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Los diputados brasileños deciden por segunda vez si el presidente del país debe ser juzgado

Michel Temer en el Palacio del Panalto (EFE)

La fiscalía ha acusado al presidente Michel Temer por delitos de obstrucción a la Justicia y asociación ilícita. Según las normas constitucionales del país, Temer solo puede ser procesado penalmente si es acusado de delitos cometidos durante su mandato y si así lo aprueban dos terceras partes la Cámara de los Diputados. Es la segunda vez en tres meses que la Corte Suprema envía una petición de apertura de juicio penal contra el mandatario.

El proceso debía haber empezado hace unos días, pero el primer paso, la lectura de la denuncia en la Cámara Baja, no pudo tener lugar hasta este martes por falta de diputados (se necesitan 51 de los 513 parlamentarios presentes). La denuncia pasará ahora por la Comisión de Constitución y Justicia donde se elaborará un informe de las acusaciones y se enviará para su debate y votación en el pleno del congreso.

Temer está acusado de tramar supuestamente sobornos con Joesley Batista, el mismo que habría informado a la fiscalía sobre estos delitos como parte de un acuerdo de cooperación judicial. El dinero habría sido destinado a comprar el silencio de supuestos testimonios en causas abiertas contra Temer y otros cargos políticos.  

Rodrigo Janot, el ya exfiscal general brasileño, presentó en sus últimos días en el cargo la denuncia contra Temer. Durante su mandato al frente de la fiscalía inició la macrooperación contra la corrupción “Lava Jato”, y presentó cargos contra el expresidente Lula da Silva así como Dilma Rousseff. Janot ha acusado directamente a Michel Temer de “haber actuado como líder de una organización criminal” generando 587 millones de reales en fondos ilícitos. El presidente tiene suficiente mayoría en el Congreso para evitar que la denuncia llegué a juicio, por lo que la nueva fiscal debería esperar hasta enero 2019 cuando Temer deje el cargo.

El actual presidente de Brasil llegó al poder tras la destitución (proceso de impeachment) de Rousseff, y tiene suficiente mayoría en el Congreso para evitar que la denuncia llegué a juicio. La nueva fiscal debería entonces esperar hasta enero 2019, cuando Temer deje el cargo, para llevarlo a juicio.

Tras un año en el poder, tan solo el 5% de la población (mínimos históricos) aprueba su gestión al frente del gobierno. Temer es impopular en la calle pero cuenta con el apoyo de los mercados y sector privado. Su programa económico incluye la congelación de gasto público para los próximos 20 años, reformas laborales y del sistema de pensiones así como a privatización de más de 50 empresas estatales como Electrobras, la mayor empresa eléctrica de Latinoamérica.

Temer necesita el apoyo de sus aliados en la Cámara de los Diputados para frenar por segunda vez la denuncia de la fiscalía, lo cual consigue a través de promesas y tratos de favor con los otros partidos del bloque oficialista.

Greenpeace Brasil acusó al gobierno de negociar “a cualquier coste”, utilizando la selva amazónica como “moneda política”. Temer consigue los votos de los parlamentarios ruralistas con la promesa de acelerar y aprobar proyectos antes aparcados. Los intereses de estos diputados recaen en el sector agrícola y ganadero en Brasil, uno de los principales causantes de deforestación en la Amazonía.

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