Madrid Central y la dignificación de la política

Almeida

José Luis Martínez-Almeida muestra el bastón de mando tras la constitución del nuevo ayuntamiento de Madrid. EFE

El nuevo gobierno municipal de Madrid, formado por el Partido Popular y Ciudadanos con apoyo de Vox y con José Luis Martínez-Almeida al frente, ha suspendido el proyecto del Madrid Central, con el que el gobierno municipal anterior pretendió limitar estrictamente el tráfico privado en la almendra de Madrid, 472 hectáreas en total. De hecho, el 1 de julio cesará la imposición de multas a quienes transiten por la zona restringida, con lo que la cautela desaparecerá.

La razón de semejante actuación, claramente controvertible porque va contra la tendencia europea, mundial, de saneamiento ambiental de las grandes urbes, es que así se prometió durante la campaña electoral. PP y C’s, en efecto, combatieron la iniciativa del equipo de Carmena y prometieron su reversión.

Pues bien: si lo que pretenden en este caso los nuevos munícipes es dignificar la política, se equivocan pensando que lo conseguirán cumpliendo la palabra dada, que en este caso es sectaria y estúpida. Lo sensato, lo que devolvería dignidad al debate municipal y espeso de que hablaba Rubén Darío, sería que reconocieran palmariamente que se les fue la mano y se les encabritó la lengua, y que por tanto, tras pedir disculpas, no sólo no van a eliminar este primer paso del gran cambio urbano hacia la descontaminación —después de todo aséptico y carente de otra ideología que la salubridad pública— sino que se disponen a perfeccionarlo, a ampliarlo y a complementarlo con nuevas medidas que hagan de Madrid una ciudad más salubre, más limpia, más habitable.

No sería la primera vez que, tras una alternancia, ciertas promesas impertinentes, lanzadas con el exclusivo afán de engatusar al personal con electoralismo de poca monta, dejan de cumplirse porque no se quiere, por simple empecinamiento o por prurito, perjudicar el bien común. El tan denostado Aznar, sin ir más lejos, no tocó ni una sola de las medidas de progresividad social que había promulgado Felipe González. Y Mariano Rajoy se guardó mucho de derogar la reforma de la ley del aborto de Rodríguez Zapatero que nos situaba en Europa. Son ejemplos relevantes.

En Madrid Central se han invertido cuantiosos recursos, se ha trabajado en hacer pedagogía, los ciudadanos han adaptado sus hábitos a la nueva situación… Y después del esfuerzo explicativo, la gente está convencida de que esta molesta proscripción va con los tiempos, como cuando se nos prohibió fumar casi de repente, mucho antes de que todos entendiéramos que aquella decisión también fue acertada. Sería absurdo arrojar por la borda todo este bagaje, lanzando al mismo tiempo el mensaje contrario: que se puede seguir contaminando, que lo de la salud y la carbonilla de los coches es un cuento chino.

Mida, pues, Martínez-Almeida su obligación y su devoción porque está a punto de cometer una gran torpeza, cuando tiene una gran ocasión de demostrar altura de miras y un nivel intelectual algo superior al de sus conmilitones que se mueven a impulsos pueriles de instintos ruines y primarios.

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¿Elección directa de alcaldes?

Almeida, nuevo alcalde de Madrid

Javier Ortega Smith, de Vox, con el nuevo alcalde José Luis Martínez Almeida. Emilio Naranjo / EFE

 

Las dificultades para formar gobiernos municipales, que en muchos casos han surgido de alianzas contra natura y demasiadas veces han sacado a la luz raudales de oportunismo, han vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de que se introduzca la elección directa de los alcaldes. Por esta vía de elección a doble vuelta, que da a los ciudadanos la última palabra, se evitarían en buena medida los mercadeos indecorosos que merman la credibilidad de la política.

En la actualidad, la Ley Orgánica Electoral General (LOREG) de 1985 dispone lo siguiente en su artículo 196 (Capítulo X. Elección de Alcalde): “En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento: a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas. b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado electo. c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente Municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo”. Con una salvedad: “En los Municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes pueden ser candidatos a Alcalde todos los Concejales; si alguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado electo; si ninguno obtuviese dicha mayoría será proclamado alcalde el Concejal que hubiere obtenido más votos populares en las elecciones de Concejales”.

