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La urgencia del planeta

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Por Mariano Sidrach,
catedrático de la Universidad de Málaga
y patrono de la Fundación Renovables.

Han pasado las elecciones generales. El resultado que han arrojado estos comicios certifica el fin del bipartidismo y lo que es mucho más importante, el fin de las mayorías absolutas. Debemos felicitarnos por ello, se abre un nuevo camino en la política española, donde el pacto y la negociación deberán convertirse en práctica diaria de la actividad política.

¿Estamos preparados para esta tarea? Espero que los partidos políticos sepan a estar a la altura. No nos quedará más remedio que suplir nuestras históricas carencias de cultura democrática y de consensos, con mucha paciencia, mucho sentido común y mucho realismo, anteponiendo siempre el interés general al particular de cada partido.

Sin embargo, los antecedentes no invitan al optimismo. En el parlamento de Andalucía fue difícil arrancar esta legislatura y en Cataluña, aún no tienen presidente de la Generalitat.

Dentro de los muchos problemas que de forma urgente hay que abordar en esta legislatura y que necesitan de un amplio consenso, el tema energético me parece de importancia capital.

La energía, cómo se genera y cómo se consume, tiene un impacto social, económico y medioambiental debido a su presencia en el desarrollo de todas las actividades humanas. En España mantenemos un sistema energético caro, injusto e insolidario, debemos importar gran parte de la energía que consumimos y además producimos graves efectos sobre el medioambiente.

Un sistema que contempla la energía como un artículo de mercado más y no como un bien de primera necesidad, cuyo uso y disfrute es un derecho fundamental de la ciudadanía. Este modelo provoca, además, injustica social, con millones de personas en situación de pobreza energética.

Dos problemas son especialmente urgentes: la descarbonización de las ciudades para conseguir reducir las emisiones de efecto invernadero y la reestructuración del sector eléctrico, donde se conozcan los precios reales de generación de las diferentes tecnologías, con una estructura tarifaría más justa, donde la equidad social y la solidaridad queden garantizadas y donde la generación distribuida por medio de energías renovables deje de ser un derecho más hurtado a la ciudadanía por medio de leyes injustas. Defendamos nuestro derecho al Sol.

La reciente cumbre del Clima de París, donde todos los gobiernos del mundo han sido capaces de ponerse de acuerdo, nos habla de la urgencia de actuar para parar el cambio climático. Actuaciones que debemos poner marcha desde todos los ámbitos políticos, central, autonómico y municipal, mediante una visión global del problema y una importante implicación de la ciudadanía.

Hay suficientes razones objetivas para cambiar de forma urgente nuestro actual modelo energético y transitar hacia una sociedad donde la energía sea considerada un derecho y un bien social, donde la eficiencia energética y el uso de las energías renovables sean los principales ejes de una nueva visión de la energía. Es urgente transformar nuestro sistema energético y avanzar hacia un modelo en el que las necesidades energéticas se cubran principalmente con electricidad procedente de fuentes renovables que no contaminan ni en origen ni en consumo y que, además, han demostrado madurez tecnológica, eficiencia y competitividad.

Lo tenemos que hacer con urgencia. La salud de nuestra gente, de nuestras ciudades y de nuestro planeta no entiende de pactos electorales. Hay cosas en las que todos deberíamos de estar de acuerdo.

(AMIGOS DE LA TIERRA) La geolocalización de activistas de Amigos de la Tierra crea el mensaje "Climate Justice Peace" sobre las calles de París.

La geolocalización de activistas de Amigos de la Tierra crea el mensaje “Climate Justice Peace” sobre las calles de París. (AMIGOS DE LA TIERRA)

La energía: ¿un negocio o un bien de primera necesidad?

mabel

Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables

El pasado domingo en el programa Salvados de La Sexta sobre la pobreza energética estuvieron presentes los dos últimos ministros competentes en energía que hemos tenido, Miguel Sebastián, por el Partido Socialista, 2008-2011, y José Manuel Soria por el Partido Popular, 2011-2015.

