cargos de una caja rescatada con dinero público, sean presuntos etarras o sean padres acusados de matar a sus propios hijos. Esto no me libra de contradicciones internas, pero prefiero esta opción a la de ser un palmero de los juicios populares.