Puerto Rico se declaró este mes en quiebra con una deuda de más de 72.000 millones de dólares tras años de crisis y recesión económica. Su condición de estado libre asociado tiene a Puerto Rico en un limbo político y económico, ya que no es independiente de los Estados Unidos pero tampoco es reconocido como estado de pleno derecho. Además de ser un mero observador en el Congreso de los EEUU sin derecho a voto, el estado caribeño tampoco puede acogerse al capítulo 9 del Código de Bancarrotas con el cual obtendría protección legal frente a sus acreedores. Al no ser un país soberano, tampoco puede pedir ayuda al FMI.
El cóctel mólotov para una crisis anunciada
Que la deuda puertorriqueña estallara no ha sido por desgracia ninguna sorpresa. El estado está sujeto a las leyes estadounidenses, algunas de las cuales han resultado extremadamente perjudiciales para la economía del país. En primer lugar, las importaciones y exportaciones resultan mucho más caras en Puerto Rico por culpa de la Ley de Marina Mercante de 1920 (la cual exige que el comercio entre puertos estadounidenses se haga a través de barcos con bandera, accionariado y tripulación americana). Los costes para el comercio marítimo terminan doblándose con respecto a otros países caribeños, o entre los mismos estados en EEUU. Asimismo, importaciones cruciales para el desarrollo de la isla como los combustibles fósiles pueden llegar a encarecerse hasta un 30%.
Durante los años 80 y 90 la economía de la isla experimentó un crecimiento constante, el cual se basó principalmente sobre un sistema de exenciones fiscales en el que empresas estadounidenses (o sus filiales) establecidas en la isla se libraban de pagar impuestos sobre sus ingresos. En 2006 se eliminó este sistema de incentivos, lo cual provocó una significativa fuga de capitales. Si sumamos la crisis global financiera en 2008 y las posteriores medidas de austeridad aplicadas en la isla, resultan en un buen cóctel molotov para el tejido social y económico de Puerto Rico.
Consecuencias sociales
Casi la mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza (45%) y la tasa de desempleo, que dobla la media estadounidense, subió hasta el 12% a finales del 2016. Además, la población de la isla decrece y disminuye cada año un 1%, lo que se debe en gran parte al éxodo hacia los Estados Unidos donde se estima que viven cerca de cinco millones de personas de origen puertorriqueño, más que en la propia isla. Vean el discurso que hace Lin-Manuel Miranda, creador del famoso musical de Broadway Hamilton, sobre el problema de la deuda en Puerto Rico y su relación con Estados Unidos.
En quiebra, ¿y ahora qué?
El gobernador de Puerto Rico anunció la semana pasada la quiebra de Puerto Rico y su petición para acogerse al título III de la ley PROMESA (siglas en inglés) según la cual se “paralizan todas las demandas judiciales y tras las reclamaciones y objeciones deja en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago”. Esta ley se aprobó en 2016 después que Puerto Rico anunciara la imposibilidad de hacer frente a su multimillonaria deuda. El 1 de mayo se agotó el plazo para la negociación entre el gobierno puertorriqueño y sus acreedores sin éxito, motivo por el cual el gobierno recurrió al título III.
Los estados asociados no suelen tener mucho futuro. O por lo menos los que en la historia han sucedido
14 mayo 2017 | 21:39