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"Lo que tenemos que hacer es montar un bar. Y si no funciona, lo abrimos". Viejo adagio periodístico

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La libertad de información en España, el regreso al futuro sin Delorean

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2015 es el año en el que aterrizaban los protagonistas de la segunda entrega de Regreso al futuro. En su viaje ficticio anticipaban, sin equivocarse, la existencia del cine en tres dimensiones, las videollamadas o la ropa inteligente. Lo que no lograron adelantar es que en ese 2015 países de la Vieja, Grande y Unida Europa vivirían anclados en pretéritos más acordes con épocas predemocráticas en los que la libertad de información -un derecho que fue recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948- sería banalizada, menospreciada y despreciada por ciertos Gobiernos. No anticiparon este regreso al futuro sin Delorean.

Madrid, 17 de junio de 2015: integrantes de organizaciones mundiales que defienden la libertad de información, como el International Press Institute (IPI), el Committee to Protect Journalists (CPJ), la Federación Europea de Periodistas (EFJ) o la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), inician una ronda de contactos y reuniones con políticos e instituciones para reclamar mayores garantías para ejercicio de la libertad de información en España, en un momento en el que las conocidas como Leyes Mordaza están a punto de empezar a aplicarse, y cuando las detenciones y juicios a periodistas son continuos.

En esta ronda de contactos que concluye el día 19 se mantendrán conversaciones con el presidente del Tribunal Supremo, Grupos Parlamentarios (portavoces, Comisión de control de RTVE y Comisión de justicia), Defensora del Pueblo y partidos políticos sin representación parlamentaria (Podemos y Ciudadanos) y representantes del ministerio de Justicia. Tanto Industria (que tiene en marcha el concurso para la adjudicación de nuevos canales de TDT) como Interior han declinado reunirse con esta delegación; la Secretaría de Estado de Comunicación aún no ha confirmado su participación.

Impedir el libre acceso de la ciudadanía a la información significa amordazar el estado de derecho. No hay ninguna razón de excepcionalidad que justifique los desmanes legislativos que estamos viendo y que empezarán a ser una realidad práctica en muy pocos días. Lo explico en este artículo que escribí para presentar el informe Límites y amenazas al ejercicio de la libertad de información en España, elaborado por la PDLI:

La crisis como excusa

“Algunas de las violaciones de derechos humanos más despreciables de este siglo se articularon activamente para preparar el terreno e introducir las reformas radicales que habrían de traer ese ansiado libre mercado”, decía Naomi Klein en una entrevista al poco de publicar ‘La doctrina del shock’.

El libro de Klein salió de la imprenta en 2007, justo cuando daba comienzo la mayor crisis económica de la historia moderna, en cuyas consecuencias aún estamos inmersos. En nombre de esta crisis se han articulado ‘reformas’ y medidas que han provocado un ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres, entre poderosos y ciudadanos -con el consiguiente abandono institucional y político de estos últimos-, una exclusión apoyada siempre en argumentos casi irrefutables por lo que implican de ‘salvación’ colectiva: la recuperación económica, la seguridad y la estabilidad.

Pero con la crisis llegó también la democratización de la información, entendida como el acceso masivo de la ciudadanía a Internet, y la toma colectiva de conciencia de que el manejo de la información es clave para el control y la evaluación continua de quienes rigen nuestros designios. Y así la participación y la denuncia ciudadanas a través de las redes sociales empezaron a tener sus efectos más allá de la virtualidad de Internet: las protestas contra la Ley Sinde en 2008, el movimiento #nolesvotes, las movilizaciones de Juventud Sin Futuro, entre otros, y finalmente, el 15M y el revolcón del bipartidismo en las últimas elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015, consecuencia directa de aquellas protestas cuyo epicentro fue la Puerta del Sol.

Las personas en el poder han visto en estas nuevas formas de comunicación y de protesta una amenaza clara a sus intereses, y por eso unos meses antes de las recientes elecciones empezaron a articularse una serie de reformas legales encaminadas a la protección del estatus de ese ‘establishment’ a costa de un adelgazamiento de las libertades y derechos ciudadanos.

Muchas de estas reformas tienen un común denominador: acotar esas maneras de compartir información, poniendo puertas al campo de Internet como ámbito de libre comunicación y penalizando, en ocasiones de manera desproporcionada, las nuevas vías de protesta. Algunas de esas iniciativas legislativas han visto ya la luz, otras están a punto de entrar en vigor: de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (más conocida como Ley Mordaza) a la doble reforma del Código Penal -que han sido puestas en cuestión incluso por relatores de derechos humanos de la ONU-, pasando por la nueva Ley de Propiedad Intelectual o por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En este marco nace, en octubre de 2014, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), como respuesta a la preocupación de un grupo de periodistas, personas del ámbito jurídico y de ciertos movimientos sociales por lo que consideramos una serie de amenazas a la libertad de información, sustanciadas sobre todo en esas reformas legales ya mencionadas, pero también en prácticas poco transparentes por parte de instituciones y administraciones públicas, y que tienen consecuencias no solo para medios y periodistas, sino para la sociedad en su conjunto. Porque, como recoge el artículo 20 de nuestra Constitución, el derecho a la información no es solo el derecho a comunicar libremente; es también el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz a través de cualquier medio de difusión.