A pesar de la en teoría diferencia ideológica entre ambos, quedó patente que para los dos la energía solo tiene un criterio económico y que el problema de la pobreza energética no existe y si existe ya han cumplido con el bono social, posibilidad de acogerse por una serie de colectivos a un descuento del 25% de la factura de electricidad, idea perversa que reguló el ministro Sebastián y que ha mantenido y defendido el ministro Soria.

La idea es perversa porque no cubre las necesidades, el que no tiene 100 tampoco tiene 75, y sobre todo porque los que se pueden acoger no son los que mayoritariamente lo necesitan al no incorporar criterios de renta en la aplicación de las ayudas, situación en la que existía un compromiso desde el verano de 2014 por parte del gobierno actual.
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La conversación, distendida con el ministro Sebastián, que teóricamente iba para demostrar su sensibilidad por estos temas, se tornó extrañeza cuando, manteniendo el criterio economicista que caracteriza a un liberal de un gobierno socialista, comentaba que la iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona de crear un operador eléctrico propio según su criterio solo permitía ahorrar 0,5€/MWh, que es en teoría el margen de la comercialización de energía que obtendría según las actuales reglas del mercado. Vamos, un pequeño botín para alguien que está acostumbrado, como dijo, a ver los grandes beneficios del Sistema Eléctrico.

La posición contraria de los Ministros Sebastián y Soria se manifestó cuando la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, planteó su iniciativa de crear un operador eléctrico propiedad del ayuntamiento. Ambos ministros mostraron su oposición a la misma por la invasión de competencias del ayuntamiento con respecto al gobierno central, cuando en realidad tendría que entenderse que el Ayuntamiento decide llevar a cabo la iniciativa como consecuencia de la dejación de funciones y de la obligación de cubrir las necesidades energéticas básicas de los ciudadanos, cosa que hasta ahora los últimos gobiernos de España no han hecho.

La idea del Ayuntamiento de Barcelona hay que entenderla bajo la consideración de que la energía es un bien de primera necesidad, tan primordial como puede ser la sanidad o la educación… y que por tanto las inversiones y activos de generación de energía eléctrica del Ayuntamiento tienen como motivación principal cubrir un servicio que la Administración Central no ha querido regular para que se cubra.

Cuando los responsables de energía, como vimos el pasado domingo, independientemente de la ideología y de forma continuada, adoptan criterios economicistas defendiendo a quien se defiende solo y no a los ciudadanos que les capacitaron para desempeñar sus cargos, tenemos un grave problema que no es otro que el incumplimiento del mandato que recibieron acompañado de falta de transparencia y de justicia social en el desarrollo de sus funciones.

Créanme, la falta de conocimientos o la falta de capacidad puede llegar a ser solventable. Lo que no lo es es la falta de sensibilidad y de solidaridad.

GTRES

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En París nos jugamos mucho y el 20-D nosotros decidimos

mabel

Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables

  • En España producimos el 28% de la energía que consumimos, 20 puntos menos que la media de la Unión Europea y con una dependencia del petróleo y el gas natural del 63%.
  • El 75% de nuestras emisiones de Gases de Efecto Invernadero proceden del consumo de energía.
  • En los últimos 4 años hemos gastado una media de 43.000 millones de euros al año lo que ha supuesto que un 4% de nuestro producto interior bruto se destine a la compra de combustibles ineficientes y contaminantes.
  • Desde 1990 hemos incrementado un 20% las emisiones frente a una reducción del 15% en la Unión Europea.

Impresionante ¿verdad?

La cuestión no es cómo hemos llegado a tener estas cifras, sino cómo hemos podido mantener un modelo económico y energético tan poco racional que nos ha convertido en un país dependiente, poco respetuoso con el medioambiente y económicamente ineficiente.