La Constitución española obliga a utilizar el modelo electoral proporcional en las elecciones al Parlamento español y a las asambleas de las comunidades autónomas. El art. 62.2 C.E., referido al Congreso de los Diputados, y el 152.1 C.E. que regula las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, disponen que las elecciones se realizarán mediante “un sistema de representación proporcional” y las presidencias se proveerán mediante elección de segundo grado.  En cambio, el art. 140 C.E., referido a los Ayuntamientos, es abierto: los concejales serán elegidos por los vecinos mediante sufragio universal y “los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos”.

Quiere decirse que es posible instaurar una reforma de la LOREG que establezca la elección popular y directa del alcalde. Por ejemplo, celebrando una nueva consulta, distinta de la que establece la composición del consistorio, en que los candidatos sean los líderes de los dos o tres grupos políticos más votados.

Si los alcaldes son elegidos por este método presidencialista, lo lógico, en buena técnica constitucional, sería establecer una correspondencia entre esta legitimidad adicional que proviene de la elección directa, y sus competencias. Por ejemplo, reconociéndole al alcalde derecho de veto de las iniciativas legislativas. E, igualmente, ya no podría ser derribado mediante una simple moción de censura constructiva como actualmente: habría que establecer un procedimiento más riguroso y estricto de impeachement.

Los constitucionalistas más estrictos no ven con buenos ojos esa mezcla de presidencialismo y de parlamentarismo, poco usual en los regímenes maduros. Por ello, ante de avanzar en esa reforma, convendría meditar sobre si las disfunciones de nuestro modelo actual no provienen más de la incapacidad de nuestros políticos para la negociación y el pacto que del propio modelo, que es plenamente funcional cuando se maneja con lealtad a la Constitución y a la voluntad popular.

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Ante una legislatura de cuatro años

Hay que formar grandes mayorías, más allá de la investidura

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en el palacio de la Moncloa . Zipi / EFE

En un escenario fragmentado en cinco organizaciones estatales, Pedro Sánchez ha conseguido una considerable minoría mayoritaria —123 escaños— que, sumados a los 42 de Unidas Podemos, ofrece una mayoría suficiente para gobernar más o menos apaciblemente y con notable estabilidad durante la legislatura. UP no está en condiciones de regatear este apoyo, ya que sería la segunda vez que Pablo Iglesias frustrase un gobierno progresista, y porque en su precariedad actual, unas nuevas elecciones reducirían todavía más la representación de UP, que había logrado 71 escaños en 2016 (ha caído por tanto 29).

En definitiva, el bloque de izquierdas PSOE+UP está formado por 165 diputados, a 11 de la mayoría absoluta. Con ese apoyo, Sánchez tiene fundamento para formar un gobierno estable, salvo imponderables. La cuestión es con quién, ya que en principio el PSOE preferiría no contar con los nacionalistas catalanes, es decir, con los 15 escaños de ERC-Sobiranistas, ni con los 7 de JxCAT. Tampoco con los 4 de EH Bildu, cuya abstención puede darse sin embargo por automática, dada su alergia a las opciones conservadoras.

Al margen de estas organizaciones, algunos de los once escaños que necesita Sánchez para la investidura, además de los procedentes de la suma PSE-UP, pueden obtenerse de las minorías: PNV (6), Compromis (1) y PRC (1). Muy difícil seria alcanzar los dos de CC (2), que no quiere saber nada de Podemos, y es imposible contar con los de Na+, coalición navarra de UPN con el PP y C’s. Con lo que si bien es complicada la investidura en primera vuelta, parece que será fácil de obtener en la segunda, cuando el bloque PP-C’s-VOX (146 escaños), que votará en contra, suscitará bien pocas adhesiones.

No hay, pues, razones objetivas para que el PSOE haya reclamado a sus antagonistas, PP y Ciudadanos, que le dejen gobernar y le presten su apoyo para dar estabilidad al futuro gobierno, que es capaz de estabilizarse solo. Tampoco parece necesario amedrentar a Podemos con la amenaza de elecciones, que le serían letales, porque Iglesias, aunque poco fiable, no tiene demasiado margen para la pirueta en este caso.

