Por Carmelo Marcén, maestro y doctor en Geografía, y Javier Benayas del Álamo, Catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Al fin ha iniciado el camino de ser figura legislada. Hagamos un poco de historia. En las I Jornadas de Educación Ambiental de octubre de 1983 nos vimos mucha gente naturalista y ambientalista de toda España que sentía que era necesaria una acción a favor del medioambiente. Las 300 personas asistentes compartimos expectativas de signos diversos con incipientes realidades; quizás primaba más la acción ambiental, también un cierto activismo, que la reflexión sobre lo hecho y por hacer. La jornadas supusieron un hito importante en la búsqueda de una relación entre las personas y el medioambiente, el entorno era la palabra estrella. Normal que así ocurriese porque se trataba de respetar, ayudar a reponer, algún enclave o escenario natural que pasaba momentos amenazantes. No existían ni los ODS ni las Agendas 2030 pero de aquellas preocupaciones surgirían estos anhelos, pasado un tiempo.
En aquel octubre amenazante de tormentas en Sitges se compartieron ideas que en sí mismas eran una revolución social: el respeto del medioambiente a través de una educación que en realidad eran muchas. Se conocieron prácticas y esperanzas de la escuela primaria, de secundaria y de la universidad. Pero no solo se habló de educación formal. Se expusieron actuaciones de administraciones, ONG u otros ámbitos donde la educación ambiental no formal llevaba ya varios años creciendo.
Repasando las I Jornadas, leemos en De Rerum Natura que se organizaron en seis grupos: medio natural, medio urbano, gestión del medio, sensibilización del público, medios audiovisuales, y bases científicas y planteamientos metodológicos. El fin era examinar la situación y problemática de la educación ambiental no académica en España tras la Conferencia de Tbilisi, propiciar el contacto y el intercambio mutuo entre las personas, grupos y entidades activas en el campo de la educación ambiental, y realizar un balance de la situación de la educación ambiental en el Estado. Hubo 4 ponencias, 85 comunicaciones y 30 paneles y otros materiales de exposición como bien recogieron Susana Calvo y Pepe Gutiérrez Pérez (2007) en El espejismo de la educación ambiental.
Y, cómo no, se habló de adaptar la normativa local, autonómica y general para que la EA ocupase el lugar que le corresponde, como parte activa de la vida diaria en la búsqueda de compromisos, en la configuración de un socioética ambiental. Pequeños balbuceos que ahora quieren ser realidad. Por más que no hubiese declaración final, sin manifiestos ni brindis supusieron un hito, significaron un antes y un después que se materializó en Valsaín (1987), Pamplona (1998) y Valsaín (2022). Las actas de estas últimas contienen avances sustanciales de lo que debe ser una EA adaptada a los nuevos tiempos y preocupadas por la derivas del medioambiente.
Como ya se ha subrayado, no por el hecho de carecer de regulación legal al servicio del interés colectivo la EA ha dejado de existir, tanto en grandes corporaciones como en pequeñas escuelas. Hemos de insistir en que la idea transformadora, el deseo de avanzar en metodologías, el apoyo de distintas administraciones, la multitud de campañas, el papel imprescindible de educadoras y educadores ambientales, los cientos de materiales, la organización administrativa en varias CC.AA. de unidades o servicios de EA, y otras muchas acciones han demostrado que el empeño seguía vivo. Desde pequeñas iniciativas hasta grandes propuestas han llenado de acción, participación y compromiso desde cada rincón de España.
Pero en este momento aparece otro hito que desearíamos fuese realidad creativa y participativa. Lo dice el título. La Educación Ambiental quiere ser importante en forma de ley, ya es anteproyecto. Qué duda cabe que para eso muchas personas y entidades han puesto su buen y bien hacer a lo largo de 40 años; han resistido malas interpretaciones y dejaciones de distintas administraciones. Sin embargo, no han decaído en su propósito, abordado lentamente podríamos decir. El equipo del Ministerio de Transición Ecológica apostó porque la EA debía tener un rango legislativo, había de ser un espejo importante donde mirarse. Antes pusieron en marcha el PAEAS (Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, 2021-2025) en el cual han participado centenares de personas e instituciones, debatiendo y proponiendo en marcha transiciones educativas, de la educación formal o no, pensando en el presente con miras a un futuro incierto. El PAEAS sigue vivo, pero sus ánimos de convertirse en algo de mayor rango, quizás con un refrendo legislativo, van decayendo.
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Recordamos que el 29 de abril de este año se aprobaba en el Congreso de los Diputados la Proposición No de Ley (PNL) para impulsar medidas en torno a la educación ambiental en el sistema educativo. Lamentamos tres carencias importantes: que contase con el único apoyo del partido gobernante, que fuese tramitada como PNL y que no considerase la relación y alianza entre EA formal y no formal. Ambas singularidades nos hacen pensar que va a tener que sortear bastantes obstáculos hasta conseguir ser una ley consensuada de forma mayoritaria por grupos políticos y administraciones del Estado y autonómicas. Quizás no lo llegue a ser nunca, vistas las algarabías políticas actuales que nos tienen sumidos en la desesperanza.
Si hubiese buena fe y un compromiso claro para definir un futuro mejor para las generaciones futuras, podría haberse convertido en una guía al servicio de la comunidad educativa. En este propósito destacaríamos dos intenciones fundamentales sin concretar en el PNL: abordar la formación inicial del profesorado mediante la inclusión de los temas socioambientales de una forma rigurosa (en colaboración con las universidades y las administraciones competentes) e impulsar la formación continua del profesorado. Todo lo anterior debería ir acompañado por una adecuación de los centros a las nuevas incertezas climáticas. En realidad, lo escrito hasta aquí es una transición necesaria y colectiva hacia la nueva realidad que el tiempo nos impone. Esa que sueña un respeto hacia el vulnerable medioambiente, un reconocimiento de nuestra ecodependencia. En suma, una garantía de la salud y el bienestar del alumnado y profesorado, de la ciudadanía en general, así como de la biodiversidad con la que interaccionan en el planeta.
La Educación Ambiental podría haber sido el empuje permanente que necesitamos para escalar La Cima 2030, y en esta tesitura estamos comprometidos tanto las administraciones como la ciudadanía entera; hasta los partidos que odian el medioambiente. Debe tener el rango de Ley, porque los PNL suelen ser declaraciones de intenciones evanescentes que pocas veces pasan de las buenas intenciones. Somos conscientes de que costará mucho esfuerzo, pero sería un buen regalo para las generaciones futuras. Muchos educadores de la escuela y también de la educación no formal están dispuestos a dedicar altruistamente su motivación y competencia en allanar este sendero colectivo que cada vez es más necesario y urgente. Sin duda, de no salir adelante sería una nueva oportunidad perdida, y ahora el tiempo de su necesidad nos apremia.