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A la hora de alquilar exigen condiciones no acordes con la situación actual

Por Álvaro Fernández Misas

272298-933-1400Ya ha pasado un mes. Un mes desde que comencé a buscar piso para independizarme e irme a vivir con mi actual novia. Un mes consultando webs de búsqueda de pisos en alquiler, concertando visitas a pisos, intentando puentear a inmobiliarias, intentos fallidos de negociaciones…Y después de un mes, sigo igual. Con los papis.

Vivo en Madrid, así que muchos comprenderán mi desesperación. De todos es sabido que el nivel de vida de Madrid capital es altísimo. Asfixiante, más bien. Y es que la situación roza lo absurdo. A los precios desorbitados e hinchadísimos de los pisos hay que añadir unas condiciones y unas garantías exigidas al inquilino que están totalmente fuera de lugar. Pase lo de pagar un mes de fianza pero, ¿cómo se entiende, con la que está cayendo, que se pidan varios meses de fianza y avales bancarios? ¿Cómo se entiende que, a parte de la fianza, debas pagar un mes completo a las inmobiliarias? Y lo que es la repanocha, ¿cómo se entiende que pidan contrato indefinido a todas aquellas personas que vayan a vivir en el inmueble? ¿Contrato indefinido? Por Dios bendito, si de la totalidad de los contratos de trabajo actuales, sólo el 2% son indefinidos. Que sí, que se debe demostrar solvencia y todo lo que tú quieras pero, oye, la situación es la que hay. Y lo que yo veo son exigencias no acordes a la situación actual y precios que, sólo los que cobran más de 1300 euros netos mensuales pueden permitirse. Y aun con ese sueldo, irían pillados.

La cosa es que no dejo de darle vueltas a una cuestión. Entiendo que el mercado inmobiliario se rige por intereses puramente económicos y particulares y que es algo que se sitúa fuera del alcance de la Administración pero, en un país donde el derecho a una vivienda digna es un derecho fundamental y recogido en la Constitución Española, ¿no debería acaso intervenir el Estado y controlar parte de ese mercado? ¿No debería establecer límites reglas y garantizar tanto a propietarios como a inquilinos unas condiciones óptimas que no perjudiquen, sino que favorezcan a ambas partes? ¿No debería el Estado premiar o penalizar según los casos?