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¿Es necesaria la formación en igualdad de género? Un discurso reivindicativo

El pasado 26 de mayo se graduó la primera y última promoción de la titulación universitaria de Igualdad de género, el único grado de esta especialidad que se impartía en España, en la Universidad Rey Juan Carlos. Este es el discurso que pronunció en la ceremonia Dori Fernández Hernando, como número 1 de esa promoción. Un discurso reivindicativo que arroja cifras / razones por las cuales este tipo de formación era necesaria antes y lo sigue siendo ahora.

“Todo lo legal no es moral (…), así que todo no vale”.

Con este marco de referencia inauguró el pasado 12 de noviembre la Decana de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Dña. Pilar Laguna Sánchez, el 5º Seminario de Innovación en Marketing, la disciplina con mayor incidencia en los roles que desempeñan mujeres y hombres en nuestras sociedades, y es como quiero empezar esta breve intervención en mi nombre y en el del resto de compañeras y compañeros que hoy se gradúan en este Grado de Igualdad de Género tan presente en la prensa –desafortunadamente- en los últimos tiempos por su desaparición.

Han sido cuatro años de esfuerzo hercúleo –o mejor dicho boloniano– para quienes estudiamos en el modo semipresencial: cinco asignaturas por cuatrimestre, prácticamente a un trabajo por semana, un examen parcial y uno final por cada una, y bibliografía que no daría tiempo a leer en dos vidas.

Pero hay una característica clave entre el alumnado de esta primera promoción: somos personas con responsabilidades familiares y personales, nadie nos hace la comida, ni lava nuestra ropa, ni nos paga la hipoteca o el alquiler, en definitiva, nadie nos cuida, sino todo lo contrario. A pesar de nuestra edad que dobla la de cualquier estudiante, hemos llegado a la universidad –muchos por segunda y hasta por tercera vez– como fruto de la reflexión personal: la especie humana tiene sus días contados si no conseguimos dar un cambio de timón a las políticas públicas y configuramos un tipo de sociedad en la que todas las personas tengan asegurados sus derechos fundamentales recogidos en nuestra carta magna, fundamentalmente el derecho a la vida, y no a una vida cualquiera, a una digna como establece el art. 1 de la CE.

La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social (art. 1 CE).

Amartya Sen, premio nobel de economía en el año 1998, definió el desarrollo de los pueblos como un proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutan los individuos, alejándose así de la visión que asocia el desarrollo con el simple crecimiento del PIB; un desarrollo sostenible que a la vez habrá de ser capaz de responder a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de responder a las suyas.

Y la realidad es que estamos en el año 2014, en pleno siglo XXI, y nuestro país se enfrenta a un gravísimo problema, el mismo que el resto de países europeos (a excepcion de los nórdicos): tenemos una tasa de fecundidad de 1,32 hijos/mujer, muy por debajo de la tasa de reposición poblacional, que está en 2,1, y una tasa de dependencia demográfica del 51%. Esta tasa, que es la ratio entre el número de personas de la tercera edad y el número de personas en edad de trabajar, llegará, según las estimaciones del INE, hasta valores cercanos al 60% en los próximos diez años. Así que en muy poco tiempo será imposible atender las necesidades del grueso principal de la población, y que no se hagan ilusiones las mentes paleolíticas: tampoco habrá mujeres para cuidar de los demás, sino para ser igualmente cuidadas. Sobre este grave problema y sus soluciones abunda María Pazos Morán en su reciente libro Desiguales por Ley, que les recomiendo.

Porque la caída en picado de la demografía –y por tanto de la vida en el planeta– no es el resultado de una moda: la tasa de reposición poblacional es la cifra que coincide, segun las encuestas del CIS, con el número de hijos deseado por las familias, y que no depende sino de las condiciones materiales que hagan viable la decisión de ser madres y padres. Y las condiciones materiales, como es fácil deducir, tienen mucho que ver con la igualdad de género, con el derecho que las sociedades democráticas ofrecen a sus ciudadanos y ciudadanas en cuanto a las posibilidades de desarrollo vital. Evidentemente, no serán iguales las condiciones materiales de una familia en la que trabajen ambos progenitores que en la que sólo trabaje uno.

