Llevamos años —desde que se desencadenó la crisis económica en España, o incluso antes— con un cierto consenso en el debate público acerca de la labor llevada a cabo por las cajas de ahorros durante las dos últimas décadas. Básicamente, este consenso social apunta a que las cajas de ahorros sufrían de una excesiva politización, lo que las llevó a tomar decisiones no profesionales, lo que a su vez las llevó a asumir demasiados riesgos y, por tanto, a situaciones de insolvencia y rescate con dinero del contribuyente. Esa opinión relativamente generalizada entre la opinión pública, sin embargo, no estaba sustentada más que por percepciones subjetivas (por mayoritarias que fueran) con más o menos fundamento. Hasta ahora.

Dos jóvenes investigadores (Sebastián Lavezzolo, de la Universidad de Nueva York, y Manuel Illueca, de la Universitat Jaume I) han concluido recientemente un estudio en el que muestran evidencias de «una poderosa lógica política que conecta las motivaciones electorales y los préstamos bancarios en el caso de España, donde la mitad de los mercados del crédito y los depósitos estaban operados por entidades controladas políticamente». Este paper —titulado Endeudamiento y préstamos a lo largo del ciclo electoral. Evidencia desde la deuda corporativa— aún está pendiente de publicar, y sin duda sus conclusiones son de gran interés y se relacionan directamente con la burbuja inmobiliaria.

Burbuja inmobiliaria en España

«Las cajas de ahorros bajo el control de gobiernos regionales prestaban más créditos en función del calendario electoral«, señalan los autores del estudio, a partir de un análisis detallado de más de 40.000 empresas medianas y grandes entre los años 1997 y 2008. A partir de estos datos, han podido comprobar que estas compañías tomaban prestados más créditos de las cajas controladas políticamente por ese gobierno regional a medida que se acercaban esas elecciones autonómicas.

El propio profesor Lavezzolo, en otro estudio publicado en marzo de este año ya avanzaba conclusiones similares, tras evidenciar que «los años electorales estaban asociados con un incremento de las tasas de aumento del crédito, así como con una caída de los precios». Es decir, que a medida que se acerca el momento de elegir a los representantes políticos, el escenario financiero de buena parte de los votantes mejoraba. ¿No ven aquí un grave conflicto de intereses y, sobre todo, un incentivo muy perverso para poner en riesgo la situación de solvencia de una entidad financiera? Yo sí.

Y es que la evidencia también parece apuntar, según Lavezzolo e Illueca, a que detrás de esta euforia crediticia se encuentran buena parte de nuestros problemas actuales: las empresas que fueron más ávidas a endeudarse en época electoral han sido también las que peor han soportado la crisis: Aquellas que «acumularon deuda bancaria en función del ciclo electoral son más proclives a declarar una bancarrota posteriormente«, añaden estos académicos.

Este impactante estudio verá la luz próximamente. Sería de desear más investigaciones y más evidencias científicas relacionadas con el sector financiero español. Porque como ya he comentado otras veces, criticar los gastos y los sueldos de la banca y las cajas puede ser muy entretenido, pero las causas que de verdad están por debajo de la caída de la mitad del sistema bancario español están aún por demostrar. Y yo aspiro a conocerlas.

Quizá no lo sepa, amable lector, pero el pasado viernes, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB) anunció públicamente que había remitido ante la Fiscalía Anticorrupción para que las investigara un total de 23 operaciones consideradas sospechosas por los responsables de las auditorías internas llevadas a cabo en CatalunyaCaixa y Novagalicia, las otras dos mayores entidades nacionalizadas, al margen de Bankia.  

Pese a que el montante de estas supuestas irregularidades (1.500 millones de euros frente a 15,5 millones) y la gravedad de las mismas (un agujero así sí que podría explicar la falta de solvencia de una entidad) es muy superior en el caso de las entidades gallega y catalana, la atención mediática que está recibiendo el caso de las tarjetas presuntamente irregulares que manejaron hasta 86 directivos, consejeros y ejecutivos de Caja Madrid y Bankia es infinitamente superior. De hecho, en el primer caso apenas ha habido investigación posterior al anuncio del FROB. Huelga decir lo que llevamos viendo desde que saltara la noticia de las tarjetas. No deja de llamarme la atención la enorme diferencia de atención mediática de dos casos con tantos paralelismos.

Bankia sola era más del doble de grande que CX y NCG juntas, y sin embargo el supuesto agujero era cien más grande en estas dos últimas. En términos estríctamente matemáticos, la cuantía de lo investigado en la entidad con sede madrileña es ridícula en comparación con las otras dos.

