Alemania: recaídas y aniversarios

El copresidente de AfD Alexander Gaulan, durante una convención de la formación ultraderechista de cara a las elecciones europeas, en Riesa, Alemania. FILIP SINGER / EFE

El auge de la extrema derecha en Alemania, que ayer conmemoraba una negra efeméride, tiene resonancias distintas de las que emanan de otros países que también padecen esta infección. Y a muchos nos ha producido consternación comprobar que en las elecciones del domingo en los länder de Sajonia y Brandenburgo, dos estados federados alemanes que pertenecieron a la antigua RDA y que padecieron por tanto la dictadura del ‘socialismo real’, han escalado puestos, hasta el segundo lugar en ambos estados, los ultraderechistas de Alternativa para Alemania, una emanación de la CDU que, aunque trata de desmarcarse de la extrema derecha, mantiene un discurso xenófobo, antieuropeísta y ultraconservador, y ahora trata de adueñarse de los ideales de los alemanes del Este que lucharon, y pagaron un alto precio por ello, por conquistar las libertades inherentes a sus posiciones democráticas y liberales.

Por fortuna, el drama no ha sido todo lo grave que amenazaba ser, ya que algunas encuestas había augurado que la AfD conseguiría la victoria en ambos länder, enlos que vive apenas apenas el 12 % de la población alemana (aunque con Turingia, que va a las urnas pronto, representan el sentimiento político oriental tras la reunificación). No ha sido así, y el SPD mantiene el liderazgo en Brandenburgo al igual que la CDU en Sajonia, pero en ambos los ultraderechistas han más que duplicado su  representación y forzarán seguramente la formación de una gran coalición CDU-SPD, lo que, aunque aisladamente no es nocivo, cuando se vuelve sistemático desvirtúa el pluralismo ya que deja de haber en los parlamentos dos opciones alternativas plenamente constitucionales. Una parte de la grandeza de la democracia estriba en la convicción de que los problemas políticas no tienen una única solución posible.

Cono es conocido, mientras en el Este de Alemania se producía esta inquietante deriva este domingo, se cumplía el octogésimo aniversario del desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de Polonia por los tanques de Hitler el 1 de septiembre de 1939, cinco meses después de la victoria de Franco en la guerra civil española. El futuro Alto Reprensentante para la Política Exterior y la Seguridad, Josep Borrell, asistió a los actos en memoria de aquel terrible suceso, en los que el presidente de Alemania pidió perdón al de Polonia por aquella flagrante agresión. Y nos encontramos a menos de dos meses del trigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín.

Por ello, a la hora de los balances políticos en Alemania, a caballo de la Historia y del presente, el auge de la extrema derecha produce zozobra e inquietud, y nos interroga sobre la memoria que debería ser el gran aliado de la cordura en el presente y el futuro de Europa. Además, la superior y creciente implantación de AfD en el Este con respecto al Oeste demuestra que sigue existiendo una fractura sin soldar entre las dos Alemanias, lo que produce también intranquilidad porque la UE necesita la “locomotora” saludable y sin complejos internos que la debiliten

Porque en definitiva, cuando todos estos acontecimientos —la Segunda Gran Guerra, la caída del Muro y la guerra civil española— parecían haberse quedado en los anaqueles polvorientos de la historia, rebullen en Europa movimientos antiinmigratorios, algunos organizados por los propios gobiernos —como en los países del Grupo de Visegrado y en la Italia de Salvini, que felizmente periclita—, y otros postulados por nuevos y no tan nuevos partidos radicales y xenófobos, que inevitablemente evocan aquel odioso supremacismo que llevó al mundo al delirio y a la gran inmolación. Ojalá los presagios no se confirmen y la cordura se mantenga, a pesar de las divagaciones que recrean aquellas penosas experiencias.

‘Caso Villarejo’: entre el asombro y la indignación

BBVA Villarejo

Sede del BBVA. JORGE PARÍS

Toda la podredumbre que aflora en torno al BBVA, una institución que según un cúmulo de indicios recurrió durante varios lustros a los servicios inconfesables del comisario Villarejo –el gran ‘conseguidor’ a través de sus empresas incrustadas en los sótanos del Estado-, no es sino la novena “pieza separada” del “caso Villarejo”, reunido en un gigantesco sumario al que se han aportado más de 400 ‘carpetas’ incautadas al principal inculpado, y que están siendo actualmente desencriptadas por el Instituto Nacional de Ciberseguridad  (Incibe), dependiente del Ministerio de Economía y Empresa.

