Llevamos unos días plenos de informaciones relacionados con la investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción tras conocerse que 86 ejecutivos y consejeros de Caja Madrid (y posteriormente Bankia) gastaron más de 15 millones de euros por medio de tarjetas de crédito «fuera del circuito normal» (así las denomina el fiscal), y popularmente conocidas como fantasma. Poco voy a añadir noticioso en este post después de los exhaustivos reportajes de investigación llevados a cabo por el conjunto de la profesión periodística (aprovecho para felicitar a mi compañero del diario Expansión, Jorge Zuloaga, por apuntarse la exclusiva). Pero sí que creo que hay algunas verdades incómodas alrededor de este asunto que merece la pena plantear:
Torre Bankia
1) Un delito difícilmente demostrable. El asunto saltó a la luz pública después de que el nuevo equipo gestor de Bankia iniciara una auditoría interna y contratara a varias consultoras para encontrar posibles irregularidades cometidas durante la anterior etapa. Una vez detectada esta de las tarjetas, fue remitida al FROB (máximo accionista de Bankia), que a su vez lo remitió a la Fiscalía, y esta última lo ha incluido en la causa que instruye el juez Andreu en la Audiencia Nacional. Una de las cosas que me llama la atención es que uno de los informes que se adjuntan al dossier del FROB, elaborado por el despacho Herbert Smith Freehills, concluye que en su opinión no hay causa «jurídico penal». Es decir, que quizás se podría acudir a una vía civil (reclamación de daños y perjuicios, restitución de lo gastado…) pero en ningún caso ven claros indicios de delito. Ojo por tanto con las decisiones tomadas por el FROB de seguir adelante con la vía penal, porque los expertos independientes no ven claro que se pueda probar un enriquecimiento ilícito o una administración desleal. Y eso para que valga en un juicio hay que probarlo. De hecho, y a pesar del optimismo expresado por diversos frentes de la acusación, los afectados que han hablado públicamente insisten todos en señalar que la propia caja les insistía en que era todo legal y que de tributar ya se encargaba ella. ¿Será cierto? ¿Será demostrable que cometieron un delito? Veremos…
2) Unas tarjetas comunes en el sector financiero. Es un punto especialmente espinoso, y en el que las declaraciones de unos y otros no ayudan a aclarar la realidad. Algunos de los consejeros que ahora están en el punto de mira por el uso de estas tarjetas han recalcado que este tipo de pago en especie era y es frecuente en el sector de las grandes empresas. Yo no lo sé porque no he ostentado altas responsabilidades en compañía alguna, pero Hacienda ya ha anunciado que se pondrá a investigar a todo el Ibex-35 con el fin de aclarar si hay más casos de tarjetas de este tipo. No sé qué pensaréis vosotros, pero creo que sí habrá más. A mi personalmente me parece muy extraño que el Banco de España, que ocupaba nada menos que una planta en la sede de Caja Madrid y Bankia, no haya estado al tanto de estas prácticas. Y me parece muy extraño también que, si esto era tan delictivo, ningún consejero, de ninguno de los distintos organismos, se atreviera a denunciarlo o manifestara sus profundas dudas respecto al funcionamiento de la misma. Me extraña mucho, la verdad.
3) No es lo mismo ejecutivo que consejero. El conocimiento del ciudadano de a pie es limitado en cuanto al funcionamiento de las grandes empresas. Y es por eso que a menudo nos liamos con los términos y a la hora de exigir responsabilidades a unos y a otros. Es en el caso de los directivos, los consejeros ejecutivos y los consejeros a secas. Los primeros y los segundos son los que efectivamente toman las decisiones en el día a día, quienes por ejemplo determinan a qué tipo de cuenta se asocia una tarjeta, o si esta va a ser Visa Oro, Platino o lo que sea. Caso aparte son los consejeros, quienes formaban parte del consejo de administración sin cargo ejecutivo. Estos eran los responsables de tomar, de forma colegiada, las decisiones estratégicas y fundamentales sobre el gobierno de la caja: Cuantía de lo destinado a Obra Social, porcentaje de inversión en el sector del automóvil, política general de retribuciones… Es decir, que por ejemplo será posible, si se demostrase en el futuro algún tipo de culpabilidad penal, que la misma solo se relacionase con uno o varios consejeros ejecutivos (la investigación apunta a que fue el director financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj, del que dependían las tarjetas), mientras que el resto quedaran liberados de responsabilidad delictiva. Eso será el juez, asesorado por los peritos del Banco de España, quien lo decida.