Por eso la PDLI defiende la libertad de información como aval de la sociedad democrática española. Y por eso su principal objetivo es poner foco sobre esas amenazas, analizar y dar visibilidad a cualquier intento de coartar dicha libertad, dotando a la ciudadanía de herramientas (como mapea.cc) para que pueda denunciar cualquier abuso que se produzca en este ámbito. Queremos ser primero notarios de estos desafíos, y luego altavoces de esa realidad, con el objetivo siempre de revertir la situación y de contribuir a garantizar el libre ejercicio de esos derechos.

¿Cuántos asesores necesita un presidente?

Imagine que a su compañero de despacho la empresa le ofrece un cargo de responsabilidad. Su compañero acepta (la responsabilidad y el sueldo asociado a esta) porque en líneas generales se considera capacitado para el desempeño de esa función. Pero aunque aparentemente es un tipo cualificado, su compañero comete faltas de ortografía, no sabe trabajar con documentos de excel, las cuentas no son lo suyo… En un entorno razonable, no durará ni tres meses en ese nuevo cargo.

Imagine ahora que viviéramos en el mundo al revés y que ese compañero al que le han ofrecido un puesto de responsabilidad fuera plenamente consciente de sus carencias y de que, por tanto, estas lo inhabilitan para el ejercicio de ese cargo. En tal caso, su compañero aceptaría el puesto ofertado (y el sueldo correspondiente), pero pondría a su jefe una condición sine qua non: contratar simultáneamente a tantos asesores como lagunas presentara para garantizarse la excelencia en el desempeño de sus tareas. La empresa aceptaría encantada dichas condiciones en aras de esa excelencia.

Suena a chiste, ¿verdad? ¿A qué le sonaría si supiera que es usted quien con su sueldo tiene que pagar a esa cohorte de asesores? Posiblemente la cosa perdería parte de la gracia.

Pues créanme, está ocurriendo. En concreto, los ciudadanos de este país pagamos con nuestros impuestos a los 82 asesores directos (sí, 82) de nuestro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. También pagábamos a los 56 (sí, 56) de José Luis Rodríguez Zapatero.

Tras mucho devanarme los sesos no sabría decirles cuál es el número de asesores necesario para que un presidente del Gobierno español salga airoso del trance. A juzgar por la brillantez de nuestra política en los últimos años, es probable que incluso se hayan quedado cortos. Desconozco también si el número de asesores es directamente proporcional a la capacidad de toma de decisiones de cada uno (¿o tal vez sea inversamente proporcional?). Me pregunto sobre qué asuntos reciben asesoramiento ‘directo’ nuestros jefes de Gobierno aunque, por el número de mentores, es de suponer que incluso la ubicación de la raya del cabello adquiera la dimensión de cuestión de Estado. Y, sí, también me pregunto por el número de asesores que tendrá cada ministro, cada secretario de Estado, cada director general…

La buena noticia es que con mimbres como estos -y quien dice mimbres dice asesores- usted (y yo) podríamos ser mañana presidentes del Gobierno. Aunque pensándolo bien, si esta es la buena noticia, ¿dónde están las malas?

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El Gobierno incontinente

El Gobierno sufre una grave diarrea. El martes pasado, el Ejecutivo de Rajoy detallaba el “ajuste” presupuestario para 2012. De inmediato, esos entes llamados mercados respondían a dichas medidas con el baile de San Vito. Y en menos tiempo que se incuba un virus, Rajoy y los suyos empezaban a sentir los retortijones y el sudor frío en la frente, esos síntomas que indefectiblemente conducen a una descarga incontrolada de… recortes.

Ya el viernes, tres días después, y con sendos ‘avisos’ de la Bolsa y la prima de riesgo, De Guindos empezaba a notar los efectos de la incontinencia y anunciaba a través de un medio alemán -sí, alemán- una “reforma” en la Sanidad y la Educación.