Según se ha hecho público –el sumario está todavía bajo secreto-, el BBVA de Francisco González contrató a Cenyt, una mercantil de Villarejo, para contrarrestar por cualquier medio los intentos de una opa hostil de Sacyr en 2004-2005, mediante técnicas de espionaje y juego sucio. Según los medios, Villarejo habría trabajado presuntamente para el banco 13 años a cambio de unos 10 millones de euros.

Pero el ‘caso Villarejo’ es variopinto, y hay ya en él unos cincuenta imputados, gran parte de ellos por colaborar en las tramas parapoliciales de este comisario que estuvo en excedencia entre 1983 y 1993 y que, cuando regresó a la situación activa, fue ubicado en puestos clave de la cúpula policial, prestando a lo que parece ‘servicios especiales’ que compaginaba con sus propios negocios detectivescos y en materia de seguridad. Villarejo realizó además miles de grabaciones clandestinas de sus interlocutores, que ha ido dosificando desde prisión con el fin poco realista de forzar su libertad, con las que ha contaminado la vida pública española al poner en la picota, con razón o sin ella, a infinidad de personalidades y ‘clientes’.

Eficacia de la Audiencia Nacional

La investigación judicial va despacio pero muestra la inexorabilidad de la propia Justicia, por lo que en este sentido hay que elogiar el arrojo y la eficacia de la Audiencia Nacional. Pero en el terreno político hay mucho que aclarar todavía porque resulta inconcebible que un personaje como Villarejo, junto a un grupo de colaboradores (varios de ellos agentes policiales también) creara ese universo paralelo de corrupción y prácticas mafiosas, a la vista de todos y cerca de los sucesivos directores generales de la Policía.

Entre 1993 y la caída en desgracia de Villarejo en Interior en 2015, se han sucedido los siguientes ministros: Antoni Asunción, Juan Alberto Belloch, Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy, Ángel Acebes, José Antonio Alonso, Alfredo Pérez Rubalcaba, Antonio Camacho y Jorge Fernández Díaz… Y ninguno de ellos fue capaz de percatarse de lo que estaba sucediendo muy cerca de su despacho oficial.  ¿Qué clase de control político se ha ejercido sobre las fuerzas policiales durante este periodo? ¿Qué otras mafias pueden haberse desarrollado impunemente durante tan dilatado periodo de tiempo? ¿Estamos hoy seguros de que el Estado de Derecho impera en el ámbito de nuestras fuerzas de seguridad?

Una vez más, el régimen constitucional tiene que ser rescatado y restituido por el Poder Judicial tras el fracaso de los otros poderes del Estado. Se dirá que este papel de ‘ultima ratio’ es el que le corresponde a la Justicia. Pero muchos pensamos que  algunas gangrenas deberían detectarse antes de la cirugía.

Hay que evitar nuevas elecciones

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en el palacio de la Moncloa . Zipi / EFE

Las últimas elecciones generales de abril arrojaron un resultado complejo pero inteligible: las dos formaciones estatales de izquierdas, PSOE y Unidas Podemos, suman 165 escaños, un apoyo superior al que dispusieron en alguna legislatura Felipe González, Aznar y Zapatero cuando encabezaron el gobierno de la Nación. Tanto el PNV como ERC han asegurado que facilitarán la investidura de Sánchez, por lo que el único elemento decisivo en la segunda votación es el acuerdo efectivo entre PSOE y UP que asegure el voto afirmativo de las gentes capitaneadas por Pablo Iglesias, que recibirán a cambio una parcela de poder.

No existe en España tradición pactista, y mucho menos de gobiernos de coalición en el ámbito estatal (no ha habido ninguno hasta ahora), y es proverbial  la aversión histórica que se profesan socialistas y comunistas (ha llovido mucho desde que la Internacional Comunista definió en 1928 la socialdemocracia como “ala izquierda del fascismo” y enemigo principal de comunismo). En la práctica, González nunca se llevó bien ni con Carrillo ni mucho menos con Anguita…

Pero los tiempos han cambiado, Unidas Podemos es una formación moderna aunque incluya todavía al PCE en su seno, e Iglesias hizo alarde de impecable constitucionalismo  en los debates preelectorales de TVE moderados por Xabier Fortes. Y finalmente, Iglesias ha entendido esta inercia histórica y se ha echado a un lado para evitar las dificultades que hubiera acarreado su presencia en el Ejecutivo (una personalidad fuerte como la suya difícilmente hubiera encajado en el papel secundario que las propias urnas le reservaban).