9820-944-550Desde todos los organismos internaciones se ha mantenido que la única posibilidad de poder diseñar un futuro más sostenible es a partir de una apuesta decidida por el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables.

Podríamos mostrar nuestra satisfacción por el hecho de que España mantuvo en el pasado un liderazgo tecnológico e industrial claro a nivel mundial que debería permitirnos avanzar con paso firme hacia un futuro con menor dependencia, más limpio y más competitivo, si no fuera porque en estos últimos 4 años se ha llevado a cabo una política energética más preocupada por mantener el sector energético tradicional que por la adaptación al futuro de nuestro modelo productivo.

En la legislatura a punto de terminar se decidió que las energías renovables y la eficiencia energética, en contra de la opinión de todo el mundo, no solo no eran la solución, sino que eran el problema. De hecho, si damos un ligero repaso a la política energética llevada a cabo, podemos encontrar la respuesta al por qué tenemos un panorama tan deprimente:

  • Por decisión política se ha producido una moratoria real para no instalar más energías renovables. Es verdad, hemos crecido en aportación relativa, como dice el Gobierno, pero este incremento se ha debido a que la demanda de energía, por causa de la crisis económica, se ha situado en niveles de hace 10 años.
  • Se ha perdido, mediante un cambio legislativo, la seguridad jurídica de todos los que en el pasado invirtieron en renovables alterando de forma clara la credibilidad y la confianza de España. Hoy en día somos el país con mayor número de demandas de arbitraje en tribunales internacionales.
  • Se ha elaborado una regulación que hace inviable generar energía eléctrica en el lugar de consumo, medida reconocida para fomentar una cultura energética responsable y participativa por parte de los consumidores.
  • Disponemos de los combustibles más baratos de la Union Europea, por menor presión fiscal, lo que impulsa su consumo, y de la electricidad más cara. Fomentar el consumo de electricidad debe ser la línea de futuro ya que no contamina cuando se consume, es más eficiente que el uso de combustibles y puede ser generada por energías renovables.
  • Nos opusimos a la Directiva de Eficiencia de la Unión Europea y tras su transposición al ordenamiento jurídico español ha sido poco comprometida.
El 10% de los hogares españoles sufre pobreza energética, el triple que antes de la crisis.

El 10% de los hogares españoles sufre pobreza energética, el triple que antes de la crisis.

Y todavía más preocupante es que en los últimos años ha ido incrementándose de forma dolorosa e inasumible la aparición y crecimiento de la pobreza energética, que por insuficiencia de ingresos, por altos costes de la energía o por deficiencias en la construcción de las viviendas, ha supuesto que haya más de 4 millones de hogares en España que no logran mantener condiciones mínimas de confort térmico. Esta situación ha sido tratada en la mayoría de los países de nuestro entorno mediante el desarrollo de marcos legales que protegen a los más desfavorecidos considerando a la energía como un bien básico. Por el contrario, en España solo nos hemos limitado a negar el problema.

Este empeño en cambiar el marco de seguridad jurídica ha llevado a la ruina a muchos particulares que, confiando en dicho marco, invirtieron sus ahorros en plantas fotovoltaicas sin que hayan recibido el más mínimo apoyo por parte de la administración.

Paradójicamente nos encontramos que el efecto de la pérdida de seguridad jurídica en algunas empresas de primera línea, cuya supervivencia está en entredicho, empiezan a encontrar propuestas de salvamento que acabaremos pagando todos los españoles y supondrán mayor cuantía que la que en su día se dijo que nos ahorramos. Es decir, corremos el riesgo de socializar las pérdidas una vez que ya se privatizaron los beneficios.

En París nos jugamos el futuro pero nuestra respuesta como país y nuestra capacidad de actuar se decide el próximo 20 de diciembre en unas elecciones que deben servir para subvertir el modelo energético actual y convertirlo, de una vez por todas, en el verdadero motor de una economía sostenible que genere valor y empleo.