El vicepresidente de Kenia, William S. Ruto, en la sala de la CPI

El juicio contra el vicepresidente de Kenia, William Ruto, acusado de crímenes de lesa humanidad, arrancó el 10 de septiembre en La Haya. La causa busca dilucidar responsabilidades tras la ola de violencia que entre 2007 y 2008 se cobró la vida de más de mil personas y dejó decenas de miles de desplazados.

El  año pasado, la Corte Penal Internacional (CPI) confirmaba los cargos y la apertura de un proceso contra Ruto, así como contra el presidente keniano, Uhuru Kenyatta (aunque su causa se reanudará el próximo mes de noviembre), a quienes acusa de subvencionar las turbas que provocaron incidentes durante la campaña, así como de orquestar los ataques que tuvieron lugar en el Valle del Rift. Sin embargo, a pesar de las acusaciones, Uhuru y Ruto fueron elegidos en los comicios del pasado marzo, que se desarrollaron en general de forma pacífica, frente a las elecciones de diciembre de 2007, que desembocaron en una ola de violencia político-tribalista, después del supuesto amaño electoral del ya expresidente Mwai Kibaki.

El caos cesó con la firma de un acuerdo, en febrero de 2008, para formar un Gobierno de unidad en el que Kibaki (de la mayoritaria tribu kikuyu) mantuvo la presidencia.

La crisis condujo a una división en el país que todavía está por cerrarse, y por eso Kenyatta -tercer presidente kikuyu que accede al poder de los cuatro que ha tenido Kenia- abogó durante su investidura por trabajar como líder de «todos los kenianos» y buscar «una paz que promueva la unidad» de Kenia.

Por otra parte, el Parlamento de Kenia aprobó una moción para abandonar el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI.  En esencia,  este movimiento refleja el rechazo político a los procesos en contra del presidente del país y de su vicepresidente. Tras conocerse la decisión del parlamento keniata, la CPI ha asegurado  que los juicios contra el presidente keniano y su vicepresidente seguirán adelante con independencia de que el país denuncie el Estatuto de Roma. Es decir, que el impacto de una denuncia del Estatuto de Roma sólo se dará para el futuro, los casos ya iniciados continuarán y no se verán afectados por este paso.

La CPI ya ha tenido problemas con sus acusados en el pasado. Uno de los más señalados, el presidente sudanés Omar el Bashir, acusado del genocidio de Darfur (400.000 muertos y dos millones de desplazados), sigue sin ser detenido.

Elena González
@elenagm86