Esperanza Aguirre ha anunciado este martes que contará en sus listas con el economista e inversor Daniel Lacalle, uno de los vicepresidentes del fondo internacional Pimco. De ideas liberales, contrarias a una mayoría del gasto público, Lacalle es célebre sobre todo por ser un escritor de éxito y por sus apariciones televisivas.  

Lacalle es el último caso de un fenómeno que se está repitiendo en un buen número de casos ya: Los partidos políticos están recurriendo a economistas célebres como fichajes estrella y diseñadores de sus programas y propuestas económicas. Cada partido ha encontrado sus expertos, todos más o menos reconocidos por el gran público:

-El PSOE cuenta, por ejemplo, con Antonio Miguel Carmona, profesor de Economía Aplicada en la Universidad San Pablo Ceu, y acaba de fichar a Ranses Pérez Boga, expresidente de la Asociación de Inspectores (IHE), para que vaya con él en las listas para el Ayuntamiento de Madrid.

-Hace ya meses que Podemos hizo públicos los fichajes de dos catedráticos de universidad que son emblema de la economía alternativa: Vicenç Navarro (catedrático en la Universidad Pompeu Fabra) y Juan Torres (catedrático en la Universidad de Sevilla). Ambos académicos fueron los autores del primer documento de propuestas económicas, que incluían la jubilación a los 65 años y más impuestos a los ricos.

-Ciudadanos, hace unas semanas, presentó en sociedad las propuestas de Luis Garicano (profesor en la London School of Economics) y de Manuel Conthe, expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y actualmente bloguero económico de prestigio en la web de Expansión.

-Izquierda Unida, aupó hace unos meses como su líder a Alberto Garzón, profesor de Economía, bloguero de éxito y cara habitual hasta hace nada en las tertulias televisivas.

¿Qué buscan los políticos al contar con estos académicos y profesionales? Creo que son varios factores. Por un lado, buscan personas competentes que les elaboren propuestas con visos de «científicas». En la medida que son economistas de carrera, se les presupone un cierto respeto a las normas de esta ciencia social, así que propondrán ideas realizables, o por lo menos poco «imposibles». Esa es la teoría.

Pero creo que también buscan otras cosa más pragmática, como es un cierto efecto mediático. Llevamos varios años de crisis económica, en los que los medios hemos aupado a los economistas a actores de primera fila en el debate público. Personajes como Lacalle, Carmona, Niño Becerra o Gay de Liébana se han acabado por convertir en celebrities a fuerza de salir en la tele y en otros medios. Es normal que los partidos quieran capitalizar este reconocimiento público a su favor.

Lo que sí espero es que esta moda no sea pasajera, y que ciudadanos con reconocimiento y éxito profesional se decidan a dar el salto a la política. Necesitamos a los mejores.

Rescato hoy un informe de la OCDE de febrero de 2015 muy interesante. Se trata de un análisis bastante sintético del impacto de la aplicación de nuevos criterios de medición en las cuentas públicas de los distintos países; esos nuevos criterios incluían, entre otras cosas, la estimación dentro del PIB de actividades ilegales como el mercado de la droga o la prostitución. Ya habíamos comentado en su momento su impacto directo al incrementar el PIB de España en 26.200 millones y, por arte de magia contable, la reducción de la deuda pública y el déficit.

En este caso, la OCDE calcula y distingue la influencia (positiva o negativa) que las nuevas estimaciones han tenido en las distintas cuentas nacionales, desagregadas por tipo de actividad, para el año 2010. Así, por ejemplo, el PIB de Finlandia (hacer click en cuadro inferior) sería un 4,7% más alto de lo estimado con los anteriores criterios internacionales, ya que la investigación y el desarrollo (I+D) estaba infravalorado en 4 puntos de PIB, la inversión militar en otras dos décimas, y otras fuentes de información añadidas han permitido contabilizar un 0,5% más de PIB para los finlandeses.