¿Por qué los medios, la opinión pública, la ciudadanía y los partidos se están fijando en las tarjetas de Caja Madrid y no en los 23 casos de créditos y refinanciaciones concedidos, presuntamente, de forma tal que perjudicaron gravemente la situación de solvencia de dos entidades tan importantes en Cataluña y Galicia? No tengo ni idea, pero se me ocurren algunas hipótesis, que no son excluyentes entre sí:

1) El de las tarjetas es un caso fácil de entender y paradigmático: Unos señores incompetentes e inmorales que se dedicaban a derrochar el dinero de los preferentistas con unas tarjetas opacas para Hacienda. Una historia de malvados y de víctimas (los preferentistas, que la verdad poco tienen que ver en este asunto). Tan maniqueo en ocasiones como fácil de entender incluso para aquellos que menos información consumen, el relato del escándalo de las tarjetas ‘B’ ha suscitado una enorme atención creo que precisamente por esto. Hablas del gasto en lencería de tal, o del consumo en restaurantes de lujo de cual, y así rellenas horas de radio, de televisión y decenas de páginas de prensa. Sin embargo, en el caso de las operaciones irregulares de las otras dos cajas, la idea-fuerza de los malos malosos no funciona tan bien: Hay que hablar de créditos, de refinanciaciones, de garantías… vamos, un rollo.

2) Mucha más información pública para las tarjetas: En el caso de las cajas gallega y catalana, el propio FROB ha renunciado (al menos conmigo, que lo he solicitado) a detallar las operaciones que están bajo sospecha. Casi nula transparencia. Nada que ver con el caso de las tarjetas, en las que en apenas unas horas (desde que Íñigo de Barrón publicó la primicia en El País) toda la prensa española disponía de cada uno de los movimientos realizados con las tarjetas de cada uno de los 86 altos cargos de la antigua caja madrileña. ¿Por qué no hay interés en que la opinión pública conozca en detalle estas operaciones? ¿El secreto judicial es solo para algunos? ¿Y la presunción de inocencia?

3) El PP, Blesa, Rato y la guerra política: ¿Por qué hay menos atención mediática respecto a los 900 millones de posible agujero provocado en CatalunyaCaixa, proporcionalmente mucho más relevante que los gastos más o menos criticables éticamente en Caja Madrid? ¿Será acaso que no todo este revuelo tiene que ver con la exigencia pura de responsabilidades? En efecto, sospecho que con este caso se quiere también hacer una gran campaña de márketing (es la primera vez que todo el espectro mediático español, desde La Razón hasta Eldiario.es en el que se coincide en un mismo tratamiento informativo para un mismo acontecimiento), una suerte de quema de brujas con la que culpar a un grupo de gestores y poder hacer borrón y cuenta nueva con el sistema financiero español. Vamos, que todo se resumía en unos señores avariciosos que a cambio de un buen dinero dejaron de cumplir con su labor, que era dirigir y administrar correctamente una gran caja. Pero es que esa no es la historia. Al menos, como mínimo, no es toda la historia, según lo veo yo. En cambio, este relato sirve, para unos, para presentarse como íntegros luchadores contra la corrupción; a otros el hecho les vale para cargar contra el PP, que era quien controlaba la caja. Pero al PP le vale también ya que, mientras carga contra Rato y Blesa, también le arrea a todos los partidos y formaciones que tenían representación en la entidad, ya que también participaron de la fiesta. Casi todos pierden, pero a la vez la ocasión les permite anotarse algunos tantos (por ejemplo, Pedro Sánchez echando del partido a todos los relacionados con el caso).

Como suelo repetir más de lo que me gustaría, no soy partidario de los juicios paralelos ni sumarísimos, ni de los sesgos retrospectivos, ni de las explicaciones totalizadoras fáciles. Espero de los medios que seamos capaces de explicar la crisis y la crisis del sector financiero de forma veraz, de forma que sirva para no repetir los verdaderos errores del pasado. Se trata de acertar con el diagnóstico de los verdaderos problemas, del incorrecto diseño institucional y de incentivos que se creó en España. No se trata de buscar culpables, como van diciendo algunos periodistas metidos a justicieros por ahí…

(Esta es una suerte de segunda parte de mi anterior post, Cinco verdades incómodas sobre las tarjetas fantasma de Caja Madrid/Bankia).

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decidido imputar a los dos últimos expresidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como al antiguo director financiero de estas entidades (Ildefonso Sánchez Barcoj) en una pieza separada del llamado caso Bankia, y relacionada con las presuntas irregularidades cometidas con las tarjetas fantasma que la antigua caja suministraba a sus altos cargos, y con la que se gastaron en total más de 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012. Después de todo lo que se ha escrito, después de todo lo que se ha dicho, y después de todo lo que se ha insinuado, el magistrado no parece tener demasiado claro el recorrido penal de esta pieza, toda vez que solo ha decidido imputar a tres personas del total de 86 que supuestamente estaban implicadas en este escándalo.

