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La energía: ¿un negocio o un bien de primera necesidad?

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Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables

El pasado domingo en el programa Salvados de La Sexta sobre la pobreza energética estuvieron presentes los dos últimos ministros competentes en energía que hemos tenido, Miguel Sebastián, por el Partido Socialista, 2008-2011, y José Manuel Soria por el Partido Popular, 2011-2015.

A pesar de la en teoría diferencia ideológica entre ambos, quedó patente que para los dos la energía solo tiene un criterio económico y que el problema de la pobreza energética no existe y si existe ya han cumplido con el bono social, posibilidad de acogerse por una serie de colectivos a un descuento del 25% de la factura de electricidad, idea perversa que reguló el ministro Sebastián y que ha mantenido y defendido el ministro Soria.

La idea es perversa porque no cubre las necesidades, el que no tiene 100 tampoco tiene 75, y sobre todo porque los que se pueden acoger no son los que mayoritariamente lo necesitan al no incorporar criterios de renta en la aplicación de las ayudas, situación en la que existía un compromiso desde el verano de 2014 por parte del gobierno actual.
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La conversación, distendida con el ministro Sebastián, que teóricamente iba para demostrar su sensibilidad por estos temas, se tornó extrañeza cuando, manteniendo el criterio economicista que caracteriza a un liberal de un gobierno socialista, comentaba que la iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona de crear un operador eléctrico propio según su criterio solo permitía ahorrar 0,5€/MWh, que es en teoría el margen de la comercialización de energía que obtendría según las actuales reglas del mercado. Vamos, un pequeño botín para alguien que está acostumbrado, como dijo, a ver los grandes beneficios del Sistema Eléctrico.

La posición contraria de los Ministros Sebastián y Soria se manifestó cuando la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, planteó su iniciativa de crear un operador eléctrico propiedad del ayuntamiento. Ambos ministros mostraron su oposición a la misma por la invasión de competencias del ayuntamiento con respecto al gobierno central, cuando en realidad tendría que entenderse que el Ayuntamiento decide llevar a cabo la iniciativa como consecuencia de la dejación de funciones y de la obligación de cubrir las necesidades energéticas básicas de los ciudadanos, cosa que hasta ahora los últimos gobiernos de España no han hecho.

La idea del Ayuntamiento de Barcelona hay que entenderla bajo la consideración de que la energía es un bien de primera necesidad, tan primordial como puede ser la sanidad o la educación… y que por tanto las inversiones y activos de generación de energía eléctrica del Ayuntamiento tienen como motivación principal cubrir un servicio que la Administración Central no ha querido regular para que se cubra.

Cuando los responsables de energía, como vimos el pasado domingo, independientemente de la ideología y de forma continuada, adoptan criterios economicistas defendiendo a quien se defiende solo y no a los ciudadanos que les capacitaron para desempeñar sus cargos, tenemos un grave problema que no es otro que el incumplimiento del mandato que recibieron acompañado de falta de transparencia y de justicia social en el desarrollo de sus funciones.

Créanme, la falta de conocimientos o la falta de capacidad puede llegar a ser solventable. Lo que no lo es es la falta de sensibilidad y de solidaridad.

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