Además, dígase lo que se diga, el objetivo de esta legislatura es integrar la política catalana en la estatal, por lo que en algún momento habrá que contar con los 15 votos de ERC (menos previsible es lo que pueda pasar con el pospujolismo, cuya irreductibilidad dictada por el prófugo de Waterloo depende sobre todo de las negras expectativas personales del expresidente de la Generalidad, condenado a permanecer fuera de España o ingresar en prisión).

Habrá, en fin, gobierno, y para una legislatura continua de cuatro años, apenas con los hitos intermedios de las autonómicas catalanas, gallegas y vascas. Nunca se había abierto una oportunidad tal dilatada de forjar ciertos consensos que permitirían grandes pactos de Estado, sin repercusiones electorales que pudieran condicionarlos. Por ejemplo, un gran pacto educativo, la reforma a fondo y definitiva de las pensiones y del sistema de previsión en su totalidad para los próximos veinte años, un gran plan de infraestructuras que permitiera la culminación equilibrada de nuestras redes de transporte, un gran pacto de transición ecológica y de reforma energética, etc.

Es evidente que el PP habría de ser el principal invitado a semejante ceremonia, y de este modo la gran fuerza de centro derecha, hoy en sus horas más bajas de su historia, podría recuperar el papel y la prestancia. Analistas de peso sostienen que el viejo bipartidismo podría rehacerse si las grandes formaciones recuperaran la iniciativa y la capacidad de representación. PP y PSOE tienen, en fin, la gran oportunidad de volver a ser lo que fueron. Y más.

 

La extraña inhibición de Ciudadanos

Alert RIvera , presidente e Ciudadanos y Pedro Sánchez, secretario general del PSOE

Imagen de archivo de un apretón de manos de Pedro Sánchez y Albert Rivera. EFE

Los partidos “concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política” (art. 6 C.E.). El papel de las organizaciones políticas es, pues, defender un proyecto y dotarlo de todo el apoyo social posible para llevarlo al gobierno con el fin de hacerlo operativo. La tarea política esencial de un partido político es por lo tanto aspirar al poder para impulsar las propias ideas, efectuar las reformas que se consideren adecuadas, dirigir en definitiva a la Nación en una dirección determinada.

Por ello mismo, es antinatural que un partido político renuncie al poder pudiendo acceder a él, bien adueñándose íntegramente de sus resortes o participando en la formación del impulso gubernativo. No tiene, en fin, sentido que Ciudadanos, que podría implementar una parte relevante de su ideario a través de su participación en la acción de gobierno, renuncie a ello y opte por quedarse en la oposición y por fragilizar, de paso, con su inhibición la posición del partido que posee la minoría mayoritaria y que podría compartir el gobierno con él.

En unos términos parecidos a los del “pacto para un gobierno reformista y de progreso” que ya firmaron el PSOE y Ciudadanos en febrero de 2017, cuando intentaron investir a Pedro Sánchez y cerrar al paso a Rajoy, designio que no consiguieron por la negativa de Pablo Iglesias a abstenerse, con lo que provocó nuevas elecciones y facilito así la continuidad de Rajoy.

Dicho en otros términos, el votante de Ciudadanos, que se supone que apoyó al partido para ver cómo progresaban sus ideas liberales en las instituciones, ahora se encuentra con que el partido al que votó no quiere ni siquiera intentar conseguir una cuota relevante del poder ejecutivo, nadie sabe verdaderamente por qué (Ciudadanos y el PSOE son partidos contiguos, con muchas ideas comunes, como quedó de manifiesto en el referido documento).

Y además, ha de asistir atónito al hecho de que la inhibición de Ciudadanos arroja al PSOE a los brazos de Podemos, una organización radical que pondrá condiciones que a la clientela de C’s le parecerán sin duda indeseables. ¿Qué patriotismo es este que, por una rabieta mal digerida, frustra la posibilidad propia de influir y de gobernar, a la vez que empuja al partido contiguo, con el que existe franca familiaridad, a aliarse con terceros indeseables?

Ya se sabe que Albert Rivera adoptó su postura de dura confrontación con el PSOE porque quería convertirse en el líder de la derecha y sobrepasar a un PP en horas bajas. Pero es evidente que no lo ha conseguido, y los politólogos creen que este partido laico y relativista tampoco va a ser capaz en el futuro de seducir a la clientela natural del PP, partido conservador por antonomasia.