Torre Bankia

Pese a todo el ruido mediático, las dimisiones y la natural indignación ciudadana ante la constatación de que el modo de vida de los altos cargos del sector financiero español no se correspondía en absoluto con el del común de los mortales, me da la impresión de que la causa penal parece languidecer en este asunto. Es decir, que más allá de la condena pública a las altas retribuciones de directivos, consejeros ejecutivos y consejeros, no parece fácil que se vaya a demostrar trama delictiva o saqueo alguno. Sin ánimo de limitar todo lo que pueda averiguar la justicia a partir de ahora, se pueden haber hecho mal las cosas (sobre todo es fácil juzgarlo retrospectivamente, cuando quizás en su momento imperaban otras lógicas) sin necesidad de que se haya cometido delito alguno. Y me da la impresión de que los tiros van por ahí, y no soy el único que lo piensa. Voy a argumentar por qué:

1) La consultora independiente no vio desde un inicio causa penal. Recapitulemos: Bankia, cuando a instancia del FROB inició la auditoría e investigación internas para encontrar posibles irregularidades de los anteriores gestores y administradores, contrató además a varias consultoras independientes con el fin de detallarles el alcance de las mismas. En el caso de las tarjetas fantasma, fue el despacho británico-australiano Herbert Smith Freehills (HSF) el encargado de «propiciar una aproximación jurídica razonable (…) desde el punto de vista de la defensa de los intereses de Bankia». Es decir, que la consultora tenía el encargo de velar por los intereses del banco, y de apuntar a cualquier camino que pudiera significar la restitución de cualquier perjuicio pasado. El despacho constata que no fue capaz de encontrar contratos ni reglamentos que fijaran las condiciones de esas tarjetas, y que las mismas dependían directamente de la Dirección Financiera (es decir, de Sánchez Barcoj).

En resumen, Herbert Smith concluye que difícilmente las tarjetas de Caja Madrid puedan ser «incardinables en el concepto jurídico de cobro de lo indebido, generador de una obligación de devolución» y no recomienda acudir a la vía penal. Es decir, que en su opinión difícilmente se podrá probar que los consejeros y directivos que utilizaron estos plásticos pudieron cometer un delito de apropiación indebida ya que «el perceptor verosímilmente podía tener la creencia de que ostentaba un título (operativo o funcional) para utilizar la tarjeta». Y es que la propia entidad le suministraba esos pagos en especie. Vamos, que como muchos antiguos altos cargos han manifestado, es plausible que ellos pensaran que el uso de esas tarjetas era legítimo y legal. Lo que la justicia tendría que hacer es demostrar con pruebas que eso no fue así. Porque no olvidemos que en España el sistema judicial exige demostrar la culpabilidad, no la inocencia.

Otro tema, a juicio de este despacho, es el de las tarjetas posteriores a la creación de Bankia (año 2011). En este caso, el despacho HSF cree que podría considerarse más una apropiación indebida en la medida que el sector financiero ya entonces pasaba por unos malos momentos: «Las medidas de austeridad hacían claramente visible lo inapropiado de la medida de existencia de esas tarjetas», explican, por lo que creen que sí se podría reclamar lo cobrado, si bien vuelven a incidir en la ausencia de una vía penal clara. Es precisamente el FROB (el Ministerio de Economía, no lo olvidemos, juez y parte) el que en contra de sus asesores insiste en acudir a la vía penal y a la Fiscalía. Eso sí, lo hace lavándose las manos y dejando en manos de Anticorrupción que sea ésta la que determine el verdadero alcance del caso.

2) La Fiscalía y el juez lo fían todo a los peritos del BdE y a la Agencia Tributaria. La Fiscalía Anticorrupción, tal como refleja su escrito remitido ante la Audiencia Nacional, tan solo sospecha de la posibilidad de que se hayan cometido hechos delictivos. Tanto es así que remiten los documentos de la auditoría interna a los peritos designados por el Banco de España para este caso, con el fin de que sean ellos los que determinen si efectivamente hubo un uso indebido o no de los fondos de la caja. Abundando en esta idea, la Agencia Tributaria ya ha anunciado que investigará la posible existencia de delitos de fraude fiscal tanto por parte de los 86 antiguos altos cargos como de la propia entidad financiera. En previsión de estas inspecciones, este periodista está en condiciones de informar de que alrededor de media docena de antiguos consejeros de Caja Madrid y Bankia ya se han puesto al día con Hacienda, toda vez que han realizado ya las denominadas declaraciones complementarias.

3) Los ejecutivos devolvieron el dinero. La propia Bankia ha reconocido implícitamente la limitación legal del caso si se cae en el hecho de que la entidad solo ha reclamado los fondos gastados a los cuatro directivos y ejecutivos que disfrutaron de la tarjeta (Rato, Fernández Norniella, Amat y Sánchez Barcoj). Al conjunto de consejeros no ejecutivos —no son empleados de la entidad sino administradores, no lo olvidemos— en cambio, no. La devolución de estos fondos, aún así, podría ser reversible, en el caso de que se justificaran adecuadamente los gastos.

4) Las tarjetas de los consejeros sí estaban correctamente contabilizadas. Las otras, está por ver. Llevamos más de una semana hablando indiscriminadamente de tarjetas «fuera de los circuitos ordinarios», black, de tarjetas fantasma y hasta de tarjetas de la vergüenza, pero prácticamente no se ha reparado en el hecho objetivo de que, según la propia investigación, existía dos tipos de plásticos, muy distintos tanto en condiciones como en tratamiento contable.