La brecha de género salarial, la que se da entre una mitad de la ciudadanía –las mujeres– y la otra, sigue rondando el 23 %, lo que significa que una mujer, además de trabajar en dos sitios a la vez (en casa y en el trabajo formal), tiene que trabajar 84 días más al año para ganar lo mismo que un hombre realizando el mismo trabajo. La misma brecha en las tasas de empleo se sitúa en el 9,6%, siendo significativos los datos sobre empleo a tiempo parcial: un 6,6% de los hombres que trabajan lo hacen a tiempo parcial, frente a un 24,5% de mujeres. Pero lo llamativo son las razones: ellos declaran en primer lugar que es por no poder encontrar trabajo a jornada completa (65,9%), por seguir cursos de enseñanza o formación (9,6%) y por otros motivos que no especifican (15,8%); mientras que entre las mujeres, las principales razones son: no encontrar empleo a tiempo completo igualmente (56,3%), por tener que cuidar de niños o adultos enfermos, incapacitados o mayores (14%) y por otras obligaciones familiares o personales (6,6%). Con estos datos, es fácil entender que los cargos directivos varones en las empresas españolas doblen a los ocupados por mujeres, o que sólo el 18,1% lleguen a ser catedráticas en nuestras universidades a pesar de representar un 37% más entre el alumnado graduado en estudios superiores. Demasiado trabajo para las únicas 24 horas que tiene un día.

En lo único que mujeres y hombres ya somos prácticamente iguales, es decir, en lo único que tenemos el mismo tratamiento como seres humanos equivalentes que somos, es en las tasas de paro: 6 décimas nos separan solamente.

Pero hay otro dato que defiende la necesidad de apostar por la igualdad de género de forma urgente, y sin duda es el más importante: desde que alcanzan los datos fiables, el año 1995, en nuestro país han sido asesinadas 1.292 mujeres a manos de sus parejas o exparejas varones (72 víctimas mortales más de las que el terrorismo ha ocasionado en 41 años).

La igualdad entre mujeres y hombres no es sólo un imperativo legal, sino, sobre todo, es un imperativo ético y moral. El funcionamiento de nuestro sistema democrático no garantiza el derecho a la vida a la mitad de la ciudadanía (ni al resto, puesto que muchos de los hombres que asesinan a sus parejas después se quitan la vida). Es urgente incluir la transversalidad de la igualdad a la que obliga la Ley 3/2007 en todas las esferas públicas y privadas. La igualdad tiene que calar en las personas y cambiarles su ADN socioemocional, de forma que los hombres vean a las mujeres como sus equivalentes humanos y las mujeres se vean a sí mismas como equivalentes a los hombres, con el mismo grado de valor humano y de posibilidades de desarrollo.

Entre estas políticas públicas urgentes, está una con un gran potencial de cambio y que, curiosamente, se ha caído de los programas electorales de los tres partidos mayoritarios que en principio la aplaudían (PP, PSOE e IU): la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad que defiende la PPiiNA (Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción) de la que formamos parte muchos compañeros, compañeras y profesorado de este Grado; la existencia de dos progenitores productores- sustentadores y cuidadores a la vez permitiría, junto a otras medidas como la educación pública universal de 0-3 años y unas jornadas de trabajo más reducidas para todos, resolver los problemas demográficos, las altas tasas de pobreza infantil (30%, una de las mayores entre los países desarrollados), y sobre todo, facilitaría ese cambio de ADN socioemocional en las personas, permitiendo el aprendizaje de roles igualitarios alejados de los actuales sexistas, causantes de las tremendas injusticias sociales y humanas que hemos desgranado.

Y un dato relevante que no podemos dejar de mencionar: en los currículos educativos de los Grados de Educación Infantil y Primaria del grueso de universidades de nuestro país, donde el alumnado se prepara –en teoría- para coeducar, es decir para educar a niños y niñas en igualdad de oportunidades, no existe ninguna asignatura que les prepare en el principio constitucional de igualdad.

Así que, cerrando con el mismo marco que inicié esta intervención, como todos ustedes podrán comprender, la decisión de eliminar este Grado de Igualdad de Género de la parrilla de estudios de esta universidad –el único en España– será legal, pero bajo ningún concepto podrá calificarse de moral.

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Igualdad (Eneko).

Igualdad (Eneko).

La feminización de la pobreza es un hecho. La falta de oportunidades de empleo acordes con la formación, otro. El acoso y, cuando cabe, la violencia, otro más. Todo ello para un colectivo cuyo único defecto visible parece ser el no haber tenido la previsión de nacer con otro sexo”. Amelia Valcárcel, en ´La política de las mujeres’.