En el caso de España, llama la atención que es el segundo país (solo por detrás de Italia) en el que más peso tienen en la revisión al alza del PIB las actividades consideradas ilegales: prostitución, comercio de drogas… El producto interior bruto español estaba infravalorado en 2010 en casi un punto porcentual (0,9) debido a que estas actividades simplemente no existían a efectos económicos oficiales. Pero que le digan al camello si es clave o no para su economía el vender o no su mercancía.

Tal como analizan los colaboradores del blog del think tank Bruegel, los porcentajes de incremento del PIB de España e Italia «son cinco veces mayores que la media de la OCDE en su conjunto, que era de 0,2% en 2010. Quizás aún más chocante es el hecho de que en estos dos países el impacto de incluir las actividades ilegales [0,9% y 1%] es solo ligeramente menor que el de reclasificar toda su I+D (que se incrementó en el PIB de 2010 en un 1,3% en Italia y en 1,2% en España», señalan. En este gráfico inferior se puede ver el peso de cada variable en el PIB de cada país.

No quiero sonar muy negativo, ni ser demagógico. Quizás no especialmente significativa, pero es una muestra de las prioridades económicas de cada país. Mientras en Finlandia el PIB se incrementa en cuatro puntos porcentuales por contabilizar la investigación y el desarrollo, España apenas alcanza la mitad de esta cifra sumando el peso de su I+D y de su economía ilegal. Quizás nos sirva para reflexionar…

El miércoles, un artículo de Roger Senserrich (@Egocrata en twitter) causaba sensación por su concisión, su realismo y su crudeza sobre lo que supone ser pobre en un país desarrollado. Es, básicamente, «una mierda» que provoca no tanto hambre física o necesidades que pongan en cuestión tu supervivencia, sino una fría y sistemática exclusión social. Pero la pobreza en el primer mundo tiene muchas caras.

Echad un vistazo a este tuit:

Y así es como le informaron a mi madre la denegación. Atentos a la frase subrayada. pic.twitter.com/HIaSWZyVWc

— Emmanuel Otero (@Inmanuelxi) marzo 18, 2015

Lo publicó ayer miércoles Emmanuel, un brillante investigador y el hijo de una mujer argentina a la que el Gobierno de España le ha denegado la renovación de su permiso de residencia. A pesar de que lleva desde 2001 viviendo en España, no consiguió la residencia legal hasta 2012, año en el que su marido obtuvo la nacionalidad española. «En ese momento mi padre estaba llevando un restaurante en verano, además de sus cosas de músico, y, por tanto, tenían más dinero», recuerda Emmanuel.

Pero en el último año la economía de esta familia no ha ido tan bien. De hecho las cosas han ido bastante mal y el marido de esta mujer (padre de Emmanuel) está cobrando el paro al que tiene derecho. En esta situación, llega el momento de renovar la residencia de esta señora que, insisto, lleva catorce años en España. Y la respuesta oficial de España es que se la deniegan por «no acreditar que dispone para si y para los miembros de su familia de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante su periodo de residencia». Básicamente, porque su marido, al estar cobrando solo la prestación por desempleo, no puede mantenerla. Le deniegan la residencia, en esencia, porque «no ganan suficiente dinero».

Es cierto que la crudeza de la carta no es más que una transposición casi exacta de la normativa europea respecto a la concesión de permisos de residencia. Es cierto también que los recursos en España y en Europa, como no puede ser de otra manera, son limitados y por tanto hay que darles un uso y unas prioridades racionales, y que para eso se aprueban éstas y otras directivas reguladoras. Pero qué queréis que os diga: A mi me parece una vergüenza que en España y en Europa nos estemos convirtiendo en esto. En un territorio en el que somos lo que ganamos (ni siquiera lo que valemos), y en el que la producción y los costes son los únicos criterios válidos.

No es el primer ejemplo que conocemos que demuestra que hay extranjeros de primera y de segunda, en función de su cartera. Pero creo que merece la pena reflexionar sobre el tema.