Estaban, por un lado, las tarjetas de los consejeros (sin poder ejecutivo), que eran de tipo Business Plata y se contabilizaban en la cuenta contable «Gastos de órganos de Gobierno». Es decir, que era una tarjeta con un límite menor y contabilizada en una cuenta delimitada y auditada por los auditores externos y el propio Banco de España. Se ha publicado que los gastos iban a una cuenta de quebrantos o a una cuenta de errores informáticos. No es el caso (ver imagen inferior).

Por otro lado, estaban las tarjetas de los consejeros ejecutivos y los directivos (empleados que sí contaban con tarjetas oficiales para gastos de representación). Eran del tipo Business Oro y se contabilizaban en la cuenta contable «Tratamiento Administrativo Circular 50/99». No quiero prejuzgar ningún tipo de delito (no soy quién) y no soy experto, pero sí que parece una extraña cuenta donde mandar a parar los gastos de tarjetas. Es, de hecho, solo respecto de este colectivo que la auditoría de Bankia parece ver irregularidades, ya que señalan que dicha cuenta «no permite identificar la naturaleza de los apuntes contabilizados». No obstante, tendrá que aclararse todo esto en sede judicial, y las declaraciones de la próxima semana servirán para ello.

La estrategia de defensa de los consejeros parece ir claramente por esta vía de diferenciación. Y es que este periodista ha tenido acceso exclusivo a un documento procedente de fuentes jurídicas cercanas a las defensas del caso Bankia (ver más abajo). Como se puede ver, argumentan que las tarjetas ya estaban creadas desde mediados de 1988 (época de Jaime Terceiro), eran un sistema de retribución añadido a las dietas y se proporcionaban siempre con el correspondiente contrato. Este extremo, de demostrarse, vendría a probar que no eran tales tarjetas fantasma. Además, sostienen que era la caja la encargada de hacer las retenciones de esta retribución en especie, y que eran precisamente los servicios jurídicos de la entidad los que les remitían anualmente el certificado de ingresos y retenciones.

5) El FROB ha encontrado más irregularidades, pero en otras entidades. Pese a toda la supuesta podredumbre que rodeaba a Caja Madrid y Bankia, varios meses de investigaciones y auditorías internas solo parecen haber hallado un presunto caso de administración desleal o apropiación indebida cifrado, en el mayor de los casos, en 15,5 millones de euros. Están, además, los créditos presuntamente irregulares (ya bajo investigación) vinculados a Bancaja. Pero no olvidemos que el rescate de BFA-Bankia ha costado más de 22.000 millones de euros; desde ningún punto de vista parece explicarse este quebranto milmillonario por las hipotéticas malas prácticas relacionadas con una tarjeta de gastos de representación más o menos descontrolada. Sigue haciendo falta, por tanto, una explicación racional del por qué del fracaso de esta entidad financiera, que ahora es de todos.

Mientras, lo que el FROB sí que ha hecho (con mucho menos ruido mediático) es enviar hasta una veintena de posibles irregularidades penales a la Fiscalía Anticorrupción en otras dos de las cajas rescatadas: Catalunya Caixa y Novagalicia. El ministro De Guindos, que lleva una semana poniéndose medallas, no ha dado muchos más detalles de estas operaciones.

Llevamos unos días plenos de informaciones relacionados con la investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción tras conocerse que 86 ejecutivos y consejeros de Caja Madrid (y posteriormente Bankia) gastaron más de 15 millones de euros por medio de tarjetas de crédito «fuera del circuito normal» (así las denomina el fiscal), y popularmente conocidas como fantasma. Poco voy a añadir noticioso en este post después de los exhaustivos reportajes de investigación llevados a cabo por el conjunto de la profesión periodística (aprovecho para felicitar a mi compañero del diario Expansión, Jorge Zuloaga, por apuntarse la exclusiva). Pero sí que creo que hay algunas verdades incómodas alrededor de este asunto que merece la pena plantear:

Torre Bankia

1) Un delito difícilmente demostrable. El asunto saltó a la luz pública después de que el nuevo equipo gestor de Bankia iniciara una auditoría interna y contratara a varias consultoras para encontrar posibles irregularidades cometidas durante la anterior etapa. Una vez detectada esta de las tarjetas, fue remitida al FROB (máximo accionista de Bankia), que a su vez lo remitió a la Fiscalía, y esta última lo ha incluido en la causa que instruye el juez Andreu en la Audiencia Nacional. Una de las cosas que me llama la atención es que uno de los informes que se adjuntan al dossier del FROB, elaborado por el despacho Herbert Smith Freehills, concluye que en su opinión no hay causa «jurídico penal». Es decir, que quizás se podría acudir a una vía civil (reclamación de daños y perjuicios, restitución de lo gastado…) pero en ningún caso ven claros indicios de delito. Ojo por tanto con las decisiones tomadas por el FROB de seguir adelante con la vía penal, porque los expertos independientes no ven claro que se pueda probar un enriquecimiento ilícito o una administración desleal. Y eso para que valga en un juicio hay que probarlo. De hecho, y a pesar del optimismo expresado por diversos frentes de la acusación, los afectados que han hablado públicamente insisten todos en señalar que la propia caja les insistía en que era todo legal y que de tributar ya se encargaba ella. ¿Será cierto? ¿Será demostrable que cometieron un delito? Veremos…