Y si las cosas son así, ¿qué sentido tiene que Albert Rivera siga enfrentado frontalmente al PSOE, si no se va a medir con él en los próximos cuatro años? ¿No sería más lógico adoptar una posición constructiva y cooperativa que persistir en esta animosidad que parece basarse más en móviles personales que políticos e ideológicos? Sería bueno que Albert Rivera se explicase porque, la verdad, muchos no entendemos esta cerrazón enrabietada.

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El Gobierno reprende al Banco de España

Banco de España

El Banco de España | Wiipedia (Luis García)

El Gobernador del Banco de España ha de ser, por sentido común, un experto economista antes que un político profesional sometido a disciplina de partido, y así ha sido casi siempre durante la etapa democrática: los ocho personajes que han estado al frente del que antes era banco emisor y ahora es banco regulador han sido economistas profesionales de mérito… salvo uno, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (2006-2012), que, aunque también economista, provenía de la política (había sido secretario de Estado); su recorrido en lo más fragoroso de la crisis no fue muy halagüeño, por cierto.

Pues bien: el Banco de España emite periódicamente informes económicos de coyuntura, que, por técnicos que sean, contienen evidentemente ingredientes políticos. Su papel es detectar tendencias inconvenientes y recomendar políticas adecuadas. Ha de velar por el cumplimiento del Pacto de Estabilidad  y Crecimiento, y su papel incluye señalar los desequilibrios y efectuar las correspondientes recomendaciones.

En general, los gobiernos han encajado con deportividad las críticas, que ahora no son únicas: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), creada a instancias de Bruselas y con una función de supervisión crítica de las políticas gubernamentales, también emite regularmente sus análisis.

Una crítica errada

En el desempeño de tales funciones, el Banco de España criticó, quizá con excesiva dureza, la subida del salario mínimo a 900 euros. Llegó a decir que aquella medida podría suponer la pérdida de 125.000 empleos, un 0,8% de los 16 millones de ocupados a tiempo completo que hay en el mercado laboral.

La AIReF, en un informe posterior, negó la semana pasada con rotundidad dicho efecto, pero el Banco de España ha mantenido esta previsión y ha considerado prematuro decir que no sería así argumentando apenas con los datos de afiliación a la Seguridad Social y de la Encuesta de Población Activa conocidos hasta el momento, ya que “hay muy pocos datos agregados”.

Pero este martes se publicaban los datos de ocupación y paro de mayo, que han resultado ser magníficos, y la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ha pedido al Banco de España que reconozca su error de cálculo sobre el impacto que iba a tener la subida del SMI en el empleo este año.

No deberíamos seguir por este camino. El Banco de España tiene la obligación de decir que subir salarios sin hacer crecer al mismo tiempo la productividad aminora el crecimiento y reduce la competitividad y por tanto las exportaciones… Lo que no significa que el Gobierno no haya de dar preferencia a una medida social indispensable y urgente aunque no beneficie al proceso económico.

En otras palabras, las instituciones de regulación y control deben explicar la teoría —sin olvidar que tan respetable es Adam Smith como Keynes—, y al gobierno de turno le toca aplicarla, combinando las conveniencias y obligaciones económicas con los compromisos y las atenciones sociales. Ningún argumento macro puede justificar la explotación o el hambre, de la misma manera que ningún objetivo filantrópico puede servir de coartada para el descontrol presupuestario.

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Don Juan Carlos sale de escena

El rey emérito se retira de su papel institucional

El rey Juan Carlos

El rey Juan Carlos asiste a la plaza de toros de Aranjuez junto a su hija, la infanta Elena (2-d); su nieto, Felipe Juan Froilán de Marichalar (d); su hermana Pilar de Borbón (2-i), y su sobrina Simoneta Gómez-Acebo (i), EFE

Este domingo se han cumplido cinco años de la abdicación de don Juan Carlos, quien a partir de ahora ya no asistirá a actos oficiales ni ostentará representación pública alguna. Es, pues, una salida de escena definitiva, que realizará con la satisfacción de haber asegurado una continuidad sólida de la institución monárquica y con la frustración de no haber prolongado hasta el final un reinado magnífico, que registró sin embargo conocidas e inquietantes sombras en sus postrimerías.