Todo depende de la voluntad de las partes

Así las cosas, la posibilidad de la coalición sólo depende de la voluntad política de las partes, porque, que se sepa, no hay obstáculos ideológicos que se interpongan. Es oportuno recordar que PSOE y UP pactaron los presupuestos de 2019 cuya no aprobación por la Cámara Baja dio lugar a la anticipación electoral. Tanto es así, tan evidente resulta que el fracaso de la negociación se debería al empecinamiento de unos políticos obstinados y no a obstáculos reales, que toda la izquierda se irritaría extraordinariamente, y con razón, si el proceso negociador fracasase.

Si el PSOE y UP lanzasen a este país a unas nuevas elecciones en noviembre, postergando hasta entonces todos los muchos asuntos pendientes de este país (que lleva casi cuatro años de parálisis e inestabilidad), se encontrarían probablemente con una airada desmovilización de sus clientelas,  que podrían emitir un serio voto de castigo o quedarse sencillamente en casa. Nadie se sorprendería de que si la izquierda fracasa en la formación de un gobierno cuando tiene clara ocasión de hacerlo, el electorado decida dar la oportunidad a la derecha.

El relato de lo que ha sucedido en este país desde las elecciones de diciembre de 2015 hasta hoy no es muy estimulante ni deja en muy buen lugar al establishment político. Por ello sería una temeridad proseguir la sinrazón representada hasta ahora y continuar jugando con las querencias y sensibilidades de la ciudadanía. En definitiva, lanzar España a unas nuevas elecciones generales cuando es posible abrir un horizonte de estabilidad y cordura sería un verdadero delito de lesa patria.

¿Dará Unidas Podemos de nuevo el poder a la derecha?

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en el palacio de la Moncloa . Zipi / EFE

Solo quien haya perdido el sentido de la orientación puede imaginar que Pedro Sánchez se avendrá a formar con Unidas Podemos una coalición en la que Pablo Iglesias ocupe la vicepresidencia del Gobierno y se produzca un reparto de carteras proporcional al número de escaños (42 UP, 123 el PSOE). Las razones son obvias, pero no está de más mencionar algunas: en primer lugar, porque existen grandes discrepancias de índole política como la relativa a Cataluña: el hecho de que Iglesias asegure que estará en este asunto a lo que diga el PSOE no quita la evidencia de que el partido UP haya recurrido ante el Constitucional la aplicación del 155 CE (con un recurso rechazado, por cierto, por el alto tribunal), se haya mostrado partidario de reconocer el ‘derecho a  decidir’ –esto es, el derecho de autodeterminación- y denomine habitualmente ‘presos políticos’ y ‘exiliados’ a los soberanistas en prisión preventiva o huidos de la Justicia tras el 1-O.

En segundo lugar, Unidas Podemos y el PSOE, como IU y el PSOE en los últimos cuarenta años (podríamos remontarnos más atrás si fuera necesario), mantienen diferencias relacionadas con el modelo de sociedad y de país, con la particularidad de que es el socialismo el que cabe perfectamente en el marco europeo. Hay infinidad de ejemplos pero quizá el más vistoso es el referente a Bankia: UP propone que el banco nacionalizado para su rescate no sea vendido sino que se convierta en el primer eslabón de una banca pública, peregrina idea que no sería ni siquiera entendida en Bruselas.

Acuerdos y desacuerdos

Entre la socialdemocracia y la izquierda poscomunista cabe, como se ha visto en Portugal, un acuerdo programático profundo ya que, efectivamente, hay muchas coincidencias junto a las numerosas discrepancias. Si lo que busca UP es que progresen algunas de sus tesis tendentes a impulsar la solidaridad, la igualdad, la mejor redistribución, la mejora salarial, la igualdad de género en todos sentidos, la mejora del sistema público de pensiones, de la educación y de la sanidad públicas, etc., puede firmarse un amplísimo acuerdo que sin duda satisfaría a ambas partes. En cambio, si lo que quiere Iglesias es detener la sangría que sufre su partido (y evitar la que se producirá cuando Errejón constituye su “Más País” en todo el Estado) por el procedimiento de investirse de autoridad y de relumbrón en cargos de gran altura, no encontrará receptividad al otro lado.

