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"Lo que tenemos que hacer es montar un bar. Y si no funciona, lo abrimos". Viejo adagio periodístico

Archivo de junio, 2015

La libertad de información en España, el regreso al futuro sin Delorean

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2015 es el año en el que aterrizaban los protagonistas de la segunda entrega de Regreso al futuro. En su viaje ficticio anticipaban, sin equivocarse, la existencia del cine en tres dimensiones, las videollamadas o la ropa inteligente. Lo que no lograron adelantar es que en ese 2015 países de la Vieja, Grande y Unida Europa vivirían anclados en pretéritos más acordes con épocas predemocráticas en los que la libertad de información -un derecho que fue recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948- sería banalizada, menospreciada y despreciada por ciertos Gobiernos. No anticiparon este regreso al futuro sin Delorean.

Madrid, 17 de junio de 2015: integrantes de organizaciones mundiales que defienden la libertad de información, como el International Press Institute (IPI), el Committee to Protect Journalists (CPJ), la Federación Europea de Periodistas (EFJ) o la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), inician una ronda de contactos y reuniones con políticos e instituciones para reclamar mayores garantías para ejercicio de la libertad de información en España, en un momento en el que las conocidas como Leyes Mordaza están a punto de empezar a aplicarse, y cuando las detenciones y juicios a periodistas son continuos.

En esta ronda de contactos que concluye el día 19 se mantendrán conversaciones con el presidente del Tribunal Supremo, Grupos Parlamentarios (portavoces, Comisión de control de RTVE y Comisión de justicia), Defensora del Pueblo y partidos políticos sin representación parlamentaria (Podemos y Ciudadanos) y representantes del ministerio de Justicia. Tanto Industria (que tiene en marcha el concurso para la adjudicación de nuevos canales de TDT) como Interior han declinado reunirse con esta delegación; la Secretaría de Estado de Comunicación aún no ha confirmado su participación.

Impedir el libre acceso de la ciudadanía a la información significa amordazar el estado de derecho. No hay ninguna razón de excepcionalidad que justifique los desmanes legislativos que estamos viendo y que empezarán a ser una realidad práctica en muy pocos días. Lo explico en este artículo que escribí para presentar el informe Límites y amenazas al ejercicio de la libertad de información en España, elaborado por la PDLI:

La crisis como excusa

“Algunas de las violaciones de derechos humanos más despreciables de este siglo se articularon activamente para preparar el terreno e introducir las reformas radicales que habrían de traer ese ansiado libre mercado”, decía Naomi Klein en una entrevista al poco de publicar ‘La doctrina del shock’.

El libro de Klein salió de la imprenta en 2007, justo cuando daba comienzo la mayor crisis económica de la historia moderna, en cuyas consecuencias aún estamos inmersos. En nombre de esta crisis se han articulado ‘reformas’ y medidas que han provocado un ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres, entre poderosos y ciudadanos -con el consiguiente abandono institucional y político de estos últimos-, una exclusión apoyada siempre en argumentos casi irrefutables por lo que implican de ‘salvación’ colectiva: la recuperación económica, la seguridad y la estabilidad.

Pero con la crisis llegó también la democratización de la información, entendida como el acceso masivo de la ciudadanía a Internet, y la toma colectiva de conciencia de que el manejo de la información es clave para el control y la evaluación continua de quienes rigen nuestros designios. Y así la participación y la denuncia ciudadanas a través de las redes sociales empezaron a tener sus efectos más allá de la virtualidad de Internet: las protestas contra la Ley Sinde en 2008, el movimiento #nolesvotes, las movilizaciones de Juventud Sin Futuro, entre otros, y finalmente, el 15M y el revolcón del bipartidismo en las últimas elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015, consecuencia directa de aquellas protestas cuyo epicentro fue la Puerta del Sol.

Las personas en el poder han visto en estas nuevas formas de comunicación y de protesta una amenaza clara a sus intereses, y por eso unos meses antes de las recientes elecciones empezaron a articularse una serie de reformas legales encaminadas a la protección del estatus de ese ‘establishment’ a costa de un adelgazamiento de las libertades y derechos ciudadanos.

Muchas de estas reformas tienen un común denominador: acotar esas maneras de compartir información, poniendo puertas al campo de Internet como ámbito de libre comunicación y penalizando, en ocasiones de manera desproporcionada, las nuevas vías de protesta. Algunas de esas iniciativas legislativas han visto ya la luz, otras están a punto de entrar en vigor: de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (más conocida como Ley Mordaza) a la doble reforma del Código Penal -que han sido puestas en cuestión incluso por relatores de derechos humanos de la ONU-, pasando por la nueva Ley de Propiedad Intelectual o por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En este marco nace, en octubre de 2014, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), como respuesta a la preocupación de un grupo de periodistas, personas del ámbito jurídico y de ciertos movimientos sociales por lo que consideramos una serie de amenazas a la libertad de información, sustanciadas sobre todo en esas reformas legales ya mencionadas, pero también en prácticas poco transparentes por parte de instituciones y administraciones públicas, y que tienen consecuencias no solo para medios y periodistas, sino para la sociedad en su conjunto. Porque, como recoge el artículo 20 de nuestra Constitución, el derecho a la información no es solo el derecho a comunicar libremente; es también el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz a través de cualquier medio de difusión.