De cualquier modo, el hecho de que el yerno de don Juan Carlos y cuñado de su hijo don Felipe esté actualmente en prisión cumpliendo una larga condena demuestra que la Corona no es una entelequia mágica que escapa al control jurisdiccional ni a las servidumbres del Estado de Derecho, y ello permite a don Juan Carlos reivindicar la cuota de paternidad que le incumbe en la génesis de este espléndido sistema de convivencia que nos hemos dado entre todos.

El régimen del 78

Una parte de las nuevas corrientes ideológicas que han emergido con la crisis (y que están en franco declive a su término) ha tenido palabras desdeñosas con “el régimen del 78”, que  su juicio no era más que la prolongación edulcorada del franquismo anterior, por lo que don Juan Carlos, designado por Franco, no habría sido más que el apéndice de aquella dictadura.

Quienes se expresan de este modo no conocen bien la historia ni son conscientes de que, en efecto, el régimen franquista proyectó una dictadura sin Franco —‘después de Franco, las instituciones’, decía el eslogan— que, por fortuna, sólo encontró, tras la desaparición del autócrata, adhesiones relativamente escasas en el Ejército (garante fallido de aquel inefable proyecto) y mínimas en la sociedad civil. Fue entonces cuando quien había sido designado sucesor en la jefatura del Estado ya manifestó desde el primer momento que, aunque dispuesto a ser investido de la máxima magistratura para no generar un inquietante vacío de poder, no se plegaba a la vieja legitimidad sino que se disponía a construir otra nueva, emanada de la soberanía popular.

En otras palabras, a la muerte de Franco, don Juan Carlos puso en marcha el proceso de erección de un régimen constitucional en que él, dotado de los poderes exorbitantes de un monarca medieval, quedaría relegado a ser la figura simbólica que en realidad fue, como en las demás monarquías parlamentarias de Europa.

Cuatro décadas de democracia impecable

Año y medio después de la muerte en la cama del dictador, ya se celebraban unas elecciones generales a las que concurrieron desde los neofascistas de la Falange Española al Partido Comunista de España que había combatido con saña al franquismo desde el exilio y la clandestinidad, pasando por todo el abanico de partidos nacidos del interior o retornados del exterior. Aquella cámara abrió un proceso constituyente que dio lugar a la Constitución de 1978, que consiguió el 91,8 % de votos afirmativos en el correspondiente referéndum, con una participación del 67,1%. En Barcelona, el ‘sí’ obtuvo el 90,2% de los votos y en Gerona, el 90,4%.

Aquel régimen, que tuvo también otros arquitectos muy ilustres que colaboraron con el rey Juan Carlos, nos ha deparado más de cuatro décadas de democracia impecable, que tenemos la obligación de preservar para nuestros descendientes. Don Juan Carlos cometió algunas torpezas que hicieron recomendable su jubilación, que dio paso a la entronización de don Felipe de Borbón, un magnífico profesional con altura personal y con decidida voluntad de defender la Constitución vigente, que le impone precisamente ese mandato. No es casual que las únicas críticas que recibe son precisamente de quienes han tratado de vulnerar la Carta Magna.

De cualquier modo, es evidente que la sucesión en el Trono, un signo de normalidad institucional, parte de la madurez del reinado anterior, durante el cual el titular de la Institución, don Juan Carlos, junto a la Reina Sofía, desarrolló una infatigable tarea diplomática de consolidación, afirmación y difusión en el mundo de nuestro país y de nuestro régimen que hay que reconocerle en esta hora. Son muchas más, en fin, las luces que las sombras de un reinado que ya se nos escapa de los dedos y pasa con bien, definitivamente, a las exigentes alacenas de la historia.

¿Vox, en el escaparate de Madrid?

Vox

EFE

Si se utiliza el criterio valorativo de los bloques ideológicos, las derechas han ganado a las izquierdas en la comunidad y en el ayuntamiento de Madrid… siempre que las formaciones democráticas acepten participar en este contraste en que Vox resulta lavado y homologado como si se tratara de una formación política convencional. Pero ese automatismo, que chirría en los oídos de muchos electores, debería ser convenientemente revisado, y cernido en el harnero de la integridad democrática y del sentido común.