Dicho anuncio se concretaba a última hora de este lunes de Pascua en una diarrea severa, de las que acaban en deshidratación, tras doce horas en las que se han sucedido: 1) una propuesta por parte de De Guindos de implantar el “pago progresivo en la Sanidad” (es decir, que los ‘ricos’ paguen -dos veces- por ciertos servicios sanitarios). 2) Una rectificación por parte de Carlos Floriano, vicesecretario de Organización del PP, de las palabras de De Guindos: es “una reflexión de carácter personal”, ha matizado Soriano. 3) Y, finalmente, el anuncio por parte del Gobierno, a través de una escueta nota de prensa, de un tijeretazo por valor de 10.000 millones de euros en Sanidad (7.000 millones) y Educación (3.000 millones).

Touché!

Por supuesto, este Gobierno incontinente no ha dicho cómo piensa ‘evacuar’ esos 10.000 millones que casualmente no estaban incluidos en los Presupuestos Generales del Estado presentados hace solo una semana (tampoco, por cierto, en el programa electoral del PP; aunque esto da para hacer un spin off de este post más adelante).

Este martes la Bolsa y la prima de riesgo marcarán una vez más el ritmo de las medidas económicas de este nuevo desgobierno (el anterior, recuérdenlo, modificó la Constitución con agostidad y alevosía  para establecer un tope de déficit público). Si los mercados amanecen con ganas de rock&roll, vayan haciendo acopio de suero, porque la diarrea gubernamental no habrá hecho más que empezar.

Mientras tanto, voy a desempolvar mis viejos libros de alemán, no vaya a ser que Rajoy se despierte merkeliano y escoja la lengua de Goethe para aclararnos lo que aún no se ha atrevido a explicar en la de Cervantes.

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‘Juntos’, la banda sonora de la reforma laboral

Tras el momento power point con el que nos ha deleitado la ministra Fátima Báñez en la rueda de prensa del consejo de ministros, no veía la hora de echar un ojo a tan esperado documento.

El PDF me ha resuelto pocas de las dudas que me han asaltado durante la comparecencia de la ministra; habrá, pues, que esperar a conocer el texto del Real Decreto Ley sobre esta nueva reforma laboral. Pero hay una diapositiva que me parece todo un hallazgo, por lo candoroso de su objetivo y por el contenido que luego desgrana:

 

Que las empresas y los trabajadores superen juntos la crisis.

 

Bajo el título “Que las empresas y los trabajadores superen juntos la crisis”, se dan tres pautas para salir de este atolladero en amor y compañía. Como ven, las tres ‘sugerencias’ son casi tan idílicas como el epígrafe que las engloba… Pero no pasa nada; como se resume en el tercer punto, todo es con el objetivo de evitar el despido. Les ha faltado incorporar al power point esta entrañable canción para que “juntos” podamos superar todo lo que se nos viene encima.

(Gracias a Jaime Jiménez y a Azarías por sus sugerencias).

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Siete razones y un recordatorio para llamar por su nombre a la violencia contra la mujer

“Violencia en el entorno familiar”. Con este eufemismo se refirió este lunes la nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, al asesinato de una mujer en Roquetas de Mar (Almería) a manos de su pareja (un varón). Llamó “violencia en el entorno familiar” a lo que se denomina, incluso por ley, “violencia de género”. Hace unas horas, la ministra quiso quitarle hierro al asunto: “Da igual el nombre, al final es un asesinato y nosotros queremos tolerancia cero en el ministerio frente a todo tipo de actuación contra cualquier mujer”.

No sé si “violencia de género” es la mejor nomenclatura para los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas/maridos; tal vez sea más adecuado “violencia contra la mujer” -aunque a mí particularmente me parece más apropiado “violencia machista”-. Pero “violencia en el entorno familiar” elimina toda la carga de desprecio que estos individuos sienten por la mujer (por usted, ministra; por mí) y les permite arrebujarse cómodos y tranquilos en ese sentimiento de posesión material que manifiestan con esa brutalidad hacia sus esposas/compañeras.

Hace ya más de 60 años que el gran Miguel Mihura escribió la comedia El caso de la mujer asesinadita. Mihura se podía permitir el sarcasmo porque tras él escondía la crítica social más feroz. Pero usted, ministra, no se puede consentir a sí misma errar con el uso de las palabras, porque puede parecer que intenta maquillar una realidad que solo en los últimos doce meses ha costado la vida a 59 mujeres. Llamemos a las cosas por su nombre o terminaremos cayendo en el ridículo más teatral -como el título de la obra de Mihura-, solo que en el siglo XXI y con la memoria de las víctimas de esta lacra recordándonos que la sacarina, para el café.