2) Unas tarjetas comunes en el sector financiero. Es un punto especialmente espinoso, y en el que las declaraciones de unos y otros no ayudan a aclarar la realidad. Algunos de los consejeros que ahora están en el punto de mira por el uso de estas tarjetas han recalcado que este tipo de pago en especie era y es frecuente en el sector de las grandes empresas. Yo no lo sé porque no he ostentado altas responsabilidades en compañía alguna, pero Hacienda ya ha anunciado que se pondrá a investigar a todo el Ibex-35 con el fin de aclarar si hay más casos de tarjetas de este tipo. No sé qué pensaréis vosotros, pero creo que sí habrá más. A mi personalmente me parece muy extraño que el Banco de España, que ocupaba nada menos que una planta en la sede de Caja Madrid y Bankia, no haya estado al tanto de estas prácticas. Y me parece muy extraño también que, si esto era tan delictivo, ningún consejero, de ninguno de los distintos organismos, se atreviera a denunciarlo o manifestara sus profundas dudas respecto al funcionamiento de la misma. Me extraña mucho, la verdad.

3) No es lo mismo ejecutivo que consejero. El conocimiento del ciudadano de a pie es limitado en cuanto al funcionamiento de las grandes empresas. Y es por eso que a menudo nos liamos con los términos y a la hora de exigir responsabilidades a unos y a otros. Es en el caso de los directivos, los consejeros ejecutivos y los consejeros a secas. Los primeros y los segundos son los que efectivamente toman las decisiones en el día a día, quienes por ejemplo determinan a qué tipo de cuenta se asocia una tarjeta, o si esta va a ser Visa Oro, Platino o lo que sea. Caso aparte son los consejeros, quienes formaban parte del consejo de administración sin cargo ejecutivo. Estos eran los responsables de tomar, de forma colegiada, las decisiones estratégicas y fundamentales sobre el gobierno de la caja: Cuantía de lo destinado a Obra Social, porcentaje de inversión en el sector del automóvil, política general de retribuciones… Es decir, que por ejemplo será posible, si se demostrase en el futuro algún tipo de culpabilidad penal, que la misma solo se relacionase con uno o varios consejeros ejecutivos (la investigación apunta a que fue el director financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj, del que dependían las tarjetas), mientras que el resto quedaran liberados de responsabilidad delictiva. Eso será el juez, asesorado por los peritos del Banco de España, quien lo decida.

4) El Gobierno se apunta el tanto. Este mismo viernes, tras el consejo de ministros, el titular de la cartera de Economía, Luis de Guindos, no ha tardado en apuntarse el tanto de esta denuncia. Y es que él es a quien reportan los máximos responsables del FROB. El ministro banquero que decidió la mayor nacionalización de la historia de España y se atrevió a rebajar los salarios de sus directivos, lidera ahora una purga con el fin de limpiar el sistema financiero. El Gobierno empurando a Blesa, a Rato, a Norniella y a todo el que se pone por delante. ¡Qué infundadas parecen ahora las quejas de tantos sectores de la sociedad que aseguraban que la Justicia no era igual para todos, y que los banqueros en España tenían tanto poder que eran capaces de procesar a aquellos jueces que se atrevieran a tocarles! Ahora, ni un comentario sobre el asunto, qué curioso. Para los que siempre hemos querido creer en la justicia (imperfecta y muy mejorable, cómo no) tanto las quejas como los golpes de pecho no dejan de ser más que ruido de fondo. Molesto, eso sí…

5) La presunción de inocencia, ni se la ve ni se la espera. Más allá del aspecto ético y moral que cada uno quiera verle al hecho de que los altos cargos de una entidad semipública que ha acabado siendo rescatada con dinero de todos disfrutaran de una tarjeta de crédito con la que sufragar sus gastos, lo cierto es que llevamos varios días en los que la presunción de inocencia (consagrada por la Constitución) brilla por su ausencia. Tertulias, columnas, redes sociales… todos se han inundado de juicios sumarios, como si de una Inquisición 2.0 se tratara. No digo que no haya que perseguir todo posible delito. Al contrario, es estupendo que se haga. Y me parecería estupendo si se debatiera, con seriedad y altura de miras, sobre si ha faltado transparencia y rendición de cuentas en el sistema financiero español. Los pagos en especie en España fueron durante muchos años un coladero de irregularidades (tarjetas de comida, de gasolina…) e incluso ilegalidades, pero eso no es motivo para pisotear los derechos de unos encausados, por muy banqueros que sean.

En un tiempo récord. El Consejo de Administración del Banco Santander reaccionó con una tremenda rapidez a la noticia del fallecimiento de su presidente, Emilio Botín. En apenas unas horas, la propia entidad anunciaba públicamente la sucesión: Será Ana Patricia Botín, su hija, hija del expresidente, la que a partir de ahora dirija los designios de la mayor institución financiera de España y la Unión Europea. Se ha escrito mucho ya sobre el asunto, pero quiero destacar cinco claves que se me antojan interesantes: 

1) Un traspaso de poderes diseñado hace meses. El propio Emilio Botín diseñó hace meses, junto a su equipo más cercano, el protocolo a seguir en el caso de que hubiera que llevar a cabo un traspaso de poderes. Dicho y hecho, en apenas unas horas tras la muerte del banquero, uno de los consejeros independientes (las formas son importantes) propuso el nombre de Ana Botín, éste se sometió a votación y fue aprobado sin ningún problema, tal como ha contado Carlos Segovia en El Mundo.