Parece mentira, pero la intervención del Banco de España y la Agencia Tributaria en el Banco Madrid (filial de Banca Privada de Andorra) ha supuesto todo un pánico bancario que ha conllevado un corralito parcial de los fondos y los depósitos de la clientela de esta entidad de banca privada. Pese a que la normativa y el Fondo de Garantía de Depósitos protege los ahorros hasta 100.000 euros, la imposición de estas medidas de control supone que 15.000 depositantes y casi 80.000 inversores de fondos y sicav no pueden operar con libertad.  

Pero, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué este banco, considerado uno de los más solventes de España y especializado en grandes patrimonios se ve ahora sometido a un concurso de acreedores? Vamos a intentar explicar esto de forma sintética:

-Entre abril y mayo de 2014, el Sepblac, el servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales y Infracciones Monetarias, llevó a cabo una investigación (con su consiguiente informe) en el Banco Madrid. Una investigación rutinaria, como se hace en todas las entidades. El andorrano BPA había adquirido la entidad en julio de 2011 y las autoridades querían supervisar cómo se cumplían los estándares de transparencia y gestión de los protocolos contra el blanqueo. Esta inspección da como resultado un informe que detalla las deficiencias encontradas (identificación de clientes, clasificación de los mismos según su grado de riesgo, manual de procedimiento…) y que se remite a la propia entidad, para que los corrija. Casualmente, este informe se remitió a la entidad el pasado lunes 9 de marzo. Qué casualidad.

-El Sepblac, una vez finaliza la inspección, presentó también otro informe de conclusiones al Comité Permanente de Prevención del Blanqueo, para que éste decida si se incoa un expediente sancionador o no. Las reuniones del Comité suelen ser posteriores a que la entidad haya recibido su informe de requerimientos, para que así haya tenido tiempo para presentar un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas. En este caso, el plazo ha sido de tres días. No parece un tiempo razonable para abordar nada. La investigación concluyó a las semanas y el informe preceptivo permaneció meses sin ver la luz. El presidente del Sepblac dice que eso es normal. El procedimiento habitual suele conllevar que el expediente del comité pase a manos de la Comisión de Prevención del Blanqueo, el máximo órgano a este respecto y presidida por el Secretario de Estado de Economía, para que decida la imposición o no de sanciones.

-Pero todo se precipita cuando aparecen los yanquis. El pasado 10 de marzo, de forma expeditiva, el Tesoro de Estados Unidos anuncia que coloca a la Banca Privada de Andorra en la lista de entidades de su máxima preocupación en relación a prácticas de lavado de dinero negro. Acto y seguido, las autoridades andorranas intervienen BPA y en España el BdE hace lo propio con Banco Madrid, debido a que la actividad de ésta última se ha visto contaminada con irregularidades. Curiosamente, el informe del Sepblac acaba de ver la luz y da cuenta de toda una serie de problemas y posibles indicios de delito, en la misma línea que EEUU. ¿Una gran casualidad, una gran coordinación con los EEUU?

-El Banco de España en un primer momento toma el control de la gestión del Banco Madrid pero manteniendo a su consejo de administración. Pero éste acaba dimitiendo en bloque (son solo cinco miembros) para facilitar la toma de decisiones de las autoridades.

-El Sepblac sigue hacia delante y denuncia a los gestores del Banco Madrid por delitos de blanqueo de capitales, a la vez que abre expediente contra la entidad. El tema acaba en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga ahora los hechos denunciados. Mientras, y a pesar de la intervención del Banco de España, la entidad sigue con una operativa sin restricciones, lo que unido a las noticias del escándalo provocan una inmensa fuga de depósitos en el banco.