El ‘modelo andaluz’, que se camufló con el ropaje de que en realidad se trataba de un pacto PP-Ciudadanos que prosperaba y llegaba al poder gracias al simple absentismo de Vox, ya no funciona.  La realidad es que, aunque Vox ha tenido la cautela de ser parco en programas, de no acudir a las citas de la extrema derecha europea y de no hacer hincapié en los aspectos más controvertibles de su proyecto, su presencia ha sido saludada calurosamente por Le Pen y por Salvini, ya que la nueva organización se inscribe en su ideario y forma parte de su espacio solidario.

Así las cosas, la pretensión de PP y Ciudadanos de reproducir el ‘modelo andaluz’ en la capital del reino y en su comunidad autónoma, que ya ha sido auspiciada por Pablo Casado con la exhibición de sus respetos a Vox, que ya no sería una formación  de extrema derecha sino una organización a la derecha del PP, resultaría sencillamente escandalosa, y seguramente indigerible para las personalidades más prestigiosas de Ciudadanos, como Luis Garicano y Manuel Valls, cuya reputación quedaría mancillada si asistieran pasivamente al desafuero. Y, por supuesto, sería inaceptable para Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), el grupo parlamentario europeo en que piensan integrarse los 7 europarlamentarios de Ciudadanos, encabezados por Luis Garicano, ilustre e ilustrado catedrático de la London School of Economics.

Las fórmulas para evitar este desaguisado son varias, y deberían ser las fuerzas políticas las que las propusieran y negociaran. La más obvia sería aquella que llevase al socialista Ángel Gabilondo, ganador en la Comunidad de Madrid, a la presidencia de la autonomía, en un trueque que permitiera a Begoña Villacís alcanzar la alcaldía capitalina. Este ajuste, que podría o no complementarse con otros intercambios en otras comunidades autónomas y localidades, constituiría una fórmula moderada y elegante de resolver la complejidad de una consulta en que aparece por primera vez una formación fronteriza, que no puede ser aceptada acríticamente al conciliábulo democrático.

Recuérdese que Le Pen en Francia no tiene acceso a las instituciones en las que no posee mayoría absoluta porque las fuerzas democráticas se niegan a cualquier transacción o acuerdo con ella. No es una reserva española sino una prevención europea muy arraigada. Y Casado, apremiado por sus barones para que se afiance en la moderación, daría un paso de gigante hacia su consolidación en el liderazgo si aceptara este sacrificio.

Un acuerdo como el mencionado resultaría además pacificador porque, después de una interminable campaña electoral en la que se ha gritado en exceso y se han abierto heridas y agravios innecesarios, conviene instaurar cuanto antes la cultura de la negociación y el pacto. Demos, pues, el primer paso.

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La guerra de los impuestos

Casado y Rivera insisten en que bajarán impuestos en comunidades y ayuntamientos en que gobiernen

Albert Rivera impuestos

Albert Rivera junto a la candidata al Congreso por Madrid, Sara Giménez | EFE

Es una puerilidad: el próximo gobierno español, socialdemócrata, ya ha manifestado que se propone recuperar los niveles de bienestar y equidad anteriores a la gran crisis 2008-2014, que ha producido un deterioro de los grandes servicios públicos, una caída espectacular de la inversión en educación, en sanidad y en infraestructuras, una asimetría salarial insoportable, una pobreza laboral crónica y un desempleo estructural, agravado en el sector de los jóvenes, que requiere costosas políticas activas para remitir.

Para conseguir estos objetivos, son necesarios recursos, ya que no es posible alcanzar estándares de calidad europeos con una política fiscal tercermundista. La presión fiscal sobre el PIB fue en 2018 del 34,5%, 6,9 puntos inferior a la media de la zona euro. Y quienes van a formar el nuevo gobierno han adelantado, con realismo para no deteriorar el crecimiento económico, que sigue notablemente por encima de los promedios comunitario y de la eurozona, que crearán nuevos impuestos —sobre las transacciones económicas y las grandes tecnológicas, además de los inconcretos todavía ‘impuestos verdes’—, que elevarán la tarifa de las rentas altas —con ingresos anuales de más de 150.000 euros— y fijarán un mínimo del 15% a la tarifa real del impuesto de sociedades a las grandes compañías.

