2015 es el año en el que aterrizaban los protagonistas de la segunda entrega de Regreso al futuro. En su viaje ficticio anticipaban, sin equivocarse, la existencia del cine en tres dimensiones, las videollamadas o la ropa inteligente. Lo que no lograron adelantar es que en ese 2015 países de la Vieja, Grande y Unida Europa vivirían anclados en pretéritos más acordes con épocas predemocráticas en los que la libertad de información -un derecho que fue recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948- sería banalizada, menospreciada y despreciada por ciertos Gobiernos. No anticiparon este regreso al futuro sin Delorean.
Madrid, 17 de junio de 2015: integrantes de organizaciones mundiales que defienden la libertad de información, como el International Press Institute (IPI), el Committee to Protect Journalists (CPJ), la Federación Europea de Periodistas (EFJ) o la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), inician una ronda de contactos y reuniones con políticos e instituciones para reclamar mayores garantías para ejercicio de la libertad de información en España, en un momento en el que las conocidas como Leyes Mordaza están a punto de empezar a aplicarse, y cuando las detenciones y juicios a periodistas son continuos.
En esta ronda de contactos que concluye el día 19 se mantendrán conversaciones con el presidente del Tribunal Supremo, Grupos Parlamentarios (portavoces, Comisión de control de RTVE y Comisión de justicia), Defensora del Pueblo y partidos políticos sin representación parlamentaria (Podemos y Ciudadanos) y representantes del ministerio de Justicia. Tanto Industria (que tiene en marcha el concurso para la adjudicación de nuevos canales de TDT) como Interior han declinado reunirse con esta delegación; la Secretaría de Estado de Comunicación aún no ha confirmado su participación.
Impedir el libre acceso de la ciudadanía a la información significa amordazar el estado de derecho. No hay ninguna razón de excepcionalidad que justifique los desmanes legislativos que estamos viendo y que empezarán a ser una realidad práctica en muy pocos días. Lo explico en este artículo que escribí para presentar el informe Límites y amenazas al ejercicio de la libertad de información en España, elaborado por la PDLI:
La crisis como excusa
«Algunas de las violaciones de derechos humanos más despreciables de este siglo se articularon activamente para preparar el terreno e introducir las reformas radicales que habrían de traer ese ansiado libre mercado», decía Naomi Klein en una entrevista al poco de publicar ‘La doctrina del shock’.
El libro de Klein salió de la imprenta en 2007, justo cuando daba comienzo la mayor crisis económica de la historia moderna, en cuyas consecuencias aún estamos inmersos. En nombre de esta crisis se han articulado ‘reformas’ y medidas que han provocado un ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres, entre poderosos y ciudadanos -con el consiguiente abandono institucional y político de estos últimos-, una exclusión apoyada siempre en argumentos casi irrefutables por lo que implican de ‘salvación’ colectiva: la recuperación económica, la seguridad y la estabilidad.
Pero con la crisis llegó también la democratización de la información, entendida como el acceso masivo de la ciudadanía a Internet, y la toma colectiva de conciencia de que el manejo de la información es clave para el control y la evaluación continua de quienes rigen nuestros designios. Y así la participación y la denuncia ciudadanas a través de las redes sociales empezaron a tener sus efectos más allá de la virtualidad de Internet: las protestas contra la Ley Sinde en 2008, el movimiento #nolesvotes, las movilizaciones de Juventud Sin Futuro, entre otros, y finalmente, el 15M y el revolcón del bipartidismo en las últimas elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015, consecuencia directa de aquellas protestas cuyo epicentro fue la Puerta del Sol.
Las personas en el poder han visto en estas nuevas formas de comunicación y de protesta una amenaza clara a sus intereses, y por eso unos meses antes de las recientes elecciones empezaron a articularse una serie de reformas legales encaminadas a la protección del estatus de ese ‘establishment’ a costa de un adelgazamiento de las libertades y derechos ciudadanos.
Muchas de estas reformas tienen un común denominador: acotar esas maneras de compartir información, poniendo puertas al campo de Internet como ámbito de libre comunicación y penalizando, en ocasiones de manera desproporcionada, las nuevas vías de protesta. Algunas de esas iniciativas legislativas han visto ya la luz, otras están a punto de entrar en vigor: de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (más conocida como Ley Mordaza) a la doble reforma del Código Penal -que han sido puestas en cuestión incluso por relatores de derechos humanos de la ONU-, pasando por la nueva Ley de Propiedad Intelectual o por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En este marco nace, en octubre de 2014, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), como respuesta a la preocupación de un grupo de periodistas, personas del ámbito jurídico y de ciertos movimientos sociales por lo que consideramos una serie de amenazas a la libertad de información, sustanciadas sobre todo en esas reformas legales ya mencionadas, pero también en prácticas poco transparentes por parte de instituciones y administraciones públicas, y que tienen consecuencias no solo para medios y periodistas, sino para la sociedad en su conjunto. Porque, como recoge el artículo 20 de nuestra Constitución, el derecho a la información no es solo el derecho a comunicar libremente; es también el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz a través de cualquier medio de difusión.
Por eso la PDLI defiende la libertad de información como aval de la sociedad democrática española. Y por eso su principal objetivo es poner foco sobre esas amenazas, analizar y dar visibilidad a cualquier intento de coartar dicha libertad, dotando a la ciudadanía de herramientas (como mapea.cc) para que pueda denunciar cualquier abuso que se produzca en este ámbito. Queremos ser primero notarios de estos desafíos, y luego altavoces de esa realidad, con el objetivo siempre de revertir la situación y de contribuir a garantizar el libre ejercicio de esos derechos.
