Por Vicky
‘’Urbanizaciones forestales. No saltes la cita del próximo 3 de noviembre para conseguir un 10% de descuento en tu declaración anual, de lo contrario espera recibir la fecha de la demolición de tu vivienda’’. Así se daba esta semana la noticia sobre el nuevo plan acerca de los derrumbes que prepara el gobierno heleno en las zonas urbano-forestales.
A continuación se daban detalles sobre el tipo de viviendas afectadas, todos los documentos que deben reunir y entregar, el cuándo, el dónde, etc. El tema de la recalificación de las zonas forestales tras un incendio siempre ha sido tratado con cero discreción o, lo que yo llamaría, vergüenza. Como en España, también se puede urbanizar un monte incendiado. De hecho, no tiene que transcurrir ningún plazo concreto, más allá del que requiera la tramitación ordinaria de los instrumentos legales y urbanísticos necesarios para que eso ocurra. ¿Instrumentos legales? Un poco irónico.
Nunca he llegado a asumir cuál es el momento en el que un hecho tan ilegal y espantoso, como el de prender fuego a un espacio natural para aprovecharlo después, pasa a ser algo previsible en la legislación de un país. Según la ley griega, se puede aprobar la recalificación de los montes siempre que se establezca la existencia de “razones imperiosas de interés público de primer orden” para esa reclasificación de los terrenos y prever “las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada”.
Si hablamos de excepciones y de razones muy concretas, entonces se sobreentiende que no tiene sentido que alguien queme el monte pensando en urbanizarlo porque no hay base legal para hacerlo. Según mi punto de vista, el debate está ligeramente desenfocado. Se puede discutir mucho la necesidad de la creación de una zona urbana o de la razón, en general, de un incendio pero rara vez se habla su respuesta penal. Los responsables de los incendios son difíciles de localizar. Normalmente los casos se archivan y, finalmente, el terreno arrasado por las llamas pasa a ser otra cosa. Si no se ha actuado desde el principio, a pesar de que todos somos capaces de señalar con el dedo y a lo lejos una vivienda ‘’ilegal’’, denunciarlo parece no llevar a ninguna parte. En general, esto no se está aplicando. Además, las urbanizaciones que se encuentran junto a vegetación forestal o en terrenos forestales no cuentan con plan para su protección, por lo que aumentan cada año el riesgo en las zonas urbano-forestal.
A pesar de que la normativa europea exige planes de autoprotección para esas zonas que tienen que prever las medidas de vigilancia y alarma, así como la existencia de medios materiales y humanos en caso de nuevo incendio, tanto Grecia como España no llegan a cumplir con los más mínimos requisitos. En el caso de mi país, los incendios casi siempre tienen origen humano y está sobradamente conocido que en muchas ocasiones la causa se debe al alto nivel de especulación sobre las tierras.
Rara vez la causa se debe a un accidente. Es cierto que el Mediterráneo es uno de los lugares del mundo más afectado por el cambio climático. Sin embargo, en las zonas afectadas hasta el momento el clima no suele ser el origen de los fuegos, más bien es la causa de su evolución. Es decir, que la mano del hombre llega donde no acaba de hacerlo el calentamiento global.
Un ejemplo claro de falta de prevención y aplicación de las exigencias europeas es el incidente que tuvo lugar el verano pasado en Mati. Los protocolos de actuación, si realmente existen, deben estar muy bien enterrados. Normalmente no se sabe actuar debidamente ante una emergencia y cuando se toman medidas lo que la lógica implica es dar prioridad a las personas, luego los bienes y, por último, el terreno. Es decir, el concepto cambia por completo en el momento en el que un espacio natural se habita. Y salvar vidas me parece muy coherente. Lo que me resulta inaceptable son titulares y noticias con enunciados tan sensacionalistas y llamativas sobre un asunto tan delicado.
La naturaleza importa y es protegida por la ley solo si desempeña una función que interesa a la urbe. Es decir, reducir la contaminación del aire al absorber los compuestos gaseosos e interceptar los contaminantes atmosféricos o mejorar la formación del suelo, el ciclo de los nutrientes y la textura del suelo. Por una vez más, la ley sirve para hacer el terreno más habitable y más construible, dejando en segundo plano las consecuencias medioambientales o la penalización de los responsables por los incendios. En Grecia, no hay críticas ni denuncias al respecto, simplemente se pasa página.
Bomberos trabajan en las labores de extinción de un incendio forestal declarado en Kalamos, Grecia, en 2017. (Simela Pantzartzi / EFE)