4) El Gobierno se apunta el tanto. Este mismo viernes, tras el consejo de ministros, el titular de la cartera de Economía, Luis de Guindos, no ha tardado en apuntarse el tanto de esta denuncia. Y es que él es a quien reportan los máximos responsables del FROB. El ministro banquero que decidió la mayor nacionalización de la historia de España y se atrevió a rebajar los salarios de sus directivos, lidera ahora una purga con el fin de limpiar el sistema financiero. El Gobierno empurando a Blesa, a Rato, a Norniella y a todo el que se pone por delante. ¡Qué infundadas parecen ahora las quejas de tantos sectores de la sociedad que aseguraban que la Justicia no era igual para todos, y que los banqueros en España tenían tanto poder que eran capaces de procesar a aquellos jueces que se atrevieran a tocarles! Ahora, ni un comentario sobre el asunto, qué curioso. Para los que siempre hemos querido creer en la justicia (imperfecta y muy mejorable, cómo no) tanto las quejas como los golpes de pecho no dejan de ser más que ruido de fondo. Molesto, eso sí…
5) La presunción de inocencia, ni se la ve ni se la espera. Más allá del aspecto ético y moral que cada uno quiera verle al hecho de que los altos cargos de una entidad semipública que ha acabado siendo rescatada con dinero de todos disfrutaran de una tarjeta de crédito con la que sufragar sus gastos, lo cierto es que llevamos varios días en los que la presunción de inocencia (consagrada por la Constitución) brilla por su ausencia. Tertulias, columnas, redes sociales… todos se han inundado de juicios sumarios, como si de una Inquisición 2.0 se tratara. No digo que no haya que perseguir todo posible delito. Al contrario, es estupendo que se haga. Y me parecería estupendo si se debatiera, con seriedad y altura de miras, sobre si ha faltado transparencia y rendición de cuentas en el sistema financiero español. Los pagos en especie en España fueron durante muchos años un coladero de irregularidades (tarjetas de comida, de gasolina…) e incluso ilegalidades, pero eso no es motivo para pisotear los derechos de unos encausados, por muy banqueros que sean.
Destapar el pastel de los chorizos. Es algo necesario, más necesario es que devuelvan el dinero. Todos, caso Bárcena y familia Real. Puyol Y Mas por hacer de mago y hacer ver que solo ay un problema y es Cataluña, con dinero español. Justicia rápida para todo y independiente de partidos, pues todos tienen chorizos. Ay que cambiar la constitución pues el pastel ha explotado se necesita uno nuevo.
04 octubre 2014 | 17:37
Vaya artículo de blanqueamiento de conductas «presuntamente» ilícitas.
¿Qué más quiere el autor para y en los tiempos que corren en una caja que nos ha costado a TODOS 25.000 millones de euros definir estas cosas como directamente vergonzosas y fuera de lugar?
Y además todos los partidos de la llamada cas-ta están metidos en este fango.
04 octubre 2014 | 20:03
Si han tirado de Visa de la caja y este dinero lo han camuflado como «errores informaticos» es un robo, con todas las letras. No es sobresueldo, administración desleal, etc. Han cogido un dinero y lo han camuflado como errores = robo.
05 octubre 2014 | 10:02
Excelente artículo !!!!
Gracias.
05 octubre 2014 | 10:47
«¡Qué infundadas parecen ahora las quejas de tantos sectores de la sociedad que aseguraban que la Justicia no era igual para todos, y que los banqueros en España tenían tanto poder que eran capaces de procesar a aquellos jueces que se atrevieran a tocarles!»
Es que no es igual para todos!!! ¿En qué mundo vives? Claro que los bancos controlan todo, el que no lo quiera creer es que vive en Chupilandia.
06 octubre 2014 | 10:10
«Existe una evidente paradoja que pone de relieve al servicio de quiénes están aquellos que integran el Ejecutivo español. No sólo el actual equipo gubernamental de Mariano Rajoy, sino también todos aquellos que le han precedido. ¿Por qué decimos esto?
Como todos sabemos -o deberíamos de saber- el mantenimiento de la Administración del Estado no es algo ajeno a los ciudadanos. Sus fuentes de financiación son, fundamentalmente, los impuestos que por múltiples conceptos pagamos la mayoría de los españoles.
Hacemos esta obvia aclaración porque, a estas alturas de la crisis, las ayudas que el Estado ha prestado a la Banca, – a cargo del conjunto de la población- superan con creces la cifra de 200.000 millones de euros. Con las dimensiones astronómicas que tiene esta cifra, lo más sorprendente es que, según las estimaciones realizadas por los expertos, al menos un tercio de esta ingente cantidad no es recuperable, no lo pagarán nunca los banqueros. Serán, pues, los asalariados, los parados, los pensionistas y las clases medias quienes, de una u otra forma, se verán obligados a sufragar esa deuda a través de múltiples vías: impuestos, recortes en la sanidad, en la educación, en los servicios y otras prestaciones sociales, privatizaciones… sin hablar ya de la estela de tragedias humanas con la que tanto la codicia de los banqueros como la dinámica voraz del sistema capitalista han marcado estos últimos años.
