El juez Fernando Andreu, que instruye el caso Bankia en la Audiencia Nacional, emitió la pasada semana un auto en el que reclamó una inmensa batería de documentos, contratos, valoraciones, etc. El grueso de estas pruebas documentales las necesitan los peritos designados por el Banco de España para valorar de forma independiente si las distintas actuaciones que se llevaron a cabo en el banco ahora nacionalizado fueron correctas o si hay indicios de delito.
Así, Andreu ha reclamado toda la documentación que obre en poder de BFA-Bankia en relación a operaciones irregulares que se hayan denunciado ante los organismos supervisores o ante la Fiscalía Anticorrupción, así como más detalles sobre los contratos de la firma de asesoría Lazard, y archivos excel con todas las provisiones por insolvencias que hubiera tenido que aprobar el banco. Toneladas de información.
Rato y Goiri
Pero a mi me ha llamado especialmente la atención que los peritos del Banco de España hayan pedido toda clase de documentos (inventarios de riesgos refinanciados, circulares internas, riesgos en el sector promotor, etc) y una amplia gama de «explicaciones detalladas» relacionados con la reformulación de cuentas aprobada por BFA-Bankia en mayo de 2012. Y es que uno de los momentos clave de la historia financiera reciente de España está aún sin aclarar en gran parte.
Recapitulemos: En abril de 2012, salta el escándalo porque Bankia no presenta sus cuentas con el correspondiente informe de auditoría (que debía haber presentado Deloitte). Este incidente desencadena tanto un pánico en las bolsas como la crisis de Bankia, que acabaría con la renuncia de Rodrigo Rato y la llegada de José Ignacio Goirigolzarri. A los pocos días de su llegada, Goiri lleva a cabo una operación sin precedentes: Reformula las cuentas de BFA-Bankia correspondientes a 31 de diciembre de 2011. Es decir, las vuelve a calcular, y pasan de dar unos beneficios de 309 millones a unas pérdidas de más de 2.900 millones.
Estas pérdidas sobrevenidas, que desataron el pánico en las acciones de Bankia, no eran fruto de ningún agujero, o de malversación de fondos de los antiguos gestores. Se trataba simplemente de una aplicación retroactiva de los decretos de saneamiento bancario del ministro De Guindos. Dicho a lo bruto, todo el ladrillo en poder de los bancos debería llevar aparejado una reserva de dinero, en previsión de futuras pérdidas. El resto de entidades los empezaron a aplicar a lo largo del año (de ahí las pérdidas del sector en 2012), pero Goiri y su equipo, en unión con el Ministerio de Economía (asesorado por Goldman Sachs), los aplicaron de forma retroactiva. Un hecho sin precedentes en la historia del sistema financiero español.
La afloración de pérdidas generó, como ya dije, un pánico bancario y la huida de inversores en Bankia, así como la desaparición, casi inmediata, de las antiguas cajas en BFA-Bankia. Otra de sus consecuencias fue que anuló la retribución de las preferentes de BFA-Bankia, lo que a su vez agudizó la crisis respecto a este producto financiero. Varios antiguos consejeros del banco han venido denunciando que la reformulación de cuentas llevada a cabo por los nuevos gestores fue irregular, y que no se ajustaba a la normativa. Su argumento: No se pueden aplicar normas contables de forma retroactiva si no se prueba la existencia de unos hechos sobrevenidos ceñidos al periodo sobre el que se van a revisar las cuentas.
En cambio, tanto el auditor Deloitte como desde BFA-Bankia se ha defendido la reformulación como una operación plénamente legal. En su momento, ya enviaron a la CNMV un amplio informe argumentando por qué habían revisado las cuentas: Se remitían a hechos y estimaciones «sobrevenidas». Sea como sea, me parece una estupenda noticia que el juez Andreu (y sus peritos) se interesen por aclarar uno de los hechos más trascendentales de la reciente historia financiera española. Esperemos acontecimientos.
