A finales de este año la banca europea se enfrenta a un nuevo test de estrés (ya hemos hablado de ello aquí, aquí y aquí). Llevar a cabo estas pruebas de resistencia a las entidades consideradas de riesgo sistémico es uno de los pasos imprescindibles para proseguir con la unión bancaria. En resumen, pasaremos a tener un supervisor financiero único y un mecanismo único de resolución de aquellos bancos insolventes, así como un sistema más o menos uniforme para los rescates y para garantizar los depósitos.
Los trabajos previos los están desarrollando, codo con codo, el Banco Central Europeo (BCE), la Federación Bancaria Europea (EBF) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Precisamente la labor de la EBA acaba de ser puesta en duda en un informe especial publicado este martes por la Corte Europea de Auditores. El documento puntualiza una serie de recomendaciones acerca del trabajo de esta institución, y no se libra de duras críticas en su cometido como implementador de los test de estrés de la banca europea desde el año 2011.
Los stress-test realizados entre enero y julio de 2011, y liderados por la entonces recién creada EBA, suspendieron a varias entidades españolas, pero fueron incapaces de detectar los problemas que posteriormente condujeron a la intervención pública en BFA-Bankia que acabó por recibir una inyección de capital de más de 22.000 millones de euros menos de un año después. Una de las causas, según los auditores comunitarios, es que «la EBA adolecía de autoridad y del mandato legal adecuado para tomar o impulsar decisiones sobre convergencia supervisora y para resolver disputas entre las distintas autoridades supervisoras nacionales [los distintos bancos centrales]. En consecuencia, la contribución de la EBA a la convergencia supervisora ha sido en general relativamente limitada», concluyen.
El caso de BFA-Bankia es paradigmático. En julio de 2011 aprobaba —no con demasiado margen, pero aprobaba— el test de estrés al mostrar un capital regulatorio (el llamado Core Tier 1) del 5,4% en el peor escenario entonces imaginable, cuando el mínimo legal era un 5%. Meses después su situación de debilidad acabó forzando al Gobierno a intervenirla e inyectarla miles de millones de capital público.
En su descargo, la EBA alega que «recomendó a aquellos bancos por encima, pero cerca de los mínimos de capital, a que fortalecieran su capitalización«. Una recomendación genérica no parece una acción precisamente contudente. Explican además que los datos de partida sobre los que se realizaron las pruebas de resistencia «no fueron sometidas a una revisión sobre su fiabilidad, y que por lo tanto no exponían las posibles pérdidas que más tarde fueron descubiertas». Es decir, que la culpa es de todos menos de ellos.
«Ni tenía el personal ni el mandato necesario para garantizar la consecución de las pruebas de resistencia», añaden los autores de este informe especial, que si bien reconocen que los test de 2011 fueron «útiles» a la hora de desencadenar las recapitalizaciones de numerosas entidades financieras, también «han revelado las limitaciones de estos ejercicios de cuando no se combinan con unas directrices y una tipología de activos adecuados».
Si tan precarias eran las condiciones a partir de las cuales trabajaban los miembros de la EBA, lo que tenían que haber hecho es protestar en su momento. Bien al contrario, estas alegaciones que ahora esgrimen solo las dan a conocer una vez que los auditores han concluido que su labor fue deficiente y limitada. En unos meses tendremos una nueva ronda de pruebas de resistencia. Más nos vale que en esta ocasión las metodologías y, sobre todo, las prioridades de esta institución, estén claras.