2) Un traspaso ‘hereditario’. Está claro que el hueco de poder dejado tras la muerte de Emilio Botín se tiene que llenar, pero no deja de ser llamativo e incomprensible (sobre todo para los inversores internacionales) como una de las empresas más capitalizadas del mundo se sigue administrando como si de una compañía familiar se tratara. En una época en la que se critican los usos y costumbres políticos menos democráticos (verbigracia, la Monarquía), me resulta curioso el hecho de que apenas haya sido criticado un nombramiento cuya causa directa es el lazo sanguíneo.

3) Un traspaso al margen de los accionistas. Otro aspecto llamativo es el hecho de que el nombramiento, siquiera por la urgencia, se ha hecho al margen de los dueños del banco (no olvidemos que los Botín apenas mantienen un 1% del accionariado total). Obviamente había que llenar el hueco de poder dejado tras el fallecimiento de Emilio Botín, pero tarde o temprano (como muy tarde en la próxima Junta General) se tendrá que someter a aprobación de los dueños este nombramiento. Veremos entonces si el banco seguirá siendo controlado por la minoría familiar, por otro equipo de gestores españoles o incluso por gestores internacionales.

4) Una gestora de prestigio. El hecho de que me sorprenda lo poco democrático que ha sido el proceso de selección de Ana Botín no me impide reconocer que es una de las gestoras más prestigiosas de Europa. De hecho, la BBC la situó como la tercera mujer más poderosa del Reino Unido, solo por detrás de la reina de Inglaterra y la ministra de Interior, Theresa May. Más allá de la sabiduría bancaria que haya podido adquirir en casa, su hoja de servicios incluye notables episodios: Estudios en Harvard, ocho años trabajando para JP Morgan, presidente de Banesto… Por experiencia al más alto nivel no va a ser.

5) Primera mujer ‘en lo más alto’. Me sorprende también que no se haya dado más relevancia al hecho histórico de que una mujer, por primera vez (que yo recuerde) vaya a presidir una de las principales entidades financieras españolas. Hablamos muy frecuentemente del techo de cristal que impide a las mujeres alcanzar puestos más altos en igualdad o superioridad de condiciones, así que creo necesario resaltar una buena noticia a este respecto. Veremos a una mujer por primera vez al frente de un banco grande de verdad y no me cabe duda de que dejará su impronta y será la primera de muchas. Es algo imparable.

El presidente del Banco Santander, Emilio Botín Sanz de Sautuola, ha fallecido esta pasada madrugada a los 79 años, a causa de un infarto. El estado de salud del financiero cántabro era, al parecer, bueno, por lo que la noticia ha supuesto un terremoto para la principal entidad del país (aún se estaba preparando su relevo en el banco) y para todo el sistema bancario español. Botín, para lo bueno y para lo malo, y a pesar de su heterodoxia aparente, era el icono y el estereotipo del banquero español.

Emilio Botín

Se va así el que ha sido el paradigma del banquero en España, un modelo a seguir por su astucia y oportunismo. Hijo, nieto y bisnieto de banqueros, Botín llegó al poder de una entidad familiar mediana, que tenía media docena de bancos por encima suyo, y deja el banco más grande de España. A base de una estrategia (casi) siempre rompedora con el consenso —no se sumaba a pactos de precios, fusiones de un tamaño inmenso, compraba cuando el resto vendía…— y siempre cercana al poder político, este Rothchild ibérico escaló paso a paso en el contexto nacional e internacional hasta situar al Santander en la élite de la élite Europea. Al inicio de la crisis, probablemente dirigía la institución más importante de la zona Euro.

Se va también un hombre no exento de polémica. Especialmente lamentable fue el escándalo relacionado con la herencia familiar descubierta en una cuenta secreta en Suiza. Siempre quedará para la historia la sospecha de que la familia se libró de cualquier tipo de pena gracias a su poder y su influencia: La propia Agencia Tributaria, en vez de actuar de forma ejemplarizante, dio varios avisos y oportunidades al clan Botín para que regularizaran su situación sin más problemas. Hace unos meses, se publicó que podría ser uno de los nombres aparecidos en la famosa lista Falciani de evasores fiscales.

Más allá de sus muchas luces y sombras, queda su legado: La principal entidad financiera española, que habrá de afrontar estos próximos meses el nuevo test de estrés dirigido por el Banco Central Europeo, así como la inminente unión bancaria. Está por ver si el/la futuro/a sucesor/a será capaz de encontrar oportunidades para seguir haciendo grande al Banco Santander. Desde luego que no lo tendrá fácil.

