Zapatero manda callar sobre el aborto

Zapatero no quiere líos a menos de tres meses para las generales y ha cerrado de un portazo el debate sobre el aborto con el argumento de que comprometerse a revisar la actual ley –que tiene la friolera de 22 años- en el programa electoral del PSOE podría generar división social. Tras los episodios vividos en torno a la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo o la propia Ley de Memoria Histórica se puede colegir que la sensibilidad presidencial hacia el consenso aumenta exponencialmente a medida que se acercan las elecciones.

De las palabras del dirigente socialista, que aprovechó la tradicional copa de Navidad en Moncloa para ordenar silencio a su partido, podría deducirse que la actual regulación fue un laborioso encaje en el que participaron tirios y troyanos hasta ponerse de acuerdo al calor de una hoguera. La realidad es que el rey de los troyanos de entonces, o sea Manuel Fraga, reaccionó como una hidra y promovió un recurso previo de inconstitucionalidad que paralizó su aplicación dos largos años hasta julio de 1985. Ese fue el gran acuerdo que ahora parece invocarse.

La normativa, de hecho, inducía a pensar que constituía una solución de emergencia para acabar con los abortos clandestinos, con graves riesgos para la vida de las mujeres, y dar una alternativa a la peregrinación que miles de ellas emprendían cada año a otros países cuyos sistemas de salud sí permitían la interrupción voluntaria del embarazo. Según los estudios del propio Ministerio de Sanidad, entre 1974 y 1978 cerca de 38.000 mujeres abortaron en Inglaterra y más de 220.000 lo hicieron en Holanda o Inglaterra entre 1974 y 1986.

Meses antes de que el PP llegara al poder, el Gobierno de Felipe González planteó una ampliación de los motivos de despenalización que, además de en caso de violación, malformaciones del feto o riesgo físico o psíquico para la madre, incluyera un nuevo supuesto: “cuando a juicio de la mujer la continuación del embarazo le suponga un conflicto personal, familiar o social de gravedad”. La iniciativa decayó, como era previsible, porque no había tiempo y porque el PP tenía mayoría en el Senado y la abortó, dicho sea de paso.

Desde entonces, se ha venido cumpliendo la máxima de que el PSOE propone modificar la ley del aborto cuando está en la oposición –la promesa electoral de 2004, incumplida, era elaborar una ley de plazos- y se olvida de ella cuando está en el Gobierno, como en septiembre de 2004 cuando despachó una propuesta de IU, ERC y el BNG preconizando un “cambio tranquilo” en una cuestión que, según explicó, no convenía que fuera planteada por “grupos minoritarios”.

Lo que propone Zapatero ahora es abrir un período de reflexión sobre el funcionamiento de la ley a cuenta de las presuntas ilegalidades cometidas en varias clínicas que se han saldado con más de media docena de detenciones. ¿Quiere esto decir que incluir la promesa de una ley de plazos en 2004 fue una iniciativa irreflexiva? ¿Acaso nadie ha reflexionado en estos 22 años sobre el tratamiento del aborto en España?

Las reflexiones existen. Algunas son certezas estadísticas, como que la tasa de abortos en España sigue siendo de las más bajas de la UE, o que si las interrupciones del embarazo aumentan se debe, fundamentalmente, al paulatino incremento de la población inmigrante. Se sabe también que la legislación española es más restrictiva que la de Finlandia, Gran Bretaña, Italia, Grecia, Francia, Alemania, Austria, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Rusia, Rumanía, Hungría, Yugoslavia, Cuba, Canadá o Estados Unidos; comparable a la de Suiza, Portugal o Irlanda del Norte; y sólo más avanzada que la de Polonia e Irlanda, los dos bastiones del catolicismo europeo. Y se conoce, además, que no hay relación entre el aborto libre y su frecuencia, porque en Austria, Holanda o Bélgica se dan las tasas más bajas del continente.

Existen también evidencias. Es evidente, por ejemplo, que la ley es una chapuza en lo que se refiere al diagnóstico tardío de malformaciones del feto incompatibles con la vida, de manera que si son detectadas más allá de la semana 22 se obliga a la madre a dar a luz a un niño que morirá en poco tiempo. Como lo es que en pleno siglo XXI las mujeres deban de someterse al veredicto de un tribunal médico para decidir sobre su propia maternidad. Esto último es lo que provoca que en más de un 97% los abortos se practiquen en clínicas privadas, donde supuestamente la consideración de los riesgos psíquicos para la madre es más laxa. ¿Quiere el presidente alguna reflexión más?

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