Una simple operación aritmética nos permitiría descubrir un hecho sorprendente y que permanece oculto al conocimiento colectivo. Hasta el momento presente cada ciudadano mayor de edad del Estado español ya ha tenido la «generosidad» de prestarle a la Banca de este país la friolera de casi un millón de las antiguas pesetas para cubrir los efectos de las operaciones fraudulentas que sus ejecutivos realizaron durante la llamada «burbuja inmobiliaria».
Sin embargo, lo curioso de esta circunstancia es que, como antes referíamos, especialistas y técnicos ya nos han adelantado que los bancos no nos van a pagar todo lo que les hemos prestado. En el mundo de las altas finanzas cuando los acreedores no cumplen con los compromisos adquiridos los escualos que dirigen sus negocios proceden con una frialdad letal a expropiar implacablemente a sus deudores. Es este un espectáculo, por otra parte, que contemplamos todos los días. Alrededor de unas 400.000 familias han sido desahuciadas en el curso de los últimos años. Dicho de otro modo, paradójicamente los banqueros han procedido a expropiar sus viviendas a aquellos a los que el Estado había obligado a prestar dinero a los bancos para – dicen – «salvar el sistema financiero español» del atolladero en el que él mismo se había metido.
Si utilizáramos procedimientos similares a los que usan los tiburones financieros con sus deudores, lo que habría que hacer sería expropiar a los banqueros, nacionalizar la banca, socializarla y ponerla al servicio de la sociedad.
Pero, curiosamente, muy pocos se atreven a mentar esa posibilidad. La socialdemocracia de izquierdas apenas balbucea con la boca chica acerca de su propuesta de crear una Banca pública.
Los social-liberales del PSOE ni siquiera se aventuran a decir una cosa similar. Sin ir más lejos, en una ocasión el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, cuando un correligionario suyo, en un acto público, se atrevió a sugerir tímidamente esa eventualidad, la descalifico rápidamente calificándola como una propuesta «falangista». Lo cual, teniendo en cuenta que fue justo en el régimen franquista donde los banqueros encontraron a uno de sus más firmes valedores, no deja de ser un cínico descaro.
¿Cuál será, pues, el origen del sagrado respeto por la intangible propiedad de las entidades bancarias por parte de las organizaciones políticas y sindicales? La respuesta a esa intrigante pregunta hay que encontrarla en el hecho contrastable de que las principales fuentes de financiación de unos y de otros durante las tres últimas décadas han sido precisamente los bancos.
Los principales bancos españoles han estado financiando desde la llamada «Transición política» a todos los partidos pertenecientes al arco institucional español. Tanto a los de derechas como a aquellos otros que eufemísticamente se autocalifican «de izquierdas». Y tales apoyos no solo son prestados en las campañas electorales, sino también en sus gastos e inversiones corrientes. Algo similar pasa con los dos grandes sindicatos institucionales. Y es que esas organizaciones, al carecer de una base numerosa de militantes, dependen también económicamente de los Bancos. La prodigalidad de las entidades bancarias es muy generosa a la hora de fijar los intereses de los créditos concedidos a los partidos y otras organizaciones afines al sistema. En ocasiones, incluso, los banqueros se atreven a justificar su prodigalidad proclamando que se trata de un «servicio social» que prestan al país. Es más, frecuentemente sucede que a voluntad de los altos ejecutivos bancarios esas deudas quedan condonadas después de un tiempo, si de acuerdo con el criterio de la dirección del banco prestamista se estima «conveniente». Ni que decir tiene que tales condonaciones se producen con insólita frecuencia, sin que nadie se pregunte a cambio de qué se manifiesta este altruismo bancario.
En el siglo XIX, Carlos Marx escribía que los gobiernos eran simples Consejos de Administración de la burguesía dominante. La aseveración del viejo intelectual comunista fue precisa y rigurosa. Hoy, quizás, en la complejidad del mundo de nuestros días, a esta vigente certeza de Marx habría que añadir la contribución decisiva que prestan estos «cooperantes auxiliares» que permiten que los Consejos de Administración funcionen a pleno rendimiento».
x Manuel Medina
Canaria-semanal.org
1/3/2014
08 octubre 2014 | 12:54