Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables

• En España producimos el 28% de la energía que consumimos, 20 puntos menos que la media de la Unión Europea y con una dependencia del petróleo y el gas natural del 63%.
• El 75% de nuestras emisiones de Gases de Efecto Invernadero proceden del consumo de energía.
• En los últimos 4 años hemos gastado una media de 43.000 millones de euros al año lo que ha supuesto que un 4% de nuestro producto interior bruto se destine a la compra de combustibles ineficientes y contaminantes.
• Desde 1990 hemos incrementado un 20% las emisiones frente a una reducción del 15% en la Unión Europea.

Impresionante ¿verdad?

La cuestión no es cómo hemos llegado a tener estas cifras, sino cómo hemos podido mantener un modelo económico y energético tan poco racional que nos ha convertido en un país dependiente, poco respetuoso con el medioambiente y económicamente ineficiente.

Desde todos los organismos internaciones se ha mantenido que la única posibilidad de poder diseñar un futuro más sostenible es a partir de una apuesta decidida por el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables.

Podríamos mostrar nuestra satisfacción por el hecho de que España mantuvo en el pasado un liderazgo tecnológico e industrial claro a nivel mundial que debería permitirnos avanzar con paso firme hacia un futuro con menor dependencia, más limpio y más competitivo, si no fuera porque en estos últimos 4 años se ha llevado a cabo una política energética más preocupada por mantener el sector energético tradicional que por la adaptación al futuro de nuestro modelo productivo.

En la legislatura a punto de terminar se decidió que las energías renovables y la eficiencia energética, en contra de la opinión de todo el mundo, no solo no eran la solución, sino que eran el problema. De hecho, si damos un ligero repaso a la política energética llevada a cabo, podemos encontrar la respuesta al por qué tenemos un panorama tan deprimente:

• Por decisión política se ha producido una moratoria real para no instalar más energías renovables. Es verdad, hemos crecido en aportación relativa, como dice el Gobierno, pero este incremento se ha debido a que la demanda de energía, por causa de la crisis económica, se ha situado en niveles de hace 10 años.
• Se ha perdido, mediante un cambio legislativo, la seguridad jurídica de todos los que en el pasado invirtieron en renovables alterando de forma clara la credibilidad y la confianza de España. Hoy en día somos el país con mayor número de demandas de arbitraje en tribunales internacionales.
• Se ha elaborado una regulación que hace inviable generar energía eléctrica en el lugar de consumo, medida reconocida para fomentar una cultura energética responsable y participativa por parte de los consumidores.
• Disponemos de los combustibles más baratos de la Union Europea, por menor presión fiscal, lo que impulsa su consumo, y de la electricidad más cara. Fomentar el consumo de electricidad debe ser la línea de futuro ya que no contamina cuando se consume, es más eficiente que el uso de combustibles y puede ser generada por energías renovables.
• Nos opusimos a la Directiva de Eficiencia de la Unión Europea y tras su transposición al ordenamiento jurídico español ha sido poco comprometida.

El 10% de los hogares españoles sufre pobreza energética, el triple que antes de la crisis.

Y todavía más preocupante es que en los últimos años ha ido incrementándose de forma dolorosa e inasumible la aparición y crecimiento de la pobreza energética, que por insuficiencia de ingresos, por altos costes de la energía o por deficiencias en la construcción de las viviendas, ha supuesto que haya más de 4 millones de hogares en España que no logran mantener condiciones mínimas de confort térmico. Esta situación ha sido tratada en la mayoría de los países de nuestro entorno mediante el desarrollo de marcos legales que protegen a los más desfavorecidos considerando a la energía como un bien básico. Por el contrario, en España solo nos hemos limitado a negar el problema.

Este empeño en cambiar el marco de seguridad jurídica ha llevado a la ruina a muchos particulares que, confiando en dicho marco, invirtieron sus ahorros en plantas fotovoltaicas sin que hayan recibido el más mínimo apoyo por parte de la administración.

Paradójicamente nos encontramos que el efecto de la pérdida de seguridad jurídica en algunas empresas de primera línea, cuya supervivencia está en entredicho, empiezan a encontrar propuestas de salvamento que acabaremos pagando todos los españoles y supondrán mayor cuantía que la que en su día se dijo que nos ahorramos. Es decir, corremos el riesgo de socializar las pérdidas una vez que ya se privatizaron los beneficios.

En París nos jugamos el futuro pero nuestra respuesta como país y nuestra capacidad de actuar se decide el próximo 20 de diciembre en unas elecciones que deben servir para subvertir el modelo energético actual y convertirlo, de una vez por todas, en el verdadero motor de una economía sostenible que genere valor y empleo.