-En este caso, el Sepblac ha seguido un procedimiento «totalmente separado del administrativo» descrito anteriormente, ya que en vez de trasladar el expediente a la Comisión de Prevención del Blanqueo, remitieron el caso directamente a la Fiscalía. La pregunta aquí es: ¿Por qué el Sepblac no vio antes estos presuntos delitos? Como ya hemos contado, la inspección había acabado en mayo de 2014. Era su obligación acudir a la vía penal si había detectado indicios de delito. ¿Por qué no lo hizo entonces y, en cambio, solo lo hizo una vez que el Tesoro estadounidense ya entró en juego?

-La fuga de fondos provoca un «fuerte deterioro» en la entidad, unido al cierre de cualquier operativa para lograr liquidez (efecto de la decisión de EEUU de poner a esta entidad en el disparadero). Así que la entidad, controlada por el BdE, se ve empujada a la solicitud de un concurso de acreedores que en la práctica ha supuesto un corralito para 15.000 depositantes y casi 80.000 inversores. Los depósitos están garantizados hasta los 100.000 euros y los fondos son traspasables a otras entidades gestoras, pero el cierre del supervisor bancario español es casi total actualmente. ¿Por qué? Porque se quiere asegurar una cierta igualdad entre acreedores. Es decir, que si desgraciadamente los activos de la entidad no sufragaran los pasivos, hubiera un reparto justo de los mismos.

-Tal como publica El Mundo, el Sepblac ha documentado una serie de operaciones irregulares relacionadas con seis miembros del Gobierno venezolano de Hugo Chávez. Se sospecharía que los fondos provendrían de sobornos. Son nombres que figuran en el listado de clientes de Banco Madrid, filial de BPA. Estas operativas sospechosas han supuesto la entrada en prisión del consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel, por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado.

Llevamos semanas (prácticamente, desde que Syriza ganó las elecciones griegas) oyendo que se ha incrementado de nuevo el riesgo de que se produzca un Grexit. Bonito palabro. No es más que un neologismo económico-periodístico para designar, en inglés, la salida de Grecia del euro (Greece+exit). El término fue acuñado allá 2011, cuando la crisis del euro hizo y la imposición de duros ajustes a los helenos hizo temer que el país abandondaría la moneda única para salir de la crisis con una mayor autonomía: Adopción de una moneda propia, devaluación de la misma y, por tanto, impago masivo a los acreedores de todo el mundo.

El temor a un Grexit vuelve a estar hoy de moda, y son numerosos los analistas e inversores que hacen sus cálculos sobre qué costes y riesgos podría conllevar. Sin embargo, las bolsas y los mercados no se tambalean como hace cuatro años. Hoy casi todos coinciden en que el riesgo sistémico no es tan grande como en 2011, ya que los inversores privados (sobre todo los bancos) se han ido deshaciendo de la mayoría de sus posiciones en el país heleno. Se puede ver claramente en este gráfico inferior extraído de un reciente informe de la agencia de calificación crediticia Fitch.

Esto es lo que yo llamo una desbandada en toda regla. «El impacto en los bancos extranjeros sería limitado una vez que ya han absorbido todas las pérdidas de la quita negociada en 2012, y después de haberse deshecho del riesgo griego desde entonces«, señalan los analistas de Fitch. Pero es que además, al contrario que en 2011, esta exposición al riesgo griego ahora está provisionada por los bancos. Es decir, que las entidades ya asumen que puede haber una pérdida y tienen el dinero para tapar el agujero en reserva. Otra agencia crediticia internacional (en este caso Standard & Poor’s) ha publicado otro informe en el que pone números a la exposición de los bancos a Grecia, país a país. Como muestra el cuadro inferior, los bancos franceses, por ejemplo, pasaron de una exposición de 40.000 millones de euros a inicios de 2012 a una de apenas 3.300 millones.

Tanto Fitch como S&P aseguran que los inversores tienen mucho menos que temer ante una posible salida desordenada de Grecia del euro. «No esperamos actualmente que un Grexit llevara a una alteración de las calificaciones de los bancos internacionales, o que dicha salida conllevara unos esfuerzos adicionales en forma de capital», explican los analistas de Standard & Poor’s. La poca deuda griega que queda en manos de los bancos extranjeros se reparte entre los alemanes (13.500 millones), los británicos (13.500 millones) y los estadounidenses (10.600 millones), unas exposiciones que no representan entre un 0,56% y un 0,34% de su exposición extranjera total.