¿Qué significan, en fin, la protesta de PP y C’s y su contraoferta de rebajar la presión fiscal para contrarrestar la subida estatal? Es de suponer que ningún gurú liberal de los que les asesoran se atreverá a defender todavía en público la falacia de la curva de Laffer, según la cual una bajada de determinado impuesto incrementa la recaudación. Y si lo que realmente se quiere es debilitar aún más el ‘estado mínimo’ actual, el mensaje que se lanza es inadmisible: se relega y se desprecia la mejora de los servicios públicos, cuya calidad es el fundamento de la existencia del ascensor social y la base de la igualdad de oportunidades en el origen, a cambio de mantener el objetivo abstracto de mejorar el crecimiento, aunque este esté gravemente desequilibrado.

Acaba de conocerse que Nueva Zelanda será el primer país del mundo con un presupuesto que se medirá no por el crecimiento económico (PIB) sino por el bienestar de su ciudadanía, con criterios que van desde la identidad cultural hasta el medioambiente, desde el acceso y calidad de la vivienda a los vínculos sociales, pasando por parámetros vinculados a la pobreza, la salud mental, las personas sin hogar, la rehabilitación de presos maoríes, etc. En otras palabras, hay quien ya considera una perversión alegar el crecimiento en valor absoluto para justificar la insuficiencia de los salarios o los recortes de la acción social.

Europa y las políticas públicas

Europa ha establecido un terreno de juego basado en la ortodoxia y la estabilidad presupuestarias, y en ese marco han de desenvolverse  las políticas públicas de todo los socios. Pero sin engaños. Porque, por ejemplo, las primeras medidas fiscales adoptadas en Andalucía tras el reciente cambio de mayoría son una irónica estafa a las clases medias: la desaparición del impuesto de transmisiones patrimoniales cuando ya estaban exentas las herencias de hasta un millón de euros es sencillamente un regalo a los ricos, en una comunidad postrada en que ciertos indicadores de desigualdad son simplemente escandalosos.

No hay mucho margen para actuar sobre el sistema fiscal ya que la auténtica soberanía financiera, también en este asunto, está en Bruselas. Pero sí es posible influir positivamente para reducir la precariedad en el empleo, incrementar la productividad estructural (único medio para reducir para siempre el crónico desempleo estructural), fortalecer los servicios públicos y recuperar unas clases medias que se han proletarizado con la crisis, de la que desde luego no fueron responsables.

No se haga, pues, demagogia con el asunto, lo que no significa que haya que eludir la crítica, siempre legítima e incluso necesaria, pero que debería ejercerse desde la honradez intelectual y no sobre el más descarado populismo.

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Los soberanistas se ponen del lado de PP y Ciudadanos

Miquel Iceta

Miquel Iceta | EFE

En los comicios del 28-A concurrían a las urnas dos visiones del conflicto catalán. Por un lado, los que pedían la aplicación del artículo 155 por tiempo indefinido; por otro, los que abrían sus propuestas al diálogo y a la negociación. Tanto PSOE como Unidas Podemos, aunque con matices, coincidían en la búsqueda de una salida a la crisis en el estricto marco constitucional.

Los votantes fueron claros. Las fuerzas progresistas se impusieron a las conservadoras con el margen suficiente como para que se inaugure un periodo de relativa estabilidad de cuatro años que debe ser aprovechado para recuperar todo el tiempo perdido y planear nuevos avances.

En el plano catalán, los posconvergentes, con siete diputados, han sido vencidos por Esquerra Republicana (15), una formación que parecía más dispuesta a aceptar el principio de legalidad democrática y resignarse a renunciar a la independencia imposible. Sería el primer paso tejer una relación creativa y fecunda entre las instituciones catalanas y las estatales.

Sin embargo, el soberanismo de ERC ha terminado por traicionar su propio relato y les ha movido a posicionarse en contra de la designación de un catalán autonomista de crédito al frente del Senado. Este gesto supone la negativa de ERC a la invitación al diálogo formulada por Pedro Sánchez. Junqueras ha demostrado ser un político cobarde y frágil.