El pasado lunes se consumó una nueva venta de una entidad nacionalizada por el FROB. Catalunya Banc pasó a manos del BBVA por algo así como 1.187 millones. Como en los anteriores casos, a pesar de los miles de millones de euros empleados en recapitalizar y sanear estas entidades (más de 107.000 millones en total, según el Tribunal de Cuentas), los responsables de dirigir la reestructuración del sistema financiero español se han visto de nuevo incapaces no solo de conseguir alguna rentabilidad, sino siquiera de conseguir algo más que una décima parte de lo invertido. No ha habido manera, dicen.

Quizás es cierto que el mercado no está dispuesto a pagar, bajo ninguna circunstancia, precios que siquiera se asemejen a los patrimonios netos contables de estas entidades. Y puede que sea cierto también, como dice el Gobierno, que este ha sido el mal menor y que el coste de haber esperado o de haber liquidado Catalunya Banc hubiera sido aún más gravoso para el contribuyente. Puede ser, no lo niego. Tendremos que fiarnos de lo que dicen las autoridades. Como me decía ayer todo un experto en asuntos bancarios como Joaquín Maudos, hubiera sido deseable que se publicaran, al menos una vez, algún tipo de memoria o informe que avalara dichas decisiones.

Y es que ése está siendo, en general, el gran problema (en mi opinión) alrededor del rescate y saneamiento del sector financiero: Una falta absoluta de transparencia, una rendición de cuentas solo en apariencia (la comisión parlamentaria del FROB en el Congreso tiene más secreto que si fuera del Cesid) y una nula voluntad de enmendar esta situación. A inicios de la crisis (e incluso en 2011, a la llegada del PP al Gobierno) se juraba y perjuraba que no se emplearían recursos públicos en rescatar a las entidades financieras. Luego se dijo que sí, pero que solo un poco y que en cualquier caso se recuperaría todo. Ya vemos. Por ahora se dan por perdidos definitivamente más de 38.000 millones.

Así, nos encontramos con una ciudadanía que no entiende (lógicamente) por qué se ha tenido que emplear dinero público en rescatar a las cajas, que tampoco entiende por qué se ha engañado al decirnos que no se iba a perder nada y que además asiste ahora sorprendida a cómo estas entidades nacionalizadas vuelven a manos privadas en subastas y concursos no sometidos a fiscalización pública. Ni se publican en el BOE las condiciones ni siquiera se airean informes independientes que puedan justificar el agujero provocado. Lo he dicho ya más veces en este blog: Luz y taquígrafos con la venta de entidades nacionalizadas, por favor.

EDITO: Un académico al que admiro, el profesor de Economía Carlos Sánchez Mato, ha tenido la gentileza de pasarme su propio cálculo del coste que supondrá para las arcas públicas el rescate y posterior venta de Catalunya Banc (ver cuadro inferior). Básicamente el asunto nos ha supuesto ya, a todos los contribuyentes, unas pérdidas efectivas de 12.459 millones de euros. Pero es que además hay otros 21.000 millones de euros en «pasivos contingentes» (avales, activos adquiridos por el Sareb…) que podrían aumentar la factura definitiva los próximos años. Y es que el BBVA ha adquirido la entidad, pero no estos compromisos.

Problemas para la primera entidad financiera de Portugal, esa que patrocina a Cristiano Ronaldo. El Banco Espirito Santo (BES) atraviesa graves problemas en los mercados ante las sospechas sobre su futura solvencia y lleva un mes sufriendo un duro castigo en la Bolsa y por parte de las agencias de calificación crediticia (Standard & Poor’s, por ejemplo, rebajó su valoración sobre la entidad). Tanto que la cotización del valor fue suspendido por parte de la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (la CNMV lusa), después de que la acción se desplomara más de un 17% en apenas un día (ha caído a la mitad de su valor en un mes), arrastrando consigo a las bolsas portuguesa y española.  

Pero, ¿Qué está ocurriendo en el BES? ¿Por qué la principal entidad bancaria portuguesa está al borde del rescate? Varios problemas se han solapado, algunos relacionados con la estructura corporativa del banco, y otros con las obligaciones y deudas contraídas por la entidad. Lo cuento aquí, en unas breves claves, y lo explica más ampliamente el The Wall Street Journal:

1) Una disputa entre los principales accionistas del BES ha provocado un terremoto en el consejo de administración del banco, que a su vez ha repercutido en el equipo gestor. La familia fundadora tiene su capital a través de un holding (ESFG), uno de los principales accionistas del Banco Espirito Santo (alrededor del 25%). Esta compañía ha presentado unos datos financieros negativos y en los mercados suenan campanas de default: Una de las compañías del holding emitió deuda para poder financiarse, y al parecer la familia no habría podido hacer frente a los pagos. Es decir, que el problema de insolvencia sería, en principio, de la familia y no del banco.

2) Unas cuentas puestas en duda: Tal como señalan los analistas de Bankinter en un reciente informe, el BES se ha visto afectados «por los rumores de malas prácticas contables» en una de sus empresas filiales, toda vez que se sospecha que el Banco de Portugal podría haber detectado valoraciones incorrectas de ciertos activos, lo que abundaría aún más en la supuesta insolvencia de la entidad.