La falta de cooperación de IU  a la construcción de la izquierda es proverbial. González y Zapatero tuvieron que recurrir al nacionalismo moderado catalán y vasco para estabilizar sus gobiernos en minoría, y Anguita, cuando pudo, se complació formando la pinza con Aznar contra el PSOE en Andalucía… Iglesias, por su parte, ya negó una vez el voto al PSOE en 2016, cuando Pedro Sánchez pudo llegar a la presidencia del Gobierno tras su pacto con Ciudadanos, lo que le permitió a Rajoy sobrevivir un tiempo más políticamente…

Nuevas elecciones, un regalo para la derecha

Así las cosas, unas nuevas elecciones parecen inevitables. Y aunque supongan la destrucción material de UP, no sería extraño que fuesen también un regalo para la derecha, que explotará lógicamente la desmovilización del electorado progresista ante la incapacidad de la izquierda para ofrecer una opción viable, y que tomará previsiblemente un conjunto de decisiones y medidas necesarias de integración para no verse de nuevo debilitada por el fraccionamiento de la oferta.

Esta es la expectativa que Iglesias ha sembrado con su apelación desleal a las bases a través de un plebiscito que es un insulto a la inteligencia, y que cierra muy probablemente todas las vías de entendimiento con el PSOE, lógicamente indignado por esta jugarreta pueril.

El ‘cordón sanitario’ en Europa y en España

Matteo Salvini y Marine Le Pen

Salvini y Le Pen. EFE.

Tras las elecciones europeas recién celebradas, los grupos parlamentarios popular, socialista, liberal y verde —los cuatro principales del Parlamento Europeo- han acordado ya un cordón sanitario que impide al grupo político Identidad y Democracia (ID), formado  por los partidos de Matteo Salvini (Liga) y Le Pen (Ressemblement  National), obtener la presidencia de sendas comisiones de la Eurocámara que uno y otro ambicionan  y, en general, para evitar que estas formaciones de extrema derecha consigan influir en el funcionamiento de la cámara europea, teórica residencia de la soberanía del Viejo Continente.

Lo curioso del caso es que el Grupo Popular del Parlamento Europeo del que es vicepresidente el popular español Esteban González Pons mantiene una beligerancia activa en este asunto. Y el político español está a la cabeza de los partidarios de la exclusión, según se desprende de sus propias declaraciones: “Estaríamos locos —ha dicho textualmente—  si permitiéramos que dirigieran las instituciones quienes quieren desintegrar la Unión Europea”.

De momento, VOX no ha sido objeto de aislamiento en el marco europeo ya que, tras sopesar las diferentes ofertas de encuadramiento, se ha incorporado al grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (CRE), del polaco Jaroslaw Kaczynski; sin embargo, fuentes internas del Parlamento Europeo han asegurado que, en este caso y en el futuro, las organizaciones integrantes serán tratadas según cuál sea su posición real en el día a día. Y todo indica que los grupos parlamentarios están observando con atención cuál es la conducta de VOX en España para actuar en consecuencia.

Las exigencias de la ultraderecha

De momento, va siendo conocido que las exigencias que la formación de Abascal plantea para prestar su apoyo a las fuerzas conservadoras en las comunidades autónomas tratan de limitar los derechos LGTBI, pretenden recortar las medidas humanitarias de atención a la inmigración, ven con desagrado las políticas de género en defensa de la integridad de la mujer y de su integración en plena igualdad, etc. Asuntos muy sensibles que en el Parlamento Europeo no serían asumidos en absoluto.

En definitiva, va a ser muy difícil de entender que el Partido Popular y Ciudadanos participen con ímpetu en el cordón sanitario contra la extrema derecha en Europa –una práctica que se desarrolla desde hace décadas en algunos países como Francia- y se entiendan a las mil maravillas en España con las mismas formaciones que han sido anatematizadas en Bruselas. A medio plazo, la paradoja no será sostenible, y o bien VOX cede en sus pretensiones y se convierte en algo así como una derecha ‘dura’ susceptible de reingresar en el PP, o su relación con la derecha democrática resultará perturbadora para ambas partes.