Y es que el problema, tal como se puede ver en este otro gráfico elaborado por los analistas del think tank Bruegel, no está en los bancos privados, sino en los tesoros de los países europeos. Éstos han sido, tal como muestran los datos, quienes se han hecho cargo de la inmensa mayoría del nuevo endeudamiento de Grecia. Es en esto en lo que se sustancian los famosos programas de rescate a la economía griega. Los socios europeos han adquirido inmensos riesgos en el país heleno, y es por esto que las negociaciones entre el Gobierno de Syriza y el resto de socios ha sido tan sumamente agresivas. Cualquier impago aceptado por parte de los griegos supone una pérdida presupuestaria para otro país europeo (incluída España).

Las autoridades europeas no solo han asumido la deuda privada de los bancos, sino que han incrementado los niveles casi exponencialmente. Se puede ver muy claro en esta gráfica de más abajo, elaborada por el servicio de estudios del banco holandés Rabobank. Por si no habláis neerlandés, la deuda pública griega en manos de organismos públicos europeos es el concepto «buitenlands publieke sectoren». Como se puede ver, prácticamente nadie ha querido adquirir riesgo griego desde 2012, aparte de los socios europeos.

Visto lo visto, el riesgo para los países europeos no es pequeño. Tampoco para los griegos, que se enfrentan a un abanico en el que ambas opciones (quedarse o marcharse) tiene sus costes y sus incertidumbres. A finales de febrero las autoridades europeas y el Gobierno heleno llegaron a un acuerdo que, básicamente, suponía un balón de oxígeno de tres meses para posponer las verdaderas decisiones y tener más margen para negociar.

Pero uno de los problemas es que la troika no quiere negociar. No tiene nada que negociar que no implique la asunción, por parte de Grecia, de unas duras condiciones y unos ajustes presupuestarios preestablecidos. Y por eso están sonando los tambores del Grexit, porque a Varufakis y compañía no se les están presentando alternativas, y entre dos malas, quizás no lo sea tanto una en la que puedas controlar tú tu propia moneda y establecer un impago más o menos ordenado.

Tal como señalan los analistas del banco francés BNP Paribas en un reciente informe, la salida del euro supondría para Grecia la creación de una nueva moneda cuyo precio se depreciaría rápida y bruscamente. Esto implicaría a su vez controles de capitales y un empobrecimiento súbito de sus ciudadanos, que verían encarecidas todas sus importaciones. Además, la actividad económica en general sufriría, al menos en un primer momento, una nueva recesión. Por contra, vería mejorar relativamente su posición exportadora, y las divisas procedentes del turismo supondría una fuente de ingresos proporcionalmente más grande. «Los beneficios de una devaluación probablemente sólo se sentirían pasado un tiempo», concluyen desde BNP Paribas.

También serían «potencialmente significativos» los daños causados a las economías europeas de un hipotético Grexit. Solo teniendo en cuenta los números, se perderían, en parte o en su totalidad, 195.000 millones de euros en créditos concedidos al Estado Griego, ya que la deuda de este país, nominalmente en euros, sería incobrable.

Pero es que además está el peligro a lo desconocido. Y esto no es otra cosa que la reacción de los mercados a algo que hasta ahora no se ha contemplado seriamente: Que el euro como moneda única es algo reversible, y que no se ha demostrado como una solución eficiente en caso de fuertes crisis internas. «Un Grexit destruiría la idea de que la membresía de la zona euro es algo irrevocable. La percepción del riesgo de que uno o varios miembros abandonarán el euro tarde o temprano se incrementaría», anticipan desde BNP Paribas, que concluyen que hay que forzar las negociaciones para encontrar una salida conveniente para todos, ya que una salida de Grecia del euro supondría una pérdida neta para todos en Europa.

