Violadores, asesinos, los traidores de la patria, los delincuentes considerados los más peligrosos de Estados Unidos esperan su destino en el corredor de la muerte. Y si para las Organizaciones Internacionales la pena de muerte viola cualquier tipo de derecho humano, ahora resulta que Estados Unidos también se pasa por el forro otro de los derechos fundamentales: el de morir dignamente, sin dolor ni tortura.
El 29 de abril, Clayton D. Lockett, un preso condenado a muerte en Oklahoma al que le aplicaron la inyección letal, agonizó durante 43 minutos hasta que murió de infarto múltiple en el corazón. Durante este tiempo, Lockett convulsionó, intentó hablar y bajarse de la camilla. Ésta no es la primera vez que en Estados Unidos se vive un episodio de este estilo. En enero, Dennis McGuire, en Ohio, también murió con dolor, en su caso, un poco más breve: 26 minutos de sufrimiento.
Y aunque parezca paradójico, estas formas de morir contradicen hasta la mismísima constitución estadounidense, pues la octava enmienda prohíbe “los castigos crueles e inhumanos”. Actualmente, la pena capital se aplica en 32 estados de los 50 del país. Pese a que estas muertes han reabierto el debate en las calles, la realidad es que el alrededor del 60% de los estadounidenses aún apoya esta condena.
Pero la chapuza hecha durante la ejecución de Lockett ha despertado críticas dentro de todos los sectores. Hasta el mismo gobierno consideró que la muerte del preso fue inhumana. «Tenemos un estándar fundamental en este país en el que, incluso cuando la pena de muerte está justificada, debe llevarse a cabo humanamente. Y pienso que todo el mundo reconocería que este caso no alcanzó ese estándar», señaló Jay Carney, portavoz de la Casa Blanca, el día después de la ejecución.
¿Pero qué ha llevado a que se vivan situaciones como estas en las cárceles estadounidenses? Pues una cuestión tan simple como la falta de abastecimiento de los fármacos necesarios para conceder una muerte sin dolor. Hasta ahora, con la inyección letal, al reo se le aplican tres productos: pentotal (para anestesiar al preso), bromuro de pancuronio (que detiene todos los músculos excepto el corazón) y cloruro de potasio (que paraliza el corazón).
Sin embargo, desde 2010, las cárceles se han quedado sin pentotal que, precisamente, es lo que garantiza la muerte digna. Hasta ahora, estos medicamentos se exportaban de Europa, pero las farmacéuticas del viejo continente han dejado de vender estos productos a Estados Unidos porque no quieren ser cómplices de las ejecuciones.
Esto ha llevado a los médicos de las cárceles estadounidenses a improvisar, a crear sus propias bombas letales y a utilizar a los presos como conejillos de indias, hasta que encuentren un combinado que cumpla sus supuestos estándares éticos.
Pero como aún no tienen el compuesto ideal, los presos se someten a las inyecciones letales sin saber lo que se les va a aplicar. Por eso, uno de los argumentos que utilizan sus abogados para intentar paralizar las ejecuciones es que se desconocen los fármacos que se utilizan y, por tanto, la reacción que provocarán al reo.
En el caso de Clayton D. Lockett en vez de pentotal se utilizó midazolam, como se pudo comprobar, menos eficaz. Pero Lockett falleció sin saber qué fármacos le habían inyectado, hasta el día después de su muerte no trascendió cuáles fueron los medicamentos que recorrieron sus venas.
Núria Segura Insa
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