No hay que llamarse a engaño a este respecto: la canciller Merkel, que aunque está de salida sigue representando los valores genuinos de la derecha democrática europea, está manteniendo con estricto rigor en todas las elecciones regionales y locales el  cordón sanitario frente a Alternativa para Alemania (AfD), que es la versión alemana actual del populismo de extrema derecha. En un asunto tan central, no puede haber medias tintas ni componendas. Y así deberían verlo quienes pronto serán conminados a tomar partido y a hacer definiciones.

Intangibles derechos humanos

Marcha del Orgullo durante el WorldPride, en la Quinta Avenida de Manhattan (Nueva York)

Marcha del Orgullo durante el WorldPride, en la Quinta Avenida de Manhattan (Nueva York). Porter Binks / EFE

España es uno de los países más adelantados en la defensa de los denominados derechos LGTBI, es decir, del derecho de quienes pertenecen a colectivos con tendencias sexuales minoritarias al reconocimiento, al respeto de sus preferencias y a la plena integración social. Aquí, donde una inicua Ley de Vagos y Maleantes adaptada por el régimen anterior a la persecución de toda clase de heterodoxos, sustituida en 1970 por la no menos autoritaria Ley de Peligrosidad  y Rehabilitación Social, la democracia suscitó un gran viraje y se aprobó en 2005 la reforma del Código Civil que permitía el matrimonio entre homosexuales; desde entonces, se ha desarrollado una vasta normativa de protección  de las minorías que nos sitúa en cabeza de Europa y del mundo.

Por otra parte, los derechos del colectivo LGTBI son ya considerados derechos humanos por Amnistía Internacional y por Human Right Watch, por lo que lo lógico es que tales derechos específicos –básicamente, pero no únicamente, el de matrimonio y adopción por parejas homoparentales– sean constitucionalizados paulatinamente por los distintos estados democráticos. Y también conviene especificar, en sentido contrario, que no resultaría tolerable retroceso alguno en el reconocimiento de tales derechos a causa de cambios de mayoría política en los regímenes democráticos.

PP y C’s le hacen el juego a la ultraderecha

Viene esto a cuento de que VOX ha formulado propuestas inaceptables sobre esta delicada cuestión. Una información reciente de Colpisa que mostraba la existencia de un repunte en los delitos de odio —en 2017 se registraron 271 hechos conocidos frente a los 230 del año anterior— daba a conocer que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha advertido de que los derechos de los homosexuales se han convertido en moneda de cambio entre los “partidos conservadores” y ha acusado a PP y Ciudadanos de “hacer el juego a la ultraderecha para conseguir espacios de poder”.

“Desde el primer momento —seguía la información—, Vox ha tratado de acotar los derechos de los homosexuales. Su última iniciativa, en la Comunidad de Madrid, consiste en reclamar la anulación del plan integral sobre educación y diversidad y de los contenidos educativos que buscan evitar la comisión de delitos de odio basados en la diversidad sexual y de género. Los colectivos de homosexuales se han situado frente a Vox, y la celebración del Orgullo de este año ha generado fricciones derivadas de esta situación…”.

En el terreno de los derechos humanos, la inflexibilidad con VOX y con quienes secunden a esta organización en tales materias ha de ser directa y absoluta. Y las zonas más sensibles que hay que proteger son la cuestión LGTBI y la inmigración, en lo tocante a los derechos de quienes, con cualquier pasaporte, conviven con nosotros, y han de seguir haciéndolo en plano de rigurosa igualdad.

Frente a las violaciones de los derechos humanos, no puede haber tolerancia alguna (el debate sobre el alcance de la tolerancia es antiguo y no tiene sentido reproducirlo), por lo que hay que sentar la regla del cordón sanitario para excluir de la ceremonia política a quien pretenda atacar, por cualquier motivo, la dignidad y la integridad de un solo ser humano.