Siete razones y un recordatorio para llamar por su nombre a la violencia contra la mujer

“Violencia en el entorno familiar”. Con este eufemismo se refirió este lunes la nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, al asesinato de una mujer en Roquetas de Mar (Almería) a manos de su pareja (un varón). Llamó “violencia en el entorno familiar” a lo que se denomina, incluso por ley, “violencia de género”. Hace unas horas, la ministra quiso quitarle hierro al asunto: “Da igual el nombre, al final es un asesinato y nosotros queremos tolerancia cero en el ministerio frente a todo tipo de actuación contra cualquier mujer”.

No sé si “violencia de género” es la mejor nomenclatura para los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas/maridos; tal vez sea más adecuado “violencia contra la mujer” -aunque a mí particularmente me parece más apropiado “violencia machista”-. Pero “violencia en el entorno familiar” elimina toda la carga de desprecio que estos individuos sienten por la mujer (por usted, ministra; por mí) y les permite arrebujarse cómodos y tranquilos en ese sentimiento de posesión material que manifiestan con esa brutalidad hacia sus esposas/compañeras.

Hace ya más de 60 años que el gran Miguel Mihura escribió la comedia El caso de la mujer asesinadita. Mihura se podía permitir el sarcasmo porque tras él escondía la crítica social más feroz. Pero usted, ministra, no se puede consentir a sí misma errar con el uso de las palabras, porque puede parecer que intenta maquillar una realidad que solo en los últimos doce meses ha costado la vida a 59 mujeres. Llamemos a las cosas por su nombre o terminaremos cayendo en el ridículo más teatral -como el título de la obra de Mihura-, solo que en el siglo XXI y con la memoria de las víctimas de esta lacra recordándonos que la sacarina, para el café.

Aquí tiene siete razones y un recordatorio para entender por qué esa “violencia en el entorno familiar” se llama en realidad “violencia de género”:

  1. Más de la mitad de las 545 mujeres asesinadas en España entre 2003 y 2010 murieron a manos de su pareja o expareja (varones), según el IV Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer*, publicado hace tan solo un mes (los últimos datos que contiene son de 2010).
  2. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizó entre 2000 y 2010, dentro de sus Barómetros, un total de 280.622 encuestas para palpar la percepción social de la violencia contra la mujer. Del 2,8% que respondió “sí” a la pregunta “¿Constituye la violencia contra la mujer uno de los tres principales problemas de España?”, el 71,2% eran mujeres y el 28,8% hombres.
  3. La violencia de género no se reduce a unos casos aislados, sino que se trata de un fenómeno bastante extendido en España para el 87% de los 3.000 entrevistados para una encuesta de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género realizada entre 2009 y 2010 (y contenida en el IV Informe Anual mencionado anteriormente).
  4. Según esta misma encuesta, una cuantiosa minoría (35,8%) cree que la violencia de género es un problema compartido ya entre ambos sexos y la mayoría (62,7%) lo sigue viendo como algo que preocupa sobre todo a las mujeres. Además, una mayoría significativa (60,85%) exculpa a las víctimas de la violencia de género de su situación, pero casi la mitad de los varones (45,3%) y un 28,6% de las mujeres las consideran culpables del maltrato que sufren por seguir conviviendo con su agresor.
  5. El término que se utiliza mayoritariamente en los medios de comunicación para definir el maltrato de un hombre a su pareja o expareja es el de “violencia de género” (65%), seguido del de “violencia doméstica” (en torno al 30%), “violencia contra la mujer” y “violencia machista”, según una encuesta realizada a través de Internet entre 2009 y 2010 por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género entre 900 profesionales de medios de comunicación y 3.009 personas no vinculadas con el periodismo.
  6. Dicha encuesta refleja que una considerable mayoría de la muestra de no profesionales (76,6%) descarta abiertamente el carácter doméstico del problema, pronunciándose en el sentido de que la violencia de género es un asunto de interés público. El 85,8% de los profesionales y el 84,1% de los no profesionales se manifiestan de acuerdo con que los casos de violencia de género deben ser explicados como un delito contra los derechos humanos.
  7. El 10% de los nuevos ingresados en prisión son maltratadores. Este delito es desde hace ya tiempo la tercera causa de ingresos en prisión, por detrás de los robos y del tráfico de drogas.

 

Recordatorio

El término “violencia de género” está recogido en el propio enunciado de la Ley que regula las medidas para atajar este tipo de violencia: Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género.

No hace falta bucear mucho en el texto legislativo para darse cuenta de por qué “violencia en el entorno familiar” no es la mejor manera de definir la violencia de género o contra la mujer. En la primera línea del preámbulo de la exposición de motivos de dicha Ley, puede leerse: “La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”.

Artículo 1. Objeto de la Ley:

1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.

*El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer es un organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

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