El pasado 19 de febrero el BCE dio un (otro) paso histórico al publicar en su pagina web su primera acta con las decisiones tomadas por su Consejo de Gobierno entre el 21 y el 22 de enero de 2015. Un paso histórico que algunos veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo (algo que también debería hacer, al menos pasado un tiempo) la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Gobierno del Banco de España. Pero un paso que se ha quedado corto.

Mario Draghi, presidente del BCE

Se ha quedado corto porque, tal como explica el economista Charles Wyplosz en un reciente artículo, las actas son tan sintéticas que no incluyen por ejemplo las discusiones, o los posibles matices aportados por cada miembro (cada país) presente en las reuniones.

Otros bancos centrales como la Reserva Federal (que publica sus actas desde 1993) o el Banco de Inglaterra (desde 1998) llevan años detallando lo que se discute en estas reuniones secretas, así como el sentido de los votos de cada uno de ellos. Es una medida, en mi opinión, muy necesaria en una sociedad verdaderamente democrática. Los ciudadanos han de poder conocer cómo y por qué se han tomado las decisiones que más les afectan.

En la eurozona, con la justificación de que es un banco central de naciones independientes, se ha optado por un tipo de acta sin chicha ni limoná, sin tomas y dacas, y en el que la transparencia es, cuanto menos, limitada.

No me da la impresión de que los banqueros centrales de la zona euro, y en especial el caso español (como he denunciado en post como éste, éste y éste) estén muy por la labor de airear cómo y de qué manera se toman las decisiones. La de banquero central es una profesión investida de una cierta mística, y no parece que por ahora quieran romper con ésta dinámica.

«La creciente desigualdad salarial podría estar relacionada con el crecimiento de las empresas«. Esta provocadora hipótesis no es la última ocurrencia de ningún sindicato, o de algún partido de extrema izquierda antisistema. No. Es la principal conclusión a la que llegan tres economistas (Holger M. Mueller, Paige P. Ouimet y Elena Simintzi), en un reciente estudio publicado por la Stern School of Business, dependiente de la Universidad de Nueva York, y referenciado por el prestigioso Centre for Economic Policy Research (CEPR).

El estudio, pese a que es muy técnico, no tiene desperdicio. Estos tres académicos han examinado el comportamiento de las 50 o 100 mayores empresas de los países desarrollados, su crecimiento entre 1985 y 2010, y los diferenciales entre los sueldos en función de las habilidades requeridas para cada trabajo. «Encontramos evidencia de un fuerte crecimiento de las empresas en prácticamente todos los países. Y más importante, descubrimos que la variación de crecimiento dentro de los países está relacionada positiva y significativamente con el incremento de la desigualdad salarial«, añaden.

Es decir, que los hallazgos de estos economistas demostrarían que las empresas, cuanto más grandes son más desiguales. Esta creciente diferencia salarial se conseguiría al menos por dos vías: 1) Los salarios bajos, que suelen estar asociados a «trabajos rutinarios», son proporcionalmente más bajos en las empresas grandes, ya que éstas tienden a la automatización de estos procesos. Por lo tanto, a mayor crecimiento de las empresas, mayor automatización. 2) Las empresas grandes tienden a tener diferencias mayores entre los salarios más altos y los más bajos, luego el crecimiento de las empresas promoverá que esta tendencia se acentúe.

Estos investigadores documentan además que aquellos países con mayor crecimiento empresarial (como España y Grecia) coinciden con aquellos lugares donde más ha crecido la desigualdad. «De hecho, nuestros resultados sugieren que parte de lo que puede ser percibido como una tendencia global hacia una mayor desigualdad salarial puede ser debido a un incremento en el empleo de las grandes empresas«.

Creo que merece la pena debatir y seguir investigando sobre estas ideas, ¿no os parece? Quizás la respuesta para reducir la desigualdad esté en promover empresas menos grandes…