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Más deserciones en Ciudadanos

Toni Roldán y albert Rivera

Toni Roldán, detrás de Albert Rivera

La disidencia en un partido político frente a las decisiones oficiales no se mide por el número de sus defecciones sino por la calidad y la significación de las mismas. Y en la formación de Albert Rivera, muy homogénea y con escasas estrellas intelectuales o mediáticas, la marcha de Toni Roldán y Javier Nart, que se une a la reciente de Manuel Valls, indica que la poco comprensible política reciente de la formación naranja no cuenta con la unanimidad de partido y tiene detractores de mucho fuste.

Aunque a la hora de la verdad, en estos casos sólo discrepan y abandonan quienes tienen capacidad económica y autonomía personal suficientes para poder tomar una decisión de este porte, que en muchos casos influye en la supervivencia material del político en cuestión.

Toni Roldán, epígono de Luis Garicano, ha sido el portavoz económico de Ciudadanos desde que este, su mentor y maestro, decidió encabezar la lista europea del partido y dedicarse a este nuevo menester. Roldán es economista  por la UAB, está en posesión de algunos másteres extranjeros de prestigio y es actualmente doctorando en economía política en el Instituto Europeo de la London School of Economics.

Ciudadanos ha cambiado

La razón de su marcha es simple y se desprende de sus propias palabras: “No me voy porque yo hay cambiado sino porque Ciudadanos ha cambiado. Este no es el contrato que yo firmé”, ha declarado en la rueda de prensa inmediatamente posterior al anuncio de su marcha. Y ha añadido: “¿Cómo vamos a superar la confrontación de rojos y azules que vinimos a combatir si nos convertimos en azules? ¿Cómo vamos a vencer al nacionalismo si no ponemos todo de nuestra parte, aunque otros no lo hagan, para evacuarlo del poder? ¿Cómo vamos a construir un proyecto liberal en España si no somos capaces de confrontarnos a la extrema derecha que está en las antípodas de todo lo que pensamos?” A su juicio, con el cambio impulsado por Rivera se han “desvirtuado” los principios de “reformismo, regeneración y la batalla contra el nacionalismo” con los que nació la organización.

El cambio al que se refiere Roldán es fácil de enunciar y difícil de entender. De una colaboración con el PSOE que incluyó un pacto de gobierno en Andalucía y la elaboración de un programa común con el que podían haber gobernado juntos de no haber sido por la falta de visión de Iglesias, la formación de Rivera pasó a profesar un odio africano hacia Sánchez y el deseo explícito de convertirse en el referente de la derecha, sustituyendo al PP, al que pretendía adelantar. Frustrado el sorpasso, Ciudadanos se ha volcado en conseguir todo el poder posible para el PP, aun en los casos en que ha tenido que contaminarse aceptando la colaboración de VOX: gracias a ofrecerle la comunidad y el ayuntamiento de Madrid, la comunidad de Castilla y León, etc., Casado ha afianzado el liderazgo sobre su hemisferio. No es extraño que mucha gente de Ciudadanos no sepa a qué atenerse.

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Madrid Central y la dignificación de la política

Almeida

José Luis Martínez-Almeida muestra el bastón de mando tras la constitución del nuevo ayuntamiento de Madrid. EFE

El nuevo gobierno municipal de Madrid, formado por el Partido Popular y Ciudadanos con apoyo de Vox y con José Luis Martínez-Almeida al frente, ha suspendido el proyecto del Madrid Central, con el que el gobierno municipal anterior pretendió limitar estrictamente el tráfico privado en la almendra de Madrid, 472 hectáreas en total. De hecho, el 1 de julio cesará la imposición de multas a quienes transiten por la zona restringida, con lo que la cautela desaparecerá.

La razón de semejante actuación, claramente controvertible porque va contra la tendencia europea, mundial, de saneamiento ambiental de las grandes urbes, es que así se prometió durante la campaña electoral. PP y C’s, en efecto, combatieron la iniciativa del equipo de Carmena y prometieron su reversión.

Pues bien: si lo que pretenden en este caso los nuevos munícipes es dignificar la política, se equivocan pensando que lo conseguirán cumpliendo la palabra dada, que en este caso es sectaria y estúpida. Lo sensato, lo que devolvería dignidad al debate municipal y espeso de que hablaba Rubén Darío, sería que reconocieran palmariamente que se les fue la mano y se les encabritó la lengua, y que por tanto, tras pedir disculpas, no sólo no van a eliminar este primer paso del gran cambio urbano hacia la descontaminación —después de todo aséptico y carente de otra ideología que la salubridad pública— sino que se disponen a perfeccionarlo, a ampliarlo y a complementarlo con nuevas medidas que hagan de Madrid una ciudad más salubre, más limpia, más habitable.