Ahora, la situación es la que sigue: los soberanistas que han impedido que Iceta fuese nombrado senador por representación de la autonomía catalana han compartido alegría con el PP y Ciudadanos, los mismos que siguen defendiendo la imposición de un 155 indefinido y que tienen como socios a los que piden la recentralización de España. El mismo Parlament que aprobó normas inconstitucionales vuelve a ser utilizado en contra de aquellos que quieren reconducir la situación. Los que creemos en la democracia no podemos renunciar a la idea de que cualquier diferencia política tiene que tener una solución incruenta.

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La lógica de un gobierno en solitario

Gobierno en solitario

En las elecciones generales del 28 de abril, el PSOE obtuvo 123 diputados y Unidas Podemos, 42. La suma de ambas organizaciones, con 165 diputados, será la base de la investidura de Pedro Sánchez y el fundamento de la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo en la próxima legislatura.

Ante esta situación, se plantea un dilema de partida que habrá que resolver en primer lugar. Pablo Iglesias, líder de Unidos Podemos (una alianza de Podemos con Izquierda Unida), pretende formar con el PSOE un gobierno de coalición; el PSOE, según ha dado a entender su líder Pedro Sánchez, prefiere suscribir un acuerdo de programa con UP, conforme el modelo portugués. Como es conocido, en el país vecino, el socialista António Costa, con 86 diputados —ocupa el segundo lugar en unaCámara de 230 escaños—, mantiene acuerdos de programa con el Bloco de Esquerda (BE), con 19 diputados; con el Partido Comunista de Portugal (PCP), con 15; y con el Partido Ecologista Os Verdes (PEV), con 2. Así, con 122 escaños, el Gobierno alcanza el apoyo de la mayoría absoluta, frente a los 108 de la oposición conservadora, liderada por el Partido Social Demócrata (PSD) de Pedro Passos Coelho, que ganó las elecciones con 89 parlamentarios.

Podemos hizo por primera vez acto de presencia institucional en las elecciones europeas de 2014, en las que obtuvo el 7,98% de los votos y cinco escaños. Y llegó a su apogeo en las generales de 2015, en las que, junto a su confluencias, alcanzó el 20,66 %, con 5.198.000 votos y 69 escaños (en aquellas elecciones, IU logró 923.000 votos y dos escaños). En 2016, en cambio, Podemos e IU fueron juntos y perdieron un millón de votos: Unidos Podemos consiguió 5.049.000 votos, el 21,1% y 71 escaños (los mismos sumaron Podemos e IU en las anteriores). Aquella unión de Podemos —una organización teóricamente transversal, según la versión original diseñada por, entre otros, Errejón y Alegre— con la extrema izquierda tradicional convirtió a Podemos en una organización de nicho, confinada en el espacio político que había ocupado la formación aglutinada alrededor del PCE, que seguía siendo su columna vertebral.

Las relaciones históricas del PSOE y el PCE , sin necesidad de invocar el odio leninista a la socialdemocracia, han sido históricamente malas en lo ideológico, por lo que no tendría sentido intentar a estas alturas una conciliación que diera lugar a una coalición. El socialismo democrático y el comunismo que todavía luce en las entretelas de Izquierda Unida pueden llegar a tener numerosos puntos de contacto pero también discrepancias muy notorias. De hecho, IU mantiene rasgos utópicos de los que el PSOE ha prescindido hace tiempo. La socialdemocracia moderna ya no cree, por ejemplo, que el Estado deba aspirar a poseer una banca pública, ni siquiera que sea conveniente que exista un sector público empresarial (salvo excepciones anecdóticas como la empresa que gestiona los Paradores Nacionales). Y los socialistas europeos evolucionados están convencidos de que la igualdad de oportunidades en el origen se consigue mejor mediante unos servicios públicos universales, gratuitos y de gran calidad que a través de una redistribución demasiado ambiciosa de la renta, que puede tener efectos negativos sobre la eficiencia y la productividad de la economía.

La propia existencia del ‘modelo portugués’, que soluciona semejantes incompatibilidades y fomenta la complementariedad allá donde hay coincidencia, es la mejor prueba de que la fórmula adecuada de colaboración es esta, y no una polémica y siempre tormentosa coalición.

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