Todos los habitantes de la tierra tenemos derecho a una alimentación asequible, equilibrada y saludable. ¿Alguien está en contra de semejante formulación? Quizás no pensemos a menudo en ello, lo demos por supuesto. Al menos la mayoría de la gente de los llamados países ricos como España, que tienen satisfechas sus necesidades. Sobre los países pobres, esos de ingresos bajos o medios bajos no hay duda de que ese derecho no existe. Pero esta cuestión nos queda más lejana; será porque desconocemos cómo resolverla. Del asunto de las desigualdades en la disposición de alimentos y de una buena nutrición ya hemos escrito en este blog cuando hemos comentado el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y la soberanía alimentaria comparada.
Resulta un poco fuerte, por decirlo de una forma suave, que a estas alturas del siglo XXI estemos preguntándonos si se cumple ese derecho universal en España. Para situarnos debidamente sobre cuestiones tan elementales es conveniente conocer investigaciones y reflexiones como Haciendo realidad el derecho a la alimentación en España. Para la redacción de esta entrada vamos a seguir buena parte de lo que se dice en dicho trabajo de investigación, publicado hace un par de años cuando todavía no habían impactado los efectos de la reciente pandemia. Fue realizado por la Universidad de Oviedo y la de Sevilla dentro de un proyecto de I+D+i., auxiliado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España.
Por lo que hemos leído en el trabajo de investigación este derecho se impulsa desde ángulos de la vida muy diversos; a ellos se dedican varios artículos de este trabajo colectivo. En uno se habla del “Observatorio sobre el derecho a la Alimentación en España”. Su Web es una ventana abierta a múltiples paisajes alimentarios. Allí aporta análisis críticos, recoge noticias interesantes, quiere hacer pedagogía sobre el tema. También incluye un enlace al reciente Informe mundial 2021 sobre crisis alimentarias (GRFC 2021) . Subraya que los últimos datos disponibles demuestran que estamos peor que hace 5 años. Semejante retroceso lo relaciona con los conflictos bélicos y religiosos permanentes y con los efectos económicos relacionados con la COVID-19, pero también con fenómenos meteorológicos extremos. El dato que puede resumir el estado de preocupación es que 155 millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria aguda en 55 países y territorios.
Por lo que parece, a pesar de las muchas leyes y normas publicadas en España, cabe mejorar el derecho a la alimentación. Habrá que considerar el papel que desempeña la esfera pública en la consecución de este derecho. Porque aunque no todo sea su responsabilidad sí que debe dirigir el esfuerzo público-privado en conseguir el disfrute de ese derecho universal. Cáritas alertaba de que durante 2020 alrededor de medio millón de personas de las que recurrían a su ayuda alimentaria lo hacían por primera vez. Algo estaba mal planteado cuando “las colas del hambre” han sido una imagen dolorosa en varias ciudades españolas. Chefs y restaurantes, junto con muchas entidades sociales como los bancos de alimentos y alguna administración, han colaborado en dar un ligero y temporal remedio a este problema. Seguramente habrá que recapacitar por qué es tan necesaria la adopción de una “Carta contra el hambre” y la dotación de suficientes recursos.
Gente espera en las llamadas ‘colas del hambre’ en Madrid. (GTRES/ARCHIVO)
Hay otras cuestiones acerca del derecho a la alimentación sobre las que se reflexiona en el observatorio. Una de ellas tiene que ver con la manera de planificar la alimentación en los hogares españoles. Puede que los hábitos alimentarios no sean adecuados, otras veces la gente sucumbe a lo que en el informe se califica como “consumocracia”. También se habla de otros retos pendientes como el papel que desempeñarían los huertos urbanos, presentes ya en algunas ciudades españolas y europeas. Convendría preguntarse si la agroecología puede cambiar la relación alimentaria. Y hay un punto especial que preocupa a entidades y organizaciones que abordan estas temáticas: Cómo se asegura la nutrición de las personas mayores, cuáles son sus mayores dependencias y sus riesgos de vulnerabilidad. No se nos ha olvidado aquel proyecto que se llamaba “Hambre cero”, encuadrado en el segundo de los ODS, que no solo falla fuera de España. Además de todo lo anterior, hay muchas variables más que no se mencionan aquí por no hacer demasiado extensa la entrada.
Estaría bien conocer si la ayuda española como Estado contribuye a que la alimentación sea un derecho universal en otros países. El derecho humano a la alimentación se impulsa desde una “Unidad para el derecho a la alimentación de la FAO”, que plantea unas necesidades que sin duda parecerán de justicia. Son una obligación legal ratificada por los Estados dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 11 del Pacto). La medida será bien recibida por la gente, que siempre quiere alimentarse dignamente. Si no se lo procuran los estados, tiene derechos que se pueden hacer valer ante los tribunales. Es económicamente racional ya que si todos tenemos seguridad alimentaria se mejora la productividad global, se tiene mejor salud. Empoderaría a la sociedad, pues un enfoque convivencial basado en derechos anima a participar en la adopción de decisiones. También para hacer valer los derechos y para exigir recursos. En suma, con iniciativas de este tipo se intenta resolver las causas fundamentales: la inseguridad alimentaria y la pobreza crónicas suelen tener carácter estructural y son causadas por factores sociales y políticos subyacentes. Es una cuestión de ética: la malnutrición puede superarse y el derecho a la alimentación puede hacerse realidad en cualquier país. La inacción se hace crónica y supone un atentado contra la ética cercana y universal.
Y, cómo no, habremos en encontrar las interacciones entre el derecho humano a la alimentación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por si alguien tiene interés, la FAO incluye un enlace en el que se puede ver cómo va el derecho a la alimentación país por país. También en la base de datos FAOLEX se accede a la relación de las políticas puestas en marcha en relación con la alimentación, la agricultura y los recursos naturales.