No sería la primera vez que, tras una alternancia, ciertas promesas impertinentes, lanzadas con el exclusivo afán de engatusar al personal con electoralismo de poca monta, dejan de cumplirse porque no se quiere, por simple empecinamiento o por prurito, perjudicar el bien común. El tan denostado Aznar, sin ir más lejos, no tocó ni una sola de las medidas de progresividad social que había promulgado Felipe González. Y Mariano Rajoy se guardó mucho de derogar la reforma de la ley del aborto de Rodríguez Zapatero que nos situaba en Europa. Son ejemplos relevantes.

En Madrid Central se han invertido cuantiosos recursos, se ha trabajado en hacer pedagogía, los ciudadanos han adaptado sus hábitos a la nueva situación… Y después del esfuerzo explicativo, la gente está convencida de que esta molesta proscripción va con los tiempos, como cuando se nos prohibió fumar casi de repente, mucho antes de que todos entendiéramos que aquella decisión también fue acertada. Sería absurdo arrojar por la borda todo este bagaje, lanzando al mismo tiempo el mensaje contrario: que se puede seguir contaminando, que lo de la salud y la carbonilla de los coches es un cuento chino.

Mida, pues, Martínez-Almeida su obligación y su devoción porque está a punto de cometer una gran torpeza, cuando tiene una gran ocasión de demostrar altura de miras y un nivel intelectual algo superior al de sus conmilitones que se mueven a impulsos pueriles de instintos ruines y primarios.

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¿Elección directa de alcaldes?

Almeida, nuevo alcalde de Madrid

Javier Ortega Smith, de Vox, con el nuevo alcalde José Luis Martínez Almeida. Emilio Naranjo / EFE

 

Las dificultades para formar gobiernos municipales, que en muchos casos han surgido de alianzas contra natura y demasiadas veces han sacado a la luz raudales de oportunismo, han vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de que se introduzca la elección directa de los alcaldes. Por esta vía de elección a doble vuelta, que da a los ciudadanos la última palabra, se evitarían en buena medida los mercadeos indecorosos que merman la credibilidad de la política.

En la actualidad, la Ley Orgánica Electoral General (LOREG) de 1985 dispone lo siguiente en su artículo 196 (Capítulo X. Elección de Alcalde): “En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento: a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas. b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado electo. c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente Municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo”. Con una salvedad: “En los Municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes pueden ser candidatos a Alcalde todos los Concejales; si alguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado electo; si ninguno obtuviese dicha mayoría será proclamado alcalde el Concejal que hubiere obtenido más votos populares en las elecciones de Concejales”.

La Constitución española obliga a utilizar el modelo electoral proporcional en las elecciones al Parlamento español y a las asambleas de las comunidades autónomas. El art. 62.2 C.E., referido al Congreso de los Diputados, y el 152.1 C.E. que regula las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, disponen que las elecciones se realizarán mediante “un sistema de representación proporcional” y las presidencias se proveerán mediante elección de segundo grado.  En cambio, el art. 140 C.E., referido a los Ayuntamientos, es abierto: los concejales serán elegidos por los vecinos mediante sufragio universal y “los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos”.

Quiere decirse que es posible instaurar una reforma de la LOREG que establezca la elección popular y directa del alcalde. Por ejemplo, celebrando una nueva consulta, distinta de la que establece la composición del consistorio, en que los candidatos sean los líderes de los dos o tres grupos políticos más votados.

Si los alcaldes son elegidos por este método presidencialista, lo lógico, en buena técnica constitucional, sería establecer una correspondencia entre esta legitimidad adicional que proviene de la elección directa, y sus competencias. Por ejemplo, reconociéndole al alcalde derecho de veto de las iniciativas legislativas. E, igualmente, ya no podría ser derribado mediante una simple moción de censura constructiva como actualmente: habría que establecer un procedimiento más riguroso y estricto de impeachement.

