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La libertad de información en España, el regreso al futuro sin Delorean

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2015 es el año en el que aterrizaban los protagonistas de la segunda entrega de Regreso al futuro. En su viaje ficticio anticipaban, sin equivocarse, la existencia del cine en tres dimensiones, las videollamadas o la ropa inteligente. Lo que no lograron adelantar es que en ese 2015 países de la Vieja, Grande y Unida Europa vivirían anclados en pretéritos más acordes con épocas predemocráticas en los que la libertad de información -un derecho que fue recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948- sería banalizada, menospreciada y despreciada por ciertos Gobiernos. No anticiparon este regreso al futuro sin Delorean.

Madrid, 17 de junio de 2015: integrantes de organizaciones mundiales que defienden la libertad de información, como el International Press Institute (IPI), el Committee to Protect Journalists (CPJ), la Federación Europea de Periodistas (EFJ) o la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), inician una ronda de contactos y reuniones con políticos e instituciones para reclamar mayores garantías para ejercicio de la libertad de información en España, en un momento en el que las conocidas como Leyes Mordaza están a punto de empezar a aplicarse, y cuando las detenciones y juicios a periodistas son continuos.

En esta ronda de contactos que concluye el día 19 se mantendrán conversaciones con el presidente del Tribunal Supremo, Grupos Parlamentarios (portavoces, Comisión de control de RTVE y Comisión de justicia), Defensora del Pueblo y partidos políticos sin representación parlamentaria (Podemos y Ciudadanos) y representantes del ministerio de Justicia. Tanto Industria (que tiene en marcha el concurso para la adjudicación de nuevos canales de TDT) como Interior han declinado reunirse con esta delegación; la Secretaría de Estado de Comunicación aún no ha confirmado su participación.

Impedir el libre acceso de la ciudadanía a la información significa amordazar el estado de derecho. No hay ninguna razón de excepcionalidad que justifique los desmanes legislativos que estamos viendo y que empezarán a ser una realidad práctica en muy pocos días. Lo explico en este artículo que escribí para presentar el informe Límites y amenazas al ejercicio de la libertad de información en España, elaborado por la PDLI:

La crisis como excusa

“Algunas de las violaciones de derechos humanos más despreciables de este siglo se articularon activamente para preparar el terreno e introducir las reformas radicales que habrían de traer ese ansiado libre mercado”, decía Naomi Klein en una entrevista al poco de publicar ‘La doctrina del shock’.

El libro de Klein salió de la imprenta en 2007, justo cuando daba comienzo la mayor crisis económica de la historia moderna, en cuyas consecuencias aún estamos inmersos. En nombre de esta crisis se han articulado ‘reformas’ y medidas que han provocado un ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres, entre poderosos y ciudadanos -con el consiguiente abandono institucional y político de estos últimos-, una exclusión apoyada siempre en argumentos casi irrefutables por lo que implican de ‘salvación’ colectiva: la recuperación económica, la seguridad y la estabilidad.

Pero con la crisis llegó también la democratización de la información, entendida como el acceso masivo de la ciudadanía a Internet, y la toma colectiva de conciencia de que el manejo de la información es clave para el control y la evaluación continua de quienes rigen nuestros designios. Y así la participación y la denuncia ciudadanas a través de las redes sociales empezaron a tener sus efectos más allá de la virtualidad de Internet: las protestas contra la Ley Sinde en 2008, el movimiento #nolesvotes, las movilizaciones de Juventud Sin Futuro, entre otros, y finalmente, el 15M y el revolcón del bipartidismo en las últimas elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015, consecuencia directa de aquellas protestas cuyo epicentro fue la Puerta del Sol.

Las personas en el poder han visto en estas nuevas formas de comunicación y de protesta una amenaza clara a sus intereses, y por eso unos meses antes de las recientes elecciones empezaron a articularse una serie de reformas legales encaminadas a la protección del estatus de ese ‘establishment’ a costa de un adelgazamiento de las libertades y derechos ciudadanos.

Muchas de estas reformas tienen un común denominador: acotar esas maneras de compartir información, poniendo puertas al campo de Internet como ámbito de libre comunicación y penalizando, en ocasiones de manera desproporcionada, las nuevas vías de protesta. Algunas de esas iniciativas legislativas han visto ya la luz, otras están a punto de entrar en vigor: de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (más conocida como Ley Mordaza) a la doble reforma del Código Penal -que han sido puestas en cuestión incluso por relatores de derechos humanos de la ONU-, pasando por la nueva Ley de Propiedad Intelectual o por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En este marco nace, en octubre de 2014, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), como respuesta a la preocupación de un grupo de periodistas, personas del ámbito jurídico y de ciertos movimientos sociales por lo que consideramos una serie de amenazas a la libertad de información, sustanciadas sobre todo en esas reformas legales ya mencionadas, pero también en prácticas poco transparentes por parte de instituciones y administraciones públicas, y que tienen consecuencias no solo para medios y periodistas, sino para la sociedad en su conjunto. Porque, como recoge el artículo 20 de nuestra Constitución, el derecho a la información no es solo el derecho a comunicar libremente; es también el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz a través de cualquier medio de difusión.