Por eso la PDLI defiende la libertad de información como aval de la sociedad democrática española. Y por eso su principal objetivo es poner foco sobre esas amenazas, analizar y dar visibilidad a cualquier intento de coartar dicha libertad, dotando a la ciudadanía de herramientas (como mapea.cc) para que pueda denunciar cualquier abuso que se produzca en este ámbito. Queremos ser primero notarios de estos desafíos, y luego altavoces de esa realidad, con el objetivo siempre de revertir la situación y de contribuir a garantizar el libre ejercicio de esos derechos.

Zapata y el listón

El concejal de Cultura del recién constituido Ayuntamiento de Madrid acaba de anunciar su dimisión. Guillermo Zapata se marcha antes de estrenarse en el cargo a causa de unos tuits desafortunados, de mal gusto, pero publicados en su día dentro de un contexto del que han sido sacados para ponerlo contra las cuerdas. Esos tuits los había escrito hace cuatro años, cuando ni estaba como concejal ni se le esperaba; cuando no ostentaba ningún cargo público.

ZAPATA DEJA CONCEJALÍA (EFE)

Zapata dimite como concejal de Cultura (Foto: EFE).

Hemos visto y oído en incontables ocasiones a políticos, en ejercicio de su cargo, decir auténticas barbaridades; los hemos visto incluso cometerlas. Lo que no hemos tenido la oportunidad de ver ni oír con tanta frecuencia es a esos mismos representantes de la ciudadanía pidiendo disculpas sinceras -ni desde luego dimitiendo-, por sus salidas de pata de banco, faltas de respeto y ofensas a las mujeres, las víctimas del franquismo, los ‘sintecho’ o los parados.

Zapata dice que dejar la concejalía de Cultura ha sido “un ejercicio de responsabilidad”. Y sin duda lo ha sido, sobre todo con el equipo de Gobierno que tomó posesión el sábado en el Ayuntamiento. Pero es también un ejercicio de responsabilidad con el resto de políticos y ciudadanos. Porque su dimisión fija un listón ético de intolerancia colectiva que debería empezar a aplicarse, con la misma intensidad, con igual exigencia, a cualquier figura pública que cruce ciertas líneas rojas.

Si el ‘caso Zapata’ sirve para limpiar de rabia y revanchismo el discurso de los mandatarios españoles y para provocar dimisiones en otras fuerzas políticas cuando estas sean merecidas, bienvenida sea su renuncia. Si para lo que sirve es para azuzar la batalla política y para distraer la atención de la verdadera política, la de las acciones, la de los hechos… el cese de Zapata habrá sido una gota en un desierto.

Manuela, de tú

A Manuela la conozco mucho por referencias, poco en la cercanía. Sin embargo, y aunque sobrepasa los 71 años, la voy a llamar Manuela, a secas; ni alcaldesa, ni señora, ni doña: sencillamente Manuela. Y de tú.
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Durante los últimos diez años he entablado contacto profesional con numerosos políticos de distinto signo y con representantes de instituciones públicas. Siempre me ha llamado la atención el hecho de que los periodistas (a acólitos y otros seres que los rodean los dejaré aparte) se dirijan a ellos en las distancias cortas llamándolos por el cargo que ostentan: “presidente/a” (lo mismo da el organismo que presidan y desde cuándo ya no ostenten ese cargo), “ministro/a”, “delegado/a”, “alcalde/sa”, etc. Eso por no hablar de los protocolos para relacionarse con miembros de la monarquía, más propios de la Edad Media que del siglo XXI.

Puede parecer algo irrelevante, una mera cuestión de formalismos, pero no lo es tanto: si un periodista llama al presidente del Gobierno “presidente”, se está colocando en un plano de inferioridad respecto a él y automáticamente está asumiendo que le debe una pleitesía, un respeto distinto, mayor, que el que debe a cualquier otro ciudadano, a quien nadie mentaría por su puesto de trabajo, sino por su nombre y apellidos.

Ese tratamiento protocolario abre de entrada una brecha con el político, una distancia que nunca debería existir; al menos no más allá de la que exista con cualquier otra persona, en tanto en cuanto aquellos están desempeñando una misión pública, encomendada por una ciudadanía que los ha votado y designado por un periodo de tiempo como representantes suyos. Desde esa reverencia, la tarea esencial del periodista como vigilante y notario de la actuación de estos políticos puede perder fuerza y eficacia. Y de hecho lo hace (puede que no tanto por esta cuestión formal como por otras más relacionadas con las carantoñas al poder, aunque ambas están relacionadas).

El respeto no se gana con palabras huecas que nombran cargos. El respeto se gana con la coherencia, con la integridad, con la honestidad, con la bonhomía, con la ética (no con la que se dice, sino con la que se hace) y con los hechos. Por eso Manuela sí merecería que todos la tratáramos de usted. Porque a diferencia de buena parte de los políticos que hemos visto desfilar por las instituciones de este país, ella conoce aquello de lo que habla; ha bajado al barro y se ha manchado las manos de lo que nadie quiere tocar; ha hecho frente a la corrupción modificando procesos de trabajo y conductas en los juzgados por los que ha pasado; ha promovido cambios reales para mejorar las vidas de personas que sufren (los presos y sus familias, entre otros); viaja en Metro y puede citar a Julia en su “discurso no programático” (y por eso fresco, humano, hermoso) de investidura.

Por todo esto a Manuela habría que llamarla de usted, y los primeros en hacerlo deberían ser esos maniquíes políticos que pretenden ser sus contrincantes sin darse cuenta de que esa figura no existe en el vocabulario de la nueva alcaldesa de Madrid. Por esas mismas razones, y no solo porque ella lo pida, todos acabaremos llamándola de tú; sencillamente, Manuela.

* Foto: EFE