La previsión del BBVA de que la economía española no creció en el segundo trimestre del año ha coincidido en el tiempo con la primera vocalización de la palabra ‘crisis’ por parte del presidente del Gobierno en una entrevista en televisión. Zapatero se presentó ante las cámaras con una uña amoratada, confirmando lo que todos ya sabíamos: este hombre se había pillado los dedos con sus previsiones económicas.
Como está por ver que el “ambicioso” paquete de 47 medidas contra la crisis –ahora ya sí- dé algún resultado a corto plazo, incluida la devolución de los 400 euros y el inconfesado plan de ahorro energético que el descorbatado ministro Miguel Sebastián se ha sacado de la manga, los socialistas han puesto en marcha una estrategia, también ambiciosa, para marear la perdiz, que consiste esencialmente en distraer la atención con sus presuntas iniciativas de calado social y de extensión de derechos paridas en su 37 Congreso.
La primera de ellas, de amplia repercusión mediática, es la constitución de un grupo de expertos y expertas con la misión histórica de elaborar unas recomendaciones vanguardistas para modificar la actual legislación sobre el aborto, que data de hace 23 años y que sigue considerando unas delincuentes a aquellas mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo.
El supuesto avance, que la derecha ha tildado de radical para satisfacción del Ejecutivo, no es sino un pequeño paso adelante respecto al repliegue táctico que el PSOE había ejecutado sobre esta cuestión. Los hechos son los siguientes: en las elecciones del 2004, los socialistas incluyeron en su programa electoral una ley de plazos sobre el aborto, promesa que incumplieron deliberadamente en sus primeros cuatro años en el Gobierno. En las pasadas elecciones, desterraron ese compromiso de su nueva oferta a los ciudadanos, tratando de no dar argumentos al PP acerca de su pretendido extremismo. Y ahora, se recupera casi como un ejercicio de reflexión intelectual.
Este diario tuvo la oportunidad de recordar este hecho a la portavoz socialista en el Senado, Carmela Silva, quien ejerció como ponente de esta materia en el 37 Congreso. Fue al terminar su rueda de prensa: “¿Ha olvidado que ustedes ya proponían la ley de plazos hace cuatro años?”, le pregunté. “No, no lo he olvidado”.
La segunda iniciativa es la pretensión de facilitar el voto a los inmigrantes legales en elecciones locales, una contrapartida al evidente endurecimiento de la política migratoria de los últimos tiempos. De momento, nadie ha explicado que ello requerirá una modificación del artículo 13 de la Constitución, concretamente de su apartado 2, que exige reciprocidad para los españoles residentes en otros países, para lo que sería entre deseable y necesario el concurso del PP. Eso, o dejar las cosas como ya están, que parece que es lo que se pretende para 2011, con lo cual no todos podrían votar.
Tampoco nadie ha mencionado que algunos estudios manejados por Ferraz sobre la tendencia electoral de los inmigrantes favorecen claramente al PSOE, hasta al punto de que en algunos municipios su concurso podría inclinar la balanza del lado socialista. ¿Estará el PP por la labor? ¿Es sincera la preocupación de Zapatero por el derecho al sufragio de los inmigrantes?
Finalmente, el tercer supuesto avance radical es la implantación del testamento vital, que nada tiene que ver con la eutanasia, y que consiste en el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a no prolongar artificialmente su vida y a tener una muerte digna y sin sufrimiento. Se trata de una cuestión suficientemente regulada en la inmensa mayoría de comunidades autónomas, que, por cierto, son las que gozan de competencias sanitarias.
En esto consiste básicamente el denominado giro a la izquierda del PSOE, que ha conseguido por unos días que se hable menos del estancamiento económico, hecho al que también han contribuido involuntariamente Nadal y la selección española de fútbol. El presidente tiene negra la uña. Se le acabará cayendo.