Por eso la PDLI defiende la libertad de información como aval de la sociedad democrática española. Y por eso su principal objetivo es poner foco sobre esas amenazas, analizar y dar visibilidad a cualquier intento de coartar dicha libertad, dotando a la ciudadanía de herramientas (como mapea.cc) para que pueda denunciar cualquier abuso que se produzca en este ámbito. Queremos ser primero notarios de estos desafíos, y luego altavoces de esa realidad, con el objetivo siempre de revertir la situación y de contribuir a garantizar el libre ejercicio de esos derechos.

“En España no hay ruedas de prensa sin preguntas”, según la secretaria de Estado de Comunicación

La Ley de Transparencia, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y las ruedas de prensa sin preguntas fueron algunos de los asuntos que abordamos en el encuentro que el pasado día 4 se celebró entre los integrantes de la delegación internacional de organizaciones defensoras de la libertad de información y la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro.

A dicho encuentro asistí como presidenta de la recién constituida Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) para presentar los objetivos de la Plataforma a la secretaria de Estado, y trasladar la preocupación de los integrantes de la PDLI por las amenazas contra la libertad de información en España, sustentadas en gran parte en reformas legales promovidas por el actual Gobierno.

Precisamente ayer se conoció una de las consecuencias de la aplicación de dichas reformas: el anuncio de Google de que retira de España su servicio Google News a raíz de la entrada en vigor el 1 de enero de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Sobre las sensibilidades que recoge dicha Ley, la secretaria de Estado nos aseguró que el Gobierno ha recogido los puntos de vista no solo de la AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles) sino de distintos periodistas que reivindican la propiedad individual (y no de los medios para los que trabajan) de los derechos sobre sus obras/artículos. Pero “no se puede gustar a todo el mundo”, concluyó Martínez de Castro cuando le planteé las críticas que desde otros ámbitos periodísticos, empresariales y jurídicos han surgido en torno a la irrenunciabilidad del llamado #CanonAede, una cuota que la nueva LPI establece de pago obligatorio para aquellos agregadores que recojan noticias de medios, y cuyo cobro es “irrenunciable”, aunque haya quienes no deseen cobrarla.

Según le trasladé a la secretaria de Estado, esta categoría de “irrenunciabilidad” equipara el derecho a la propiedad intelectual a los derechos fundamentales, algo que la PDLI considera desmesurado, máxime teniendo en cuenta que derechos como el de libre acceso de la ciudadanía a la información pública no son considerados fundamentales en España.

Martínez de Castro matizó que la LPI “reconoce esa irrenunciabilidad, pero no la regula”, haciendo referencia al reglamento que desarrolla dicha ley y que todavía no ha sido elaborado. Para la secretaria de Estado, dicha reforma “es un gran avance, que supera algunas de las deficiencias de aplicación en otros países y que aborda el dominio de grandes agregadores”.

LA LEY DE TRANSPARENCIA

En la reunión, que contaba con representantes del International Press Institute, Access Info, la Federación Europea de Periodistas y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, también se abordaron cuestiones relativas a la Ley de Transparencia, que entró en vigor este 10 de diciembre, como su desacompasamiento respecto a los estándares internacionales de transparencia, la exclusión en el artículo 18 de la posibilidad de solicitar información como informes, notas internas o cualquier documentación pública que no conste de una definición jurídica y la preocupación por la limitación que supone reconocer tan solo el acceso a información administrativa.

Martínez de Castro aseguró que “se ha hecho un enorme esfuerzo por tener en cuenta opiniones distintas” y pidió “darle una oportunidad a la ley”.  Yo le manifesté mi sorpresa por el hecho de que una Ley de Transparencia recién nacida no constituya siquiera un instrumento eficaz para publicar los gastos en viajes de los senadores –al hilo del caso Monago-, a lo que la secretaria de Estado respondió que las preguntas relativas a la transparencia del poder legislativo deben ser dirigidas a este.

“EN ESPAÑA NO HAY RUEDAS DE PRENSA SIN PREGUNTAS”

En cuanto a las ruedas de prensa sin preguntas, la secretaria las calificó de “leyenda”, afirmó que “en España no hay ruedas de prensa sin preguntas” y diferenció las ruedas de prensa –“donde sí se permiten preguntas”, aclaró- de las declaraciones institucionales y comparecencias, en las que los periodistas solo reciben información.

También calificó de “anécdota” la famosa comparecencia de Rajoy a través de una pantalla de plasma, en febrero de 2013.

Durante la reunión se le comunicó a la secretaria de Estado que la PDLI monitoreará las ruedas de prensa, comparecencias y declaraciones institucionales para poder evaluar de manera objetiva el grado de respuesta del Gobierno a las preguntas que la ciudadanía les plantea a través de los periodistas.

LPDI