Por Cláudia Morán
Amnistía Internacional ha lanzado una campaña para que países de todo el mundo pongan fin a la tortura / Amnistía Internacional
Son muchas y muy diversas las organizaciones que han denunciado durante años la tortura infringida en Marruecos a disidentes políticos y activistas saharauis, entre otros detractores de la monarquía. Ahora, Amnistía Internacional ha lanzado un informe sobre la tortura en el mundo que sitúa al país magrebí (y el Sáhara Occidental) entre los cinco que podrían poner fin a los casos frecuentes de tortura, junto con Uzbekistán, Filipinas, México y Nigeria. La reacción de Rabat no se ha hecho esperar: se han indignado con el informe, pero se comprometen a tomar medidas. La pregunta es: ¿Es un compromiso real?
Amnistía señala que, a pesar de estar prohibida por ley, la tortura sigue siendo una práctica habitual en Marruecos debido a la impunidad de jueces y fiscales, que «raras veces investigan las denuncias de tortura y otros malos tratos, por lo que sólo en muy pocos casos se hace rendir cuentas a los responsables». Además, la ausencia de abogados en los interrogatorios policiales convierte las comisarías en focos de tortura, entre otras deficiencias del sistema judicial. Así, entre las torturas más frecuentes la organización destaca los golpes en partes del cuerpo muy sensibles, como la cabeza o los genitales, colgar a las víctimas por las manos y golpearlas, la larga reclusión en régimen de aislamiento, la violación con botellas y otros objetos y otras formas de violencia sexual.
A pesar de esta situación, Amnistía Internacional considera que los nuevos planes gubernamentales para revisar el sistema judicial marroquí suponen una oportunidad única para poner fin a los casos de tortura. De hecho, la organización reconoce que la situación de los Derechos Humanos en Marruecos ha mejorado «considerablemente» desde la llegada al trono de Mohamed VI, en comparación con los denominados «años de plomo» del reinado de Hassan II. No obstante, continúa practicándose la tortura en comisarías, cárceles y centros secretos de detención, donde los detenidos son interrogados durante duras sesiones de tortura y maltrato.
Tras la publicación del informe de Amnistía, el gobierno marroquí lanzó rápidamente un comunicado en el que se compromete a investigar todas las denuncias de tortura y a establecer condenas, si fuera necesario: “Toda acusación de tortura será objeto de investigaciones rigurosas para tomar las medidas punitivas que se requieran en el marco del respeto a las disposiciones legales”. Pero, por supuesto, Rabat no aceptó el contenido general del documento, que calificó de «falta de credibilidad y objetividad» y consideró «inadmisible» que Marruecos fuese comparado con los otros cuatro países. Por algún motivo, el gobierno marroquí está haciendo caso omiso a las muchas denuncias de tortura llevada a cabo en las cárceles del país, como las de este blog, que recoge relatos reales de presos que presencian y sufren maltrato.
Lo cierto es que por muchos cambios que aplique el gobierno marroquí hacia un mayor respeto de los Derechos Humanos, es evidente que Mohamed VI tiene demasiados frentes abiertos de difícil solución, desde aquellos que ponen en duda las reformas «democratizadoras» del monarca -como la modificación de la Constitución en 2011 para restarle poderes- hasta los que siguen peleando, casi 40 años después, por la autodeterminación del Sáhara Occidental de la que todo el mundo habla, pero que nunca llega. Por cierto, hubo torturas denunciadas y no castigadas tras Gdeim Izik y también tras las manifestaciones pro-autodeterminación del año pasado, ante las que Rabat nunca se ha pronunciado. Muchos se cuestionan si las intenciones del gobierno son reales o simple maquillaje para seguir llevando a cabo sus arcaicas prácticas en la sombra.
CLÁUDIA MORÁN