Aquí tiene siete razones y un recordatorio para entender por qué esa “violencia en el entorno familiar” se llama en realidad “violencia de género”:

  1. Más de la mitad de las 545 mujeres asesinadas en España entre 2003 y 2010 murieron a manos de su pareja o expareja (varones), según el IV Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer*, publicado hace tan solo un mes (los últimos datos que contiene son de 2010).
  2. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizó entre 2000 y 2010, dentro de sus Barómetros, un total de 280.622 encuestas para palpar la percepción social de la violencia contra la mujer. Del 2,8% que respondió “sí” a la pregunta “¿Constituye la violencia contra la mujer uno de los tres principales problemas de España?”, el 71,2% eran mujeres y el 28,8% hombres.
  3. La violencia de género no se reduce a unos casos aislados, sino que se trata de un fenómeno bastante extendido en España para el 87% de los 3.000 entrevistados para una encuesta de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género realizada entre 2009 y 2010 (y contenida en el IV Informe Anual mencionado anteriormente).
  4. Según esta misma encuesta, una cuantiosa minoría (35,8%) cree que la violencia de género es un problema compartido ya entre ambos sexos y la mayoría (62,7%) lo sigue viendo como algo que preocupa sobre todo a las mujeres. Además, una mayoría significativa (60,85%) exculpa a las víctimas de la violencia de género de su situación, pero casi la mitad de los varones (45,3%) y un 28,6% de las mujeres las consideran culpables del maltrato que sufren por seguir conviviendo con su agresor.
  5. El término que se utiliza mayoritariamente en los medios de comunicación para definir el maltrato de un hombre a su pareja o expareja es el de “violencia de género” (65%), seguido del de “violencia doméstica” (en torno al 30%), “violencia contra la mujer” y “violencia machista”, según una encuesta realizada a través de Internet entre 2009 y 2010 por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género entre 900 profesionales de medios de comunicación y 3.009 personas no vinculadas con el periodismo.
  6. Dicha encuesta refleja que una considerable mayoría de la muestra de no profesionales (76,6%) descarta abiertamente el carácter doméstico del problema, pronunciándose en el sentido de que la violencia de género es un asunto de interés público. El 85,8% de los profesionales y el 84,1% de los no profesionales se manifiestan de acuerdo con que los casos de violencia de género deben ser explicados como un delito contra los derechos humanos.
  7. El 10% de los nuevos ingresados en prisión son maltratadores. Este delito es desde hace ya tiempo la tercera causa de ingresos en prisión, por detrás de los robos y del tráfico de drogas.

 

Recordatorio

El término “violencia de género” está recogido en el propio enunciado de la Ley que regula las medidas para atajar este tipo de violencia: Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género.

No hace falta bucear mucho en el texto legislativo para darse cuenta de por qué “violencia en el entorno familiar” no es la mejor manera de definir la violencia de género o contra la mujer. En la primera línea del preámbulo de la exposición de motivos de dicha Ley, puede leerse: “La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”.

Artículo 1. Objeto de la Ley:

1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.

*El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer es un organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

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Rajoy, en 101 segundos

101 segundos. Eso es exactamente lo que ha durado la primera comparecencia de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno ante la prensa o, lo que es lo mismo, ante la ciudadanía.

Un minuto y 41 segundos en los que ha recitado de corrido los nombres y las carteras de los trece ministros que conformarán el nuevo Ejecutivo… “Y hasta ahí puedo (o quiero) leer”. A Mariano Rajoy le ha faltado tiempo para salir corriendo.

Ya se iba, de hecho, pero ante el revuelo de los periodistas ha alcanzado a decir algo más: “Solo preguntas técnicas”.

¿Preguntas técnicas? ¿Y en qué consiste eso? Pues desgraciadamente no se lo puedo explicar, porque tras la primera pregunta de un periodista -de El Mundo, me dicen en Twitter-, el presidente del Gobierno se despidió con una sonrisa y se esfumó. No sabemos cuál era el grado de tecnicidad requerido por el señor Rajoy para poder responder, pero sí podemos decir, a la vista de la espantada, que la única pregunta planteada no cumplía los requisitos: “¿Cuál ha sido el criterio técnico para elegir a los integrantes del área económica de su gobierno?”.

Era un día, sin duda, para preguntar. Y también para responder. Nuevos ministros, nuevo Gobierno, Europa en pleno expectante ante los anuncios que pueda hacer este nuevo Ejecutivo y una ciudadanía ansiosa por conocer el compás económico que se va a marcar. Y sí, ha habido una respuesta: 101 segundos. Tan breve, pero al mismo tiempo tan elocuente…

Lo ‘mini’ está de moda. De los minisueldos y los minipisos pasamos a los miniempleos o ‘minijobs’. Ahora lo que toca son las minicomparecencias. Y, sobre todo, sacar conclusiones de los silencios.

(Buen momento para recordar el manifiesto #sinpreguntasnocobertura, contra las ruedas de prensa sin preguntas y otras anomalías informativas).

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