3) Esta semana, una parte del BES se vio incapaz de afrontar el pago de una deuda. Pese a que han recalcado que se trata de un retraso controlado, lo cierto es que el mercado se ha tomado fatal esta señal y todos los ojos se han puesto sobre la entidad y su capacidad futura de afrontar sus pagos. Aunque el Banco Central de Portugal ha asegurado depósitos y deudas de los distintos acreedores, la mecánica que está siguiendo este proceso recuerda sospechosamente a otros descalabros bancarios ya vividos durante esta crisis (Grecia, Chipre, Northern Rock…).

4) Hace apenas un par de meses Portugal salía oficialmente del programa de rescate proporcionado por la Eurozona y ya volvemos a las andadas. Lo que está demostrando esta crisis es que la recuperación nunca ha dejado de ser endeble y que siempre están las dudas y los temores de los mercados a la vuelta de la esquina. Este mismo viernes, Bruselas ha recalcado que el sistema ha sido fuertemente recapitalizado, y que las autoridades (el Banco de Portugal) actuarán con diligencia si fuera necesario.

5) El Banco de Portugal ha emitido un comunicado oficial en el que ha puntualizado que, de acuerdo con la propia entidad y su auditor (KPMG), el Banco Espirito Santo tiene un colchón de capital suficiente «para acomodarse ante un posible impacto negativo relacionado con su exposición al brazo no financiero del Grupo Espirito Santo, y sin comprometer el cumplimiento de los ratios mínimos de capital regulatorio», han explicado, al tiempo que han recordado que la situación financiera del holding no financiero de Espirito Santo fue detectado durante una auditoría llevada a cabo a finales de 2013 a los ocho principales bancos portugueses.

Seguiremos informando…

A finales de este año la banca europea se enfrenta a un nuevo test de estrés (ya hemos hablado de ello aquí, aquí y aquí). Llevar a cabo estas pruebas de resistencia a las entidades consideradas de riesgo sistémico es uno de los pasos imprescindibles para proseguir con la unión bancaria. En resumen, pasaremos a tener un supervisor financiero único y un mecanismo único de resolución de aquellos bancos insolventes, así como un sistema más o menos uniforme para los rescates y para garantizar los depósitos.

Los trabajos previos los están desarrollando, codo con codo, el Banco Central Europeo (BCE), la Federación Bancaria Europea (EBF) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Precisamente la labor de la EBA acaba de ser puesta en duda en un informe especial publicado este martes por la Corte Europea de Auditores. El documento puntualiza una serie de recomendaciones acerca del trabajo de esta institución, y no se libra de duras críticas en su cometido como implementador de los test de estrés de la banca europea desde el año 2011.

Los stress-test realizados entre enero y julio de 2011, y liderados por la entonces recién creada EBA, suspendieron a varias entidades españolas, pero fueron incapaces de detectar los problemas que posteriormente condujeron a la intervención pública en BFA-Bankia que acabó por recibir una inyección de capital de más de 22.000 millones de euros menos de un año después. Una de las causas, según los auditores comunitarios, es que «la EBA adolecía de autoridad y del mandato legal adecuado para tomar o impulsar decisiones sobre convergencia supervisora y para resolver disputas entre las distintas autoridades supervisoras nacionales [los distintos bancos centrales]. En consecuencia, la contribución de la EBA a la convergencia supervisora ha sido en general relativamente limitada», concluyen.

El caso de BFA-Bankia es paradigmático. En julio de 2011 aprobaba —no con demasiado margen, pero aprobaba— el test de estrés al mostrar un capital regulatorio (el llamado Core Tier 1) del 5,4% en el peor escenario entonces imaginable, cuando el mínimo legal era un 5%. Meses después su situación de debilidad acabó forzando al Gobierno a intervenirla e inyectarla miles de millones de capital público.

En su descargo, la EBA alega que «recomendó a aquellos bancos por encima, pero cerca de los mínimos de capital, a que fortalecieran su capitalización«. Una recomendación genérica no parece una acción precisamente contudente. Explican además que los datos de partida sobre los que se realizaron las pruebas de resistencia «no fueron sometidas a una revisión sobre su fiabilidad, y que por lo tanto no exponían las posibles pérdidas que más tarde fueron descubiertas». Es decir, que la culpa es de todos menos de ellos.

«Ni tenía el personal ni el mandato necesario para garantizar la consecución de las pruebas de resistencia», añaden los autores de este informe especial, que si bien reconocen que los test de 2011 fueron «útiles» a la hora de desencadenar las recapitalizaciones de numerosas entidades financieras, también «han revelado las limitaciones de estos ejercicios de cuando no se combinan con unas directrices y una tipología de activos adecuados».

Si tan precarias eran las condiciones a partir de las cuales trabajaban los miembros de la EBA, lo que tenían que haber hecho es protestar en su momento. Bien al contrario, estas alegaciones que ahora esgrimen solo las dan a conocer una vez que los auditores han concluido que su labor fue deficiente y limitada. En unos meses tendremos una nueva ronda de pruebas de resistencia. Más nos vale que en esta ocasión las metodologías y, sobre todo, las prioridades de esta institución, estén claras.