Los constitucionalistas más estrictos no ven con buenos ojos esa mezcla de presidencialismo y de parlamentarismo, poco usual en los regímenes maduros. Por ello, ante de avanzar en esa reforma, convendría meditar sobre si las disfunciones de nuestro modelo actual no provienen más de la incapacidad de nuestros políticos para la negociación y el pacto que del propio modelo, que es plenamente funcional cuando se maneja con lealtad a la Constitución y a la voluntad popular.

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Ante una legislatura de cuatro años

Hay que formar grandes mayorías, más allá de la investidura

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en el palacio de la Moncloa . Zipi / EFE

En un escenario fragmentado en cinco organizaciones estatales, Pedro Sánchez ha conseguido una considerable minoría mayoritaria —123 escaños— que, sumados a los 42 de Unidas Podemos, ofrece una mayoría suficiente para gobernar más o menos apaciblemente y con notable estabilidad durante la legislatura. UP no está en condiciones de regatear este apoyo, ya que sería la segunda vez que Pablo Iglesias frustrase un gobierno progresista, y porque en su precariedad actual, unas nuevas elecciones reducirían todavía más la representación de UP, que había logrado 71 escaños en 2016 (ha caído por tanto 29).

En definitiva, el bloque de izquierdas PSOE+UP está formado por 165 diputados, a 11 de la mayoría absoluta. Con ese apoyo, Sánchez tiene fundamento para formar un gobierno estable, salvo imponderables. La cuestión es con quién, ya que en principio el PSOE preferiría no contar con los nacionalistas catalanes, es decir, con los 15 escaños de ERC-Sobiranistas, ni con los 7 de JxCAT. Tampoco con los 4 de EH Bildu, cuya abstención puede darse sin embargo por automática, dada su alergia a las opciones conservadoras.

Al margen de estas organizaciones, algunos de los once escaños que necesita Sánchez para la investidura, además de los procedentes de la suma PSE-UP, pueden obtenerse de las minorías: PNV (6), Compromis (1) y PRC (1). Muy difícil seria alcanzar los dos de CC (2), que no quiere saber nada de Podemos, y es imposible contar con los de Na+, coalición navarra de UPN con el PP y C’s. Con lo que si bien es complicada la investidura en primera vuelta, parece que será fácil de obtener en la segunda, cuando el bloque PP-C’s-VOX (146 escaños), que votará en contra, suscitará bien pocas adhesiones.

No hay, pues, razones objetivas para que el PSOE haya reclamado a sus antagonistas, PP y Ciudadanos, que le dejen gobernar y le presten su apoyo para dar estabilidad al futuro gobierno, que es capaz de estabilizarse solo. Tampoco parece necesario amedrentar a Podemos con la amenaza de elecciones, que le serían letales, porque Iglesias, aunque poco fiable, no tiene demasiado margen para la pirueta en este caso.

Además, dígase lo que se diga, el objetivo de esta legislatura es integrar la política catalana en la estatal, por lo que en algún momento habrá que contar con los 15 votos de ERC (menos previsible es lo que pueda pasar con el pospujolismo, cuya irreductibilidad dictada por el prófugo de Waterloo depende sobre todo de las negras expectativas personales del expresidente de la Generalidad, condenado a permanecer fuera de España o ingresar en prisión).

Habrá, en fin, gobierno, y para una legislatura continua de cuatro años, apenas con los hitos intermedios de las autonómicas catalanas, gallegas y vascas. Nunca se había abierto una oportunidad tal dilatada de forjar ciertos consensos que permitirían grandes pactos de Estado, sin repercusiones electorales que pudieran condicionarlos. Por ejemplo, un gran pacto educativo, la reforma a fondo y definitiva de las pensiones y del sistema de previsión en su totalidad para los próximos veinte años, un gran plan de infraestructuras que permitiera la culminación equilibrada de nuestras redes de transporte, un gran pacto de transición ecológica y de reforma energética, etc.

Es evidente que el PP habría de ser el principal invitado a semejante ceremonia, y de este modo la gran fuerza de centro derecha, hoy en sus horas más bajas de su historia, podría recuperar el papel y la prestancia. Analistas de peso sostienen que el viejo bipartidismo podría rehacerse si las grandes formaciones recuperaran la iniciativa y la capacidad de representación. PP y PSOE tienen, en fin, la gran oportunidad de volver a ser lo que fueron. Y más.